Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 13, No. 153, Diciembre 2011

Las última jugadas políticas del gobierno

Natalia Sierra

El gobierno de la Revolución Ciudadana ha realizado en los últimos meses del año algunas jugadas en su tablero político, que dicen mucho sobre la anunciada “radicalización de su revolución”:

Despido masivo de trabajadores públicos

En el mejor estilo neoliberal, los “revolucionarios” de Alianza País pusieron en marcha el despido ilegal e inconstitucional de cientos, miles de trabajadores públicos, la mayoría de los cuales pertenecen al área de la Salud.  Es curioso, por decir lo menos, que el gobierno de la Revolución Ciudadana haga efectiva en toda su radicalidad las políticas del Consenso de Washington que los gobiernos declaradamente neoliberales no pudieron hacerlo. Cabe preguntarse: ¿si la anunciada “radicalidad de la revolución” es en realidad la radicalización de las políticas neoliberales?

Cuando el gobierno de Sixto Duran Ballén empezó con la compra de renuncias en el sector público, hubo presiones a los empleados para que se acojan a dicha política, sin embargo no llegaron a la violencia con que la Revolución Ciudadana ha aplicado la política de la renuncia obligatoria. El absurdo semántico contenido en la expresión “Renuncia Obligatoria” muestra en su ejercicio práctico su violenta realidad. Queda claro que la única manera de ejecutar esta absurda afirmación es en su literalidad fáctica: ir con la fuerza pública y obligar a los trabajadores a renunciar, amenazándoles con la cárcel e incluso, como el caso del Dr. Jijón amedrentándole con las armas del GIR.

Esta infame violación a los elementales derechos humanos, que la Constitución del Ecuador reconoce, es imperdonable e inaceptable. Cómo es posible que la Constitución garantista, que los ecuatorianos aprobamos, sea vilmente burlada por un gobierno que comete semejante crimen en contra de los trabajadores. Porque no otra cosa es la política de las Renuncias Obligatorias, sino un crimen de Estado. No solo los asesinatos extrajudiciales que el Estado ecuatoriano ha cometido a lo largo de su historia en contra de la disidencia política son crímenes de Estado. Es un crimen dejar a miles de familias sin el recurso para su subsistencia, a niños sin alimento, educación, quizás sin vivienda. ¿Acaso esto no es un crimen? ¿No se supone que el Estado tiene que garantizar el trabajo para todos los ecuatorianos?

¿Qué mueve tamaño atropello a los derechos humanos?:

¿Dejar puestos libres para reemplazarlos con trabajadores jóvenes con contratos eventual sin ninguna seguridad laboral. Jóvenes trabajadores que estarán obligados a jurar fidelidad al proyecto de la Revolución Ciudadana, si quieren conservar su trabajo?

En el caso del área de la Salud ¿hacer una transferencia directa de los recursos del Estado a la empresa de salud privada?,  pues como se ha anticipado los médicos especialistas despedidos podrán trabajar de forma particular en los hospitales y clínicas privadas, las mismas que van a dar servicio de “ayuda” que el Estado tendrá que pagar a los costos de la empresa médica privada.  ¿Será acaso para esta negociación que buscan subir los impuestos?   O ¿se está privatizando la salud “disimuladamente”?

¿Se quiere descabezar la organización de los trabajadores públicos despidiendo a sus dirigentes?,  ¿Se quieren librar de los funcionarios que han denunciado malos manejos de la actual administración?

Se ha dicho que los trabajadores despedidos son corruptos, si esto fuese verdad entonces ¿por qué no se les ha hecho sumarios administrativos y se les ha enjuiciado?, ¿por qué se les indemniza? Si la política es acabar con la corrupción en la función pública ¿por qué no se empieza dando ejemplo con los funcionarios que han entrado con esta administración y que han estado y están involucrados en actos de corrupción?

No hay argumento válido para esta violación a los derechos de los ecuatorianos, es simple e indignantemente una atropello de la Revolución Ciudadana, en función de los intereses económicos y políticos de los grupos de poder articulados a este proyecto.

