Boletín ICCI
"RIMAY"

Tras las elecciones seccionales en Ecuador,
Los campos en lucha están frente a frente

Por: J. A. Montenegro

Los ecos del 21 de enero, cuando una movilización indígena y el pronunciamiento de un grupo de coroneles jóvenes forzó la salida del ex - presidente Jamil Mahuad, resonaron en las urnas el domingo 21 de mayo. Aún cuando los tribunales electorales provinciales no terminan de dar los resultados finales, ya es claro que las elecciones seccionales en Ecuador mostraron palpablemente a un país profundamente dividido, con las fuerzas contendientes frente a frente.

Se ha resaltado el triunfo del socialcristiano Jaime Nebot en la Alcaldía de Guayaquil, la ciudad más poblada del país, y del general Paco Moncayo, candidato socialdemócrata para la Alcaldía de Quito. Pero otro gran triunfador fueron Pachakutik y el movimiento indígena, que experimentaron un salto espectacular en las provincias de la sierra y del oriente.

En la costa resultaron triunfadores el Partido Socialcristiano del ex presidente Febres Cordero (1984-1988) y el Partido Roldosista (de Abdalá Bucaram, removido de la presidencia por una masiva movilización social en febrero de 1997, tras apenas 6 meses en el gobierno). Por el contrario, en la Sierra, la votación se volcó hacia la izquierda y el centroizquierda (por un lado, Pachakutik y la alianza entre el Movimiento Popular Democrático y el Partido Socialista; por otro lado la Izquierda Democrática -socialdemócrata) . La división político-electoral del 21 de mayo reprodujo prácticamente la misma fractura social que habíamos presenciado apenas cuatro meses atrás.

Del levantamiento del 21 de enero a las elecciones del 21 de mayo

Después del 21 de enero, el nuevo gobierno de Gustavo Noboa, vicepresidente de Mahuad, instalado en el sillón gubernamental por los generales del Alto Mando, había reafirmado la dolarización de la economía ecuatoriana, anunciada por su predecesor, así como la aceleración de las privatizaciones y la aplicación de un duro programa de ajuste.

La caída de Mahuad había empujado a los grupos empresariales a reagruparse, y esa nueva alianza se expresó de modo claro en la conformación del gabinete, en el que alternan grandes empresarios: madereros floricultores, mineros, textileros, pesqueros, ocupan ahora los ministerios. Con ese capital, y el respaldo del gobierno norteamericano, el gobierno de Noboa no ofrecía más cambios que algunas políticas sociales que no llegaban a cuajar más allá de las promesas y de los discursos.

Mientras tanto, el afianzamiento de la dolarización impulsó los precios hacia arriba, a ritmos hasta entonces desconocidos en la economía ecuatoriana. Incluso una entidad oficial, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reveló a fines de abril que el costo de la canasta básica se había incrementado en 50% en apenas cuatro meses. En enero se situaba en 4 millones de sucres (unos 160 dólares), mientras que en abril se situaba ya sobre los 6 millones (240 dólares). No obstante, los salarios se mantenían por debajo de los 50 dólares al mes. Para completar el panorama, el 15 de abril se duplicaron los pasajes del transporte público.

Por otro lado, el gobierno y el Alto Mando de las Fuerzas Armadas tenían dificultades para "cerrar la herida" dejada por la sublevación de los coroneles. Al anuncio inicial de un juicio rápido y castigo para los implicados en el levantamiento siguió, de inmediato, el inicio de juicio para los dirigentes sociales que aparecieron públicamente a la cabeza de la movilización. Sin embargo, al poco tiempo, Noboa y su ministro de Defensa solicitaron al Congreso que apruebe una amnistía política para todos los encausados. El viraje sólo podía reflejar la inquietud que se mantenía al interior de las Fuerzas Armadas, especialmente en el Ejército.

En ese ambiente, el gobierno negociaba una nueva carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Como era fácil de prever, dicha carta contenía promesas de privatizar las empresas estatales de petróleo, energía eléctrica y telefonía, así como la seguridad social. Especialmente, la carta de intención fijaba la aplicación de un riguroso paquetazo que incluía incrementos en el gas de uso doméstico, en los combustibles y en la energía eléctrica. En junio, los precios debían incrementarse un 60%, para subir después otro 20% en octubre y un 20% adicional en diciembre. Asimismo, se establecía que los recursos provenientes de los créditos internacionales deberían utilizarse para completar el "salvataje bancario", y capitalizar la banca privada que, en quiebra, pasó a ser administrada por el Estado. Una vez saneados, los bancos serán entregados nuevamente a manos del capital privado.

En estas condiciones, nada de extraño tenía que los diálogos entablados por el gobierno con la CONAIE (Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas) y con otras organizaciones sociales fuera de tumbo en tumbo: las promesas gubernamentales daban rodeos y acababan siendo de poca monta. Este fracaso precipitó la renuncia del Director del "Gran Acuerdo Nacional" y, poco después, la del mismo Ministro de Gobierno.

