Boletín ICCI
"RIMAY"

Virgilio Hernández

Resumen Ejecutivo

El autor hace una lectura política del último levantamiento indígena desde una percepción de un participante activo en las Mesas de Diálgo con el gobierno. Insiste en calificar al levantamiento como una iniciativa tomada desde las bases, quienes incluso rebasaron a la dirigencia y generaron propuestas de unidad. El levantamiento indígena campesino, escribe, descubre la fragilidad institucional de nuestras democracias y partícularmente del régimen presidencial. El levantamiento muestra la conformación de un contrapoder que viene germinando de manera paciente y silenciosa. Este se expresa de manera más visible en las movilizaciones y bloqueo de carreteras, en la "audacia de volverse invisibles para burlar los controles militares y "tomarse" Quito", como un intento de construir una utopía siempre presente en el imaginario de los indígenas y campesinos.

1. El 15 de enero, en un desordenado "Informe a la Nación" presentado por mandato constitucional ante el Congreso Nacional, el Presidente de la República, Dr. Gustavo Noboa, intentó justificar las medidas económicas asumidas a finales de diciembre del 2000. El Presidente, en su informe, recordó las críticas condiciones socioeconómicas que heredó del gobierno de su binomio Jamil Mahuad, a quién hizo responsable de los actuales "desajustes macroeconómicos". Posteriormente, se refirió de manera breve al Plan Colombia, a la participación del Ecuador en el ALCA, y a las promesas incumplidas de la firma del acuerdo de paz con el Perú; reiteró, asimismo, sus ofrecimientos de llevar ante la justicia a los responsables de los atracos bancarios. Por otra parte, enfatizó en los beneficios que aparentemente obtendría el país con la aprobación de las denominadas leyes troles, el acuerdo con el FMI y la renegociación de la deuda externa.

El Doctor Noboa señaló, además, que el año fiscal del 2000, concluyó con un superavit fiscal, cuando al inicio del año se había proyectado un deficit del 3%; ratificó su propósito de bajar en el presente año la inflación, crear un fondo de liquidez que permita al país soportar las emergencias económicas y emprender una profunda reforma tributaria que en su primera fase racionalice los impuestos y posteriormente genere los mecanismos para garantizar la responsabilidad fiscal de todos los ecuatorianos y avanzar en la refoma arancelaria. Hasta allí la retórica de su discurso.

2. Sin embargo, más alla de los enunciados y propósitos mencionados, hay aspectos fundamentales que el Presidente no dijo: en primer lugar, el Doctor Noboa no pudo contradecir a los cuestionamientos que indicaban que su política no era más que la continuación de aquella impuesta por el ex Presidente Mahuad, la misma que había profundizado la pobreza y la inequidad en el Ecuador. En efecto, la dolarización después de un año de aplicada, no había logrado detener el proceso inflacionario, no había logrado reducir las tasas de interés y tampoco había logrado reactivar la producción.

En segundo lugar, el Presidente de la República no se refirió a dos fenómenos que fueron cruciales en el año 2000, ninguno de los cuales es mérito ni consecuencia de una política de Estado o de gobierno, y que incidieron de manera determinante en la economía del país: de una parte, los ingresos provenientes del alza de los precios del petróleo en el mercado internacional, y, de otra, los ingentes recursos enviados por los migrantes, que según el propio Banco Central superan los 1.250 millones de dólares (cerca del 8% del PIB del país).

El tercer aspecto que el Presidente no podía mencionar, pero que después de los acontecimientos de los últimos días se torna evidente, es su falta de liderazgo y capacidad política. La anunciada propuesta de Reforma Política, no constituyó más que una maniobra y un juego de presión para que el Congreso y ciertas fuerzas políticas que a su interior cotidianamente venden sus votos en una especie de mercado de oportunidades políticas, se subordinen o acepten las "canongías" hechas para aquellos que posibilitan formar mayorías circunstanciales en el Congreso en función de las necesidades del régimen.

