Boletín ICCI
"RIMAI"

Editorial

La democracia en Ecuador: Entre la ruptura y la emergencia de nuevas formas de participación social

La sociedad ecuatoriana y la estructura del poder vigente, están fracturados a partir de los acontecimientos del 21 de enero, cuando el movimiento indígena ecuatoriano, constituyó, por breves horas, un denominado "gobierno de salvación nacional". Por una parte, y frente a la amenaza política en la que se han constituido los indígenas ecuatorianos y los movimientos sociales, la derecha política del país se ha reconfigurado y ha establecido una alianza estratégica que le permite actuar como un bloque monolítico. Lo demuestra la reciente aprobación de un conjunto de leyes que dan paso a la dolarización oficial de la economía ecuatoriana, la privatización del sector público y la precarización de las condiciones de trabajo.

De otra parte, los Estados Unidos han mostrado un renovado interés por los sucesos ecuatorianos y han enviado una serie de comisiones de trabajo al Ecuador, entre ellas, cabe resaltar aquella de Thomas Pickering, del Departamento de Estado para Asuntos Exteriores. Dentro de la geopolítica de los Estados Unidos, el Ecuador se inserta dentro de una región que aparece como altamente conflictiva, y en la cual está la presencia de nuevos fenómenos a los cuales hay que controlar política y militarmente, como es el caso de la guerrilla colombiana.

En la subregión, el control territorial de la guerrilla colombiana, e incluso la presencia de un frente militar de las FARC a 70 kilómetros del Canal de Panamá, conjuntamente con las incertidumbres políticas que genera el régimen venezolano de Hugo Chávez, y la emergencia política de los movimientos sociales e indígenas en el Ecuador, le otorgan características particulares que han obligado al Departamento de Estado Americano, establecer prioridades de carácter económico, político y militar para el área.

Ello explica la ayuda emergente a Colombia por cerca de 3.000 millones de dólares, y, por ahora, el ofrecimiento de un crédito por 900 millones de dólares al Ecuador, para respaldar su proceso de dolarización. En efecto, mientras que el ex Presidente ecuatoriano, Jamil Mahuad, no tuvo ningún apoyo ni del gobierno estadounidense, ni de las multilaterales de crédito como el FMI o el Banco Mundial, a pesar de su política entreguista (como habría de calificar a su política exterior por la cual se dio el voto ecuatoriano en contra de Cuba en las Naciones Unidas, o se entregó el puerto de Manta para una base militar norteamericana), el nuevo gobierno que emergió luego de los sucesos del 21 de enero, tiene, al menos, la promesa de un préstamo por 900 millones de dólares.

Esta preocupación y alterta por parte de Estados Unidos, hacia un país que geopolíticamente aparecía como insignificante, demuestran el carácter "globalizado" que tiene la lucha emprendida por los movimientos sociales e indígenas del Ecuador, y la importancia incluso a nivel internacional que tuvieron los acontecimientos del 21 de enero.

De otro lado, y frente a estos mismos acontecimientos, la derecha política del Ecuador, que defiende una determinada estructura de poder y de privilegios, se enfrenta ahora con el desgaste y la deslegitimación de una determinada forma de entender la democracia como una forma de articular y ejercer el poder. Lo que le ha obligado a adoptar una posición unitaria y consolidada en la actual coyuntura. Frente al desgaste y a la deslegitimación de la democracia, tal como ha sido impuesta en Ecuador, y que se asemeja más a una forma de control social y político, el discurso dominante apuesta por la defensa a la institucionalidad a través del respeto a la "constitucionalidad" del sistema democrático.

Así, la democracia se reduce, desde la visión de las élites, a las elecciones y al respeto a la "constitucionalidad". Pero se trata más bien de un respeto entendido de forma estratégica y unilateral. Mientras que la acción del 21 de enero fue descalificada y deslegitimada, por las élites económicas y políticas, utilizando el argumento de la "ruptura de la constitucionalidad vigente", estas mismas élites no pusieron ningún reparo cuando tuvo que violentarse la Constitución vigente en Ecuador para impulsar el proyecto de dolarización oficial de la economía ecuatoriana.

Este uso estratégico de los discursos jurídicos y políticos, ha desgastado profundamente el carácter de la democracia en Ecuador. En efecto, la democracia, tal como ha sido estructurada y concebida en el Ecuador, dentro de un modelo que tiene semejanzas con los modelos políticos de América Latina, se enfrenta a un doble reto: o bien la democracia, como modelo político de organización, participación y regulación social, se transforma, incorporando las nuevas demandas por mayor participación de sectores de la sociedad en la economía, en la política, en la creación de leyes, etc., es decir, y utilizando un pleonasmo, la democracia ecuatoriana opta por "democratizarse". O bien, la democracia se mantiene como un mecanismo formal de recambio de las élites en el control de la burocracia estatal, y de los poderes locales, perpetuando las condiciones de exclusión, autoritarismo, clientelismo y populismo.

De ser este el caso, las posibilidades de que nuevamente se rompa el "orden constitucional" en Ecuador son bastante amplias, puesto que la acción política del movimiento indígena y de los movimientos sociales, contribuyó a abrir el espacio de lo público hacia nuevas formas de participación política, en una sociedad marcadamente racista, autoritaria y violenta. Las jornadas del 21 de enero del 2000, fueron una ruptura de una teconología política del poder que, irónica o paradójicamente, se ha denominado como "democracia", y abre un horizonte de luchas sociales caracterizadas, en lo fundamental, por una crítica a la democracia como proyecto formal de control político, y en la exigencia de que esta democracia existente vaya ampliándose e incorporando nuevas formas de participación y control social.