Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 6, No. 59, Febrero del 2004

Luis A. Macas

¿Qué es el ALCA?

El Area de Libre Comercio de las Américas, ALCA, es una extensión territorial hacia el sur de la NAFTA. Sus siglas en inglés. En español el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN suscrito entre Canadá, México y Estados Unidos, que entró en vigor el primero de enero de 1994, cuyo propósito es proteger los intereses de los inversionistas y precautelar, liberalizar la inversión y la presencia de las transnacionales. Esto significa que un inversionista, por el sólo hecho de serlo, se halla protegido por cierto tipo de medidas gubernamentales de cualquier nivel. Estas exigencias son obligaciones de los gobiernos y limitan la capacidad de control del Estado, de mantener y proteger el bienestar de sus habitantes, generando polémicas y controversias de carácter jurídico.

El ALCA, es la imposición de un sistema de integración de los mercados en América Latina y la protección y liberalización de la inversión internacional en condiciones absolutamente desiguales entre los países del norte y los del sur.

El ALCA, es el dominio de la escena continental por parte de los EE.UU. desarrollando una agresiva política internacional desde una acción unilateral por sobre las instituciones internacionales y nacionales para cumplir con los designios de las corporaciones, quienes en realidad son los que mantienen la hegemonía en el mundo. Es decir, se trata de la apertura irrestricta de los mercados Latinoamericanos para ubicar los intereses y las ganancias de las grandes corporaciones en la región, (con preferencias estadounidenses).

El ALCA, por otra parte sería, el perfeccionamiento de una economía SUPRANACIONAL, en cumplimiento a los propósitos y una de las metas del neoliberalismo, cuyos resultados lo estamos soportando en la cotidianidad los ecuatorianos y latinoamericanos. Entonces, el ALCA en materia de acceso a los mercados es transformar a los demás países en apéndices de la economía estadounidense, dentro de la estrategia de las grandes corporaciones multinacionales.

En materia arancelaria, la propuesta del ALCA es eliminar progresivamente, se prevé una reducción del 40% a partir del acuerdo; una segunda ronda en 5 años, eliminaría los aranceles para un 30% de las importaciones y la siguiente para un 30% restante. Pero obviamente se desconoce la necesidad de un tratamiento especial para los países menos desarrollados.

En el tema de la competitividad, no estamos, ni estaremos en condiciones de competir por más que se impongan reglas y poderes transfronterizos. En materia agrícola, se debe distinguir entre los grandes grupos de países, según sean exportadores netos o importadores netos. Los grandes exportadores tanto de productos primarios como de los productos procesados están interesados en la apertura. Mientras que los del norte: EE.UU., Canadá, buscan acceder a los mercados del sur sin levantar las medidas de protección, los subsidios a la producción agrícola y la ayuda dentro y fuera de sus mercados en abierta agresión contra los pequeños productores de los países del sur y el dominio absoluto de los mercados locales en nuestra región. Esta situación desigual elimina la capacidad de producción de los alimentos básicos de la población, y por tanto liquidaría las posibilidades actuales de potenciar la generación de la seguridad y la soberanía alimentaria en nuestros pueblos, así como agudizaría el empleo y la desocupación de la población rural provocando una incontrolable descomposición social de nuestros pueblos.

En este mismo orden, los derechos de propiedad intelectual aborda el acuerdo desde el punto de vista comercial de las grandes corporaciones sin tener en cuanta el interés público, el propósito es patentar el patrimonio biológico y genético, es decir que los patrimonios cultural y natural, conocimientos colectivos y milenarios serán registrados por las corporaciones extranjeras y estos recursos estarán al servicio de aquellos. En definitiva, los impactos sociales, ambientales, económicos y culturales son incalculables.

En el mismo contexto, EE.UU. y los demás países desarrollados no están en condiciones de desmantelar el proteccionismo, como los subsidios. Los subsidios por parte de los estados desarrollados son a la agricultura y a las exportaciones de estos productos. Por otra parte, no se regula, ni se controla las prácticas desleales de comercio, como el llamado dumping, que significa vender un producto a un precio inferior a su costo de producción, como una forma de eliminar la competencia, en franca agresión contra la débil producción interna, una agravante a la desigual apertura de los mercados en la región.