Existe un cuarto aspecto que puede inferirse de una lectura crítica al discurso presidencial, y es la ausencia de una política social. En su pobre alocución, el Presidente de la República, relata como logros el aumento en la cobertura de los programas de colación y alimentación escolar; así como una serie de buenas intenciones, que en lo fundamental insisten en medidas compensatorias ante la crudeza y la profundización de la crisis.

Es precisamente en los silencios y omisiones del Presidente, y básicamente en la diferente comprensión que de los mismos puede suscitarse, que se puede encontrar explicaciones al último levantamiento indígena. El régimen no ha podido entender que, en la perspectiva de poder que se viene construyendo desde las bases mismas del movimiento indio, no son suficientes acciones coyunturales o paliativos para contentar o compensar la carencia de políticas de Estado, sino que va germinando un sentido societal diferente: "la solidaridad" entendida como la potencialidad de su acción movilizadora para enfrentar "el otro poder", que desde hace bastante tiempo dejó de mirar el país en su complejidad y diversidad.

3. El levantamiento indígena-campesino de febrero último, es la ratificación que el poder siempre reside en las bases; son ellas las que confieren autoridad y posibilidad de representación a sus dirigentes. El gobierno, como en ocasiones anteriores, minimizó una posible respuesta a las medidas económicas, creyó que el cuestionamiento y crítica a la dirigencia de la CONAIE, surgidos a partir de la fallida convocatoria a levantamiento de septiembre y el fracaso de la Consulta Popular anularían la participación organizada del movimiento indígena. Sin embargo, la dirigencia del Ecuarunari emprendió en un proceso de acercamiento con otras organizaciones indígenas y campesinas enfatizando en la urgencia de una respuesta conjunta, a pesar de las dificultades y distancias generadas sobre todo por la participación en diferentes organismos como el CODENPE o Prodepine.

El proceso de unidad de católicos, evangélicos y organizaciones campesinas, a pesar de iniciales resistencias, se fue consolidando en las bases, en los diferentes cantones y provincias; al mismo tiempo, a la demanda de la derogatoria de las medidas económicas se fue sumando los mandatos provinciales e inclusive las reinvindicaciones de organismos seccionales. La convocatoria inicial de movilizaciones para el 21 y 22 de enero fue superada por miles de voluntades convencidas de que "cuando los indios nos movilizamos siempre tenemos victorias."

4. El gobierno como respuesta al levantamiento indígena-campesino implementó una brutal represión que sólo puede entenderse por el desconocimiento y, sobre todo, como muestra de sus profundas debilidades.

La primera de ellas, es la falta de dirección política única y la ausencia de estrategias para establecer un proceso de negociación con el movimiento indígena. Es obvio que al interior del régimen cohabitaban diferentes posiciones, y que durante los primeros días del conflicto prevaleció el cuarteto Manrique-Vivas-Unda-Negrete; los mismos que intentaron dividir el proceso de unidad organizativa del movimiento indígena-campesino, establecer una negociación directa con las autoridades seccionales, para dejar de lado la negociación con las organizaciones y no dejar duda alguna respecto a la utilización de la fuerza para contener el levantamiento.

Para los ventrílocuos de los sectores "productivos" de la costa, en el levantamiento no sólo se enfrentaba a una masa de inconformes, sino fundamentalmente al único sujeto político-social que en forma permanente se opone y resiste la "modernización neoliberal". Pensaron, equivocadamente, que dilatando el diálogo, apresando a Antonio Vargas, Presidente de la Conaie, militarizando las carreteras o dictando órdenes de prisión para una gran cantidad de dirigentes, podía ahogarse la protesta indígena. Los resultados fueron totalmente contrarios, la identidad y fuerza moral de los excluídos, generalizó el levantamiento a la mayor parte de la sierra, el oriente y en algunos momentos, ciertos sectores de la costa.