Al mismo tiempo, circulaban rumores que hablaban de la inminencia de un golpe militar. De dos golpes, en realidad: por un lado, una reedición del 21 de enero; por otro lado, un contra-golpe de la derecha, alarmada por la resistencia social que hasta ahora continúa retrasando sus planes políticos y sus negociados.

En fin, los conflictos que desataron las movilizaciones de enero no se habían siquiera atenuado. Desde entonces, habían estallado huelgas y movilizaciones entre los trabajadores de la salud, los maestros, los empleados públicos y los afiliados al Seguro Social Campesino. Y el ambiente social había recibido en alerta el anuncio presidencial de que las medidas económicas se dictarían después de las elecciones.

El 21 de enero en las elecciones

De manera que las elecciones de mayo no podían contenerse en las simples fronteras de una renovación de los gobiernos seccionales, pese al esfuerzo realizado por los principales partidos tradicionales. Por fuerza debían expresar cómo la conciencia social se ubicaba frente a las luchas sociales contra el neoliberalismo, las privatizaciones, la dolarización, el alza del costo de la vida, el empobrecimiento, la corrupción y el paquetazo anunciado.

Por eso, los principales desplazamientos electorales ocurrieron en las zonas donde se había producido una mayor participación popular en el levantamiento del 21 de enero: la sierra y la amazonía.

La derecha socialcristiana y el populista partido Roldosista (de los ex presidentes Febres Cordero y Bucaram, respectivamente) mantienen su control ideológico y político sobre la población de la Costa y se repartieron, solitarios, las alcaldías y las prefecturas provinciales en esa región. Los socialcristianos ganaron la Alcaldía de Guayaquil con Jaime Nebot, el delfín de Febres Cordero, pero los roldosistas obtuvieron cuatro de las cinco prefecturas provinciales. En este panorama, el único lunar fue establecido por el triunfo del candidato del Movimiento Popular Democrático (MPD, ex maoístas) en la Alcaldía de la pequeña ciudad de Esmeraldas (de la provincia del mismo nombre, situada en la frontera con Colombia).

En la sierra y en el oriente, por el contrario, la gran derrotada fue la Democracia Popular (demócratacristiana, del recientemente destituido Mahuad), que perdió la Alcaldía de Quito, cuyo control había mantenido por 12 años. Los quiteños, especialmente en los barrios populares, volcaron su apoyo al candidato de la Izquierda Democrática, general Paco Moncayo.

Moncayo, ex jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas, era diputado el 21 de enero, y junto a su coideario el general René Yandún, fueron los únicos parlamentarios que renunciaron a su curul como muestra de respaldo al levantamiento. Restituido el orden, el Congreso los destituyó y la Ministra Fiscal de la Nación pidió su enjuiciamiento. Yandún, también candidato de la ID en estas elecciones, ganó la prefectura de la provincia del Carchi, fronteriza con Colombia.

Sin embargo, la Izquierda Democrática obtiene menos puestos que los que había ganado en las elecciones de 1996. La causa es el crecimiento experimentado por Pachakutik. Este movimiento, ligado a la Conaie, obtuvo un triunfo sin precedentes. Con resultados aún parciales, obtuvo 5 prefecturas provinciales, 3 en la sierra y dos en el oriente, y logró 27 alcaldías, repartidas, también, en las provincias andinas y amazónicas. Más aún, dos indígenas que participaron activamente en enero fueron elegidos alcalde de Guaranda, en la provincia de Bolívar, y prefecto de Cotopaxi.

En cambio, en las provincias de Cañar y Azuay, resalta la alta votación obtenida por la alianza entre el MPD y el Socialismo, que triunfó en la prefectura de Cañar y en la Alcaldía de su capital, Azogues. En Azuay, aunque la prefectura fue retenida por la Democracia Popular, y la Alcaldía por Nuevo País, el mayor crecimiento fue el de esta alianza MPD-PSE. Finalmente, amplias alianzas de centroizquierda, que incluyeron a la Izquierda Democrática, Pachakutik, MPD, Socialismo y Nuevo País, obtuvieron las alcaldía de las ciudades andinas de Ibarra, Ambato y Riobamba.

En fin: el 21 de mayo reflejó electoralmente la polarización social y política que el 21 de enero había mostrado de modo más explosivo, y la situó como una fractura regional. Las fuerzas antagónicas repasan sus fuerzas y toman posiciones.

Así que, cuando en la noche del jueves 25 de mayo, el gobierno anunció las medidas, estas fueron menos drásticas de todo lo que se había anunciado. Aunque subió la gasolina, el precio del gas permanece congelado, al menos por otros tres meses, y se anunciaron incrementos salariales de hasta 60%. Está por verse si con esto logrará desactivar la movilización social que, el miércoles 24, en nutrida asamblea había anunciado que no desmayaría hasta derrotar a la dolarización, a las privatizaciones y a la pobreza. Están por verse los pasos que dé la derecha. Cada paso que se da, al parecer, nos acerca a la confrontación decisiva.