Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 12, No. 137, Agosto del 2010

El estado-gobierno contra los Yukpas

282 días llevan retenidos en las intalaciones del fuerte militar Macoa, Machiques de Perijá región de interés minero trasnacional

Indígenas Yukpas de Perijà toman el Tribunal Supremo de  Justicia en Venezuela ante la posibilidad de que el Estado legisle con leyes ordinaria el destino de tres caciques que podrían ir a prisión por un conflicto manipulado que sirvió para frenar el proceso de auto-demarcación de sus territorios.

Sociedad Homo et Natura

Durante décadas la criminalización deliberada de la región de Perijá ha sido una táctica recurrente  que ha servido de plataforma  a  viejos planes de militarización de la zona que acompañan el interés minero-carbonífero trasnacional   en los territorios indígenas Yukpa, Barí y Wayuu de la Sierra de Perijá, en Venezuela.

El pasado 13 de Octubre de 2009 un enfrentamiento intra-étnico sin esclarecer, que involucró a dos caciques indígenas Yukpa que lideraban el proceso de autodemaración de sus territorios en la cuenca del Río Yaza, sirvió para que en un proceso judicial  viciado fueran asilados de sus territorios y encarcelarlos en un fuerte militar  violándoseles todos sus derechos civiles y culturales, y poniendo fin con ello  al movimiento de autodemarcación de territorios que lideraba esta etnia ante el retrazo gubernamental de demarcar los territorios de los que fueron despojados por las petroleras y hacendados de la región.

Esta semana los familiares y miembros de las comunidades indígenas Yukpa Chaktapa y Guamo Pamocha, toman indefinidamente la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, para exigir al Estado venezolano que los caciques Olegario Romero, Sabino Romero y Alexander Fernández sean juzgados por las autoridades indígenas de la etnia, por considerar que el viciado proceso judicial guarda de trasfondo un juicio político y el mensaje de pagar caro la avanzada en la recuperación de sus territorios.

Juicio Montado

Desde el 23 de octubre de 2009 hasta el día de hoy Sabino Romero, Olegario Romero y Alexander Fernández están. recluido en el Fuerte Macoa de Machiques, 12 Brigada de Caribes comandada por el General Mateo Rafael Adames Weiland (sustituto del célebre Izquierdo Torres) nefasto lugar donde se encuentran, los enemigos militares más acérrimos del pueblo Yukpa y en especial de Sabino quien siempre se les enfrentó como líder su comunidad ante los vejámenes típicos de los pueblos de fronteras.  Allí sólo se les permiten visitas de su mujer e hijos sábado y domingo, y sus abogados lunes y viernes, nadie más los puede visitar, les suministran agua sucia y contaminada, y poca comida. Periódicamente Sabino es sometido a tortura sicológica.

A Sabino se le acusa de Homicidio Calificado por Motivos Fútiles e Innobles, en Grado de Determinación, en prejuicio de la adolescente Meriña Romero (muerta) y, al igual que a Alexander Fernández Fernández, de Homicidio Calificado por Motivos Fútiles e Innobles en Grado de Frustración y en Complicidad Correspectiva, en prejuicio de Juan de Dios Castro (herido) y el adolescente Manuel Segundo Romero (herido), a Alexander también se le acusa de Homicidio Calificado por Motivos Fútiles e Innobles en prejuicio de Meriña Romero y lesiones Personales en prejuicio de Eddy Romero. A Olegario se le acusa Homicidio Calificado por Motivos Fútiles e Innobles con Complicidad Correspectiva en prejuicio de Ever Romero (muerto) y Homicidio Intencional en Grado de Frustración y con Complicidad Correspectiva en prejuicio de Sabino Romero Izarra, de los niños, su hija Marilin Romero y sobrino Edixon Romero.

A los tres dirigentes indígenas se les acusa del delito de Agavillamiento. Pero el hecho más curioso de estas infundadas acusaciones del Estado materializadas en los  siete fiscales públicos que el Ministerio les impuso está expresado en el hecho que a Sabino para el mes de octubre de 2009 se le acusaba del delito de Robo Agravado de Ganado en Grado de Frustración previsto y sancionado en el artículo 7 de la Ley Penal de Protección a la Actividad Ganadera ante el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control del Municipio Rosario de Perijá, pero al no presentar pruebas los fiscales en el mes de diciembre de 2009 para ir a la Audiencia Preliminar el 15 de enero de 2010, quedó sin efecto dicha acusación, es decir fue un vil montaje estructurado contra Sabino por sectores del Gobierno, de ganaderos de Machiques, de parceleros liderizados por Oscar Carrillo y los medios de comunicación regional; a quien a demás se le acusaba públicamente de violador y ladrón de enseres. Pero en la zona ha continuado el abigeato y los lideres Yukpa continúan rechazada la Contra Propuesta de Demarcación que presentó el Estado gobierno a través de la comisión de demarcación de las tierras indígenas.

