Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 9, No. 104, noviembre del 2007

Editorial

Reinstitucionalización del Estado o Cambio Social

El poder político una de cuyas funciones es el poder mediático, que a fuerza de imposición cotidiana de una agenda de asuntos que se hacen pasar como temas de interés público, ha configurado la “opinión pública” de que la crisis del Ecuador es únicamente una crisis institucional, de institucionalidad y no una crisis real que demanda una profunda transformación social.

En alguna medida también un amplio sector del gobierno representado en la Asamblea Constituyente parece creer que la denominada “revolución ciudadana” pasa o debe pasar por cambios cosméticos en la fachada institucional del Estado ecuatoriano, muy venida a menos y desprestigiada por casi tres décadas de “partidocracia”.

Los “intelectuales orgánicos” del hegemónico sistema social, que muchas veces aparecen como académicos progresistas y que controlan las ciencias sociales y sus centros de estudio como lo denunciara hace muchos años el sociólogo Agustín Cueva y hace pocos Heinz Dietrich, mantiene un consenso en torno a la necesidad de reinstitucionalizar el Estado ecuatoriano asunto esencial que explica la crisis y que talvez permite interpretar el afán de un sociólogo ecuatoriano graduado en los Estados Unidos y que perdió las elecciones para asambleísta.

“Crisis institucional”, algo parecido a las explicaciones sociales del ex mandatario Oswaldo Hurtado y sus adláteres de CORDES que creen que el problema del país es la falta de “gobernabilidad”, la carencia de “competitividad”, aunque ahora el eufemismo de moda es la “sostenibilidad o la sustentabilidad”, ¡Que habilidad para esconder la realidad!

Estos más de 25 años de democracia con “crisis de institucionalidad” con los que uno de esos grupos habla de “ruptura” (así como otros ex amigos de los indios), entiende en esos términos el problema del país y ahora entusiastas se entregan en la Asamblea y antes de ella ha “reinstitucionalizar al país” manoseando el “contrato social” con financiamientos y asesoramientos opacos.

Por esa vía posiblemente lleguemos a una sociedad en la que se hagan cambios constitucionales o cambios de forma, reformas que maquillen una sociedad injusta, cambios meramente superficiales que concluirán en la apoteósica recuperación de la institucionalidad del país y el sacralizado “Estado social de derecho” que algunos dicen que sería un “Estado social de derecha”.

Pero el pueblo aquí, abajo, que baraja opciones de cambio social desde hace más de una década apoyando a varios ex presidentes que luego fueron revocados por la soberanía popular a causa de sus traiciones, habla de la inauguración de un “Estado social de Justicia”, en el que el derecho equivalga al ejercicio de la justicia social. ¿Entenderán estas sutilezas quienes dicen representarnos en la Asamblea?

Los pueblos empobrecidos son perseverantes en su decisión irrevocable de ir hacia los cambios sociales profundos, necesarios para un pleno ejercicio de las libertades y de los derechos humanos y colectivos (económicos, políticos, sociales y culturales) y otros derechos.

Por el momento la confianza está depositada en un puñado de asambleístas cuya responsabilidad y consecuencia histórica no sabemos. La confianza es todavía ciega pero sería mejor que se convierta en una confianza crítica, vigilante, para que cuando se precise o cuando pretendan traicionar esa esperanza podamos actuar, podamos participar con plenos poderes y con plena soberanía.

Le hicimos el quite al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos pero no sabemos hasta cuándo, se logró de este modo contener una amenazante destrucción social del país, pero hoy a pesar del nuevo gobierno y de la paliza y euforia electoral, la pobreza y la miseria persisten a pesar los “bonos de la inclusión”, los créditos para “llenar de empresarios” el país. La crisis se reproduce con similar intensidad, “el fin de la noche neoliberal” y del capital parece que no llegará para todos. A pesar de las amenazas de listas y regulación de precios de los productos de primera necesidad, estos han subido y ya se acabó la retórica del gobierno y los opositores empresarios al igual que la plata se acabaron en los bolsillos humildes.

Sino hay cambios radicales en la propiedad sobre los medios de producción, sino se toca al poder real, los cambios institucionales y del marco legal e institucional del Estado no servirán de mucho. La pobreza no es una postal ni una estadística fría frecuentemente obnubilada en la mirada también fría de los intelectuales del capital.

El cambio social no será posible sino se cambian las bases materiales de la sociedad injusta pero tampoco sino se orienta un sistema educativo al cultivo del pensamiento antes que a la acumulación de conocimientos o la domesticación del consumo. El cambio social no será posible sino hay sistemas de salud que prevengan la enfermedad y no que traten la enfermedad cuando ésta ya se ha desencadenado. Tampoco será posible el cambio social sino se articula un sistema de seguridad y soberanía alimentaria que conjunte solidariamente a productores y consumidores. No es posible un cambio social sino se olvida la intención y el interés mal ocultado de privatizar los recursos de la biodiversidad, el agua, los páramos, los recursos naturales. No será posible un cambio social sino se universaliza la seguridad y el bienestar social de la población, sino se respetan los derechos individuales y colectivos, los derechos culturales y el derecho a la identidad y autodeterminación de los pueblos y nacionalidades dentro de un mismo estado plural.

Los cambios y las profundas transformaciones sociales, que demandó y mandó el pueblo con su sólida expresión de voluntad política expresada en las pasadas elecciones, no precisarían necesariamente de cambios constitucionales sino de decisiones valientes y de voluntad política. Pero suponiendo como supone la mayoría que es necesario y fundacional la necesidad de una nueva carta magna, ésta debería encarnar cambios que no se queden en el papel, sino que se constituya en la auténtica voluntad de cambio social que estamos llamados a protagonizar y defender, para que no se impidan los cambios, pero también para que estos cambios no se queden en lo institucional, en la escena, en la teatralidad del poder.

La urgencia de los cambios sociales están en los pueblos “invisibles e invisibilizados” por los medios de información que no llegan como muchos otros a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, en la sierra ecuatoriana donde vive la pobreza que la mayoría desconocemos, la urgencia está en los habitantes de los arrabales y los recintos más olvidados de la costa, en los pueblos abandonados de la amazonía, en los cinturones miserables de las grandes y medianas ciudades, en el desempleo y subempleo de muchos hombres y mujeres que inundan los buses y las avenidas. La urgencia está en la delincuencia que a parido la misma sociedad indolente y que se queja de su propio engendro reclamando la represión como única e insensible respuesta. La urgencia de la transformación radical de la sociedad está en la angustia y la tragedia de cuántas niñas, adolescentes y mujeres, hijas de los pobres del campo y la ciudad que envilecen sus cuerpos para comer y tener que llevar de comer, en fin, está en la insospechada geografía invisibilizada por los medios y las barreras del egoísmo social e individual.

Esta urgencia social de cambio es posible que, más allá de un eslogan hueco, ya sea de todos o al menos de la mayoría que confía todavía en un gobierno, que está obligado a no olvidar que lo único que los pueblos no perdonan es la traición. Por esta razón deben saber que el cambio no es institucional y legal solamente, que lo que está en juego es la urgencia de un “Estado social de justicia”, un “Estado social de transformación” en el Ecuador.

José Luis Bedón
29/11/07

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