Boletín ICCI
"RIMAY"

Editorial

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, entregó a inicios de agosto del año 2000, a las autoridades del tribunal de Elecciones de Ecuador, cerca de un millón y medio de firmas que respaldan su propuesta de llamar a una Consulta Popular para disolver el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, detener el proceso de privatización y, además, revisar el proceso de dolarización oficial de la economía ecuatoriana.

Con este acto, la CONAIE, modifica una vez más el escenario político en el Ecuador e inscribe con fuerza el debate de la relación entre la democracia realmente existente, con su institucionalidad, sus retóricas y sus prácticas con los procesos de ajuste, liberalización y privatización de la economía.

Es necesario comprender esta propuesta política hecha por la Conaie, dentro de un contexto más amplio y en el cual lo que está realmente en juego es el carácter que asume la democracia en nuestro países y su relación con las políticas de ajuste y de liberalización económica. Una problemática que ya ha suscitado amplios debates y que ha generado una corriente conservadora que se apoya en la categoría de la gobernabilidad para mantener ese difícil equilibrio entre democracia y ajuste.

En efecto, al igual que la mayoría de países de América Latina, los procesos de ajuste económico se realizaron en condiciones de retorno a la institucionalidad democrática. El periodo que va de fines de los años 70's a mediados de los años 80's, marcan en casi todos los países de la región, de una parte, la paulatina y profunda transformación económica a partir de la imposición de las políticas de ajuste preconizadas, monitoreadas y diseñadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y, de otra parte, el fin de las dictaduras y la consolidación de regímenes democráticos.

Estos dos procesos, aparentemente contradictorios y antitéticos, conforman una especie de matriz política y económica común para los países latinoamericanos. Con mayor o menor intensidad, el ajuste y la democracia son los procesos que caracterizan la década de los 80's. La transición de las economías latinoamericanas hacia una mayor integración a los mercados mundiales en condiciones de liberalización, desregulación, privatización y desreglamentación, se profundiza y adquiere mayor coherencia desde inicios de la década de los 90's, a partir del denominado "Consenso de Washington", al mismo tiempo, en ese periodo casi todos los países de la región son gobernados por regímenes electos en las urnas.

Sin embargo, es precisamente la década de los 90's la que marca el acceso del movimiento indígena ecuatoriano a la vida política del país y que cuestiona profundamente los límites políticos y éticos de la propuesta derivada del Consenso de Washington. Del levantamiento de julio de 1990, a la insurrección popular del 21 de enero de 2000, existe un profundo y complejo proceso político por el cual los indígenas ecuatorianos se van convirtiendo en el eje a partir del cual se articulan fuerzas sociales en contraposición al proyecto político y económico dominante.

Este eje de acción política, en cuyo centro se ha ido situando la Conaie, se ha convertido, a no dudarlo, en uno de los contrapoderes más efectivos que existen al interior del Ecuador. De ahí que a fines de la década de los 90's, el Ecuador presente un cuadro de bloqueos políticos y de impasses que han hecho virtualmente imposible que se concreticen los aspectos más elementales de la propuesta del Consenso de Washington: la liberalización y la privatización total de la economía.

Hasta ahora, aspectos claves de la economía, como son los sectores energéticos, la seguridad social, la tierra, el agua, los recursos medioambientales, la salud y la educación, aún no han sido transferidos al sector privado. El Ecuador, en ese sentido, es casi el único país en la región que no se ha "modernizado", si se otorga al término la conceptualización dada por el Consenso de Washington.

Ahora bien, el proceso de ajuste económico, provocó en Ecuador la extensión y la profundización de la pobreza. Cuando se iniciaron la políticas de ajuste, en 1982, la pobreza alcanzaba al 45% de la población total. A inicios del año 2000, más del 80% de la población ecuatoriana se encuentra bajo la línea de la pobreza. En el sector rural, que es en donde se encuentra la mayor parte de la población indígena, la pobreza alcanza a un dramático 95% de la población total. El deterioro de las condiciones de vida es tal que en los años 1998-1999 e inicios del 2000, el éxodo de ecuatorianos al exterior adquiere características que solamente se dan en casos de guerra y de desastre natural. En ese periodo, se estima que han emigrado al exterior cerca de un 10% de la población total.

