Boletín ICCI
"RIMAY"

Editorial

Existen algunos elementos que configuran nuevos escenarios para la actual situación política, económica y social del Ecuador, uno de ellos hace referencia a la aprobación de la denominada Ley "Trole II", un conjunto de reformas a 31 cuerpos jurídicos que posibilitan la privatización del sector público en condiciones bastante onerosas para el Estado Ecuatoriano, la supresión de políticas sociales, la flexibilización laboral, entre las leyes más importantes que se han aprobado, y, de otra parte, el denominado "Plan Colombia", que abre un periodo de incertidumbres cuyo signo más evidente es la sensación de que el Ecuador ha entrado de manera gratuita en una guerra de la cual no es parte, pero que sin embargo sufrirá sus consecuencias.

Esta doble tenaza, por así decirlo, ha generado un ambiente de tensa conflictividad y en la que la sociedad civil ecuatoriana se siente rehén de intereses que escapan a su comprensión, y sobre los cuales no tiene ingerencia para decidir, o para, al menos, cambiarlos. Así por ejemplo, la decisión de otorgar una base militar en el puerto de Manta a los Estados Unidos, se tomó tras bastidores y sin que el Congreso Nacional apruebe tal tratado, y, sin la discusión y el conocimiento de la sociedad civil ecuatoriana.

De igual manera, las leyes que se aprobaron en le Ley "Trole 2", se impusieron sin que medie ninguna participación de la sociedad civil, ni de los actores directamente involucrados con la ley, como por ejemplo los sectores sindicales, los sectores agroexportadores, etc., y, ni siquiera, con la aprobación del Congreso Nacional. De esta forma, la democracia ecuatoriana se va revelando como un mecanismo social que articula formas discursivas basadas en la retórica de la democracia y la modernización para garantizar el dominio de las élites económicas y políticas sobre el conjunto de la sociedad.

En Ecuador, el discurso de la democracia ha servido hasta ahora como coartada para frenar, justamente, la posibilidad de abrir el espacio de lo social a la participación pública en condiciones de transparencia, equidad y justicia. Los mecanismos que legitiman la democracia existente en el Ecuador, paradójicamente, aseguran la exclusión, perpetúan el autoritarismo y son propensos a generar formas clientelares, paternalistas y patrimonialistas de asumir la política.

Así por ejemplo, mientras que la Carta Fundamental recoge los Derechos Colectivos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, garantizando su integridad del territorio, su cultura y su medio ambiente, la recientemente aprobada Ley "Trole 2", hace tabla rasa de estos derechos y garantiza las prerrogativas de los sectores madereros, mineros, empresas petroleras, empresas dedicadas a la agroexportación, etc., por sobre cualquier otra consideración.

El Estado Ecuatoriano, a pesar de haber incorporado los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas a su Constitución, y a pesar de haber aprobado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, por la cual se reconocen los derechos de los pueblos ancestrales, hasta el momento no ha realizado ningún esfuerzo, ni ninguna iniciativa, por armonizar los cuerpos jurídicos existentes con los Derechos Colectivos.

Empero, todo el ordenamiento jurídico existente, así como todas las formas de regulación social, se subordinan de manera inmediata a los nuevos requerimientos políticos y económicos de las élites, quienes han impuesto sus necesidades particulares como tareas históricas a ser asumidas por toda la sociedad. El discurso que legitima y justifica esta manipulación social es aquel de la modernización.

Para este discurso, se comprende a la modernización como la estrategia destinada a incrementar la productividad nacional garantizado el aumento del nivel de vida del conjunto de los ciudadanos. De esta manera, y a partir de esta concepción, se ha generado todo un universo simbólico en el cual la modernización es casi un fetiche por el cual los graves y estructurales problemas de la sociedad ecuatoriana podrían resolverse rápidamente.

Sin embargo, las élites han articulado alrededor de la idea de la modernización y la supuesta necesidad histórica de imponerla, una retórica por la cual la única posibilidad de modernizar el país sería transfiriendo la regulación social y la asignación de recursos a los mecanismos de mercado, y, por ende, entregando las funciones, servicios, infraestructura y empresas del Estado al sector privado, un sector que para el caso del Ecuador se ha caracterizado por su alta ineficiencia, sus altos niveles de corrupción y su carácter predatorio del medio ambiente.

Así, este "déficit de democracia", asume características dramáticas en el Ecuador de inicios de milenio. Porque el modelo vigente, no solamente perpetúa y agrava las condiciones de marginamiento, exclusión y conflictividad social, sino que en los actuales momentos existe el riesgo real de involucrar al Ecuador en un conflicto militar de carácter regional a través del "Plan Colombia", y en el cual el discurso de combatir al narcotráfico se constituye más bien como un discurso pantalla que sirve para proteger las estrategias de la geopolítica del poder.

Es una tarea urgente, entonces, dotar de contenidos democráticos al actual sistema. A pesar de que éste se dice democrático, es fundamental construir esa democracia, y ello solamente puede darse con una participación decidida de la sociedad civil ecuatoriana. El movimiento indígena propuso a inicios de la década de los 90's, discutir sobre el carácter plurinacional del Estado ecuatoriano, y la necesidad de reconocer al Otro a través de la interculturalidad.

A lo largo de la presente década, el movimiento indígena ha sumado voluntades y se ha constituido en el eje de un poderoso movimiento social, que hasta el momento han impedido la subasta de los bienes públicos, a nombre de la modernización. El movimiento indígena, en numerosas oportunidades ha expresado estar de acuerdo con la modernización, pero concibiendo el término en su acepción original, es decir, transformar las caducas estructuras políticas y económicas, que han garantizado diversas formas de explotación y de dominación, por nuevas formas de relación social en las cuales primen el respeto, la equidad, la transparencia, y que aseguren la participación en igualdad de oportunidades de todos los miembros de la sociedad.

Solamente en esos términos podría construirse una sociedad verdaderamente democrática. Tal ha sido uno de los aspectos en los que más ha insistido el movimiento indígena ecuatoriano.