Boletín ICCI
"RIMAY"

Napoleón Saltos Galarza

Resumen ejecutivo

A partir de una reflexión que apunta a descubrir la génesis política del movimiento indígena, del movimiento sindical y de los movimientos sociales, el autor analiza la coyuntura presente en la cual existe una separación entre el movimiento indígena y los sectores sociales cuya expresión organizativa más importante es la Coordinadora de Movimientos Sociales, CMS. Es necesario, entonces, reconstituir ese bloque popular que posibilitó la insurrección del 21 de enero, sobre todo en momentos en los cuales el diálogo entre el gobierno y los indígenas parece estar empantanándose. Para reconstruir ese bloque es necesario, expresa el autor un acuerdo político más amplio.

Actores sociales

¿Cuándo un grupo social se convierte en un actor, una fuerza social? Hay cuatro condiciones básicas:[1] un umbral mínimo de una visión propia del mundo, que empiece por identificar sus propios intereses históricos; lo que puede expresarse en plataformas de lucha, mandatos, programas de gobierno o visiones civilizatorias. Un umbral mínimo de organización, que puede expresarse bajo formas de organización social o de organización política. Un umbral mínimo de capacidad de modificar las propias prácticas sociales (sobre todo económicas y políticas), las prácticas de los otros y la acción del la institucionalidad, en particular del Estado. Un umbral mínimo de capacidad de comunicación de su proyecto histórico, es decir capacidad de denunciar los problemas, de anunciar las alternativas y de realizar las propuestas

El actor social se conforma en el calor de la lucha y la participación; pero se presenta y expresa en la visión del mundo y en la capacidad de ganar el sentido de la totalidad social: la combinación de la propuesta y la acción. Hoy, cuando hablamos de totalidad social debemos referirnos a las luchas locales, nacionales y globales-universales. Un grupo social para poder actuar como fuerza social debe tener capacidad para actuar en esos tres ámbitos.

El tiempo de los pueblos indios

Podemos establecer una fecha de constitución y presencia de un actor social. Pero también podemos ver los momentos de ascenso y los momentos de descenso y de crisis de los actores sociales.

En el caso de los pueblos indígenas, el levantamiento de 1990 es el momento de visibilización como un nuevo actor étnico nacional. La década del 80 ha sido reconocida por los indios como la "década ganada", pues allí se opera tanto el proceso organizativo nacional (la CONAIE se constituye en 1986), como el paso desde una visión campesina a una visión étnica.

Confluyen tres vertientes: las luchas por la tierra en la Sierra, con influjo de la izquierda; las luchas contra la exclusión y por la dignidad, con influjo de la Iglesia comprometida, encabezada por Monseñor Leonidas Proaño. Estos procesos se expresan organizativamente en el ECUARUNARI. Y las luchas por la identidad como etnias y nacionalidades, que vienen desde la Amazonía. En 1981, la Federación Shuar plantea por primera vez la demanda de reconocimiento de los derechos de las nacionalidades indígenas. En la década del 80 surge una propuesta y una intelectualidad indígena que sintetiza los dos procesos regionales, como fundamento de la constitución de la CONAIE.

Este encuentro de los tiempos y procesos diversos de los pueblos indios de la Sierra y la Amazonía es uno de los factores que marcan el carácter de la CONAIE: los momentos de consolidación y los momentos de conflicto.

El poder de los pueblos indígenas se fundamenta en la comunidad, como célula organizativa. La comunidad cuenta con asentamiento territorial, y esto le permite actuar como un organismo paralelo al Estado, desde el asentamiento local. La distribución territorial después de la reforma agraria de los 60 y 70 y de la recuperación de territorios étnicos en los 70 y 80, coloca a las comunidades en posiciones estratégicas a lo largo del callejón interandino, con posibilidades de cerco a los centros económicos urbanos y a las principales vías de comunicación. Las comunidades indígenas y campesinas producen el 67% de la canasta básica; lo que implica un poder en el control del mercado interno.

