Boletín ICCI
"RIMAY"

Editorial

A fines del año 2000, el gobierno ecuatoriano, presionado por la necesidad de alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, acuerdo que, vale recalcar, se presentaba como condición indispensable para su esquema de dolarización de la economía, impone un duro paquete de ajuste cuyos componentes fundamentales han sido siempre los mismos: incremento en los precios de los combustibles, incrementos en los precios de la energía eléctrica, incrementos en los precios de la transportación, además de una propuesta fiscal por la cual se disminuía el impuesto a la renta y se incrementaba el impuesto al valor agregado. Es decir, una propuesta que siempre había trasladado los costos de la crisis a los sectores más vulnerables.

Este paquete de ajuste se da en momentos en los que el régimen parecía haber cobrado cierta capacidad de maniobra política, y en los cuales el movimiento indígena aparecía a la percepción de las élites, como un movimiento fracturado luego de su fallido intento de levantamiento en el mes de septiembre del año pasado y por el desgaste provocado por la supuesta falsificación de firmas presentadas por el movimiento indígena, para avalizar una consulta popular sobre la legitimidad de la política económica del régimen.

Por otra parte, el mismo régimen se hallaba en un impasse político y económico, por cuanto había apostado toda su política de privatización y de reforma estructural del Estado, a las reformas legales contenidas en un solo cuerpo de leyes conocido como "Ley Trole II", reformas que en su carácter sustancial, habían sido modificadas por el Tribunal Constitucional, previo a un pedido de inconstitucionalidad presentado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie.

En efecto, la Conaie se había convertido en todos estos años en el punto de gravedad que aglutinaba a varios movimientos sociales, a la vez que se consolidaba como la columna vertebral de la oposición social y política al régimen. La visualización de la Conaie como un actor de fuerza dentro del escenario político, se veía acrecentada por su rol clave jugado en los eventos del 21 de enero del 2000 que terminaron en la destitución del ex - Presidente Jamil Mahuad.

De allí que dentro del régimen se haya seguido con mucha atención los procesos organizativos internos de la Conaie, especialmente su Asamblea realizada en diciembre del año 2000. Se pudo constatar, entonces, el cuestionamiento que hicieron las bases de la Conaie a su dirigencia, sobre todo, aquel que hacía referencia a su alejamiento y distanciamiento político y organizativo de las bases. Los indígenas resolvieron que su organización entre en un proceso de reestructuración interna en un plazo de tres meses, y la actual dirigencia de la Conaie tenía en este tiempo que garantizar el recambio organizativo y la reestructuración política interna.

La lectura que se hizo sobre estos hechos, desde el régimen, fue la de que la Conaie, dadas las condiciones internas de su organización, podía entrar en un proceso de división interna, y que sus principales dirigentes estaban tan desgastados que no tendrían mayor capacidad de convocatoria.

Es en este contexto que se efectúa la promulgación de las nuevas medidas económicas. Desde muchos sectores sociales se cuestionó la eficacia de las medidas de ajuste. Efectivamente, el Ecuador lleva ya veinte años aplicando el recetario macroeconómico del FMI, y en ese tiempo, la aplicación de esas medidas económicas, provocaron la destrucción del aparato productivo interno, la agudización de la recesión económica, fomentaron una alta concentración del ingreso, incentivaron la fuga de capitales, la desarticulación de sectores claves, como el sector agrícola, y la extensión y agudización de la pobreza.

Tales medidas, dada la actual situación económica del país, no tenían pertinencia ni al mediano ni al largo plazo. En estos veinte años, se había demostrado que el modelo de ajuste del FMI había fracasado en toda su línea, y que el modelo económico aplicado se había agotado hasta convertirse en una verdadera camisa de fuerza para el desarrollo nacional. Insistir en la aplicación de las políticas de ajuste del FMI implicaba, a más del reconocimiento oficial de que se carecía de una visión propia de desarrollo económico, fracturar el tejido social, llevando la conflictividad interna del país a niveles cada vez más peligrosos.

De hecho, al mes de aplicado el paquete de ajuste, las instancias oficiales que miden la inflación interna, reconocían que ésta se había incrementado sustancialmente como producto de las medidas económicas aplicadas por el régimen. De esta manera, el mismo gobierno saboteaba las bases económicas que sustentan su propuesta de dolarización.