Una segunda debilidad del Gobierno del Doctor Noboa, radica en el hecho de que se había constituído más bien en el representante de las Cámaras de la Producción de la costa, fundamentalmente de Guayaquil, las mismas que se pronunciaron abiertamente por la utilización de la violencia y la represión. El diálogo se entendía como un monólogo del poder. En el transcurso de la protesta indígena-campesina las Cámaras de la sierra y un extendido número de voces de la sociedad civil se pronunciaron a favor de una salida política negociada, censurando la actitud irresponsable del régimen. Además, vale decir que el levantamiento gozaba de un apoyo de aproximadamente el 70% de la población; estos posicionamientos debilitaron el piso para una solución autoritaria, que según se comentaba en los propios pasillos de Carondelet, no descartaba un rompimiento institucional y un gobierno civil-militar de mano dura.

Un tercer fantasma que recorría las entrañas del régimen es la imposibilidad de saldar las fisuras existentes al interior de las Fuerzas Armadas, y, en especial, de la fuerza terreste; el gobierno temía que un nuevo levantamiento pueda avivar los rasgos de una corriente nacionalista y crítica a las políticas implementadas en los últimos años. Impedir la movilización indígena en Quito, no sólo pretendía una exhibición de fuerza que desmovilice, oculte y controle la protesta, y no pueda suscitar apoyos ciudadanos, sino también evitar una posible acción sobre los símbolos del poder constituído. Este temor se confirma con las detenciones del capitán Aguilar y el teniente coronel Hedye Sánchez, quienes supuestamente habrían estado conspirando contra el alto mando militar, la calentura no esta en las sábanas.

5. El levantamiento indígena campesino descubre la fragilidad institucional de nuestras democracias y partícularmente del régimen presidencial; a pesar del control social cristiano de la función judicial, y tal vez como respuesta al mismo, los jueces de los juzgados décimo cuarto y décimo tercero de lo penal de Pichincha, acogieron y resolvieron favorablemente los recursos de amparo presentados por el Defensor del Pueblo y la Coordinadora de Movimientos Sociales, en contra del incremento de los pasajes y los combustibles, respectivamente. La respuesta del Gobierno fue desconocer dichos fallos, lo cual rompe con el principio más elemental del estado de derecho y atenta contra la autonomía e independencia de las diferentes funciones del Estado. Recordemos que en el mes de agosto, durante la crisis legislativa por la elección de dignidades, el gobierno acogió un recurso de amparo interpuesto por el PSC, en el que se desconocía lo actuado por la mayoría del Congreso Nacional.

El respeto a la institucionalidad, que tanto argumentaron los voceros oficiales durante el levantamiento, obliga al cumplimiento de unas formalidades y procedimientos previamente establecidos. Admitamos por un momento, que el Recurso de Amparo previsto en la Constitución, requiere una reglamentación (?), sin embargo, en ausencia de la misma tiene que prevalecer el mandato constitucional y si el Presidente o el gobierno creían que los fallos eran inadecuados o improcedentes, lo lógico era que acudan al Tribunal Constitucional, de ninguna manera podían desconocerlos porque ello significa simple y llanamente convertir a la Constitución en un parapeto de la ignominia y prepotencia del poder.

Por otro lado, es necesario tener presente que en un régimen presidencial como el que vivimos, la responsabilidad política recae en el Jefe de Estado. En efecto, según nuestro ordenamiento jurídico, los Ministros y funcionarios con equivalente rango, son responsables o Secretarios de Estado en el ámbito de sus competencias. Durante el levantamiento se demostró que el "gabinete" es una recurrencia institucional, vacía de capacidad de resolución de una crisis que se transformó en política, por la ausencia real y simbólica del Presidente de la República.

6. Un contrapoder viene germinando paciente y silenciosamente. Este se expresa de manera más visible en las movilizaciones y bloqueo de carreteras, en la audacia de volverse invisibles para burlar los controles militares y "tomarse" Quito. El contrapoder emergente tiene y ejerce sus propios ritos y símbolos: los colores de la huipala, el humo sagrado ardiendo en el patio de la Universidad Politécnica Salesiana, la captura de policías y militares para ser canjeados por los presos en las movilizaciones. La ocupación de las gobernaciones y el nombramiento de nuevas autoridades son la expresión de ese poder alternativo y en pleno proceso de formación.