Desde la base de la organización comunal, organización de primer grado, se constituye una red de organizaciones con asentamiento territorial: las federaciones cantonales (organización de segundo grado) y federaciones provinciales (organización de tercer grado) que permiten la identidad ya no sólo como unidad de comunidades, sino como pueblos: los cayambis, los cañaris, los chimbus, los puruhaes, etc.

El asentamiento tiene un carácter diferente en la Amazonía: allí el poder se expresa en posibilidades de derechos de territorialidad y en una distribución territorial en torno a recursos estratégicos, especialmente la producción petrolera y los recursos de la biodiversidad.

Aquí hay una diferencia entre la base organizativa de la CONAIE y la de las otras organizaciones indígenas. Mientras la CONAIE basa su organización en la organización comunal; las otras organizaciones tienen un fundamento diferente. La FEINE asienta su fuerza en la adhesión religiosa: el 8 ó 9% de la población indígena es evangélica; aunque en algunas zonas, como en Chimborazo esta adhesión puede coincidir con la participación de toda la comunidad y de toda una zona (federación de segundo grado). La FENOCIN tiene un fundamento organizativo combinado con lo campesino; aunque cuenta en algunas zonas, como en Cotacachi con organizaciones comunales.

Un segundo factor del poder de los pueblos indios está en su visión civilizatoria diferente, resultado de quinientos años de resistencia. La visibilización de los pueblos indios está en la nueva presencia de esta visión en nuestro país, no sólo en la recuperación de las lenguas nativas y de las costumbres ancestrales, sino en la apertura de un nuevo proceso de reconocimiento del mestizaje, que había quedado trunco en la década de los 60.[2]

Es decir, esta fuerza civilizatoria se proyecta al conjunto del país, tiene capacidad de abrir un espacio diferente de sentido, no sólo para los indios, sino para la construcción de una sociedad y un Estado diferentes. El movimiento indígena, organizado en torno a la CONAIE, levanta como propuesta central de su programa la construcción de un Estado PLURINACIONAL, es decir la reorganización del país en torno a una nueva identidad y unidad, basada en el respeto a la diversidad.

El principio de "nada sólo para los indios" no es simplemente un recurso táctico para ganar presencia; sino que es uno de los fundamentos de la fuerza que el movimiento indígena ha logrado acumular a lo largo de la década de lo 90. Una visión propia proyectada a ganar la conducción del país, le permite no sólo colocarse en el centro de las luchas de los movimientos sociales, sino actuar como una fuerza gravitante en la vida nacional. Por ello, a lo largo de estos diez años de lucha se ha creado una alianza permanente con los movimientos sociales urbanos y rurales: la unidad indígeno-popular ha sido una línea rectora de la política indígena.

Esta visión de unidad y de un proyecto para el conjunto del país ha logrado subordinar posiciones indigenistas que han emergido periódicamente al interior de la propia CONAIE, bajo la forma de discursos mesiánicos o de retornos sin proyección hacia las raíces ancestrales, o de contraracismos y contraexclusiones. De hecho, no puede mirarse el movimiento indígena como un proceso homogéneo, sino más bien como un proceso complejo, con visiones, intereses y desarrollos diversos. No podemos cerrar los ojos a la constitución de intereses de capas medias de los sectores indígenas que apuntan a utilizar su diferencia como un recurso para mejorar su inclusión en la institucionalidad; y con ello se da la vuelta al principio: "todo sólo para los indios.

La fuerza de los pueblos indígenas emerge en un nuevo tiempo mundial: la globalización abre no sólo un proceso de mundialización de la economía y de la comunicación, bajo el dominio de las transnacionales financieras; sino también la nueva presencia de la identidades particulares, desde la etnia, el género, la edad, la religión, el reconocimiento local, la cultura. La nueva época que vivimos reordena la presencia de los actores sociales en nuestro país: el proyecto neoliberal que deja sin piso la fuerza productiva de los sindicatos, abre condiciones para la presencia de nuevos actores, empezando por el "retorno de los runas"[3].

