Boletín ICCI
"RIMAY"

Editorial

A mediados de este año la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, entregaba a la máxima autoridad electoral del Ecuador, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), las firmas suficientes que respaldaban su pedido de reforma radical del sistema político ecuatoriano. Entre otros aspectos, el planteamiento de la Conaie propone la disolución del actual Congreso Nacional, la reestructuración total de las Cortes de Justicia, y la implantación de un sistema de representación política, según la Conaie, más democrático y más acorde a la situación nacional, amén de la reforma económica que implicaba en lo fundamental desarmar el esquema de dolarización vigente. Todos estos aspectos deberían ser parte de la convocatoria a un referéndum nacional. Esta demanda se inscribía dentro del nuevo proceso político iniciado por el movimiento indígena a partir de los acontecimientos del 21 de enero del 2000.

La reacción de los sectores oficiales a este pedido de la Conaie se enmarca dentro de una doble estrategia de desarticulación y deslegitimación al movimiento indígena. En efecto, después de los acontecimientos del 21 de enero, las elites económicas y políticas del Ecuador, centraron su interés en delimitar, dentro de un esquema de control, el efecto político del "21 de enero", y estrechar un cerco alrededor de la Conaie. Es dentro de esta estrategia, que se inscribe la iniciativa de enjuiciar a los dirigentes de la Conaie, por supuestas faltas de tipo formal en la entrega de las firmas para el plebiscito. De todas maneras, para entender esta estrategia, es necesario comprender cómo se han rearticulado las relaciones de poder y los discursos dentro del gobierno y las elites, en relación al movimiento indígena, después del 21 de enero.

Desde fines de enero hasta la víspera de la movilización indígena de septiembre, medió un tono de prudencia y de movimientos que podrían considerarse como cautelosos por parte del gobierno. Su prueba de fuego, como habrían de considerar diversos sectores de la sociedad, sería la promulgación de medidas económicas a mediados de año (junio del 2000), previas a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), acuerdo que se presentaba como requisito y garantía para una renegociación exitosa de la deuda externa ecuatoriana.

El paquete económico de ajuste que se impuso el mes de junio, es una prueba de esa prudencia que caracterizó en sus primeros meses al gobierno del Dr. Gustavo Noboa. Efectivamente, el paquete de ajuste dejaba en suspenso, al menos temporalmente, los aspectos más conflictivos de las medidas económicas: la supresión del subsidio al gas de uso doméstico y el alza desmesurada, tal como proponía el FMI, de los precios de los combustibles, del impuesto al valor agregado y de la energía eléctrica. Y, de otra parte, y por vez primera en la historia de los ajustes económicos, proponía un importante esquema de política social.

Esta prudencia le permitió al gobierno sostenerse sin mayores contratiempos en lo que se consideró una coyuntura difícil, aquella del mes de junio, y le posibilitó recomponer su estrategia de acuerdos políticos y avanzar de manera más audaz en la imposición de su esquema privatizador y neoliberal. De hecho, esta recomposición política le sirvió al gobierno del Dr. Noboa para imponer más tarde, un conjunto de reformas de carácter radical a varias leyes que instauran de manera abrupta aquello que el Banco Mundial denomina "reforma estructural", y que tiene que ver con la privatización total de lo público, es la llamada Ley Fundamental para la Transformación Económica, o conocida también como "Ley Trole 2".

Una ley de esta naturaleza, no puede imponerse si no median procesos de neutralización y control político a actores sociales susceptibles de generar inestabilidad social y provocar una oposición que termine por deslegitimar la propuesta, tal como ocurrió durante el anterior gobierno de la Democracia Popular, del Dr. Jamil Mahuad. Urgía, entonces, mantener un cierto control político sobre actores considerados fundamentales, entre ellos, quizá el más importante de la coyuntura actual, el movimiento indígena.

De allí que de la tibia repercusión social de la movilización indígena del mes de septiembre a la imposición de la denominada "Ley Trole 2", medie una especie de dialéctica perversa, por la cual la aparente debilidad del movimiento indígena se corresponde con una mayor fortaleza y capacidad de imposición por parte del gobierno. El aparente fracaso de las movilizaciones indígenas del mes de septiembre, implicaron de esta manera el fortalecimiento del gobierno y el avance de las propuestas más radicales en cuanto a privatización e imposición neoliberal.

