Boletín ICCI-ARY Rimay, Año11, No. 118, Enero del 2009

Ley de soberanía alimentaria

Luis Macas

Para el movimiento indígena, el eje que ha articulado la lucha y los procesos de consolidación, de sus propuestas y acciones políticas ha sido siempre el tema de la tierra y territorio, por ello hablar de soberanía alimentaria en nuestro país y de una ley que lo regule, es hablar ineludiblemente de la redistribución de la tierra, caso contrario nos se puede hablar de una ley de soberanía alimentaria, peor aun de una revolución. Las revoluciones empiezan por la revolución agraria.

La soberanía alimentaria, nos dice de la alimentación de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de todos los ecuatorianos y ecuatorianas se necesita de una revolución agraria; porque la distribución de la tierra hasta no estar resuelto en nuestro país, ni vía reforma agraria, ni a través de compra y venta, no ha terminado con el hambre de una gran mayoría de la población ecuatoriana, ni con el desempleo rural, la migración del campo a la ciudad, esta realidad exige cambios y transformaciones profundos.

Estos cambios tienen que ver con la redistribución de la tierra, su distribución para el indígena, para el campesino, el pequeño y mediano agricultor, sujetos activos de productos que se han mantenido a pesar de todas las circunstancias adversas económica, técnica de comercialización. Para resolver la soberanía alimentaria, el primer paso que se ha de resolver es la tenencia de la tierra.

No es aceptable que los problemas en relación a la distribución de la tierra se quieran resolver endeudando a los campesinos, a los indígenas, a los pequeños y medianos productores, como lo plantea la ley propuesta por el gobierno. Por ello es necesario iniciar con la revolución agraria que termine realmente con el monopolio de la tierra, para luego terminar con el hambre del pueblo.

Los pueblos y nacionalidades indígenas de nuestro país han dado muestras suficientes de su capacidad productiva en el campo, a través de sus conocimientos, sus técnicas milenarias, por ello no necesitamos de empresas transnacionales que vengan a regular y planificar la producción agrícola, nosotros los ecuatorianos y ecuatorianas somos capaces y lo hemos hecho por siglos desde nuestros conocimientos culturales.

La ley que el gobierno propone en relación a la soberanía alimentaria está claramente identificada con las empresas agroindustriales, es una ley que justifica el monocultivo dirigido en su gran mayoría a la agro-exportación, y los agro negocios por lo tanto es una ley que someterá al campesino, al indígena a los procesos de encadenamiento bajo el control de las empresas de agro negocios dirigidos hacia el mercado de la alimentación.

Cuando el gobierno habla de la economía, habla del mercado y de la planificación productiva en función de ese mercado, desde esa óptica jamás se revolverán los problemas fundamentales de la alimentación del pueblo, problemas que están ligados con la nutrición, el trabajo, la salud, la educación y la soberanía alimentaria, en definitiva.

Construir una ley que favorece al mercado, a las empresas de agro negocios que incentivan a una planificación productiva de la agricultura en función del monocultivo y el mercado contrario a todo lo que nos ha alimentado hasta hoy como pueblos con soberanía, los valores nutricionales, las técnicas propias, que aseguren el sostenimiento ecológico del suelo, el sentido comunitario, el desarrollo de las identidades nutricionales y de las semillas.

Por estas razones el movimiento indígena ha levantado una larga lucha contra la introducción de productos alimenticios extraños e innecesarios, específicamente nos referimos a la lucha contra el TLC propuesto por el país, y seguiremos luchando contra propuesta de libre comercio que atente nuestra soberanía y nuestra alimentación, porque queremos que nuestra alimentación sea soberana, y no nos sometan a la dependencia.

Para el campesino, los pequeños productores y el indígena, nuestra alimentación tiene una dimensión cultural muy importante que se ha construido en la historia y que ha dado muestra de eficacia, no queremos que nos vengan con el cuento de que hay que mejorar nuestro sistema alimenticio, sabemos que hay que incorporar interculturalmente conocimientos y técnicas, pero no sometiéndonos a las cadenas productivas en beneficio de empresas como KFC, Mac Donald o PRONACA, como se pretende con la ley propuesta.