A partir de la presencia de los pueblos indios como sujeto étnico-nacional, en el levantamiento del 90, hay un proceso de fortalecimiento del movimiento indígena. La conmemoración de los "500 años de resistencia indígena-popular" abre una proyección continental y mundial del movimiento indígena. En 1996, en alianza con los movimientos sociales, se constituye el Movimiento de Unidad Plurinacional-Pachakutik -Nuevo País, que marca el paso como sujeto étnico-político-nacional.

El movimiento indígena, organizado en la CONAIE, aporta al movimiento popular una nueva visión de poder. Durante los años 70 - 80, los sectores populares, liderados por el movimiento sindical, habían actuado bajo una estrategia del "mal menor", es decir, el apoyo al sector "más progresista" del bloque dominante. La caída del Muro y la crisis de la izquierda tradicional, deja sin piso a esta estrategia. La globalización, al debilitar los estados nacionales, disuelve la estrategias de liberación nacional. La década del 90 significa el paso a una estrategia de construcción del poder popular que permite responder a las nuevas condiciones de lucha.

De esta forma, los movimientos sociales empiezan a descubrir que la historia de nuestro país en todo el siglo XX está marcada por los acuerdos y contradicciones del "pacto burgués-oligárquico", representado por dos formas de diferentes de acumulación y de poder, en torno a la oligarquía agroexportadora-financiera de la Costa y la burguesía empresarial-financiera de la Sierra.[4] Pero la consecuencia es diferente: ya no se trata de "apoyar al sector más progresista", sino de aprender a manejar estos acuerdos y contradicciones, para poder construir un poder y un proyecto propios, desde abajo y desde un programa alternativo.

El tiempo del movimiento sindical

El movimiento sindical logra su mayor fuerza en los años 70-80, en el marco del modelo de la industrialización por sustitución de importaciones y de ampliación del Estado. Se fortalece la empresa privada y crece el número de trabajadores; surgen las empresas públicas, sobre todo en base a los recursos petroleros, y crece el número de trabajadores y empleados públicos. Las centrales sindicales constituyen en 1974 el Frente Unitario de Trabajadores.

La fuerza del sindicalismo está en su intervención en el proceso productivo de las industrias privadas y de las empresas estratégicas del Estado. Esta fuerza se expresa sobre todo a nivel urbano: las huelgas nacionales logran paralizar el aparato productivo y el funcionamiento del sector público.

El movimiento sindical levanta un programa de modernización y fortalecimiento del "capitalismo de Estado", de ampliación del "Estado benefactor social" y de retorno a la democracia. Con ello, logra articular las demandas del conjunto de los sectores sociales, en una estrategia subordinada a los intereses de la burguesía industrial. El aliado principal está en el campesinado que se mueve en la lucha por la reforma agraria, en el problema de la tierra. Este era el tiempo de la consigna de la unidad obrero-popular: "nada sólo para los trabajadores".

Esta fuerza llega a su punto más alto en las huelgas generales de 1982 - 1983, que avanzan a desestabilizar al régimen de Osvaldo Hurtado. Sin embargo, la visión del "mal menor" y de "defensa de la democracia ante el peligro de la dictadura", coarta la proyección de este poder. Precisamente en estos años se opera un cambio fundamental: la crisis de la deuda externa sirve de bisagra para el paso al modelo neoliberal. Después de la huelga truncada de 1983, Osvaldo Hurtado firma la primera Carta de intención de este período con el Fondo Monetario Internacional, y gira hacia la política de ajustes. La articulación al capital financiero internacional, empieza a debilitar al sector industrial y empieza a limitar el papel de la empresa pública. Con ello, el piso productivo de la fuerza sindical pierde fundamento.