Sin embargo, desde fines de enero, al interior de las elites del Ecuador el malestar con respecto a la importancia política y estratégica que cobró el movimiento indígena, se correspondió con una doble estrategia que buscaba deslegitimarlo , desarticularlo y reducir al máximo todo el espacio político que los indígenas habían ganado al interior de la sociedad.

Una primera estrategia, de tipo más bien pasivo, fue aquella de la deslegitimación política-jurídica del movimiento indígena a partir de un discurso que hacía de la defensa de la institucionalidad del sistema democrático el eje de su argumentación. Los indígenas, se decía, habían roto con la institucionalidad y habían pretendido imponer un gobierno de facto. Su debilidad política al no poder ganar en las urnas electorales, se expresaba en su aventurerismo político, tal era el eje del discurso. Un argumento que dejaría de tener pertinencia a partir del resonante triunfo del movimiento indígena en las elecciones seccionales y municipales del mes de mayo del presente año.

Una segunda estrategia de tipo más activo empezó a configurarse justamente después de las elecciones del mes de mayo, y por la cual se presentaba al movimiento indígena como un actor social que imposibilitaba la modernización del Estado y que carecía de propuesta política. Esta estrategia habría de volverse más radical en el paso del tiempo hasta la presentación de las firmas de respaldo por parte de la Conaie para la convocatoria a un referéndum nacional sobre la reforma política y económica del Estado.

Allí, las elites vieron una oportunidad de oro para deslegitimar públicamente a la Conaie y a sus dirigentes. En efecto, las firmas presentadas por la Conaie adolecían de serios problemas de tipo formal. La recolección de las firmas de respaldo presentadas por la Conaie, dijeron los principales voceros del TSE, mostraban varios procesos de falsificación, tergiversación, manipulación e incluso engaño. El razonamiento, entonces, era bastante simple: la Conaie había engañado al país por cuanto las firmas que se presentaron adolecían de fallas de tipo legal y formal: si la Conaie y sus dirigentes habían cometido un falta de este tipo entonces debían pagar las consecuencias. El Presidente del TSE, un militante del partido de extrema derecha, Partido Social Cristiano, PSC, en un caso inédito en la política ecuatoriana, utilizó una cadena nacional de radio y de televisión para "denunciar" las faltas cometidas por la Conaie, y pedía públicamente a la Fiscalía de la Nación que tome cartas en el asunto y que sancione a los responsables. Sobre los contenidos de las preguntas planteadas por la Conaie jamás se dijo absolutamente nada.

Se trataba de una audaz maniobra de tipo político, destinada a limitar el espacio de acción social y política de la Conaie, a través de su deslegitimación pública y, de ser posible, del enjuiciamiento penal a sus principales dirigentes. De esta manera, el Presidente de la Conaie había engañado al país, se decía, y había manipulado información de tipo legal. Su destino obvio debería ser el juzgamiento penal, manifestaba el Presidente del TSE. La Fiscalía del Estado se sumó a la iniciativa e inmediatamente abrió un proceso de investigación en contra de las principales autoridades de la Conaie.

La lógica política de las elites del poder, era que golpeando al Presidente de la Conaie, se golpeaba a la Conaie en su conjunto, y con ello se podía generar a su interior un serio proceso de descomposición política, e incluso, de luchas por el poder interno que terminarían debilitándola y a la postre dividiéndola. Una Conaie dividida es fácilmente manipulable y puede ser sometida a las coordenadas del poder. Una lógica que recuerda a aquella por las cuales el poder había logrado neutralizar y controlar a los sindicatos obreros. El pretexto estaba dado por la presuntas irregularidades cometidas por la Conaie en la presentación de las firmas de respaldo para su propuesta de plebiscito. Un pretexto por lo demás bastante intrascendente por cuanto en todo proceso de este tipo, es bastante normal que un número indeterminado de firmas recogidas en la calle adolezcan de cierto tipo de fallas. Una experiencia que la conocen casi todos los partidos políticos existentes en el Ecuador, incluido, obviamente, el PSC.