Un aspecto que retrata el contrapoder se refleja en el proceso de negociación, cuando se admite la intervención de una Comisión de Enlace, entre el Gobierno y el movimiento indígena-campesino. Allí se aclaró y se insistó en que su papel no es la mediación. El levantamiento no requiere que "nadie le dé hablando", tiene sus propios interlocutores, la Iglesia oficial tiene que aceptar que perdió potestad política y que no puede rearmar la componenda con el "otro poder" sin la voz de los indios.

Otra expresión de la emergencia de un nuevo poder es la construcción de propuestas que no sólo cuestionan las medidas coyunturales sino que dejan abierto el horizonte del cambio," no buscamos voltear la tortilla sino hacer una nueva y repartirla con justicia e igualdad", dicen los indígenas y campesinos. La Mesa de Negociación también se convirtió en disputa de sentidos y expresión de poderes contrapuestos, la representación indígena y campesina solicitaba la palabra a Ricardo Ulcuango, era el vicepresidente de la Conaie el que autorizaba el "don de hablar" en la misma casa del Vicepresidente de la República. Por último, el Presidente de la República y todo su gabinete tuvieron que aceptar y ponerse de pie ante un "minuto de silencio" pedido el mismo día que se firmaba el "acuerdo", en honor a los caídos por la represión, seguramente los treinta segundos que duró el acto póstumo, estremeció los cimientos de Carodelet y estrujó la arrogancia del poder.

7. El levantamiento sintetiza una discusión que se había agudizado desde enero del 2000 entre la lucha institucional y extrainstitucional, en la movilización participan las familias, comunidades y cabildos; pero también las autoridades seccionales elegidas en mayo pasado, el Bloque de Diputados del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País e inclusive diversos funcionarios de distintas instituciones que han sido conquistadas con la lucha indígena. El ejercicio de un contrapoder despliega diferentes roles, algunos alcaldes lideran las delegaciones, el prefecto de Cotopaxi es perseguido y acusado de instigador del levantamiento, los diputados interactúan en el marco del Congreso para forzar al gobierno al diálogo, así como también presionan al régimen contra el atropello de las fuerzas armadas y policía a los derechos humanos; el alcalde de Cotacachi y vicepresidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, encabeza la comisión de enlace y se convierte en el representante de una democracia activa y deliberante. La movilización indígena-campesina, las autoriades, las comisiones actúan bajo las directrices que establece el Consejo Ampliado de Conducción Política. Una vez más la ratificación de que el poder está en el colectivo, en la presencia de las bases y son éstas las que confieren autoridad y legitimidad para la actuación de cada uno de los actores que hacen presente el Mandato del levantamiento.

8. El diálogo es parte de la teatralización y retórica del poder, no es posible hablar con el otro sin reconocerlo; el gobierno pretendía desconocer la organización indígena y a sus dirigentes, quería, según palabras del Ministro de Gobierno, hablar con autoridades legítimas, a lo que Auki Tituaña, Alcalde de Cotacachi, le respondió: "los dirigentes también son elegidos y en todo caso con mayor legitimidad que un Ministro que es nombrado a "dedo" por el Presidente de la República". El levantamiento indígena desconoció las condiciones del gobierno de suspender las movilizaciones para poder negociar; en cambio, los delegados del Presidente tuvieron que escuchar durante los días 1 y 2 de febrero una comisión que le planteaba cinco condiciones básicas para entablar acercamientos con el régimen: libertad de los detenidos; cese de la represión y desmilitarización de las carreteras; diálogo al más alto nivel; levantamiento del cerco policial de la Universidad Politécnica Salesiana y autorización para que la marcha acompañe un proceso de diálogo en el que debían participar, por lo menos ochenta representantes de las diferentes organizaciones y provincias.

