Boletín ICCI
"RIMAY"

Pablo Dávalos

Resumen Ejecutivo

El autor intenta un análisis de la coyuntura del movimiento indígena ecuatoriano a partir del último levantamiento pero con la perspectiva de los avances logrados a lo largo de la década pasada. En ese sentido, el autor plantea que existen algunos aspectos están pendientes en la agenda política del movimiento indígena como son los contenidos que asumiría la reforma política del Estado. Asimismo, se plantean los riesgos, contradicciones y paradojas que acarrean las últimas jornadas, sobre todo la conformación de las Mesas de Diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena.

1.- Introducción

Cada tiempo histórico tiene su propia lógica, su propio entramado, su propia complejidad. Es parte del pasado y al mismo tiempo es precondición para el futuro. Intentar un ejercicio de lectura, de interpretación, de esos cortes coyunturales del tiempo histórico, es una tarea difícil y compleja, porque implica una separación entre el individuo y su tiempo histórico, separación necesaria para poder visualizar y comprender la coyuntura como parte de un proceso de más largo aliento.

Dentro de la coyuntura actual, el reciente levantamiento indígena de febrero del 2001, se va constituyendo como un acontecimiento político fundamental, y se inscribe como parte de un proceso político iniciado por el movimiento indígena ecuatoriano desde hace varias décadas y que actualmente ha ido involucrando al conjunto de la sociedad en la resolución de nuevas tareas y bajo nuevos discursos. Este reciente levantamiento ha provocado nuevas lecturas, nuevas apreciaciones y una nueva visión sobre los indios, su proyecto, sus estructuras organizativas y su relación con el país.

El levantamiento indígena de febrero dejó la sensación de que el denominado "problema indígena" es en realidad un problema nacional y que nos compete a todos. Que este problema necesariamente está ligado con las formas que ha ido asumiendo nuestra democracia, nuestro sistema económico, nuestros referentes nacionales, nuestra historia.

2.- La crítica radical al Estado: un espacio vacío que necesita ser llenado

Los levantamientos indígenas, como formas políticas de expresión y de ubicación de nuevos temas para el debate político nacional, desde aquel levantamiento de 1990, han contribuido al posicionamiento de las propuestas políticas del movimiento indígena. Sucedió así cuando en 1990 se propuso el carácter plurinacional del Estado Ecuatoriano, y que logrará un gran avance con las reformas jurídicas incorporadas por la Asamblea Nacional Constituyente de 1998. También en 1994, cuando se bloqueó una propuesta de modernización capitalista en el agro, y se posicionó la necesidad de una política nacional de seguridad y soberanía alimentaría, en 1997 cuando se logró la destitución de Bucaram y se previno en contra de los riesgos de la convertibilidad monetaria, en 1998 cuando se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente que incorporó los derechos colectivos en la Constitución, y en el 2000 cuando se conformó un efímero gobierno, luego de la caída de Mahuad, en el cual participó como miembro de la Junta Gubernamental, el Presidente de la Conaie.

Es precisamente el levantamiento indígena de enero del 2000, que abrió la posibilidad de un debate nacional sobre la reforma política del Estado Ecuatoriano. En efecto, cuando en el mes de enero del 2000, el movimiento indígena produjo el golpe de estado que derrocó a Mahuad, la propuesta original de la Conaie, era cambiar las funciones del Estado, esto es, el Ejecutivo, la Legislatura, y las Cortes de Justicia, funciones que eran producto de un sistema de representación, de elección y participación que se sustentaban y legitimaban en el discurso de la democracia representativa.

Se trataba, en realidad, de un profundo y radical cuestionamiento, hecho por la Conaie, y con la aceptación tácita de una buena parte de la sociedad, a las formas y sistemas de representación política, a su institucionalidad, a sus procedimientos, sus códigos y a sus normas. Un cuestionamiento que ponía en evidencia la necesidad de establecer un debate sobre la estructura del poder, la vinculación del poder con los mecanismos políticos de gestión del Estado, y la necesidad, casi ineludible de reformar el entramado institucional del Estado al tiempo de ir configurando nuevos contenidos al discurso de la democracia, la representación y la participación popular.

La intención política de la Conaie, derivaba de una concepción diferente del Estado y de la democracia, pero que no había logrado desarrollar sus contenidos procedimentales, sus propuestas teóricas y menos aún su legitimidad social.

Efectivamente, se trataba de borrar de un plumazo funciones del Estado que habían demostrado ser más bien parte de las estructuras del poder, que de un conjunto de instituciones fuera de él, pero no se había dicho por qué instituciones o bajo qué esquemas o propuestas se las iba a reemplazar.

