Boletín
ICCI

La lucha por el acceso al agua, perspectiva de las organizaciones indígenas y campesinas

Paulina Palacios

A partir de 1994 la Confederaciónde Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, con el proceso dediscusión que se da alrededor de la aprobación de la Ley de Desarrollo Agrario, aborda la necesidad de realizar unapropuesta alternativa a la Ley de Aguas, vigente desde 1972. En ésta elagua es un bien público al que todos los ecuatorianos podemos acceder, y que es manejada enperspectiva de la Función Social que cumpla para la satisfacción delas necesidades. Este principio significó limitar la acaparación del agua en manos de aquellos que también acaparaban la tierra,dotándole al estado de potestades sobre el conjunto de los recursosnaturales, respondía a una lógica distinta del mismo estado.

El estado ecuatoriano desde 1994intenta organizar una reforma al marco legal de la institución y elmanejo de las aguas en el país, bajo el auspicio de entidades multilaterales que convierten laeficiencia en el manejo de los recursos naturales en el eje de la accióndel estado. En este contexto el INERHI deviene en Consejo Nacional deRecursos Hídricos CNRH, se da una reconfiguración de las Corporaciones Regionalesde Desarrollo, así como se inicia un proceso para racionalizar desde elestado las transferencias de los sistemas de uso del agua que lepertenecían a manos privadas. Asimismo el Levantamiento de 1994 logra evitar queen la Ley de Desarrollo Agrario se incluyan normas que habríanconvertido al agua en un bien hipotecable y susceptible de apropiaciónprivada. Entonces el movimiento indígena y campesino del Ecuador logra intervenir -mediante acciones depresión política y social- en la reforma a una ley, tanto la CONAIE,como las otras organizaciones campesinas e indígenas realizamosuna "Ley Integral de Desarrollo Agrario" y logramosintroducir modificaciones a la propuesta por sectores de la producciónagrupados en las Cámaras y que respondían a intereses de losterratenientes.

En 1996 la CONAIE inicia un proceso deelaboración participativa del proyecto de Ley de Aguas que cobija losintereses y demandas de las comunidades. A través de talleres en lasdiferentes regiones del país, buscando criterios comunes se concibe la Ley de Aguas con el auspiciodel conjunto de organizaciones indígenas y campesinas del Ecuador(referencia: Memorias a la Ley de Aguas, CONAIE, Quito, 1996). Esta propuesta se enmarca en losprincipios que recogen las demandas de democratización y equidad,fundamento de los mandatos de las organizaciones: preservar la propiedadpública del agua y su función social, el manejo integral de las cuencas hidrográficas, el manejocomunitario de las aguas, la participación social en las instanciasestatales de recursos hídricos, respeto a los sitios y símbolossagrados, y, la constitución de un Fondo Nacional de Riego que reinvierta lo obtenido en el manejodel agua.

En 1998 el movimiento indígenaecuatoriano logra que la lucha de años se cristalice en laratificación del Convenio No. 169 de la Organización Internacionaldel Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países independientes, por parte del H. Congreso Nacional, en el mes deabril de 1998; así como el pedido de la CONAIE para la realización deuna Asamblea Nacional Constituyente, (que efectivamente se realizó enese mismo año) con el objetivo de refundar al Estado Ecuatoriano, que éstereconozca jurídicamente a las Nacionalidades y Pueblos Indígenas delEcuador, y sus derechos colectivos.

Estos dos acontecimientos señalannuevos retos para el movimiento indígena y campesino del Ecuador, queson la realización de reformas legales que permitan el pleno ejercicio de los derechoscolectivos a los pueblos y comunidades, así como la realización deleyes orgánicas que puedan garantizarlos jurídicamente. En este contexto, el ECUARUNARI emprende la realización deuna nueva y alternativa "Ley deComunidades" para reforzar el espacio y la integridad comunitaria, asimismo comoCONAIE se emprende la realización de la "LeyOrgánica de Nacionalidades, Pueblos y Circunscripciones TerritorialesIndígenas del Ecuador", de la misma manera que se emprenden una serie de reformas a lasnormas legales contenidas en las leyes de Salud, Educación, SeguridadSocial, Electricidad, Hidrocarburos, Minería, Finanzas Públicas,entre otras.