Una ley como la de soberanía alimentaria debe construirse desde el pueblo, desde el campesino, desde el indígena, desde el consumidor, no se puede construir una ley desde la necesidad empresarial del mercado, de acumulación que las grandes empresas agrícolas tienen como objetivo; el movimiento indígena no permitirá que se atropelle la vida de todos los ecuatorianos.

Por este motivo es necesario plantear que para elaborar una ley de soberanía alimentaria se debe dimensionar tres componentes fundamentales.

1.- Solucionar el problema de la distribución de la tierra, a lo que el movimiento plantea una revolución agraria que termine con el monopolio de la tierra, entregando a las comunidades sus tierras; priorizar la producción alimentaria frente al monocultivo y con todo lo que esto implica.

2.- El problema del agua, que hoy en la actual constitución es reconocida como recurso estratégico y derecho humano inalienable, reconocimiento que se ha logrado gracias a la lucha y a la presión del movimiento indígena y de los campesinos.

Es necesario que el gobierno demuestre su capacidad para asegurar que lo que está reconocido en la constitución se aplique, deberá responder quién y cómo se regulará el uso del agua, si esta estará distribuida para los campesinos, indígenas y pequeños agricultores o estará en manos de las grandes empresas agrícolas.

Porque nuestra lucha está concretizada en gran parte de la nueva constitución, hemos decidido tomar como arma de lucha, para que ésta no sea letra muerta; esta decisión nos exige proponer y dar seguimiento a las nuevas leyes que definirán con claridad lo estipulado en la nueva carta magna de nuestro país.

Es de suma importancia entonces que la ley que regula el uso del agua y la ley de soberanía alimentaria vayan de la mano, no pueden por ninguna razón construirse por separado y a su vez, estas leyes deben ir íntimamente unidas a una revolución agraria, que redistribuya la tierra con términos comunitarios, de ninguna manera en términos mercantiles, este último solo asegura el monopolio de la tierra.

3.- El movimiento indígena, su estructura organizativa es un potencial ganado en este momento de cambios y de reorganización Estatal. Para producir, distribuir, comercializar se necesita organización, la organización productiva, con los pueblos indígenas, campesinos y pequeños productores, nos permitirá resolver el problema del hambre y el desempleo en nuestro país, caso contrario caeremos en lo que ahora el gobierno de Rafael Correa quiere hacer, argumentado eficacia y competitividad, la creación de una ley dada desde las grandes empresas, las que al mismo tiempo nos quieren someter a una lógica productiva que no es resolver la soberanía alimentaria.

Desde nuestra lógica, nuestra concepción, la producción esta íntimamente relacionada con el sistema comunitario, el principio de solidaridad, la complementariedad y el principio ético de la reciprocidad; no queremos que la lógica de la competitividad capitalista organice nuestra vida productiva, ni nuestra alimentación.

Por otra parte, los términos mismos de competitividad que la ley de soberanía alimentaria que el gobierno propone son irrisorios, por no decir absolutamente fuera de la realidad, ¿Cómo podemos competir con los grandes monopolios, como Estados Unidos, la Unión Europea? El gobierno debería ser más honesto y decir que por la dependencia económica y por la necedad de ser parte del mercado mundial, aunque ser parte signifique la entrega de nuestra tierra y recursos, decir que tal competencia es un sinónimo de supeditación al mercado mundial, a las transnacionales.

Lo primordial y prioritario para el Ecuador es resolver los problemas internos, y estos son posibles de resolverlos si se parte de la organización, la comunidad vivida milenariamente; solo así el país va a marchar, va a poder resolver sus problemas con la alimentación, con el trabajo, con la producción.