Las pruebas realizadas de Experticia de Análisis de Trazo de Disparo (A.T.D.) no resultaron pruebas contra Sabino, Alexander u Olegario, tampoco es prueba alguna determinar con certeza científica quién mató o hirió a quien en el supuesto recorrido balístico presentado por el CICPC en estos parajes casi a las ocho de la noche.   Sabino recibió cuatro impactos de proyectiles, todos por la espalda en la huída la noche del conflicto cuando comenzaron a detonarse armas que nadie ha precisado su origen y dirección.

Sabino tubo nueve días secuestrado por el Ministro de Relaciones Interiores y Justicias desde 14 de octubre de 2009 cuando fue trasladado por cuatro funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), previa tortura sicológica, y más de sesenta efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército del Hospital Coromoto de Maracaibo para recluirlo sin orden alguna en el Hospital Militar de esta misma ciudad y posteriormente en las misma condiciones de ilegalidad fue trasferido a la Primera División de Infantería del Ejercito Bolivariano de Venezuela, para así presentarlo el 23 de octubre al Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control del Municipio Rosario de Perijá.

El trasfondo

El Ministerio de Interior y de Justicia quien lleva a cargo un mega proyecto para la región, designó sietes fiscales del Ministerio Público con sede en Maracaibo y Machiques de Perijá del estado Zuliacontra el caso:  Víctor Raúl Valbuena, Abigail José Rodríguez Jiménez, Jhovan Molero García, Marco Antonio Perrota, José Luis Rincón Rincón, Ana Cecilia Lugo Gil y Santa de Jesús Frascarella Villalobos, todos para imputar a dos de los dirigentes indígenas más representativos del pueblo Yukpa en su lucha por hacer valer la autodemarcación y recuperación de su territorio originario, a saber los Caciques Sabino Romero Izarra de la comunidad Chaktapa y Olegario Romero Romero de Guamo Pamocha, así como al indígena Wayuu Alexander Fernández Fernández de la comunidad Yukpa Kusare.

Estas actuaciones del Estado gobierno se impusieron a través de la Jueza Judith Esperanza Rojas del Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control del Municipio Rosario de Perijá y posteriormente a través de los Jueces Juan José Barrios, Gladis Mejías Zambrano y Rafael Roja Rosillo de la Sala 2 de la Corte de Apelación de Maracaibo al negar la competencia de la Jurisdicción Indígena Yukpa para conocer del caso tal como lo argumentaron sus abogados Ricardo Colmenares y Leonel José Galindo. Ahora bien, por considerar que el Estado burgués está violando los derechos colectivos del pueblo Yukpa sus abogados introducirán en enero un recurso de Amparo Constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Es evidente y notorio como el Ministerio Publico y el Poder Judicial han manipulado y simulado todas y cada una de las fases o actos del juicio ilegal impuesto a los indígenas Yukpas: SABINO, OLEGARIO y ALEXANDER  miembros activos y de vanguardia en todo el proceso de auto demarcación de los territorios indígenas en el piedemonte de la Sierra de Perijá del Estado Zulia, desconociendo el derecho indígena propio y la jurisdicción especial indígena, a pesar de estar contenidos expresamente en los Artículos: 9, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 y 260 de la tantas veces violada Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, sin obviar la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), y las resoluciones internacionales del Sistema Americano y Universal aprobadas  como Ley Especial por la Asamblea Nacional.

El derecho de los pueblos indígenas

Los pueblos o naciones indígenas exigen para poder existir como pueblos diferenciados que el Gobierno nacional venezolano les reconozcan los derechos colectivos Territoriales y la aplicación de la Justicia Indígenas propia de cada pueblo, así como a sus derechos a la Libre Determinación, Autonomía o Autogobierno, a participar en la Adopción de Decisiones en las cuestiones que afecten a sus vidas, culturas y derechos, a poseer, utilizar, desarrollar y controlar los Recursos en sus Territorios, así como sus instituciones tradicionales sociales, políticas, jurídicas, económicas y religiosas.

Esta situación etnocida venezolana es una de las pruebas más de la práctica etnofágica que se practica en América Latina por los Gobiernos, donde el Estado digiere o desaparece como pueblos diferenciados los pueblos y culturas indígenas, fenómeno este estudiado por Héctor Díaz Polanco en su libro Elogio de la Diversidad. El racismo de los Estados Nacionales ya no los asesinan, principalmente se los comen como pueblos diferentes, tal como hoy pretende en Venezuela estos fiscales y jueces, ante el silencio cómplice nacional y de los señores diputados indígenas.

El TSJ ha sido incapaz de pronunciarse ante el Amparo Constitucional introducido hace 4 meses por los abogados defensores del caso. Un Amaparo que de ser admitido o no, determine si el Estado venezolano juzgará con leyes ordinarias el destino de estos líderes Yukpas y violará con ello su propia Constitución.

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