Una experiencia paralela, aunque con características propias por la presencia de sectores medios organizados en torno a la UNE, la FEUE y la FESE, es la del Frente Popular, liderado por el Movimiento Popular Democrático.

El modelo neoliberal y el dominio del capital financiero cambian las condiciones de la lucha; empezando por modificar la composición de la clase obrera: se reduce aceleradamente el número de trabajadores estables y crece el número de trabajadores temporales y "tercerizados". Empero el movimiento sindical no modifica ni su estrategia ni su organización; sino que insiste en una cadena de huelgas reactivas, para responder a los sucesivos paquetes neoliberales, tratando de defender las conquistas del período anterior. Pero con ello, la lucha se va encerrando en demandas cada vez más parciales; y por tanto, el movimiento sindical pierde su fuerza de convocatoria a los otros sectores sociales.

El sindicalismo tradicional entra aceleradamente en un período de crisis que no logra ser superado hasta la actualidad. Esta crisis se agudiza por los efectos de la derrota del campo soviético y de la estrategia de liberación nacional, que impactan en los partidos tradicionales de izquierda.

Sin embargo el proyecto neoliberal que deconstituye el aparato industrial y debilita al sector público, refuerza el papel de exportador de materias primas de nuestro país, y dentro de ellas, la exportación de crudo. El petróleo continúa desempeñando un papel clave en la economía: en la década del 90 representa el 40% del presupuesto nacional. Con ello, un sector del sindicalismo público, ligado a las áreas estratégicas del Estado, espacialmente en el sector energético y en la seguridad social, conserva condiciones para su fuerza. Allí se asientan experiencias de replanteamiento hacia un "sindicalismo político", es decir un sindicalismo que orienta su acción a los temas nacionales. Estos sectores serán los que converjan con los nuevos actores sociales en la década del 90.

El tiempo de los movimientos sociales

La década del 90 representa el paso a una nueva época. Se operan cambios profundos que actúan sobre nuestro país. Pasamos de la sociedad de la producción y el trabajo, a la sociedad de la información y a la cultura de masas. Es el tiempo del capital financiero: un neofeudalismo transnacional.

Frente a los actores tradicionales, articulados al núcleo fuerte de la economía y la política, surgen nuevos actores, articulados a los temas culturales y civilizatorios de la identidad, la etnia, el género, la religión, el poder local, la defensa de los derechos humanos, la defensa de un medio ambiente sano.

Junto al movimiento indígena surgen nuevos actores sociales, heterogéneos y hasta dispersos; pero que van construyendo una corriente cultural-social.

En el Levantamiento del 90, la Coordinadora Popular juega un papel de detonante ("la chispa que encendió la pradera") y de apoyo solidario al movimiento indígena. Allí se articulan organizaciones campesino-indígenas en conflictos de tierras, sectores del sindicalismo público, cristianos comprometidos, organizaciones barriales, organizaciones juveniles y de mujeres, organismos ecológicos y de derechos humanos.

La unidad de estos sectores no es posible desde la sumatoria de las demandas sectoriales. Con el influjo de la visión indígena empiezan a desarrollarse experiencias de construcción de "unidad en la diversidad", es decir, fortalecer la identidad de cada sector, pero buscar puntos de convergencia en el programa y en la acción.

En 1993 se impulsa la "Campaña por una propuesta alternativa", que desemboca en la conformación del Foro Democrático para la presentación del primer proyecto de reforma integral de la Constitución. Con ello, se abre un espacio de convergencia programática de los nuevos movimientos sociales. Es decir, se opera un cambio sustancial en la construcción de la unidad: ya no se trata de organizar plataformas de lucha con las demandas de cada sector; sino que busca la confluencia en un acuerdo cultural-político sobre el país que queremos. Este traslape hacia un acuerdo político permite ver los puntos de confluencia y respetar las identidades y los tiempos particulares.