En la constitución actual constan elementos del Sumay Kawsay, que tienen que ver con el agua, con la soberanía alimentaría; elementos que se han logrado introducir en la carta magna por el bien del país: el componente cultural, el acumulado histórico en los que refiere a la economía, como una práctica comunitaria, la predisposición del movimiento indígena para aportar en el cambio que el país necesita, todo este proceso que también es un acumulado histórico-político se ha construido para realmente vivir en democracia.

El movimiento indígena está abierto al diálogo, al debate, ha presentado sobre la mesa sus propuestas de ley, de gobernabilidad, de economía, pero la respuesta ha sido siempre la confrontación y la negativa o lo que es peor la utilización de su agenda a favor de una supuesta nueva gobernabilidad, a la que hoy llaman “revolución ciudadana”.

La nueva ley de soberanía alimentaria propuesta por el gobierno de Rafael Correa, busca integrar a los pequeños y medianos productores agrícolas a la lógica y planificación productiva de las empresas transnacionales, por ello la necesidad del régimen de acudir a asesores extranjeros para la planificación productiva, no se quiere ver la riqueza empírica y milenaria que nuestro pueblos tienen, la diversidad productiva que hemos sostenido a pesar de todo los intentos por dirigir la producción agrícola al monocultivo, el objetivo que está detrás de esta ley es la eliminación paulatina del pequeño agricultor.

El trabajo en relación a la producción agrícola, por ende sobre la soberanía alimentaria debería estar diseccionado a promover: la investigación, la aplicación de nuestras técnicas agrícolas complementadas con las que ha desarrollado el ser humano, al mantenimiento de muestras semillas; porque si se quiere enseñar a utilizar técnicas que empobrezcan la tierra, si se quiere introducir semillas manipuladas genéticamente y someter a una producción dominada por el comercio transnacional, no estaríamos hablando de soberanía alimenticia y productiva de nuestros pueblos, estaríamos hablando de una soberanía empresarial liderada por transnacionales.

Si la intención del gobierno actual es mandar en función de las empresas agroindustriales, la ley no debería llamarse ley de soberanía alimentaria, debería por coherencia llamarse ley de la agroindustria en el Ecuador, de esta manera quedaría justificada y legítimo el proceso que respalda la ley que nos propone el gobierno, una ley trabajada por los empresarios, por asesores internacionales, no tiene nada que ver con la realidad agrícola de los campesinos, de los indígenas y de los pequeños productores.

Para resolver el problema del hambre, la falta de trabajo y de todos los problemas que se derivan de esta realidad, no necesitamos importar productos que nosotros mismos podemos producir, porque lo hemos hecho siempre; importa poner en peligro nuestra cultura, nuestra propia vida, estos términos de complementariedad no se entiende o no se quiere entender.

Ahora si analizamos el problema de la tierra, como un elemento fundamental en este debate debemos empezar recordando, recuperando nuestra memoria histórica; la ley de soberanía alimentaría que el gobierno nos propone resuelve este problema por medio de la deuda, es decir, ofrece tierra a quien tenga capacidad de endeudamiento. De esa manera jamás se resolverá el problema de la tenencia de la tierra, problema que no se ha resuelto durante todos estos años de vida republicana, que aún lo seguimos viviendo, arrastrando esos rezagos coloniales que mantiene sometida a la pobreza a una gran mayoría de ecuatorianos.

El movimiento indígena ha luchado para que el Estado entienda, para que la sociedad entienda, que esta realidad no se puede cambiar con tan solo emitir una ley, peor aún cuando la ley responde a intereses que no son del pueblo, si las propuestas del movimiento indígena responden a una gran mayoría ¿por qué no debatirlas? ¿Cuál es el miedo? O será que se tiene que recordar y acudir a los levantamientos, a la confrontación como lo hemos hecho en Cayambe, Guamote, Pichincha, etc. para poder en cierta manera resolver la injusta distribución de la tierra.