Aquello abrió una especie de espacio vacío que nunca fue llenado por el movimiento indígena, pero que dejó sobre el escenario un profundo cuestionamiento a la institucionalidad vigente. Un cuestionamiento, cabe recalcar, que gozaba de legitimidad social, por cuanto la ciudadanía se sentía desarmada e impotente frente a una institucionalidad que había ejercido todo su poder para pasarle la factura de la crisis.

Si el sistema de representación política y sus instituciones no cumplían las funciones para las cuales teóricamente habían sido creados y sobre las cuales descansaba, por decirlo de alguna manera, el contrato social, entonces su cuestionamiento era justo y era también justa la propuesta hecha por la Conaie, de reforma de este sistema.

Pero no se había dicho nada, de parte de los indios, sobre los contenidos que debía asumir esta propuesta de reforma. Es decir, la parte fundamental del debate político actual no tenía referentes sobre los cuales moverse, sobre los cuales definir posturas o, al menos, proponer nuevas alternativas. Se abrió el espacio para el debate, pero el poder intentó cerrarlo inmediatamente.

De hecho, fue justamente la defensa a la institucionalidad y de la democracia, lo que permitió legitimar y recomponer los vacíos de poder generados el 21 de enero del 2000. Se dijo que los indígenas conjuntamente con los militares de rango medio, habían querido romper el ordenamiento vigente, es decir, la democracia, su sistema de participación, sus lógicas de procedimiento y sus instituciones, e instaurar un gobierno de facto.

A nivel ideológico se había insistido en que la peor de las democracias es preferible a la mejor de las dictaduras. Pero no pasaron de ser defensas de tipo ideológico que tenían por objetivo clausurar un debate abierto el 21 de enero, aquel que cuestionaba precisamente el uso de la democracia, de su sistema de participación y de sus instituciones, en función exclusiva de las élites económicas, financieras y políticas.

No se trató, a partir de entonces, de profundizar los límites reales a los que había cedido la democracia, por ejemplo, su carácter corporativo e imbricado a los principales grupos económicos que controlan y manipulan el país, su carácter patrimonialista que posibilitaba el caciquismo y el caudillismo, ni la perversión clientelar que había adoptado su sistema de representación y su sistema de procedimientos que había generado una enorme corrupción en el manejo de la administración pública.

El pedido de la Conaie de destituir las tres funciones del Estado, dejaba sin piso a todo un andamiaje jurídico, político, ideológico, e incluso deontológico sobre la democracia. Pero la Conaie no posicionó un nuevo discurso, no tuvo oportunidad de proponer una alternativa al sistema vigente, o al menos proponer directrices de cuáles serían esas alternativas y cómo podrían derivarse desde el esquema de la plurinacionalidad e interculturalidad. Se trata, para el movimiento indígena, de una tarea pendiente, de un espacio que necesita ser llenado de contenidos diferentes, y que a la larga se constituirá en el eje de la discusión nacional sobre la democracia, la participación social y la soberanía popular.

3.- La necesidad de la reforma política del Estado y las coincidencias con los pedidos de autonomía

La clausura de ese debate no significó en modo alguno que haya perdido pertinencia. Por cuanto ese debate rozaba aspectos que tenían que ver con el carácter que había asumido la construcción del Estado y sus formas de representación y gestión, se emparentaba directamente con la crítica hecha desde la orilla opuesta, por sectores de la banca, la industria y el comercio de la rica ciudad de Guayaquil, a la conformación burocrática y centralista del Estado, y a sus pedidos de autonomía local. Se encontraban, desde posiciones diferentes y con un discurso antitético, dos críticas al Estado que reclamaban con urgencia la necesidad de una reforma política radical.

En efecto, cuando la Conaie realizó el levantamiento del 21 de enero del 2000 y destituyó al ex Presidente Mahuad, también lo hizo con un discurso que tenía características netamente políticas y que apuntaban en dos direcciones: a la estructura jurídica-institucional del Estado, y al discurso que legitimaba y sustentaba el sistema de representación del Estado, el discurso de la democracia representativa.

La Conaie planteaba también una crítica al Estado, a su modelo centralista de toma de decisiones, a su autoritarismo, a su carácter corporativo y a su adscripción a los grupos y élites de poder, y de esta manera se situaba de lleno en el debate sobre la reforma política del Estado. Una coincidencia que resultaba molesta e inoportuna para las élites de la ciudad de Guayaquil. De ahí que a partir del 21 de enero del 2000, el debate que ellas plantearon sobre la descentralización y las autonomías, se hayan ido desinflando poco a poco.

De hecho, insistir sobre ello, significaba para estas élites, mal o bien, compartir los criterios de la crítica asumida por la Conaie o, en todo caso, tomar una posición frente a ellos y aquello habría significado reconocer a la Conaie y al movimiento indígena como interlocutores válidos para el debate sobre la descentralización y la autonomía, y la reforma política del Estado. Un privilegio que solo se lo había reservado para las élites, sobre todo aquellas de Guayaquil.

