Boletín ICCI
"RIMAY"

Editorial

El Ecuador de fines del año 2000, configura una serie de situaciones que se constituyen como referenciales para latinoamérica. Es el primer país que anunció de manera oficial un programa de dolarización total de su economía. Asimismo, fue el primer país en entrar en moratoria en el pago de los Bonos Brady de la deuda externa, y en virtud de ello, su propuesta de renegociación constituyó un globo de ensayo para los mercados mundiales de capitales, que, gracias a la experiencia ecuatoriana, pudieron neutralizar los posibles efectos de contagio de la moratoria de la deuda externa del Ecuador.

Por otra parte, en Ecuador existe un poderoso movimiento social, liderado por el movimiento indígena, que ha provocado la destitución de dos presidentes de la república (Abdalá Bucaram en febrero de 1997, y Jamil Mahuad en enero del 2000), e incluso la conformación de un breve gobierno de carácter "popular", encabezado por militares y representantes de la sociedad civil (21 de enero del 2000). Hasta ahora, se ha bloqueado el programa de privatizaciones conocido como reforma estructural del Estado, y es uno de los pocos países que ha logrado defender su patrimonio nacional.

Estos fenómenos otorgan al país una complejidad que amerita un lectura atenta a la actual coyuntura política. En efecto, el proceso de dolarización de la economía ecuatoriana, hasta el momento la propuesta más radical en ese sentido en todo el continente, ha funcionado más bien por aspectos coyunturales que por razones estructurales de reforma económica. La dolarización en Ecuador, se sostiene más bien por los altos precios del petróleo, y por las importantes remesas que envían los migrantes residentes en el exterior. Fuera de estos dos sectores, el panorama se presenta como desolador. Los exportadores ceden posiciones en el mercado mundial frente a competidores más eficientes, y las inversiones extranjeras en el Ecuador son casi nulas.

Justamente para otorgar una aparentemente base más sólida a la dolarización, el gobierno ecuatoriano propuso una serie de medidas económicas, cuyo objetivo fundamental era la privatización total de lo público y la transferencia de recursos del Estado hacia las empresas privadas. Esta iniciativa gubernamental abarcaba una reforma a cerca de 22 leyes de la república en un solo acto legislativo. Por ello la ciudadanía denominó a esta propuesta de ley como "Trolebús II" (o también conocida como Trole II).

Para el gobierno era de fundamental importancia la aprobación de esta ley. En cierto sentido, había apostado toda su legitimidad y todo su capital político en esta iniciativa. Si la propuesta era aprobada por el Congreso Nacional, el gobierno podía emprender una agresiva política de privatizaciones y de reducción del gasto público del Estado. Las privatizaciones no comprendían solamente las empresas estatales, sino también los espacios de lo público: playas, minería, agua, tierras, recursos naturales, etc. Estas privatizaciones garantizarían el flujo suficiente de inversión para sostener la dolarización.

De hecho, la aprobación de esta ley se presentaba como fundamental e imprescindible para el régimen, por cuanto ella garantizaría la entrada de recursos frescos vía privatización, recursos indispensables para una economía dolarizada, de ahí todos los esfuerzos realizados por el gobierno a nivel legislativo para su puesta en vigencia. Pero al interior del Congreso se perfilaba una corriente de oposición, no tanto por una disconformidad con la política del régimen, sino más bien porque éste se había identificado totalmente con el partido de extrema derecha socialcristiano, asumiendo como suyas todas las disputas provocadas por este partido político.

Ello generó un ambiente de tensión en el cual se situaba en un polo el derechista partido socialcristiano, con el gobierno como principal aliado, y en el otro polo, el resto de partidos políticos. De ahí que se mantuviese un ambiente de tensión al interior del Congreso Nacional que terminaría finalmente en varios conflictos a su interior. El gobierno aprovechó justamente un impasse administrativo interno del Congreso, impasse, vale recalcar, provocado justamente por el partido socialcristiano, para lograr la aprobación de la ley "trolebús II", o Trole II, por el ministerio de ley. Es decir, en virtud de que el Congreso no había podido pronunciarse en el tiempo indicado por la Constitución sobre este proyecto de ley calificado de urgente por el ejecutivo, y una vez transcurrido el plazo para su discusión, este proyecto de ley se convertía automáticamente en ley de la república.