Entonces es razonable cuestionar el carácter que tiene la democracia y la institucionalidad existente. Si para construir la democracia es necesario construir ciudadanías, y si esas ciudadanías se ejercen de manera responsable y participativa, entonces es necesario adecuar la estructura económica en función de las necesidades de los seres humanos y no al revés. La democracia debe permitir una sociedad más participativa, pero también debe ser una sociedad más equitativa, más justa. En el caso particular del Ecuador, la democracia realmente existente ha posibilitado, a través de la imposición del ajuste económico, niveles de concentración de la riqueza jamás vistos, desigualdades cada vez más profundas, exclusión, recesión, pobreza, deterioro del medio ambiente, profundización de la miseria, etc. Justo es, entonces, preguntarse por el sentido que tendría la democracia en nuestros países, y cuestionar ese sentido.

Hasta el momento, el cuestionamiento más profundo que ha sido realizado en esa dirección ha sido, justamente, aquel hecho por la Conaie. Si la democracia posibilita y abre canales de participación social en la conducción, control y gestión de las cuestiones públicas, entonces la democracia debe identificarse con los intereses de las mayorías y debe corresponderse a esos requerimientos. Vale decir, gracias a su carácter de participación social la democracia es perfectible y susceptible de incorporar cambios a su interior que la hagan más participativa, más consensual.

Ahora bien, la democracia que se instauró en Ecuador a fines de los años 70's, se caracteriza justamente por ser excluyente y coercitiva. A nivel económico, la democracia existente no ha permitido la creación de un solo mecanismo legal, político o social, que regule, norme o al menos atenúe la imposición de las políticas de ajuste. El ajuste se lo impone sin que medie la más mínima participación social ni en su discusión ni en su elaboración.

A nivel político, en cambio, la democracia en Ecuador, tal como se estructuró en sus leyes, institucionalizó la exclusión: prohibía el voto a los analfabetos y otorgaba la ciudadanía solamente a aquellas personas que cumplan ciertos requisitos. En virtud de que los indígenas del Ecuador utilizaban al español como segunda lengua, y que grandes mayorías de ellos no sabían leer ni escribir en español, estaban, de hecho y de derecho excluidos de toda forma de participación política. No constaban en los padrones electorales, no podían elegir ni tampoco ser elegidos. Los indios eran, simplemente, invisibles. Era una condición de invisibilidad que abarcaba a cerca de un 45% de la población total.

La lucha por dar contenidos más democráticos al orden constitucional existente en el Ecuador, será un proceso que tomará varias etapas el movimiento indígena ecuatoriano. Quizá una de las más importantes sea la propuesta de plurinacionalidad e interculturalidad del Estado Ecuatoriano, realizado en el levantamiento de 1990. Esta es una propuesta que demorará cerca de una década en ser comprendida y asimilada por las estructuras de poder y por la sociedad civil ecuatoriana. El aspecto culminante en esta lucha será la aprobación en 1998 por parte del Congreso Nacional, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, por el cual se reconocen los derechos jurídicos de los pueblos y nacionalidades indígenas, conocidos como "Derechos Colectivos".

Una segunda etapa, quizá puede ser establecida en la coyuntura de 1995-1996, cuando el movimiento indígena constituye el núcleo a partir del cual se aglutinan diversos sectores de los movimientos sociales para constituir un frente político electoral conocido con el nombre de "Pachakutik". Esta alianza electoral posibilita la participación en elecciones sin el tutelaje de partidos políticos, y logra, finalmente, una importante representación parlamentaria y el control político de varios poderes locales. Este proceso será ratificado en las recientes elecciones del mes de mayo de 2000, cuando el Movimiento Pachakutik se constituye en la primera fuerza política en el control de los gobiernos provinciales, y en la cuarta fuerza política en el control de las municipalidades.

