Boletín ICCI
"RIMAY"

Editorial

Durante el levantamiento indígena de fines de enero y primera semana de febrero del año 2001, el gobierno accedió a impulsar una agenda de diálogo con el movimiento indígena bajo una plataforma de 23 puntos en los que constaban las principales reivindicaciones planteadas por el movimiento indígena; se había constituido de esta manera y bajo un formato que hacía referencia al proceso iniciado en el gobierno de Jamil Mahuad (1999-2000), las "Mesas de Diálogo", procesos abiertos como consecuencia de un levantamiento indígena y en los cuales se vislumbraba una posible resolución de conflictos que evitasen a futuro nuevas confrontaciones y bloqueos.

El diálogo asume una característica especial dentro del movimiento indígena, más que un mecanismo de procesamiento de conflictos, se constituye en un elemento central de la organización comunitaria, y en virtud del cual, la comunidad y las organizaciones indígenas llegan a consensos, acuerdos y compromisos. El diálogo es la vía para el consenso, y el consenso es la condición fundamental de organización, y de regulación social al interior de las comunidades.

Apelar al diálogo implica, para el movimiento indígena, relativizar posiciones y estar dispuestos a reconocer que en los argumentos de los otros existen elementos susceptibles de provocar adhesiones y una base mínima de acuerdos. El consenso generado en el diálogo es vital para el desarrollo político y organizativo del movimiento indígena, sin el consenso las complejas estructuras organizativas no tendrían la legitimidad y la credibilidad suficientes para sostenerse y para mantener su poder de convocatoria.

Es significativo el hecho que desde el levantamiento de 1990, una de las principales demandas del movimiento indígena ha sido justamente el de abrir los espacios de diálogo al interior de la sociedad en los cuales puedan debatirse y discutirse aspectos que nos competen a todos, como aquellos de la plurinacionalidad, la interculturalidad, la democracia participativa, etc. Precisamente, porque esos espacios habían sido cerrados desde el poder, es que el movimiento indígena busca abrirlos desde múltiples iniciativas, como aquella de pedir la convocatoria a una Asamblea Constituyente, pedido realizado en 1990 y que finalmente se concreta en 1998.

La experiencia del diálogo desde el levantamiento de 1990, revela que desde el poder siempre ha existido la intención de utilizarlo estratégicamente como un recurso político para deslegitimar al movimiento indígena, ganar tiempo en la coyuntura, o someter a dinámicas de dilatación burocrática o tecnocrática los problemas que se piden solucionar.

Sin embargo de ello, existen elementos particulares que configuran una nueva dinámica al proceso de diálogo que emerge del último levantamiento indígena. Estos elementos son:

1.- La presencia unitaria del movimiento indígena:

Es la primera vez desde el levantamiento de 1990, que todas las organizaciones indígenas y campesinas nacionales, la Conaie, la Fenocin, la Feine, la Fenacle, la Fei, y la Confeunassc, articulan una sola estrategia unitaria de acción y de negociación frente al gobierno. De hecho, los gobiernos siempre habían utilizado la dispersión organizativa del movimiento indígena para deslegitimar posiciones, suscribir acuerdos que favorecían a otras organizaciones o intentar dividirlas. En esta vez, las principales organizaciones indígenas presentan una estrategia conjunta que constituye un elemento nuevo en la historia política del movimiento indígena ecuatoriano y que abre muchas posibilidades políticas a futuro.

Ahora bien, esta presencia unitaria de las organizaciones indígenas y campesinas nacionales, genera varios problemas que inciden directamente en los procesos de negociación con el gobierno. Un primer problema es la diversidad de criterios sobre determinados aspectos que tienen directa relación con la negociación y con la agenda presentada. Por ejemplo, los criterios de la Conaie no siempre coinciden con los criterios de la Fenocin, ni éstos con aquellos de la Feine. Es necesario entonces un proceso interno de armonización de propuestas, de discursos y de estrategias. Este proceso, dada la coyuntura y los tiempos políticos, no pudo darse al interior del movimiento indígena, lo que favorece la posición del gobierno que siempre va con una posición sólida y coherente con su proyecto político. En la medida en la que existan divergencias, tanto de fondo como de forma, en el movimiento indígena, esto resta posibilidades reales de ejercer una presión política sobre el gobierno.