Encarcelamiento a dirigentes populares

Dentro de la política de criminalización de la lucha social que aplica la Revolución Ciudadana, en estas últimas semanas se apresó a dos compañeros dirigentes populares: Compañero Marco Guatemal de la FICI y el compañero Leonardo López de la Federación de las Organizaciones Campesinas e indígenas del Azuay. Compañeros acusados de sabotaje y terrorismo por su compromiso por la defensa de los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades y por la defensa de la naturaleza. Mientras se persigue y criminaliza a los dirigentes populares, la Revolución Ciudadana en la persona del “Presidente Rafael Correa ha mencionado la posibilidad de indultar, o aplicar una ley de gracia, a los seis militares colombianos, responsables de la operación Fénix, si fueran condenados en Ecuador por el bombardeo de Angostura, ocurrido el 1 de marzo de 2008, en el que murió el líder de las FARC, Raúl Reyes.”[i]  Según dice el Portal del Ciudadano el presidente Correa sostuvo: “La justicia en Ecuador, como en Colombia y como en todo Estado de derecho, es autónoma, entonces, qué puede hacer el estado ecuatoriano respecto a aquello que acabarse el proceso judicial y luego, si hay sentencia condenatoria, en aras de las buenas relaciones entre los países, podemos hablar de indulto, de ley de gracia, algo, pero yo no puedo, como Ejecutivo, interferir en un proceso judicial en marcha.”[ii]

No es necesario siquiera interpretar esta declaración, ella habla sola. Se piensa indultar a militares colombianos que participaron en un ataque ilegal e ilegítimo que violó la soberanía nacional, mientras se ha iniciado más de doscientos juicios por terrorismo a indígenas, mujeres, campesinos ecuatorianos que luchan por defender la vida y la dignidad. Esta es la radicalización de la Revolución Ciudadana, dar las espaldas y combatir al pueblo ecuatoriano y acercarse a Gobiernos de extrema derecha como el colombiano.

Reajuste al gabinete

En este contexto, en el cual las políticas que está implementando la Revolución Ciudadana no muestran sino su clara filiación al proyecto político de la derecha capitalista, en su acostumbrada manipulación política-ideológica hace un “reajuste al gabinete”. Un  movimiento de fichas para asegurar la continuidad del proyecto en función del año electoral que se avecina. En este nuevo movimiento de fichas se observa una intención que parece buscar dos cosas:

Por un lado, control en base a un plan de inteligencia política que garantice seguridad para el gobierno en un ambiente de creciente malestar social, debido a las políticas antipopulares que se han venido ejecutando. Para esta tarea se ha designado a Raúl Patiño conocido muy bien por escándalos como el “Foco Ladrón”.

Por otro lado, control de las organizaciones sociales en base a mantener y radicalizar la política de divisionismo, manipulación y chantaje que se ha venido sosteniendo contra las organizaciones sociales y populares. Para este trabajito se ha escogido a dos personajes que servirán en dos sentido: i Betty  Tola, Ministra Coordinadora del Aérea Política, encargada de “tender puentes” con las organizaciones y movimientos sociales básicamente la CONAIE. Quizás supongan que porque fue vicepresidenta de Pachakutik pueda hacer mejor el trabajito  con el movimiento indígena para neutralizar su lucha. ¡¡ Más novedoso es la designación de  Mireya Cárdenas, ex militante de AVC, al frente de la Secretaría de Pueblos. Según dice la presa la tarea central de Cárdenas será conseguir que las agrupaciones de jóvenes, mujeres e indígenas rodeen al gobierno[iii], en función de las próximas elecciones. Está claro que se quiere usar la historia política de Cárdenas para dar un maquillaje de izquierda al gobierno, pues la nueva Secretaria no tiene ninguna cercanía con las organizaciones sociales, es solo un golpe publicitario en la política de manipulación ideológica al pueblo, acostumbrada en el actual gobierno.

Vale la pena aclarar que la participación de Cárdenas es a nombre personal y no a nombre de la organización AVC que hace tiempo dejó de existir. Aclaración necesaria que protege la memoria de los compañeros caídos en la época del gobierno Social Cristiano de Febres Cordero, quienes por su convicción de lucha nuca hubieses participado en un gobierno antipopular. Con esta aclaración Cárdenas deberá sumir su responsabilidad, pues la única manera de que sea coherente con su pasado es que exija desde la Secretaria de Pueblos que se suspendan todos lo juicios de terrorismo y sabotaje contra los compañeros campesinos e indígenas, y que se termine la criminalización de la lucha social. Pero sabemos muy bien que si hiciera lo justo sería inmediatamente separada del gobierno y no tendría sentido que haya aceptado ser parte del mismo, en el momento en que no hay duda de que su proyecto es un proyecto de la derecha capitalista.

Los otros cambios son parte de la misma política que se ha venido sosteniendo y servirán para que los funcionarios trabajen en función de radicalizar la Revolución Ciudadana, digamos de radicalizar la política antipopular.

[i] Portal Oficial El Ciudadano
[ii] Portal Oficial El Ciudadano
[iii] El Comercio viernes 13 de Noviembre

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