Las primeras protestas en contra del ajuste fueron hechas en los sectores urbanos, sobre todo estudiantes universitarios y pobladores pobres. El régimen decidió que el manejo político de la crisis que empezaba a gestarse lo asuma directamente su Ministerio de Defensa y una línea dura desde su Ministro de Gobierno. Esta delegación a la fuerza policial y militar restó la capacidad política de negociación del régimen a la vez que exacerbó la crisis. En efecto, a cada brote de protesta popular, las Fuerzas Armadas respondían con un inusitado despliegue de violencia y represión. La idea inicial del régimen era que la mano dura podría aplacar las manifestaciones en contra de su política económica, y que no hacía falta entablar ningún tipo de diálogo con la sociedad civil, menos aún discutir la pertinencia del ajuste económico. Una apertura al diálogo, se pensó, implicaría un reconocimiento de debilidad política que el gobierno no podía permitirse.

Es justamente esta falta de visión política del régimen la que provocó la extensión y agudización del conflicto. Así por ejemplo, a mediados y fines del mes de enero, se sumaron a las protestas los comuneros de la provincia de Cotopaxi. El ejército, sin que medie previamente un proceso de diálogo o sin que se creen condiciones de distensión, arremetió brutalmente contra los indígenas comuneros de Cotopaxi, hiriendo de bala a siete de ellos, persiguiendo, apresando e incluso llegando a la tortura de algunos dirigentes indígenas de esta provincia.

Es a partir de este inusitado despliegue de violencia, que las estructuras organizativas del movimiento indígena deciden realizar un levantamiento en contra de las medidas económicas aplicadas y en contra, asimismo, de la represión y la violencia. El régimen decidió cerrar los mecanismos políticos de distensión y abrir los cauces de la represión. A medida que se iban sumando organizaciones indígenas al levantamiento, la represión se acrecentaba. Esta falta de tacto político llevó al régimen a ordenar el arresto de los principales líderes del movimiento indígena, y con ello exacerbar la crisis que se perfilaba como un conflicto de graves consecuencias sociales. Así, el régimen restringía su capacidad y su espacio político de acción y entraba en una pendiente de autoritarismo que desembocaría finalmente en la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional.

La negativa del régimen al diálogo con el movimiento indígena, su intransigencia para abrir espacios de distensión social, sus titubeos entre una posición más conciliadora y una línea dura, su apuesta por cerrar por la violencia todo espacio ganado por el movimiento indígena, se explicarían por la confluencia de varias causas. Primero: el régimen no contaba con una total seguridad al interior de las Fuerzas Armadas que le avalicen un coup de force. Esta inseguridad interna del régimen de no contar con el apoyo irrestricto de todas las ramas de las Fuerzas Armadas, hacía que la línea de mano dura se vea constreñida a suscitar apoyos de tipo más puntual. En efecto, desde el 21 de enero del 2000, era notorio que existían discrepancias a su interior, sobre todo del Ejército y de sus mandos medios. El régimen no tenía la garantía de mantener unas Fuerzas Armadas institucionalmente unidas en caso de una aventura militar.

Segundo: el fantasma del 21 de enero del año pasado. El ex Presidente Mahuad cayó políticamente cuando firmó el decreto de derogatoria de las medidas económicas en julio de 1999, justamente por la presión de un levantamiento indígena. Era necesario, entonces, suprimir el efecto político de los levantamientos indígenas. Tal era el pronunciamiento de las élites, en especial, de Osvaldo Hurtado, líder del partido derechista Democracia Popular, DP.

Tercero: la presión política sobre el régimen ejercida por el Partido Social Cristiano, PSC, y por las élites de Guayaquil, la ciudad económicamente más importante del Ecuador, por no consolidar los espacios políticos del movimiento indígena a través del diálogo: "no se puede dialogar mientras exista el levantamiento", era el pretexto que se utilizó para obligar al gobierno a mantener una línea dura.

Cuarto: la errónea lectura sobre el movimiento indígena que tenía el régimen. Se creía que el levantamiento fue provocado por la dirigencia indígena para relegitimarse luego de la Asamblea de diciembre. En ese sentido, el gobierno pudo percatarse demasiado tarde que la misma dirigencia indígena fue rebasada por los acontecimientos. Por ello su cambio súbito de estrategia oficial en materia de comunicación.

Quinto: la percepción de que una salida de fuerza era viable políticamente. En efecto, se pensaba que los indígenas podían asumir posiciones de fuerza frente a la arremetida de las FFAA y con ello se legitimarían la violencia utilizada, y los indígenas perderían la legitimidad y credibilidad social de su reclamo.