Ahora bien, casi concomitantemente con estas "denuncias" del TSE, la Conaie entra en un proceso de redefinición política interna y asume seriamente sus errores, y se autocrítica cuestionándose por la pertinencia de acciones de tipo más bien propagandístico y coyuntural, olvidando el proyecto político global y su horizonte estratégico al largo plazo. Inclusive el presidente de la Conaie es seriamente cuestionado por no haber velado por la vigencia del proyecto político al largo plazo y por haberse distanciado de las bases. La Conaie, en esta ocasión, asume sus errores y el costo político que ello implica y, quizá sin saberlo, desarma la estrategia que había sido montada en su contra desde las elites.

Efectivamente, si el Presidente de la Conaie tiene que asumir los errores cometidos, la organización indígena está dispuesta a hacerlo. En otras palabras, la Conaie es una estructura política y organizativa cuya complejidad rebasa la lectura superficial que habían hecho las elites, y en la cual la probable salida de su Presidente no resquebrajaría sus procesos internos, no suscitaría ninguna disputa interna por el poder, al menos en los términos en los que se había pensado desde las elites, y, menos aún, terminaría por dividirse o debilitarse.

En los medios de comunicación, se había ido consolidando la idea de que la Conaie había cometido un tremendo error, que rayaba en los límites de lo permitido jurídicamente, con la presentación de las firmas para llamar a un plebiscito para provocar una reforma radical del Estado Ecuatoriano.

Ahora bien, la Conaie asumía públicamente su error y declaraba que buscaría los culpables de tal proceso. Los medios de comunicación recogieron este mea culpa de la Conaie, y con ello posibilitaron la consolidación de una imagen nacional de respeto y estima hacia la organización indígena. Tal como está conformada la política ecuatoriana, era la primera vez que un actor social asumía las culpas por sus errores sin victimizarse y sin buscar chivos expiatorios. La sociedad civil reconoció este acto y vio en el movimiento indígena una madurez política que siempre había reclamado a su clase política.

Si la sociedad civil aceptaba de buen grado la posición autocrítica de la Conaie, y la veía como un referente para construir consensos en la práctica política, entonces la estrategia de desarticular a la Conaie por la vía judicial, aduciendo fallas en la recolección de firmas no tendría el impacto que se había buscado en un inicio. De esta manera, la Conaie desarmaba toda una estrategia destinada en su contra y que de haberse producido, sin duda, la habría golpeado, debilitándola.

Desde el pronunciamiento hecho por la Conaie de su autocrítica, ni la Fiscalía de la Nación, ni el Presidente del TSE, ni los medios de comunicación, siguieron con el "affaire" de las firmas, al menos hasta la fecha de edición de esta publicación. Se estableció un mutismo bastante revelador de cómo funcionan y se estructuran las tácticas del poder para debilitar a sus enemigos políticos.

En efecto, el "affaire" de las firmas presentadas por la Conaie, permite evidenciar las relaciones existentes entre los niveles institucionales y no institucionales del poder. La elaboración de discursos, la utilización de las leyes, el manejo de la información, las declaraciones y motivaciones de la "opinión pública", la manipulación de la imagen pública, la formación de los símbolos, etc., muestran hasta qué punto las estructuras de poder constituyen una totalidad orgánica que actúa estratégicamente en función de sus intereses.

Lo institucional y lo no institucional se adecúan estratégicamente a los intereses del poder, y su retórica se encamina más a justificar y legitimar la lógica del poder que aquella de la institucionalidad. Lo demuestra el caso de la Fiscalía del Estado, que ha guardado un silencio bastante cómplice con los atracos del sector financiero y con todos los actos de corrupción denunciados en el Ecuador, pero que ha actuado de manera rápida y obsecuente a la insinuación hecha por el PSC de llevar a los tribunales a los dirigentes indígenas.

La Conaie y el movimiento indígena deben tener conciencia de esta acción estratégica de todo medio escrito, visual, ideológico, semiótico o simbólico que hacen las elites para defender sus intereses. No existen medios de comunicación neutrales, ni tampoco existen discursos que no tengan cierta intencionalidad política. Asimismo, las instituciones vigentes más allá de actuar en función propia lo hacen, al menos en el Ecuador, en concordancia con los intereses de las elites y del poder.