Esta maniobra le dio un respiro al gobierno y posibilitó que a su interior se configuren respuestas de tipo cada vez más autoritario frente a los múltiples reclamos de la sociedad civil sobre el carácter no constitucional de la ley aprobada. Es en este contexto, cuando el movimiento indígena ecuatoriano articula una nueva forma de quehacer político que reconfigura nuevamente el escenario político en el Ecuador.

Efectivamente, el movimiento indígena, realizó una serie de consultas al interior de la sociedad civil y construyó un documento de contrapropuesta a la denominada Ley "trolebús II", al tiempo que elaboró un documento por el cual demostraba fehacientemente el carácter inconstitucional de la ley aprobada. Este documento sería la base sobre la cual el Tribunal Constitucional del Ecuador, la máxima instancia en aspectos constitucionales, revisaría más tarde la ley "trolebús II" y comenzaría un proceso de debate sobre la pertinencia constitucional de la misma.

Debatir la pertinencia constitucional de la ley "trolebús" significaba un desgaste político del régimen que podía convertirse incluso en una derrota política. Así lo entendió el gobierno y de ahí su posición autoritaria frente al pronunciamiento del Tribunal Constitucional y su amenaza de llevar a juicio a sus miembros si éstos decidían la inconstitucionalidad de este cuerpo legal.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional, acogió el pedido de inconstitucionalidad de la Ley "Trole II", planteada por la Conaie, y discutió uno por uno los artículos impugnados por la Conaie. De esta manera, el movimiento indígena había logrado, de una parte, posicionar sus objetivos políticos y, de otra parte, había conseguido limitar el espacio de acción política del gobierno.

Finalmente, el Tribunal Constitucional del Ecuador acogió la mayoría de las críticas e impugnaciones que hiciera la Conaie, y declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de esta cuestionada ley. Hasta allí la coyuntura política del Ecuador. Una lectura más atenta, nos demuestra que hubieron una serie de condiciones sociales y políticas que hicieron posible que la Conaie juegue un rol fundamental en este proceso que ha significado al gobierno una grave derrota política.

La Conaie esta vez no protagonizó un levantamiento, ni amenazó con movilizaciones nacionales. Su actuación fue de tipo más estratégico y se correspondió a las condiciones políticas del momento. Después de que la Conaie había aceptado el fracaso de las movilizaciones del mes de septiembre de este año, y entrara en un proceso de redefinición política interna que culminó con la convocatoria a un nuevo Congreso Constitutivo para el próximo año, parecía que la capacidad política del movimiento indígena era restringida y limitada. La Conaie no podía convocar a un levantamiento general en contra de la ley "Trole II", ello era evidente. Pero dentro del movimiento social, era el actor con más fuerza y el que más legitimidad tenía como para presentar un recurso de inconstitucionalidad de la ley Trole II.

La revisión constitucional de la ley trole II significa, en primera instancia, un freno a la propuesta neoliberal y de privatización del régimen. En segunda instancia, la Conaie logra restringir el espacio de acción política del régimen y lo somete a un desgaste que lesiona seriamente su legitimidad. En tercer lugar, recorta las ambiciones del gobierno de capitalizar a favor suyo los éxitos aparentes de la dolarización y construir desde allí una plataforma de respaldo popular al largo plazo. En cuarto lugar, inaugura una nueva forma de lucha y de resistencia que se basa en los esquemas y mecanismos institucionales de la democracia representativa. En quinto lugar, pone en riesgo una estrategia de geopolítica de poder por la cual se buscaba crear un área dólar adscrita y bajo el control directo de los Estados Unidos, y en la cual el Ecuador jugaba el papel de mascarón de proa.