La unidad de los actores sociales se da en caliente, en medio de la resistencia al proyecto neoliberal. En 1995 se constituye la Coordinadora de Movimientos Sociales en torno a la defensa del patrimonio nacional. Dos experiencias exitosas: la lucha de "los encadenados del oleoducto"[5], y la campaña por el NO en el plebiscito convocado por Sixto Durán para legitimar el proyecto neoliberal y, en particular, la privatización de la seguridad social.

Estas experiencias muestran la fuerza social en la resistencia al proyecto neoliberal, sobre todo en el eje de las privatizaciones. Aunque un año antes, sin que se haya levantado voces de alerta y protesta, se impuso la nueva Ley de instituciones financieras que abre el cauce a la liberalización total del sector financiero y la puerta a la futura crisis del país. Desde estas experiencias, la Coordinadora de Movimientos Sociales confluye con la CONAIE en la necesidad de participar en las elecciones. El planteamiento inicial de los pueblos indios de la Sierra era limitar la participación a las elecciones locales; mientras la Amazonía planteaba la participación nacional. La convergencia de estos procesos, más un sector ciudadano, encabezado por Freddy Ehlers, da paso a la constitución del MUPP-NP.

Una alianza estratégica

La alianza CONAIE-CMS fundamenta la construcción de un nuevo bloque histórico. Se combina la participación institucional con la movilización social. Desde esta fuerza se desarrolla un nuevo eje ético de cuestionamiento del proyecto neoliberal: la lucha contra la corrupción y el autoritarismo del gobierno de Bucaram impulsada por los movimientos sociales, desata el proceso de la caída del régimen en febrero del 97. Empero esta lucha es cosechada por el bloque dominante que logra un recambio con una ficha de su mismo sector, Fabián Alarcón.

Esta experiencia permite ver que no es suficiente la oposición y el derrocamiento del régimen, sino que hay que complementar la estrategia de construcción del poder popular con una estrategia para asumir el poder. La ruptura con la vieja concepción de la conquista del poder, había coartado la visión de la disputa de la conducción política del país. Empezaba la conciencia de construir el poder para poder.

El 21 de enero del 2000 es el punto más alto de este proceso: la alianza de indios, movimientos sociales y militares patriotas construye un nuevo poder en torno al Parlamento de los pueblos, impulsa una insurrección cívico-militar e instala una Junta de Salvación Nacional.[6] La insurrección precipita el derrocamiento de Mahuad; sin embargo no logra consolidar la fuerza y nuevamente el bloque en el poder alcanza un recambio con Gustavo Noboa. Allí empieza el tiempo de los desencuentros

Los desencuentros

Las causas de la crisis de desató la rebelión del 21 de enero no quedaban resueltas con el cambio de Presidente. La crisis política continuaba. Sin embargo, el movimiento popular no tenía condiciones para continuar en la movilización.

Por ello, desde el acuerdo entre la CMS y la CONAIE se impulsa la salida de una consulta popular que mantenga el cuestionamiento a los tres poderes del Estado. La estrategia es correcta. Sin embargo las fuerzas indígenas y sociales no estaban preparadas.

Empieza el desencuentro entre sectores que privilegian la estrategia insurreccional y de desobediencia civil, bajo la forma de una campaña por la consulta popular; mientras el grueso del movimiento indígena y campesino y el Movimiento Pachakutik privilegian la participación electoral. No hay un dirección unificada capaz de combinar los dos procesos. El 21 de mayo se logra un triunfo en las elecciones de los poderes locales; pero mientras tanto queda debilitada la campaña de la consulta popular: el apoyo inicial se enfría.

Fuerzas extrañas empiezan a utilizar estas diferencias para crear divisiones dentro de los Parlamentos y de la relación entre la CONAIE y la CMS. Parte de esta política es el ataque contra la dirección tanto indígena como de los movimientos sociales. Esta situación abre una brecha peligrosa que es utilizada por fuerzas obscuras para quebrar la consulta con la introducción de firmas falsas.