Un segundo problema es la priorización de agendas internas y de tiempos políticos internos al interior de cada organización indígena campesina nacional. Así, la Conaie piensa en sus tiempos internos en los cuales se avecinan elecciones de renovación de la dirigencia nacional. El hecho de que las agendas internas tengan prioridades específicas, hace que cada organización privilegie determinados aspectos del diálogo sobre otros, y que esta priorización no necesariamente sea coincidente entre todas las organizaciones. Hasta el momento, ninguna organización ha creído conveniente una política de armonización de agendas internas en función de las estrategias de negociación con el gobierno. La presencia de estas divergencias de orden político interno marcan las pautas que las organizaciones siguen al interior del proceso de diálogo, el principal beneficiario de este proceso es indudablemente el gobierno.

Un tercer problema es que la unidad de las organizaciones indígenas ha sobredimensionado los elementos étnicos por sobre los elementos políticos, y en ese sentido existe una sobrecarga de lo étnico en detrimento de otros sectores. Las organizaciones indígenas y campesinas nacionales no tienen reparo alguno en incorporar a otras organizaciones de tipo étnico nacional, pero manifiestan un serio rechazo a la incorporación de otros sectores de la sociedad que no tienen ninguna relación con lo étnico. Lo étnico constituye una base de confluencia de las voluntades políticas de cada organización nacional, que se reconocen desde lo étnico, y que a partir de allí buscan establecer estrategias conjuntas de negociación con el gobierno, pero al mismo tiempo que lo étnico se constituye en elemento unificador es también el mayor peligro que tienen las organizaciones indígenas nacionales.

Un cuarto problema es el hecho de que las organizaciones indígenas y campesinas nacionales, hasta el momento no han discutido en conjunto un horizonte común de expectativas políticas, tanto como movimiento indígena cuanto como país y sociedad en conjunto. Existe una voluntad general de oponerse al poder y a sus imposiciones, existen elementos puntuales dentro del proyecto político de cada organización que son coincidentes, pero no existe un diálogo interno sobre la sociedad que se intenta construir y sobre los medios para llegar a ella. Paradójicamente, el movimiento indígena reclama a la sociedad que abra sus espacios de diálogo, pero no ha logrado articular a su interior un diálogo más amplio sobre un proyecto político conjunto que otorgue una visión de largo plazo del país que se quiere tener. Es necesario entonces que desde la coyuntura nacida desde el último levantamiento, las organizaciones indígenas y campesinas nacionales puedan empezar a construir un diálogo interno que armonice sus proyectos políticos.

Un quinto problema está dado por los elementos de la coyuntura nacional, y en la cual cada organización indígena y campesina nacional, tiene sus propias apuestas, sus propios escenarios, sus propias tácticas y sus cuadros propios. Así, cuando se aproximan tiempos electorales, las organizaciones indígenas y campesinas, identificadas con posiciones políticas determinadas, privilegian sus estrategias en función de esa coyuntura. Ello hace que el proceso de unidad de las organizaciones indígenas y campesinas tenga en el horizonte varias amenazas a su consistencia interna, que indudablemente la debilitarán.

2.- La exclusión del diálogo de otros sectores sociales.-

La conformación de estas "Mesas de Diálogo", son la expresión de una dialéctica que se revela como perjudicial para los intereses políticos del movimiento indígena. Esta dialéctica está dada por la fortaleza organizativa del movimiento indígena ecuatoriano y al mismo tiempo por su debilidad política. En efecto, en la coyuntura del levantamiento indígena de febrero de este año, fueron los indios los únicos actores sociales con la capacidad suficiente para forzar la apertura al diálogo y a compromisos con el gobierno. Fueron ellos los que protagonizaron las marchas, las movilizaciones. Fueron sus bases y sus estructuras organizativas las que jugaron un rol protagónico en ese levantamiento. Fueron sus dirigentes los que asumieron la vocería y los que definieron las estrategias de acción.