Es cierto que hubieron una serie de condiciones previas que posibilitaron esta victoria política de la Conaie. Entre ellas están: la falta de habilidad del régimen por construir apoyos legislativos mayoritarios, la recurrencia a mecanismos que deslegitiman de entrada su propuesta de ley y que son típicos de la vieja clase política ecuatoriana; su adscripción sin límites al partido socialcristiano y a las sectores vinculados a la agroexportación de la costa ecuatoriana; la prepotencia del discurso oficial de negarse a debatir con la sociedad civil los contenidos, alcances y repercusiones de esta propuesta de ley; la carencia de un proyecto político y de desarrollo al largo plazo, la intransigencia del partido socialcristiano que posibilitó la consolidación de un amplio espectro de partidos políticos en la oposición al régimen, etc.

Lo que realmente está en juego con esta ley, es la vigencia del esquema de dolarización. Si la propuesta de privatización y de reforma neoliberal del Estado no tienen mayor viabilidad, entonces está en riesgo todo el proceso de dolarización, y con él toda la legitimidad del gobierno. Si la dolarización fracasa, el gobierno pierde legitimidad, el esquema monetario perdería atractivo para la región, y la política de privatizaciones se vería nuevamente suspendida. Los inversores extranjeros no tendrían la seguridad jurídica necesaria para comprometerse con la política de privatizaciones. Y sin apoyos internos ni externos, el espacio de maniobra del gobierno se reduce, de la misma manera en que se reduce su capacidad a futuro para imponer nuevas condiciones.

Ahora bien, ¿qué implicaciones políticas a futuro tiene la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Conaie? ¿Podía la Conaie reconfigurarse políticamente a partir de esta maniobra política? ¿Si se aceptaba su propuesta de declarar inconstitucional la ley trole II, ello repercutiría en los espacios político-organizativos del movimiento indígena? Es cierto, por otra parte que el momento en el cual el Tribunal Constitucional decide apoyarse en el pedido de la Conaie para debatir la Ley trole II, reconoce la importancia política de la Conaie y con ello consolida la posición lograda por la Conaie al interior de la sociedad civil ecuatoriana.

Sin embargo, esta actuación política de la Conaie ha sido más bien discreta y no ha alcanzado las repercusiones que tuvieron los levantamientos y movilizaciones indígenas. Se inscribe más bien en la esfera de la negociación política que de una u otra manera excluye a la mayoría de la población. Indudablemente se trató de una hábil maniobra y refleja la importancia que ahora las instituciones del Estado dan al movimiento indígena.

Pero se trata de una maniobra más bien ajena a las prácticas tradicionales de la Conaie y del movimiento indígena. Dentro de la estructura organizativa de los indios del Ecuador, el diálogo cobra una dimensión fundamental. La Conaie tenía que haber articulado este tipo de recursos políticos, que son totalmente legítimos en la lucha contra un modelo de imposición y de poder, con un diálogo con las bases. Es precisamente desde el diálogo que pueden construirse los consensos. Y los consensos aseguran la participación comunitaria que legitima todo tipo de acción y propuesta.

Pero una maniobra de este tipo, hecha desde la coyuntura, y cuyos tiempos políticos están delimitados por la misma coyuntura, es decir, lo que ahora es pertinente puede dejar de serlo mañana, no se adecúa coherentemente a las prácticas políticas del movimiento indígena. Ello puede apreciarse sobre todo en las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Conaie a inicios de diciembre del presente año. Las resoluciones apuntan justamente a recrear los mecanismos de integración entre la dirigencia y las bases. Es en virtud de ello que la Conaie no ha reclamado como un éxito político la declaratoria de inconstitucionalidad de varios artículos de la ley trole II. Más que una victoria del movimiento indígena, es una prueba de fuerza para la sociedad civil ecuatoriana que tendrá que mantenerse vigilante ante las pretensiones futuras del régimen, y constituye una coyuntura que revela la complejidad del movimiento indígena, y los delgados límites entre la legitimidad y el poder.

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