Boletín ICCI-ARY Rimay, Año11, No.123, Junio del 2009

Editorial

Los derechos son letra muerta

La ratificación de Perú, a favor del convenio 169 de la organización del trabajo y su apoyo al asentimiento de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas en el 2007, dista mucho de la posición de su nuevo gobernante, a quién le parece inaudito, que las montañas, las selvas donde viven los pueblos originarios, sean tierras ociosas, de propiedad de familias pobres, sin capacidad de inversión, ni educación suficiente para hacer producir estas tierras; incapacidad productiva que está legitimada según Alan García por prácticas demagógicas que defienden estas tierras como sitios sagrados, “quitando la posibilidad de venderlas en grandes lotes a personas con capacidad de inversión, llevando desarrollo tecnológico y desarrollo a los mismos comuneros pobres”

Es este pensamiento, mercantilista de la tierra, propia del capitalismo, que sumada a la herencia colonialista y racista que aun persiste en nuestros países, que ha permitido que en pleno siglo XXI, época de reconocimientos jurídicos, que protegen los derechos individuales y colectivos de los pueblos, se violente y se termine con la vida de indígenas, que no hacían más que protestar contra las leyes 1064 y 1090 que atentan contra el modus vivendi de pueblos que por miles de años han mantenido y han sido parte de esta selva, que hoy para muchos gobernantes y empresas transnacionales son solo la fuente de gas, petróleo y minerales.

Es en este marco que se debe analizar los hechos ocurridos en el Perú, el 5 de junio, acontecimientos que exigen ser analizados, no solo para solidarizarse con los hermanos indígenas de la selva amazónica de este país, reclaman también una posición internacional, en defensa de los derechos humanos más elementales, como es la vida de hermanos indígenas que viven en la selva y una evaluación profunda de la aplicación efectiva de los derechos consagrados en la constitución de cada país y los derechos declarados como obligación universal..

Debemos entonces analizar la dicotomía que existe entre Derechos y la libertad de acumulación de las grandes empresas transnacionales, pues mientras los primeros buscan como elemento fundamental el respeto a la vida, de cualquier ciudadano o de cualquier colectivo, el segundo busca por cualquier medio, la ganancia, la acumulación, haciendo distante la unidad teoría y práctica, en relación a los derechos humanos y colectivos; estas dicotomías seguirán presentes mientras no entendamos que existen varias formas de concebir y reproducir el mundo.

Para muchos ciudadanos del Perú y del resto del planeta, las selvas no son más que territorios ricos en recursos naturales, destinados a ser explotados, a favor de las cuantiosas ganancias que tienen las transnacionales, pero para otros ciudadanos y para quienes salieron a protestar en el Perú, en contra de leyes que ponen en peligro su existencia, la selva es su casa, el espacio vital donde crecen, se alimentan, trabajan y viven. Es su vida misma, por lo tanto tienen el derecho a decidir lo que se hace con ese espacio, y tienen derecho a protestar si ese espacio es amenazado, con su vida si es preciso.

Esta posición, debe ser respetada por cualquier gobernante, de ninguna manera se puede permitir, legitimar y mucho menos dejar pasar, el atropello genocida que Alan García ha provocado en Perú. Para cualquier ser inteligente las circunstancias de violencia desatadas por un contingente de policías, armados y apoyados por helicópteros muy bien equipados, a órdenes del presidente en contra de hermanos indígenas que no hacían más que cerrar las carreteras para protestar y reclamar la aplicación de sus derechos, es una muestra fehaciente del colonialismo aun presente en nuestras tierras.

Recordemos que desde tiempos coloniales, los pueblos originarios han sido tratados como extraños en su propio territorio, han sido olvidados y ocultados por los que dicen construir Estados democráticos, faltando así a la libertad, al respeto inalienable de la vida; a pesar de ésta realidad que hoy se nos presenta cruda, tal cual es, los pueblos originarios de América se levantan para dejar presente su voz, para recorrer el telón histórico que los ha encubierto, para desmentir una verdad racista y colonialista “la no existencia de los pueblos originarios”. Esta voz se levanta no solo para reclamar sus derechos, están presentes para defender su territorio, su vida y de las generaciones venideras.

La falta de capacidad de inversión, que los pueblos tienen para producir sus tierras, como argumenta el presidente Alan García, no se puede resolver vendiendo las tierras, peor aun empeñándolas, es una obligación de los Estados, crear condiciones de financiamiento que no atenten contra la vida y la seguridad de los pueblos, y si los Estados no están en capacidad, es mejor que deje a esos pueblos vivir su “pobreza” en su territorio, bajo sus propias lógicas de organización productiva y social.

Decir que esos territorios, son tierras ociosas y que los “pocos habitantes que viven allí, no pueden reclamar esos territorios como suyos, porque son del Estado, es actuar definitivamente desde el colonialismo mas acérrimo, solo que esta vez, los colonialistas no son los monarcas de siglos pasados, son las empresas transnacionales, que ávidas de ganancias, no les importa terminar con pueblos enteros, donde el papel de los gobernantes ha sido siempre una suerte de caporal, al servicio de éstas.

Por lo tanto creemos que esta masacre, dada en Perú, es un capítulo mas de los miles de escenarios de violación y subyugación que nuestros pueblos han vivido, creíamos que las declaraciones de derechos humanos, de los derechos colectivos, de pactos y acuerdos internacionales en algo reconocían nuestra existencia y aseguraban el respeto a la misma, pero como lo hemos visto las cosas no son así, en realidad vivimos la época de hermosos escritos, que pretende regular las relaciones económicas y políticas de los seres humanos, pero que yacen en letra muerta.

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