Boletín ICCI-ARY Rimay, Año11, No. 126, Septiembre del 2009

Editorial

Una asamblea de pueblos y nacionalidades indigenas,
que deslegitima al regimen de Rafael Correa

Las nacionalidades y pueblos indigenas del Ecuador han venido trabajando por mucho tiempo en la propuesta de una nueva estructura gubernamental, desde este caminar evaluan los aportes dados a la nueva constitución, y desde este mismo trabajo reclaman la falta de coerencia política del régimen de Rafael correa.

Para Marlon Santi presidente de la CONAIE, el gobierno actual se sustenta aún en la vieja estructura estatal, y es precisamente este el problema que separar a los pueblos y nacionalidades indígenas del régimen, pues es desde esta visión que se construye políticas económicas, decretos presidenciales y leyes secundarias que no corresponden al carácter del Estado, hoy reconocido en la nueva constitución como Estado Plurinacional.

Lamentablemente la participación de los pueblos indigenas en el quehacer político y económico del país, se la presenta como una oposición sin causa, estorbo a un proyecto político hegemonizado ideológicamente como de todos los ciudadanos, sin embargo el accionar de los pueblos originarios ha dado muestras desde los 90, de un compromiso leal no solo para sí, se ha comprometido con el futuro de los ecuatorianos, planteando un Estado acorde con la realidad cultural que el país tiene.

Ha demostrado a lo largo de la asamblea constituyente, en Macas y en los diferentes espacios de debate, ser un sujeto político aportador de leyes; su oposición al regimen, surgen en el mismo instante en que éste plantea por medio de leyes y decretos la explotación masiva de la naturaleza y de los bienes naturales. Sin considerar que estos elementos están intimamente ligados a la vida de los pueblos originarios.

Muestra de ello es el caso omiso a las leyes propuestas por el movimiento; los decretos que despojan a los pueblos originarios de las instituciones indigenas, que han sido historicamente el resultado de una larga lucha; los decretos que someten estratégicamente a las nacionalidades, al control ideológico y organizativo de la iglesia; y las leyes que atentan contra la vida y la naturaleza.

El movimiento indigena y sus dirigentes frente a la negación de sus propuestas de ley, frente a la estrategia de la libre, para aprobar sin debate público leyes trascendentales como: la ley minera, de soberanía alimentaria, de biodiversidad y de aguas, han decidido ratificar su presencia como sujetos colectivos, con una trayectoria milenaria, organizados económica y políticamente, poseedores de grandes territorios, por ende sujetos participes del Estado ecuatoriano.

Legitimando la nueva Constitución Política del Estado, subrrayan el Art. 1 donde se señala Textualmente que “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural,
plurinacional y laico”; por lo que resuelven:

Declararse en Movilización Nacional en defensa de los Derechos de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades Indígenas, de manera coordinada entre las Confederaciones: ECUARUNARI, CONFENIAE Y CONAICE, ante el permanente y progresivo atropello del gobierno del Econ. Rafael Correa.

Como muestra de su pluralidad y consciente de que los problemas económicos y políticos generados por el gobierno, no solo glopean a los pueblos indígenas decide convocar a todos los sectores progresistas de la sociedad ecuatoriana que
se consideren afectados en sus derechos, a construir agendas y acciones
comunes de exigencia y garantías a los derechos fundamentales que nos protegen como seres humanos y sujetos colectivos.

Declaran al gobierno de Rafael Correa como gobierno neoliberal y capitalista por sus acciones y actitudes a la hora de tomar decciones políticas y económicas en relación a la soberanía de la pachamama, los derechos colectivos, humanos y ambientales consagrados en la nueva Constitución del Estado.

Rechazan los programas sociales que está implementando el gobierno como: socio bosque, socio páramo, bonos y créditos clientelares, entre otros que atentan a las formas de organización y los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades.

Deslegitiman a los administradores de las instituciones indígenas designados arbitrariamente por el Gobierno Nacional.

Decisiones que van acompañadas de exigencias políticas al gobierno, entre ellas la implementación de verdaderos programas de reforma agraria, micro-créditos blandos para la agricultura, ganadería, sistema de riego, proyectos de industria
artesanal, micro-empresas comunitarias, orientados a la consecución del
Sumak Kawsay.

Exigen al Estado y al Gobierno Nacional, la nacionalización de los recursos naturales y la puesta en práctica de la auditoria a las concesiones petroleras, mineras, aguas, hidroeléctricas, telefónicas, espectro radio eléctrico y servicios ambientales; la deuda externa, la recaudación de impuestos y los recursos del Seguro Social- IESS; así como, la suspensión de todo tipo de concesiones (extractivas petroleras, mineras, forestales, de agua y biodiversidad, hidroeléctricas) en losterritorios de los Pueblos y Nacionalidades.

Demandan a demas las garantías inmediatas, los recursos y las facultades que conforme a los derechos contemplados en la Constitución Política de Estado y las leyes, Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del mundo, para ejercer la administración de las instituciones públicas de los pueblos y nacionalidades como: Consejo Nacional de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador CODENPE, Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe DINEIB, Secretaria Nacional de Salud de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador y Fondo de Desarrollo
de los Pueblos Indígenas FODEPI.

Reclaman al Gobierno, las garantías integrales e irrestrictas para el ejercicio del derecho a la vida y a la territorialidad de los Pueblos Libres Tagaeri, Taromenane, Oñamenane desde sus propios sistemas de vida, de acuerdo con la Constitución Política, de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otorgadas en el 2006, y los convenios y tratado internacionales.

Exigen al Gobierno la titulación de los territorios ancestrales a nivel nacional con el carácter de comunitario, imprescriptible, indivisible, inembargable; y, el respeto a ejercer sus derechos propios, las formas de participación y organización en las circunscripciones y sus gobiernos territoriales.

Demandan la inmediata derogatoria de los Decretos 1585 y 1780, por que el primero atenta contra el sistema de educación intercultural bilingüe y la dirección nacional de educación intercultural bilingüe de los pueblos y las nacionalidades, y el segundo faculta atribuciones a las misiones religiosas católicas sobre la organización de las poblaciones indígenas y campesinas, violando la autodeterminación de los mismos.

Declaran a los territorios de los pueblos y nacionalidades, libres de toda injerencia y prácticas ajenas, que atenten al sistema de vida y organización propia.

Disposiciones y demandas que comprometen a los dirigentes y a las organizaciones al ejercicio y fortalecimiento de la vida comunitaria de las nacionalidades y pueblos y al compromiso de ejercer el auto gobierno, por lo tanto reconocen como autoridades legítimas a la CONAIE y sus regionales: CONFENIAE, CONAICE y ECUARUNARI y a las autoridades elegidas por voto popular, quienes están obligados a profundizar la defensa y la construcción del Estado Plurinacional y el Sumak Kawsay.

Estableciendo la tarea histórica de dar seguimiento al tratamiento de los proyectos de leyes propuestos por el movimiento indígena ante la Asamblea Nacional.

Coordinación General: José Luis Bedón
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