Y, finalmente: la vigencia del modelo económico, que se sustentaba, al menos teóricamente, en el apoyo dado por las multilaterales de crédito, como el FMI y el Banco Mundial, y cuyas recomendaciones no podían ser contestadas ni discutidas por la sociedad civil.

De ahí la violencia utilizada. En todos los levantamientos indígenas realizados desde 1990, éste ha sido el más ferozmente reprimido. Mientras que en 1990, apenas hubo un muerto, en este levantamiento los muertos ya sumaban seis, los heridos varias decenas, y los detenidos varias centenas. Además de la supresión de las garantías constitucionales, la detención de dirigentes, la tortura incluso de niños en la comunidad del pueblo Cayambi, el estado de sitio en la provincia amazónica de Napo, etc.

Empero de ello, es necesario acotar que esta vez, las condiciones políticas existentes encuentran al movimiento indígena en pleno proceso de diálogo interno y unidad estratégica entre sus diversas organizaciones. Efectivamente, cuando se realiza la convocatoria al levantamiento desde la dirigencia, ésta se encuentra, por vez primera, unida. Está allí el Presidente de la Conaie, y también está el Presidente de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, el Presidente de la Federación de Indígenas Evangélicos, FEINE, el Presidente de la Federación Ecuatoriana de Indios, FEI, y delegados de la FENACLE. Está presente también, la organización campesina más grande del Ecuador, la CONFEUNASSC.

Es la primera vez que estas estructuras organizativas del movimiento indígena, se unen dentro de un solo proceso de lucha y resistencia, con objetivos, discursos, estrategias y mandos comunes. El movimiento indígena (MI) consolida de esta manera un proceso de unidad inédito por sus características, pero que demostró su fuerza organizativa y su capacidad de negociación política durante el levantamiento.

Es por ello que el MI pudo enfrentar sólidamente la posición del régimen: No se trató, en ningún momento, de provocar un nuevo golpe de Estado o un recambio en la cúpula del poder. El MI después de la destitución de Bucaram (1997) y de Mahuad (2000), comprendió que los recambios de nombres no implican cambios en las estructuras de poder, ni en el modelo vigente. Es más, el MI conocía la posición del PSC y de la Democracia Popular, partidos políticos de derecha, de adelantar las elecciones, para reconfigurarse políticamente. Los procesos de cambio son complejos, difíciles y las resistencias al cambio, sobre todo de las élites, son atávicas.

Este levantamiento es una victoria del MI, pero también es un importante triunfo de todo el pueblo, de toda la sociedad civil. La articulación de una propuesta que incorpora demandas ciudadanas y no solamente aquellas de los indígenas, han despertado una enorme simpatía por el MI. A futuro, para la definición de la política económica, el régimen sabe que tiene que contar con la voz de los indígenas, y que tiene que abrir el espacio de la discusión política al conjunto de la sociedad.

El MI sabe que tiene que consolidar sus espacios. Ahora, en este último levantamiento se ha configurado un proceso de unidad estratégica entre sus diferentes instancias organizativas. El MI sabe que no se trata de crear una gran superestructura organizativa que aglutine a todas las organizaciones indígenas nacionales, sabe también que la unidad no se construye generando nuevos espacios burocráticos. Al interior del MI existe el respeto por las opciones organizativas existentes. Sea desde la visión de la plurinacionalidad y la interculturalidad (Conaie), sea desde la espiritualidad o la religión (Feine), sea desde el sindicato campesino de tierras (Fenocin), sea desde la visión de clase (Fei), todas ellas configuran opciones organizativas de un solo proceso de resistencia y de lucha. La unidad del movimiento indígena, no se traduce en la creación de una nueva estructura sino en la adecuación de objetivos políticos y estratégicos que le permitan caminar en una sola dirección. La complejidad del MI se basa, justamente, en el respeto a la diversidad. Este último levantamiento ha consolidado políticamente al MI. Permitió el crecimiento de varias figuras a su interior, como es el caso del Alcalde de Cotacachi. Abrió nuevas fisuras en las atávicas estructuras de dominación y poder. El enorme prestigio social que goza el MI como sujeto político que está en capacidad de redefinir los destinos políticos del país, se corresponde con su visión de generar un proyecto de nación al largo plazo.