Además, América Latina y Ecuador particularmente atraviesa la crisis social, económica y política más grande de la historia y es consecuencia de la aplicación irracional de los principios y la lógica del neoliberalismo. Las comunidades y familias en el país están afectadas por la pobreza aguda que alcanza el 85% de la población y un 35% de indigentes. Las cifras de desempleo son cada vez mayores, la migración es incontenible que supera ya los 2 millones de habitantes fuera del Ecuador. Nos preguntamos entonces, si existen las condiciones apropiadas para aceptar el tipo de tratado que propone los Estados Unidos, o cabe preguntarnos si este acontecimiento a su vez resolvería la crítica situación social y económica del país.

En el orden político, se vive la total vulnerabilidad de la soberanía nacional, caracterizada por una crisis generalizada de legitimidad de la actividad política y las políticas de Estado. Hoy por hoy, las políticas de Estado, los programas de Gobierno son las recetas del Consenso de Washington, la agenda del Fondo Monetario Internacional FMI y del Banco Mundial. Ello limita la capacidad de los gobiernos para tomar decisiones, medidas para fomentar actividades productivas; la aplicación de políticas sociales coherentes, como satisfacer las necesidades fundamentales de los pueblos: salud, educación y otros servicios que para el ALCA significa liberalizar y convertirlos en mercancía. Este tratado está por sobre la legislación y la soberanía nacional.

La seguridad alimentaria con soberanía e identidad

El sector agropecuario históricamente ha sido el pilar fundamental en el desarrollo económico y social del país, cuyo aporte es superado por las remesas enviadas por nuestros compatriotas migrantes y por las divisas producto de la exportación del petróleo.

La seguridad alimentaria implica priorizar la producción agropecuaria, para generar los alimentos de primera necesidad y satisfacer las necesidades internas de la población, así como, el consumo de productos alimenticios propios, que son parte importante de nuestra gastronomía y de nuestra identidad, garantizando que los hogares de los ecuatorianos encuentren alimentos, productos saludables, nutritivos y a precios accesibles. Sin causar descuido alguno de la agricultura de exportación, o la agroindustria que de algún modo significa divisas para el país.

Creemos que no solo es importante la representatividad política del sector en mención, ante todo es necesario una consolidación de las organizaciones de base de la producción y su innovación institucional en función de mejorar la productividad. Es necesario convertir a la reactivación del agro ecuatoriano en una prioridad de Estado y en una misión colectiva. En este marco el enfoque fundamental debe ser la atención a los pequeños productores, a quienes nos proporcionan los alimentos de primera necesidad. Los sectores pequeños y medios con una extensión de menos de 10 hectáreas de tierras, son los que producen el 75% de los productos de consumo masivo para la población.

Para su reactivación se debe promover una mayor participación de los sectores públicos y privados a través de la concertación de los diversos actores y sectores involucrados, el Estado, los productores pequeños y medios, las cámaras, las Universidades, y otros sectores y actores del sector agropecuario. Para ello es necesario tomar acciones y políticas consensuadas y superar el abandono del sector, o el asistencialismo y el paternalismo orientado por parte del Estado. Hoy por hoy debe ser una alta responsabilidad colectiva, es decir, aplicar y practicar en distintos niveles del Estado la institución de la Minga.

Las condiciones necesarias que se deben considerar en este proceso, son los componentes fundamentales como, la TIERRA Y EL AGUA.

Otros elementos fundamentales para la materialización de la soberanía alimentaria con identidad a considerarse son: la defensa de la producción nacional, bajo un control estricto de la importación especulativa y el negocio informal, generación de tecnología desde la participación de los actores locales y control de los paquetes tecnológicos nocivos para el ser humano y la naturaleza. En función de superar las dificultades de la producción y la comercialización es necesario una organización sólida del sector, estableciendo cadenas productivas, agroalimentarias, agroindustriales con miras a facilitar la ubicación directa de los productos en los mercados. En este contexto, sobre el criterio de consolidar el sector en cuanto a la producción, la comercialización y a la productividad ante todo, es necesario establecer la importancia de productos primarios a productos elaborados, es decir, que el abastecimiento de los alimentos no debe limitarse a la producción agropecuaria, sino a darle el valor agregado, a industrializarlos y a mejorar las condiciones del productor y del consumidor.

En esencia la situación del agro no tendrá mejorías si no consideramos importante la tierra para el pequeño campesino, convertirlo en sujeto de crédito, la infraestructura como las vías de comunicación, y el riego campesino o el agua.

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