Boletín ICCI
"RIMAY"

Editorial

El movimiento indígena y las nuevas condiciones políticas en el escenario nacional

Los nuevos procesos de redefinición política y económica en el Ecuador, abren una serie de interrogantes al corto y mediano plazo. En el corto plazo, el tiempo político está mediado, de una parte, por la participación indígena en las elecciones del mes de mayo del presente año, por la cual se renovarán los gobiernos seccionales en el país; y, de otra parte, por las expectativas generadas por el proceso de dolarización y las inevitables fracturas y conflictos sociales que conllevaría la imposición de este proceso.

Este panorama reconstituye el rol político que tenía el movimiento indígena a partir de los acontecimientos del 21 de enero, y lo inserta en una dinámica nueva, caracterizada por la recomposición política de las élites y el cambio de prioridades en el debate nacional. En efecto, los altos niveles de corrupción demostrados por el gobierno del ex Presidente Jamil Mahuad, quien dirigió toda su política económica para garantizar los intereses corporativos de los grandes grupos financieros, habían deslegitimado profundamente a la democracia ecuatoriana, desgastándola como forma fundamental de contrato social. Sobre esta base de deslegitimación social de la democracia realmente existente, el movimiento indígena pudo articular una política de alianzas con diferentes sectores de la sociedad civil, e, incluso, con sectores medios de las Fuerzas Armadas del Ecuador. La crítica radical a la democracia ecuatoriana se sustentaba a nivel social en la lucha contra la corrupción del gobierno imperante. Desde allí se logró un cierto nivel de aceptación y de simpatía de la ciudadanía que, a la larga, posibilitaron los cambios sucedidos a fines de enero. El discurso en contra de la corrupción, sin embargo, no pudo servir para articular y estructurar un discurso social que sustente respuestas reales y factibles al ambiente de incertidumbre provocado por la crisis económica. El movimiento indígena había propuesto una crítica radical a la democracia ecuatoriana, pero no había sustentado esa crítica con un proyecto creíble y legítimo de cambio social al mediano y largo plazo. La sociedad civil apoyaba la lucha en contra de la corrupción y veía en el movimiento indígena un sujeto político y un actor social con capacidad de aglutinar los diferentes esfuerzos en esa lucha contra la corrupción, pero no avalizaba el coup de force por el cual el movimiento indígena se convertiría en gobierno y en factor de poder.

El racismo y la estructura de poder, no solamente aquella estructura económica y política del poder sino incluso los imaginarios simbólicos que el poder ha ido generando en la sociedad, no permiten aún que el espacio de lo social y lo público se abran para los indígenas. La sociedad ecuatoriana se cierra frente a lo diferente, y no acepta en absoluto el reconocimiento a su identidad histórica. A pesar de todos los avances políticos del movimiento indígena, subsisten el racismo, el autoritarismo, el paternalismo, como formas de acercamiento con el mundo indígena.

Así pues, había que considerar esas estructuras de poder para articular una propuesta de cambio histórico que goce de legitimidad social. El hecho de que se haya subestimado el profundo racismo existente en el Ecuador, y de que no se haya sustentado una propuesta que genere certezas en el corto plazo sobre el proyecto nacional que se pretendía construir, definieron las condiciones políticas de los acontecimientos del 21 de enero y produjeron un vacío político en el discurso del movimiento indígena.

Ese vacío posibilitó la recomposición de las élites y de la tradicional clase política del país. Esta recomposición se da, básicamente, a dos niveles: político y económico. A nivel político se busca reconfigurar la plataforma de apoyos en el Congreso Nacional y en la opinión pública sobre la base de buscar respuestas radicales y urgentes a la crisis. De esta manera se logró la aprobación de un conjunto de leyes que posibilitan la imposición del modelo de dolarización de la economía ecuatoriana. Entre estas reformas legales cabe señalar el marco jurídico que hace posible la privatización de los sectores energéticos, de telecomunicaciones y de la seguridad social. La acción política del gobierno se complementa con el manejo estratégico del diálogo con las organizaciones del movimiento indígena y con los sectores sociales.

A nivel económico se consolida un ambiente de certidumbre económica desde la dolarización. Así, el nuevo esquema cambiario otorga certezas y un horizonte de acción a las élites, al menos en el mediano plazo. El proyecto es, en realidad, una radicalización del esquema neoliberal, y rompe las dinámicas de resistencia social por las expectativas que genera.

Este contexto se ve mediatizado por la presencia de las elecciones seccionales y la participación indígena y de los movimientos sociales en este proceso. Las elecciones seccionales tienen un ingrediente especial en la actual coyuntura: deben servir para legitimar o deslegitimar las acciones políticas del movimiento indígena ecuatoriano. En efecto, una escasa votación nacional para los movimientos políticos auspiciados por el movimiento indígena, y particularmente para el Movimiento Pachakutik, servirán como argumento para descalificar las pretensiones del movimiento indígena de constituirse en referente nacional de un proyecto alternativo.

Esta descalificación le quitará la fuerza y el capital político ganado en enero de este año, y, además, fortalecerán la capacidad política del gobierno para negociar su proyecto de dolarización y privatizaciones en condiciones de fuerza. Así, la propuesta de llevar adelante una consulta nacional por parte del movimiento indígena, para descalificar al Congreso Nacional, perderían la fuerza que tuvo en un inicio y la capacidad de movilización social estará determinada por las nuevas condiciones políticas. Estas condiciones políticas parecen establecer cierto nivel de fortaleza en las élites y en el actual gobierno, que volverían impracticable un escenario como aquel del 21 de enero del presente año. Tales son, pues, los desafíos que el movimiento indígena ecuatoriano deberá enfrentar en la actual coyuntura.