La derrota en la campaña de la consulta afecta la credibilidad del movimiento indígena y de los sectores sociales. La debilidad se ahonda con el fracaso del levantamiento convocado en Septiembre del 2000. Una lectura triunfalista del 21 de enero lleva a sobrestimar las posibilidades de enfrentar la ofensiva del régimen. La fractura con las bases y la emergencia de dinámicas, conflictos, liderazgos e intereses parciales bloquean la capacidad de respuesta

El levantamiento de febrero del 2001

Las promesas de solución de los problemas con la dolarización no se realizan. El Gobierno de Noboa continúa con el salvataje bancario y busca apuntalar el modelo con un nuevo paquete económico centrado en el alza de los combustibles y de los pasajes. Se crean condiciones para la movilización social.

La respuesta inicial viene desde el movimiento estudiantil. Pero cobra fuerza con la convocatoria realizada por una nueva alianza de los pueblos indígenas y las organizaciones campesinas, en la que participan la CONAIE, la FEINE y la FENOCIN, para iniciar movilizaciones el 21 de enero, en conmemoración de la rebelión del arcoiris.

Se desarrollan dos dinámicas: la una, intenta rehacer el bloque del 21 de enero, la unidad de los pueblos indígenas, los movimientos sociales y los militares patriotas. La otra, centra su interés en consolidar el polo indígen-campesino. A pesar de que en la lucha hay una participación conjunta, bajo el protagonismo del movimiento indígena, finalmente se impone una línea de exclusión de los sectores sociales. El discurso de "nada sólo para los indios", se contradice con la representación "sólo para los indios".

En este desenlace confluyen varios factores. Uno, los límites de la participación de los movimientos sociales, que debilita su representatividad. Dos, el reforzamiento de posiciones indigenistas dentro de la CONAIE, con la presencia de posiciones de exclusión desde la FEINE y la FENOCIN; aunque estas posiciones podían ser tomadas como parte de un aprendizaje que requería tiempo para un encuentro de procesos diferentes. Tres, las confrontaciones de liderazgos y de intereses dentro de la CONAIE, que impiden una acción conjunta. Esta situación es utilizada por el régimen que, con el apresamiento de Antonio Vargas, debilita la dirección de la CONAIE, generando varias tendencias diferenciadas.

Empero, este paso puede significar un retroceso no sólo en la alianza estratégica establecida por los pueblos indígenas y los movimientos sociales; sino en particular en el proceso de subjetivación social seguido por los pueblos indios. Está en juego una disyuntiva: o se consolida el esfuerzo por representar los intereses de un bloque histórico que busca un cambio profundo e integral; o se reduce la lucha a la defensa de los intereses sectoriales de los pueblos indígenas.

Una prueba de esta situación está en el proceso seguido en el diálogo con el Gobierno. Durante el levantamiento se logra un acuerdo entre las organizaciones indígenas y los movimientos sociales sobre un Mandato unitario que centra su atención en los ejes de poder: ir desde el rechazo al alza del gas y los pasajes a un cuestionamiento al modelo neoliberal, enfrentando las privatizaciones del patrimonio nacional (seguridad social, petróleo, electricidad), el salvataje bancario, la reforma tributaria y el Plan Colombia. Y dentro de esta perspectiva global, abordar los temas específicos de cada sector: conflictos de aguas, fondos indígenas y para la producción, demandas provinciales.

Pero este mandato es archivado. La representatividad no está en el tema formal de la exclusión de representantes de la CMS en la mesa de negociaciones; sino en la exclusión de los temas fundamentales que congregan a los demás sectores y, por tanto, en la reducción a temas indígenas (indemnizaciones, fondo indígena, banco de fomento, conflictos de aguas), mientras los demás ejes quedan como complementarios y discursivos y como materia de acuerdos formales (comisiones de estudio, cronogramas de reunión). Con ello, el movimiento indígena empieza a debilitar su relación con la sociedad civil, que ha sido una de las fuentes de su fuerza en su período.