Entre ellos y el gobierno estaba la sociedad, es decir, una constelación de actores sociales, de personalidades y de poblaciones, que a más de manifestar una u otra simpatía o cuestionamiento, no fueron gravitantes en este proceso.

El levantamiento indígena de febrero de 2001, obligó a que el gobierno asuma compromisos y que declare al movimiento indígena como interlocutor válido y legítimo a través de la constitución de las Mesas de Diálogo. Esta fortaleza organizativa, una vez que el movimiento indígena aceptó mantener conversaciones con el gobierno se convirtió en debilidad política.

Los indios entraron solos a hablar con el gobierno, pero en su agenda y en sus prioridades constaba la sociedad en su conjunto, y el futuro del país. El entrar solos al diálogo era el reconocimiento a su papel jugado en las recientes movilizaciones, ningún otro actor social pudo equiparar políticamente ese rol, de ahí que los indios vean como legítima la exclusión de otros sectores en el proceso de diálogo. Pero la exclusión de otros sectores significaba de entrada una derrota política para los indios.

En efecto, los indios no podían asumir una agenda nacional porque en los diálogos no existía una representación nacional. Su fuerza organizativa conjuraba en contra de su deseo de convertirse en referente nacional. La agenda presentada a discusión y que será la base de la constitución de las Mesas de Diálogo, tenía la pretensión de convertirse en una agenda nacional y que guarde coherencia con el discurso de "nada solo para los indios", pero ¿cómo hablar en nombre de la sociedad cuando no existía una representación de esa sociedad al interior de las mesas de diálogo? ¿Cómo hablar en nombre de otros actores sociales y de sus demandas, cuando habían sido excluidos de la constitución de las Mesas de Diálogo? ¿Cómo reclamar legitimidad social cuando se actuaba solo? ¿Cómo involucrar a la sociedad en la resolución de sus propias demandas cuando se había adoptado una metodología altamente excluyente?

Estas inquietudes empezaron a pesar sobre el movimiento indígena al momento mismo de la constitución de las Mesas de Diálogo. Así, el triunfo político del levantamiento de febrero se transformaba en derrota estratégica. El problema se amplificaba cuando se comprendía que era demasiado tarde para involucrar a otros actores sociales, y que al interior de las organizaciones indígenas y campesinas nacionales, cada una de ellas tenía una apreciación distinta sobre los actores sociales que podrían participar en el diálogo.

Esta incapacidad de resolver este conflicto político se evidencia en la construcción metodológica de las mesas de diálogo con el gobierno. Su formato privilegia los aspectos técnicos (la Comisión Técnica) por sobre los aspectos políticos (la Comisión Política), y hace que en este terreno el gobierno haya podido articular una estrategia bastante coherente por la cual el movimiento indígena ha sido aislado del conjunto de la sociedad, y se encuentre entrampado en la definición de aspectos puntuales y técnicos por sobre aquellos aspectos considerados prioritarios, como son los aspectos políticos. Así, el problema está en que el movimiento indígena se halla en una encrucijada en la cual tiene plena conciencia de que las mesas de diálogo con el gobierno no conducen a ninguna parte, pero que no sabe cómo salir de este proceso sin perder legitimidad y credibilidad.

3.- La agenda cerrada.-

Un aspecto importante a resaltar dentro del proceso de diálogo es el hecho de que el movimiento indígena entró al diálogo con una agenda cerrada. Esta agenda se construyó al calor de la coyuntura y en la cual se privilegió la reivindicación al corto plazo, por ejemplo, la revisión de los pasajes de transporte público, el precio del gas y la gasolina, etc.

Esta agenda, a diferencia de procesos anteriores, se construyó después de iniciado el levantamiento indígena y trataba de recuperar las principales demandas de las bases y de sectores empobrecidos de la sociedad. Como en los procesos anteriores esta agenda mínima se denominó como "Mandato", y fue la base de negociación con el gobierno.

En virtud de que era un levantamiento en el que participaban por vez primera varias organizaciones indígenas y campesinas nacionales, este Mandato se hizo una vez iniciado el levantamiento y con la presencia de los "equipos técnicos" de cada organización nacional, de ahí que el documento finalmente tenga una deriva de carácter más tecnicista que política.

