Boletín ICCI
"RIMAY"

Paulina Palacios

Resumen ejecutivo

El recurso del agua se revela tan estratégico como el de la tierra. Para las organizaciones indígenas y campesinas el acceso al agua es un aspecto de vital importancia y tiene trascendencia por cuanto se vincula con la seguridad y la soberanía alimentaria del país. Desde esta posición la autora analiza la propuesta del Fondo Nacional de Riego y recultivo de tierras degradadas presentadas por las organizaciones indígenas y campesinas en los procesos de diálogo con el gobierno, asimismo evidencia los motivos que tendría el gobierno para asegurar una sobrerepresentación en este Fondo y sus argumentos de inexistencia de recursos, lo que demostraría la incapacidad del gobierno por entender el problema de la seguridad y soberanía alimentaria nacional.

Antecedentes:

Si de una parte la tenencia de la tierra había desplazado a los pequeños campesinos, comunidades indígenas; el agua había sido también origen de muchos conflictos en el campo. Conflictividad que nacía a su vez del acaparamiento del recurso en manos de quienes también ostentaban la propiedad de la tierra. También, y con frecuencia, la necesidad del agua, su distribución y manejo ocasionó en muchas ocasiones problemas al interior de las comunidades o entre ellas.

El marco legal para el manejo del agua, es la Ley de Aguas promulgada y válida desde 1973. Allí se incluye al recurso dentro del patrimonio público del estado ecuatoriano, así como se intenta normar las concesiones del agua, los conflictos a causa de su manejo y la responsabilidad estatal en la construcción y mantenimiento de la infraestructura necesaria para su aprovechamiento. Asimismo, se institucionaliza el rol del estado.

En términos generales es una ley que introduce posibilidades de control del estado, estructuras judiciales, concesión del derecho de uso del agua; es decir, permite una superación parcial de los abusos que la mayoría de usuarios sentían por parte de los llamados "aguatenientes", otorgando potestades de mediar en los conflictos a diversas autoridades del estado.

La Reforma Agraria de Ecuador había minado intereses sin lograr redistribuir de manera equitativa las tierras, se proponía de una parte una verdadera Reforma Agraria, y de otra, un proceso que la revierta por su aparente fracaso. En ese marco en 1994 el sector agropecuario vinculado a las cámaras de la producción, a la gran propiedad, propone una Ley de Desarrollo Agrario.

En relación al agua la propuesta planteaba una mercantilización del recurso, convirtiéndolo en garantía prendaria o hipotecaria en transacciones financieras.

Desde inicios de la década de los noventa, dentro de la propuesta neoliberal surge la propuesta de privatizar el agua. Se argumenta la aparente escasez y desperdicio del recurso, y su imprescindibilidad para todos.

La situación de empobrecimiento que afecta a la mayoría de ecuatorianos, enfatizada en el campo, supone una mayor presión sobre los recursos naturales: tierra y agua básicamente. El estado de bienestar ha visto drásticamente reducido su ámbito de acción. No existen políticas que implementen la soberanía alimentaria, la sostenibilidad ecológica, los créditos para los pequeños agricultores.

Frente a esta situación, y tras el Levantamiento Indígena de enero del 2001, en que las organizaciones indígenas y campesinas del país unificaron su convocatoria, acciones y propuesta; uno de los puntos del acuerdo suscrito con el gobierno incluye la creación de un Fondo Nacional de Riego y Recultivo de tierras degradadas. Este ha sido un punto de partida para la reactivación de la agricultura de sostenimiento nacional, incluida desde hace muchos años en la agenda del movimiento indígena ecuatoriano.

En la propuesta de Ley de Aguas realizada participativa y colectivamente por las organizaciones indígenas y campesinas en 1996, se planteó la creación del Fondo para el apoyo a los sistemas de riego privados de tipo comunitario, que han sido construidos por organizaciones indígenas y campesinas, y que en general no han gozado de asistencia, ni apoyo ni crédito alguno desde el Estado.

Uno de los objetivos centrales que persigue la propuesta de creación del Fondo de Riego, es la de apoyar la agricultura sustentable de campesinos e indígenas que constituye la fuente de la Seguridad Alimentaria del país, conduciendo este proceso hacia la generación de una verdadera soberanía alimentaria.

Asimismo, como objetivos puntuales cabe señalar: la reactivación de la producción agrícola de los pequeños agricultores, coadyuvando a la generación de empleo, la optimización del uso del agua. Se pretende también conseguir un sustento económico que pueda generar estabilidad social en el campo.

La propuesta con sus justificativos técnicamente solventados, incluida la propuesta del marco legal se hallan en discusión en las mesas de diálogo de las organizaciones indígenas y campesinas con el gobierno nacional.

Existen varias dificultades en torno a este tema. De un lado el gobierno plantea la inexistencia de recursos, mientras las organizaciones solicitan un monto no menor a 25'000.000 de dólares para el primer año de implementación del Fondo, considerando los altos costos de las obras, trabajos y proyectos que financiaría.

De otra parte, las organizaciones proponen una amplia participación de sus representantes, así como de usuarios campesino - indígenas; y, el gobierno insiste en mantener más del 50% de representantes propios. Es necesario considerar los precedentes que dichas organizaciones proponen como justificativo a su propuesta: en el pasado, en diversas instituciones el gobierno y los representantes de las cámaras de la producción, vinculados a la agroproducción a gran escala o de exportación; siempre tuvieron mayoría y ello impidió un equitativo desarrollo y apoyo a sus necesidades y gestión.

Finalmente, siendo la propuesta para un Fondo de Riego Campesino, que perseguiría el apoyo a los sectores más empobrecidos del campo, se entiende que la representación significativa sea de sus delegados. Existen instituciones de desarrollo en las cuales de manera significativa, sino mayoritaria se encuentran delegados de los sectores de interés, así el caso de Zofragua, entre otros.

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