Empero de todo ello, una de las consecuencias de este levantamiento y que ameritaría una lectura más atenta es el hecho de que los sistemas de representación política, como los partidos políticos, no sirven como espacios sociales que permitan la negociación y salida a los conflictos sociales.

En este último levantamiento, ninguno de los partidos políticos, incluido el mismo Movimiento Pachakutik de los indígenas, jugó un papel protagónico. Aunque es de reconocer que el movimiento indígena supo utilizar políticamente su representación parlamentaria para presionar por el diálogo. Tampoco jugó ningún papel el Congreso Nacional, ni las Cortes de Justicia, ni el Tribunal Electoral, ni el Tribunal Constitucional. El levantamiento de febrero del 2001, puso entre paréntesis al sistema de representación política, y posibilitó la negociación directamente con el poder. Por lo demás, casi todos los actores sociales, en caso de conflicto, tienden a negociar directamente con el poder ejecutivo. Ello supondría que dado el actual régimen político, el presidencialismo vigente podría prescindir del parlamentarismo.

Ello implicaría varias lecturas:

… La pérdida de legitimidad y de credibilidad de todo el sistema de representación política (el desgaste de los partidos políticos que no son vistos por la sociedad civil, ni por los actores sociales, como instancias de mediación con el Estado).

… La falta de adecuación de los sistemas de representación a las lógicas, dinámicas, procesos y necesidades de los actores sociales y de la sociedad civil. Mientras los partidos políticos tienen sus tiempos, éstos no se sincronizan con los tiempos de la sociedad civil.

… Las reformas estructurales del Estado y sus sistemas de representación no se procesan al interior de la sociedad civil, sino fuera de ella, y estas reformas se adecúan más bien al carácter corporativo que han asumido los partidos políticos, que tienden a adscribirse y a funcionalizarse de acuerdo a las necesidades de ciertas élites, que a las necesidades de la sociedad civil.

… La evidencia de que las estructuras de poder vigentes en el Ecuador no se armonizan con el discurso de la democracia liberal: el presidencialismo implica el ejercicio real del poder, el contrapoder no está en la legislatura, sino en la capacidad de los actores sociales y de la sociedad civil por negociar directamente con el ejecutivo. Existe dentro del imaginario social, la percepción, justa por lo demás, de la legislatura no como contrapoder sino más bien como parte del poder.

… La incapacidad del sistema de representación política, con sus discursos y sus instituciones, de constituirse en instancia de mediación entre la sociedad civil y el estado, que hacen imposible un diálogo democrático entre las instituciones del sistema de representación política y la sociedad civil.

… La sociedad civil no se siente "representada" por el sistema de representación política. Las mediaciones políticas más bien tienden a alejar la responsabilidad social de los actores de su propia problemática. Los sistemas de representación política tienden a usurpar los espacios sociales organizativos, a destruir la capacidad de movilización y generar sobre las estructuras organizativas redes clientelares y patrimonialistas. De ahí el rechazo a la ingerencia de los partidos políticos en los asuntos que competen directamente a los actores sociales.

… El mismo régimen desgasta al sistema de representación política, cuando tiende a acusar a los actores sociales de haber "politizado" sus demandas, o de corresponderse a "intereses políticos". Cuando un actor social que demanda atención, diálogo o defiende sus intereses, es acusado de tener "intenciones políticas", inmediatamente repliega su discurso alejándose de la esfera política, y con ello se distancia de todo esquema de representación política.

El levantamiento indígena del mes de febrero, al poner entre paréntesis al sistema de representación política, en realidad puso en cuestionamiento a todo el andamiaje jurídico de la democracia liberal y representativa. Asimismo, posibilitó una lectura libre de prejuicios de la sociedad sobre sus estructuras organizativas, sus prácticas ancestrales del consenso y su necesidad de llegar acuerdos desde la participación misma de las bases. Con ello posicionó la idea de que otra forma de democracia es posible.

Todos estos aspectos, que conllevan una profunda reforma política del Estado Ecuatoriano y de su democracia, han sido puestos en evidencia justamente por la acción política del movimiento indígena. Construir una sociedad diferente, en la cual los sistemas de representación política impliquen procesos de ciudadanía plena y diferenciada, y construir un Estado que acepte y respete la diferencia radical de los pueblos y naciones ancestrales, dentro de un contexto de democracia política, justicia social y equidad económica, tal es al largo plazo el reto del movimiento indígena ecuatoriano, y, en definitiva, del conjunto de la sociedad civil.

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