El error del movimiento indígena fue haber considerado este documento como plataforma central de negociación con el gobierno y no como documento referencial sobre aspectos de la coyuntura. Este error puede explicarse porque cada organización consideraba que en el documento constaban los aspectos más importantes de la coyuntura y que eran aquellos que reclamaban más urgentemente sus bases, y que, además, había sido un documento consensual entre las diferentes organizaciones.

Cuando se constituyen las mesas de diálogo, la propuesta de los "equipos técnicos" devino en propuesta política y en el eje central de la constitución de las mesas de diálogo. El movimiento indígena aceptó ir al diálogo con una agenda cerrada en 23 puntos, y no contempló la posibilidad de abrir la agenda y de considerarla más bien como un elemento de apoyo para la discusión de aspectos de fondo. De esta manera, el movimiento indígena postergaba y sacaba de la negociación con el gobierno los aspectos más importantes y fundamentales de su proyecto político.

Efectivamente, no constan en la agenda los temas más importantes para el movimiento indígena y para la sociedad en su conjunto, como son los temas de la reforma política del Estado, la plurinacionalidad e interculturalidad, la vigencia del modelo económico, la necesidad de una democratización más abierta de los sistemas de representación política, la descentralización, las autonomías y las propuestas de circunscripciones territoriales, el Plan Colombia, la dolarización, etc.

Cuando el movimiento indígena acepta cerrar la agenda circunscribe su ámbito de acción y restringe su capacidad política de pronunciarse sobre los grandes temas de la política nacional. Si bien son importantes aspectos como los precios de la gasolina, el gas de uso doméstico, la transportación, etc., también es cierto que estos elementos son parte de una política más amplia que hace referencia a un determinado modelo económico, y que había que aprovechar la coyuntura para que la sociedad discuta la pertinencia de este modelo económico.

Así, el movimiento indígena y campesino desperdiciaron una oportunidad histórica en la cual se puedan debatir a nivel nacional los grandes temas del país. La sensación existente en la sociedad es que las mesas de diálogo son un asunto entre los indios y el gobierno y que son intrascendentes para el país. Los indios, se piensa, están negociando para ellos no para la sociedad. La agenda más importante que necesita discutir la sociedad está en realidad fuera de las mesas de diálogo entre indios y gobierno.

4.- ¿Es viable el diálogo?

Los errores políticos del movimiento indígena y campesino tienen varias repercusiones: En primer lugar han contribuido a legitimar la política del gobierno al tiempo que desmovilizaban y restringían la capacidad de respuesta del movimiento indígena y de otros sectores sociales. En efecto, en virtud de que el gobierno y los indios estaban en pleno proceso de diálogo, el régimen pudo imponer sin mayores resistencias un paquete de ajuste económico que contemplaba la elevación del impuesto al valor agregado, autorizar la construcción del oleoducto de crudos pesados, seguir con la política de salvataje bancario, consolidar las reformas a la seguridad social, etc. Toda esta política se impuso sin que medien resistencias de la sociedad y sin que el movimiento indígena se pronuncie al efecto.

En segundo lugar, las mesas de diálogo han suscitado expectativas entre las bases de las organizaciones indígenas y campesinas, que finalmente no se van a cumplir y que van a presionar a la dirigencia indígena a radicalizar posiciones con el riesgo de que se generen nuevamente confrontaciones y conflictos, incluso puedan generar las condiciones para nuevas movilizaciones y levantamientos. Dado este contexto, y en virtud de que el diálogo se está revelando como intrascendente para adoptar decisiones radicales, los sectores involucrados echarán la culpa al otro de la ruptura del diálogo y del ambiente de confrontación. Esto tiene una repercusión directa sobre los contenidos mismos de la democracia ecuatoriana, porque las mesas de diálogo podían convertirse en un mecanismo socialmente válido para procesar conflictos y evitar bloqueos, además que hubiesen contribuido a ampliar la base social de participación en la toma de decisiones de la democracia, lo que a la larga habría implicado una institucionalización de este espacio y un enriquecimiento de la democracia. Pero tal como se presenta la coyuntura, se ha generado un escepticismo sobre el diálogo que lo agota como posibilidad democrática.

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