Mientras tanto, el régimen empieza a tomar la iniciativa. Al día siguiente de la firma de los 23 puntos con las organizaciones indígenas y campesinas, el Gobierno aprueba la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Los temas fundamentales (aprobación del IVA, reforma de la seguridad sociales) son tratados al margen de las mesas de diálogo. Aún más, los acuerdos parciales, como el referente a pasajes e indemnizaciones, no son respetados con el régimen. El diálogo debilita la imagen de los pueblos indígenas; mientras da tiempo a las iniciativas del régimen. El gobierno de Noboa maneja hábilmente los intereses sectoriales y locales, estira las expectativas y las ofertas, entrega pequeñas obras sentidas a nivel local; y con ello gana un tiempo clave que le sirve para ir consolidando el modelo ratificado en la Carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional en mayo de este año.

Congreso Constitutivo de la CMS

La primera fase de la CMS estuvo marcada por el peso del sindicalismo energético y la lucha contra las privatizaciones. Desde la participación parlamentaria se introduce el eje de lucha contra la corrupción, que sirve de base al combate al régimen de Bucaram. Progresivamente se fortalece la presencia de nuevos actores: organizaciones campesinas, comerciantes minoristas, jubilados, organizaciones barriales, organizaciones juveniles, cristianos comprometidos, organizaciones de derechos humanos. Esto lleva a la necesidad de un replanteamiento en torno al eje de defensa de los derechos y de la vida.

Los movimientos sociales actúan inicialmente apuntalados en la fuerza de los pueblos indígenas. Por ello, era necesario desarrollar la propia identidad y organización; para garantizar una representatividad autónoma, que aporte a la construcción de una corriente unitaria con los pueblos indígenas y los militares patriotas. Este es el objetivo planteado para el I Congreso de la CMS.

Este Congreso permite acordar el programa alternativo, la estrategia y el plan de acción, la línea política, la línea de organización, y las normas éticas, con la participación de 815 representantes de 24 organizaciones sociales nacionales del movimiento urbano y campesino. Representa un paso fundamental en la identidad político-cultural de los movimientos sociales. Se concreta el largo camino preparado durante la década del 90.

Perspectivas

Estamos en un tiempo clave. El diálogo de los indígenas con el Gobierno empieza a encontrar límites objetivos. La crisis política empieza a evidenciarse nuevamente en las confrontaciones dentro del bloque dominante: no logra escapar a la trampa del salvataje bancario. La ofensiva de empobrecimiento social no se ha detenido; y la sombra de la guerra empieza a crecer atrás del Plan Colombia.

Con ello, se abren condiciones para impulsar un reencuentro de los pueblos indios con los movimientos sociales. Esto requerirá, en esta oportunidad, un acuerdo político más alto: un acuerdo programático y estratégico y la constitución de un comando unitario, para responder tanto en la vía de la movilización como de la participación electoral. La tarea fundamental para contener la nueva ofensiva del régimen es la conformación de una corriente unitaria, sobre la base de la reconstitución del bloque del 21 de enero.

Notas:

[1] Resumo y adapto las tesis de Alain Touraine y de Jürgen Habermas.

[2] Ver las tesis de Alejandro Moreano en La rebelión del arcoiris, Fundación Peralta, Quito, noviembre 2000.

[3] Ver el texto de Galo Ramón.

[4] Ver Alejandro Moreano, Op. Cit., y Napoleón Saltos, idem.

[5] Ver el libro de Iván Narváez.

[6] Hay un amplio debate sobre este acontecimiento: desde el sector oficial se habla del "golpe" tras los ponchos (Vladimiro Alvarez); desde las filas populares se rescata la "cuarta vía" de la liberación (Heinz Dietrich, "La rebelión del arcoiris").

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