Una tercera etapa, puede ser confirmada a partir de los acontecimientos del mes de enero del año 2000, cuando el movimiento indígena insurge como una fuerza política capaz de transformar radicalmente la política nacional. Es a partir de este proceso que el cuestionamiento al orden político existente en Ecuador, se hará más radical. Si la democracia ecuatoriana se ha caracterizado por permitir la confluencia de los intereses privados con los públicos, entonces es necesario romper esa vinculación perversa. Y si quienes hacen la política en Ecuador son los mismos que utilizan los recursos del Estado para favorecerse a sí mismos, entonces es absolutamente imprescindible el cambio. Pero no solamente se trata de cambiar a las personas sino de establecer mecanismos jurídicos, políticos y sociales que imposibiliten esa connivencia entre lo público y lo privado.

En ese sentido la Conaie ha sido bastante clara y elocuente: es necesario disolver el actual Congreso Nacional, porque su estructura no garantiza los intereses del Estado, es decir, los intereses de la comunidad en general, sino porque a su interior predominan más bien intereses de grupo. Es necesario, asimismo, disolver la Corte Suprema de Justicia, porque hasta el momento no se ha constituido ni en el contrapeso ni en el contrapoder que frene esa relación entre los intereses públicos y privados. La Conaie ha insistido en que no se trata en absoluto de cambiar unas personas por otras sino de estructurar un nuevo modelo de Estado, en el cual existan los suficientes controles que impidan la utilización de lo público con fines privados.

Es, hasta el momento, la propuesta más radical realizada en este sentido y apunta a una construcción de un ordenamiento institucional diferente. Al hacerlo, la Conaie está demostrando el carácter corporativo, elitista y patrimonial que tiene la democracia en Ecuador. En este caso, la democracia se utiliza más bien como un recurso del discurso político hecho desde una retórica del poder que sirve para justificar y legitimar posiciones de fuerza e imposición.

El movimiento indígena, con su propuesta de Consulta Nacional para disolver el Congreso y la Corte Suprema, realiza una de las críticas más profundas a la relación que ha existido entre ajuste económico y democracia política. Hasta ahora, ajuste y democracia eran conceptos que iban de sí y que se habían ido articulando dentro de una misma estrategia cuyo norte sería establecido desde del Consenso de Washington.

No se habían realizado cuestionamientos a la relación entre el ajuste y la democracia, y sobre todo, no se habían propuesto desde la práctica política de los movimientos sociales la posibilidad de romper esa relación y declararlas como mutuamente excluyentes. Una sociedad verdaderamente democrática no puede ejercer un poder indiscriminado sobre sus ciudadanos imponiéndoles medidas económicas destinadas a perjudicar y deteriorar sus condiciones de vida. Incluso a nombre de lograr supuestos equilibrios económicos. Una sociedad verdaderamente democrática no puede excluir bajo ningún concepto a los diferentes pueblos que la constituyen, y si éstos reclaman condiciones de autonomía, de respeto y de reconocimiento a su diferencia, una sociedad democrática debe reconocérselos sin imponer condiciones de ninguna especie.

Si una sociedad se dice democrática pero irrespeta los derechos de sus habitantes, sea imponiéndoles medidas económicas, o no reconociendo su derecho a vivir diferentemente, entonces esa apelación a la democracia se constituye más bien como una estrategia dentro de un discurso que tiene por objetivo más bien imponer condiciones que aceptar negociaciones.

Cuando la Conaie plantea la disolución del Congreso ecuatoriano, y cuando abre el espacio de la discusión para que sea la sociedad en su conjunto la que llene el vacío generado por la disolución del Congreso y de la Corte Suprema, está inaugurando una nueva etapa dentro de sus transformaciones políticas. Una etapa que apunta a uno de los centros neurálgicos del orden actual. En efecto, los alcances de su propuesta abren nuevos escenarios y demuestran que la democracia es un concepto por construir, que más allá de su utilización discursiva dentro de la retórica de los grupos de poder, está la posibilidad cierta de construir una sociedad más participativa, en la cual sean respetados los intereses de la comunidad, en base a una ética de responsabilidad social.