Resolver el problema de la tierra, endeudando al campesino, con dineros que vienen del banco mundial, del fondo monetario, del banco interamericano de desarrollo, es promover el despojo legalmente instituido y legitimado por medio de esta ley, con el agravante de que el campesino o indígena quedará endeudado. Solo el diseño de desarrollo del banco mundial puede concebir tal cosa y solo este gobierno puede legitimar este hecho.

Para los pueblos esta ley es nociva, para su cultura, la producción, la alimentación, el gobierno está demostrando que es incapaz frete a la distribución justa de la tierra y si este problema no se resuelve con total justicia, que no sigamos preguntándonos el ¿Por qué de la migración campo-ciudad, Ecuador-Europa, Ecuador-Norte América?

Otro de los artículos que se debe analizar de la ley propuesta por el régimen es el control fitosanitario en la producción agrícola, parámetros productivos que el mercado y la producción agroindustrial esta imponiendo; la producción histórica de los pueblos de nuestro país, tienen sus propios parámetros de control, que no es el mercado, que está ligado a la cultura, a los ritmos de la naturaleza, a la ubicación geográfica, y estos parámetros han sido validos, por años.

Se debe entonces resolver el problema de fondo, no se puede dictar una ley poniendo una cortina de humo ante los problemas reales, latentes del pueblo, no podemos negar tampoco los conocimientos, la experiencia de un pueblo hegemónicamente agricultor.

Por ello el movimiento indígena ha propuesto una ley para que se debata, y seguirá proponiendo leyes alternativas que respondan a nuestras raíces, a lo que somos, a una economía comunitaria que prioriza la vida.

Tildar al pueblo indígena de ignorante, de colectivos eternizados en la historia es una equivocación, no se si mal intencionada de quienes han gobernado hasta ahora, reconocer el conocimiento que existe, sobre como sembrar, como mantener nuestras riquezas y como al mismo tiempo resolver el problema del hambre en el país es darle una oportunidad al Ecuador.

No debemos olvidar que la ley de soberanía alimentaria trabajada por el gobierno actual, también está trasgrediendo nuestro derecho a la circulación y la regeneración de nuestras semillas; usar semillas certificadas en nuestros campos es crear dependencia y toda dependencia crea muerte.

Debemos encaminar nuestras reflexiones a preguntarnos, tomando como insumos nuestra memoria histórica, ¿qué logramos con las revoluciones que hemos vivido?, primero la revolución por la independencia, las revoluciones del campo con las reformas agrarias, las llamada revolución verde y ahora la revolución ciudadana, ¿qué hemos logrado, estar siempre al servicio de las políticas extrajeras?, ¿a quién hemos favorecido?

El consumo de las semillas certificadas que crean dependencia productiva, ¿a quién favorece? ¿Quién certifica que una semilla es beneficiosa? Y beneficiosa ¿para quién o para qué? ¿A quién favorece la ley de soberanía alimentaria que endeuda al campesino, al pequeño productor y al indígena?

Estas y otras preguntas debemos hacernos y respondernos con mucha claridad para que podamos tomar las decisiones adecuadas, por ende para que nuestras acciones se encaminen a defender el sumay kawsay que ha sido tomado por esta nueva constitución que insisto debe ser nuestra nueva arma de lucha.

Coordinación General: José Luis Bedón
Consejo Editorial:
Luis Macas
Patricio del Salto
Ricardo Ulcuango
Alicia Vacacela
Fernando Sarango
Blanca Chancosa
Floresmilo Simbaña
Edición Electrónica: Marc Becker

Subvencionado por:

Con el apoyo de:

Dirección:
ICCI
Instituto Científico de Culturas Indígenas
Calle Gaspar de Carvajal N26-27 y Luis Mosquera Narváez
Apartado Postal 17-15-50B
Quito-Ecuador

Teléfonos: (593 2) 2900048, 3203715, 3203732
Fax: (593 2) 3203696
E-mail icci@ecuanex.net.ec
http://icci.nativeweb.org

© Los artículos del presente Boletín pueden reproducirse citando la fuente