Esto significa que a lo largo del 2000 y en lo que a del año 2001, parecería que el debate sobre la descentralización y las autonomías se hubiese agotado, no tanto como intención de cambiar el modelo de la administración pública, sino como posibilidad de debatir la reforma política del Estado. Este agotamiento del discurso tiene su correlato en la fuerza política asumida por el movimiento indígena en este periodo. Dentro de la acción estratégica de las élites, se trataba, entonces, de cerrar los posibles espacios de acción a un nuevo protagonista político, los indios, cuyas lógicas de acción se escapan de los formatos de control que las élites han creado para la sociedad.

4.- El levantamiento de febrero del 2001: paradojas y contradicciones

Es en ese contexto, de redefiniciones políticas, readecuamientos estratégicos tanto e nivel gubernamental cuanto de actores sociales, que emerge con fuerza el levantamiento indígena de febrero del 2001. A diferencia de otros levantamientos, el último levantamiento encuentra todo un acumulado histórico, político y organizativo, que otorga una dimensión nueva a esta acción política.

Los indios son, esta vez, opciones reales de poder y su movimiento se ejerce como el contrapoder más eficiente y legítimo que al momento existe en la sociedad ecuatoriana. Este nuevo levantamiento dejó en suspenso, mientras duró, a todo el andamiaje democrático y constriñó de tal manera el margen de acción del gobierno, que lo colocó desde el primer momento en una posición defensiva, al extremo que finalmente lo convirtió en un actor político sin capacidad de definir políticas de Estado sin el concurso, vigilancia y aprobación del movimiento indígena.

Se trata de un acontecimiento inédito en la política ecuatoriana. Si bien es cierto que se han constituido "Mesas de Diálogo" entre los indios y el gobierno, sobre todo durante el breve régimen de Mahuad, la diferencia radica en que las "Mesas de Diálogo" que emergen del levantamiento de febrero del 2001, son espacios que condicionan la posibilidad real de todo un gobierno que se pretende nacional, y otorgan al movimiento indígena ecuatoriano la capacidad de decisión política sobre aspectos nacionales.

De otra parte, y a nivel más interno, es el primer levantamiento en el cual participan de manera unitaria y casi orgánica la casi totalidad de organizaciones indígenas nacionales. El hecho de asumir un acontecimiento político de tal envergadura implicó que se debieron armonizar los discursos al interior del movimiento indígena, que se debieron priorizar tareas y actuar coherente y orgánicamente frente a la coyuntura.

Esto implica un elevado nivel de conciencia al nivel interno del movimiento indígena, conciencia de una unidad estratégica, conciencia de actuar unidos, conciencia de que al interior del movimiento indígena hay expresiones políticas diferentes que deben ser respetadas en su particularidad, y que justamente esa diversidad organizativa puede garantizar la construcción de un proyecto político conjunto. Conciencia de que la mejor garantía de constituirse como opción de poder, es la unidad.

Las organizaciones indígenas nacionales, asumen la conducción política del levantamiento indígena de febrero, bajo la mirada fiscalizadora de sus bases. Quiéranlo o no, caminan juntas y justamente el hecho de estar juntas les genera la conciencia de su poder.

Pueden ahora, prescindir de aliados que se consideraron estratégicos en jornadas anteriores. Por una parte, ello posibilita medir la real fuerza que tiene el movimiento indígena ecuatoriano, su capacidad de movilización, su capacidad propositiva.

En los levantamientos anteriores, se pensaba que esa capacidad de movilización era un añadido a la participación clave de otros actores, como fue el caso de la participación de los taxistas en el levantamiento de junio de 1999, o la participación de los militares en enero del 2000.

La visión oficial, y también la visión de casi toda la sociedad, atravesada por un profundo racismo que le impide, literalmente, ver al Otro, no veía, o no quería ver esa capacidad de movilización y organización que tiene el movimiento indígena ecuatoriano. Siempre se pensó, y de hecho así consta en los libros y estudios más recientes que se han hecho sobre la caída y destitución del ex Presidente Mahuad, que los indios y su organización fueron un factor auxiliar, casi accesorio, de los reales factores de poder que estuvieron en la caída de Mahuad.

En el levantamiento indígena de febrero del 2001, los indios van solos y ello posibilita medir sus capacidades políticas y estratégicas. Si bien es cierto que lograron un amplio respaldo de la sociedad, ese respaldo nunca se transformó en un apoyo organizativo directo, por varias causas (podría mencionarse la falta de espacios organizativos para ciertos sectores de las clases medias, el miedo a la represión, el oportunismo político de otros actores sociales, etc.). Pero, paradójicamente, esta fortaleza política se convierte luego en su principal debilidad.