La lógica del acuerdo "por arriba" que manejaba el régimen, respondió que el diálogo se realizaría con una comisión encabezada por el vicepresidente y a la cual sólo podían concurrir veinte personas como máximo; la consecuencia fue la ruptura del diálogo y por parte del Gobierno la declaratoria del Estado de Emergencia en todo el país. Nuevamente la comisión de enlace interactuó para que se conformen comisiones con poder de decisión del gobierno y de la movilización indígena; los debates iniciaron el domingo 4 de febrero y se suspendieron al día siguiente como consecuencia de la brutal represión desencadenada por las Fuerzas Armadas que dejaron siete muertos y más de dos decenas de heridos. En la reanudación de las conversaciones el gobierno tuvo que aceptar que el levantamiento continuaba a pesar del Estado de Emergencia, así como la indeminización de heridos y a los familiares de los asesinados por la represión.

9. El acuerdo entre las organizaciones indígenas y el gobierno se firmó el 7 de febrero, en el acta constan 23 puntos, entre ellos la rebaja del precio del gas en 40 centavos, el congelamiento de combustibles y pasajes por un año, con posibilidad de ampliarse para todo lo que falta del periodo presidencial; el archivo del kerosene como combustible popular; el establecimiento de mecanismos para garantizar el cobro de medio pasaje para los niños, estudiantes y personas de la tercera edad; así como una serie de propuestas destinadas a provocar un Gran Diálogo Nacional sobre la reforma tributaria, la modernización del Estado, el combate a la corrupción y la recuperación de los recursos entregados por el estado a los banqueros corruptos. También se establece la obligación de capitalizar el Banco Nacional de Fomento, la Corporación Financiera Nacional, aumentar el presupuesto de las instituciones destinadas a tender a los sectores indígenas y rurales; y, establecer una propuesta de consenso para la reforma de la seguridad social.

Es posible que los logros no sean comparables con la dimensión del levantamiento, de la misma forma que no se puede hablar de victoria cuando quedan muertos y heridos; sin embargo, es un paso importante en la conciencia y construcción de un proyecto alternativo. Los resultados del levantamiento evidencian que con la voluntad, propuestas y movilización social se puede replantear un programa acordado y condicionado con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo demuestra que la democracia no son sólo formas y procedimientos sino también un terreno en el que se disputa su significado.

Además no podemos soñar con la transformación sino se modifican las percepciones, el sentido común y sensibilidad social; con seguridad el levantamiento, como toda lucha social, tiene una dimensión educadora, ese "no sé que" que movió al cura Eduardo Delgado para que desafíe a los diferentes poderes y preste el local de la Universidad Politécnica Salesiana a fin de que permanezcan en el lugar más de seis mil indígenas por doce días; ese "algo" que suscitó a una gran cantidad de los estudiantes de la UPS y de otras universidades a que trabajen como voluntarios, en los puestos de salud, en la comunicación, en las brigadas de salubridad y de agitación social; ese "algo" que llevó a que cientos de personas de la más distinta condición social, colaboren con alimentos, ropa, medicinas, y a veces solo con su presencia, tal vez este levantamiento hizo posible afirmar "ese no sé qué" que anima a la solidaridad y al compromiso, que prendió algunas vías y barrios de nuestras ciudades.

10. El levantamiento es invencible porque une la lucha con el canto, el baile, la alegría de soñar. Convoca el tun tun seco del tambor y la nostalgia de los violines y pingullos; junta la fuerza de la comuna, de la historia, pero, sobre todo, entreteje los sueños de la gente. No olvidaré jamás aquel domingo 4 de febrero, a las siete de la mañana, reunidos con un grupo de comuneros bajo el sol matinal de Quito, en el patio de la politécnica salesiana, cuando los compañeros indígenas de Cotopaxi soñando, riendo como niños, pensando en el Ecuador que queremos y que más temprano que tarde estamos obligados a construir, desafiaban la incertidumbre, el miedo, la violencia, la prepotencia, con sus ganas de reinventar la patria. El levantamiento nace como murmullo para convocar a gritos la esperanza.

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