Consideramos que este nuevo marco dederechos colectivos abarca una amplia gama que cubre las expectativas departicipación de nuestras comunidades en general, tanto indígenas como campesinas, urbanas y rurales. Si bien en 1996 la propuesta deLey de Aguas que se realizó proponía endetalle el reconocimiento a la diversidad, el respeto a las prácticascomunitarias, la participación popular en la toma de decisiones, también es cierto que estosprincipios están ahora garantizados por la Constitución Políticavigente y por el Convenio 169 ratificado por el H. Congreso Nacional.

El agua es un elemento vital en lavida y reproducción de nuestros territorios, pueblos y ecosistemas. No es un elemento delibre comercio, ni un objeto que pueda separarse del contexto de lanaturaleza. Todos los seres humanos requerimos del agua para nuestrasubsistencia, en el caso de los Pueblos Indígenas es un elemento integrador de la vida y de nuestra espiritualidad.

Las organizaciones de la sociedadcivil hemos venido luchando por la reestructuración del Estado comoespacio que garantice el bienestar de todos, por la democratización delpaís.

En el H. Congreso Nacional el Proyectode Ley de Aguas, que se encuentra discutiendo este momento, es aquelpresentado por iniciativa del Ejecutivo en abril de 1998, durante elinterinazgo de Fabián Alarcón, por otra parte, de manera oficial e incluso extraoficial se hadistribuido en el mes de marzo de 1999, para ser discutido por parte del H.Congreso Nacional una nueva propuesta de Ley de Aguas realizada por elConsejo Nacional de Recursos Hídricos.

En lo que respecta a la Ley de Aguas presentada por el gobierno interino de FabiánAlarcón y que es aquella que en estos momentos se está discutiendo enla respectiva Comisión, previa a la discusión plenaria del H. Congreso Nacional, se puedeacotar que se inscribe dentro de una perspectiva totalmente neoliberal yprivatizadora, así se pueden resaltar los siguientes aspectos:

• Por unlado se liberalizaría el título de concesión del agua, separándolo de la tierra a la que sirve, y por otra parte, convirtiéndolo enuna mercancía de libre disposición y transferencia.
• Lastransferencias de los sistemas de uso del agua se realizarían sin disposiciones claras en lo referente a los derechos conferidos alos usuarios que lo obtendrían, ni parámetros sobre el modo en que sedará la "recuperación de costos invertidos por elEstado" Eso significa que se volverían inaccesibles los costos de lossistemas en caso de que se los conceda por periodos largos a constructoresprivados (caso del canal Tabacundo-Pichincha) para los usuarioscomunitarios, quienes aún en goce del derecho de concesión, verían limitado su acceso realal servicio por los costos de uso de los sistemas, así como a losconcesionarios privados de éstos les resultaría poco "rentable" el dar servicio a los compañeros.
• Seacentúa en el proyecto oficial del ejecutivo la institucionalización estatal del manejo de los recursos hídricos, manteniendo además laexclusión de la participación de los usuarios en las decisiones quese tomen acerca del recurso y de su distribución.
• Losproblemas reales del agua como son: la escasa cantidad de tierra agrícola regada, la ineficacia en la distribución del ingreso (hay una grancantidad de concesiones realizadas sobre el mismo caudal a diferentesusuarios, ocasionando más problemas entre éstos), la degradaciónecológica en la producción agrícola fruto de la inexistencia de proyectos globales, créditosasequibles a los comuneros y pequeños agricultores, falta de políticas estatales y globales para resolver los problemas del desarrollonacional y la seguridad alimentaria (que al momento es responsabilidad delas economías comunitarias indígenas y campesinas en un 75%).

Es imprescindible la unidad en lalucha, con la cabal comprensión de que ésta no oculte ni ladiversidad organizativa de los sujetos sociales, ni las distincionesculturales, geográficas, sociales, políticas deéstos. Debemos exigir nuestra participación en la legislación deltema de aguas, mantener el control político y social sobre todos losLegisladores para que recojan los principios básicos de nuestrasorganizaciones, así como mantenernos vigilantes de esta discusión, hemos probado que elpoder únicamente cede ante los pueblos cuando este lucha unido y conpropuestas, éste es el camino.