Si los indios protagonizan solos el levantamiento, y no logran vincular de manera orgánica a otros sectores, actores o movimientos sociales, entonces el levantamiento se presenta ante el conjunto de la sociedad como un conflicto entre indios y Estado. Ello limita la capacidad política del movimiento indígena y le resta legitimidad, sobre todo aquella de constituirse en un referente nacional de resistencia y de lucha en contra del modelo político y económico imperante.

Separados del conjunto de la sociedad, el movimiento indígena, con toda su fuerza, con toda su legitimidad, con toda su credibilidad, no está en condiciones políticas de plantear un discurso nacional, y de posicionar su crítica al Estado, a la democracia y a su sistema de representación política. Su fuerza acumulada puede traducirse en la negociación con el poder de aspectos puntuales, coyunturales, pero no en la negociación del sistema de poder político y económico.

El hecho de presentarse solos, como el actor social y sujeto político más importante de la sociedad, le otorga una fuerza política antes desconocida al movimiento indígena, pero al mismo tiempo le genera vacíos que contribuyen a aislarla de la sociedad y convertirla como el grupo más organizado pero sin pretensiones de convertirse en referente nacional.

Para los pueblos indígenas el diálogo es parte de su tradición ancestral. La comuna siempre llega a acuerdos, sin excluir a nadie, sobre los aspectos más importantes de su vida. De hecho, el movimiento indígena siempre ha propuesto el diálogo para superar el conflicto y alcanzar acuerdos sobre la base del consenso. El diálogo en el mundo indígena, no tiene tiempos previstos ni agendas establecidas. Se da con la participación de toda la comunidad, y la autoridad de los "ancianos", o "mayores" como prefieren ellos mismos denominarlos, es determinante.

Sin embargo, este "diálogo" como condición histórica de regulación social de conflictos al interior de la comunidad, parece no tener nada que ver con aquel proceso que nace desde los levantamientos.

Si los indígenas proponen un diálogo como vía de solución a los conflictos, y si ese pedido se da en un contexto de levantamiento indígena, implica un reconocimiento explícito que la sociedad ha cerrado sus mecanismos de diálogo, significa reconocer que la política, esto es, los asuntos de la polis, no se resuelven con y desde el diálogo y el consenso, y que los sistemas de representación política no han incorporado dentro de sus dinámicas el mecanismo del diálogo.

En otras palabras, la democracia ecuatoriana, tal como está concebida, estructurada y legitimada en su entramado institucional y procedimental, no utiliza el diálogo ni el consenso para resolver y procesar los conflictos al interior de la sociedad.

Como tal, la democracia como sistema político, debe incorporar de manera institucional y procedimental el mecanismo del diálogo y el consenso. Quizá este sería el principal aporte que hacen los pueblos indígenas al sistema político existente. El reconocimiento del diálogo, implica, de hecho, la aceptación de que la democracia necesita incorporarlo dentro de sus dinámicas. Pero tal como se estructuran las relaciones de poder en el Ecuador, el proceso de diálogo que emerge como condición para resolver los conflictos, se inserta dentro de una dinámica por la cual todo es utilizado de forma estratégica por el poder.

En efecto, cualquier posibilidad, cualquier discurso, cualquier propuesta, se integra dentro de las necesidades propias de las élites y de la estructura de poder. Esta práctica por la cual se utiliza de manera estratégica toda posibilidad de comunicación humana, es parte de la lógica del poder.

Así, las "Mesas de Diálogo", si bien evidencian procesos contradictorios por los cuales el movimiento indígena se convierte en interlocutor y en actor político capaz de definir, discutir y aprobar el diseño de políticas de Estado, también evidencian un uso político por parte de régimen en virtud del cual ha logrado convertir al movimiento indígena en un actor aislado, en el cual la justeza y legitimidad de sus demandas, no le darían el derecho de convertirse en un portavoz, ni en un referente para otros actores sociales. También le permiten al gobierno comprar tiempo político, desmovilizando al movimiento indígena al incorporarlo plenamente dentro de las dinámicas del diálogo.

Se trata, a no dudarlo, de un proceso contradictorio, aparentemente paradójico, pero que da cuenta de la enorme complejidad que asume actualmente la coyuntura política en el Ecuador. De la forma en la cual se vayan resolviendo estos conflictos, estas posiciones estratégicas y estos proyectos de sociedad diferentes, se estructurará la historia de mañana. El tiempo político del futuro está condicionado por lo que se haga o deje de hacer ahora. Y en el tiempo presente, los indios están transformando radicalmente los escenarios tradicionales de la política y del poder. Ello nos lleva a pensar en que quizá esta nueva década que empieza, sea también otra década "ganada" por el movimiento indígena ecuatoriano.

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