Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 10, No. 112, julio del 2008

Seguridad, defensa y nueva constitución ecuatoriana

Alejo Vargas Velásquez*

Concluyó sus tareas la Asamblea Nacional Constituyente ecuatoriana con la aprobación del texto de la nueva Constitución que consta de 444 artículos y 30 disposiciones transitorias, la cual debe ahora ser llevada al escrutinio democrático a través de un referéndum el 28 de septiembre próximo. La Constitución fue aprobada con el voto a favor de 94 asambleístas de los 130 que conformaban la Asamblea –la apoyaron Alianza País, Movimiento Popular Democrático, Pachakutik y cuatro independientes que pertenecían al Partido Sociedad Patriótica-. Se opusieron el Partido Social Cristiano, el Partido Renovador Institucional Acción Nacional, el Partido Sociedad Patriótica  y los movimientos UNO y Futuro Ya.

 Para el Presidente Rafael Correa en su discurso al recibir la Constitución, el destino de Ecuador está escrito en sus constituciones y anota, “La acción colectiva democrática, solidaria, es indispensable para superar esas barbaridades que estableció la Asamblea de 1998, que instituyó el neoliberalismo en  la verdadera  arma de destrucción masiva que destruyó tantas vidas, que permitió el atraco bancario más grande de la historia”. Para muchos analistas esta es una constitución hiperpresidencialista al situar en el ejecutivo una serie de competencias en relación con la política económica y modificando la tradicional autonomía del Banco Central, derivada de las recomendaciones del Consenso de Washington.
 
En lo relacionado con la seguridad y la defensa se establece que son atribuciones y deberes del Presidente de la República (Art. 171): “Velar por el mantenimiento de la soberanía nacional y por la defensa de la integridad e independencia del Estado; ejercer la máxima autoridad de la fuerza pública, designar a los integrantes del alto mando militar y policial, otorgar los ascensos jerárquicos a los oficiales generales y aprobar los reglamentos orgánicos de la fuerza pública, de acuerdo con la ley; asumir la dirección política de la guerra; mantener el orden interno y la seguridad pública.”
 
Y en el capítulo de la Fuerza Pública se establece (Art. 183) que “La fuerza pública estará constituida por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional…Las Fuerzas Armadas tendrán como misión fundamental la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado y la garantía de su ordenamiento jurídico. Además de las Fuerzas Armadas permanentes, se organizarán fuerzas de reserva, según las necesidades de la seguridad nacional. La Policía Nacional tendrá como misión fundamental garantizar la seguridad y el orden públicos. Constituirá fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas para la defensa de la soberanía nacional. Estará bajo la supervisión, evaluación y control del Consejo Nacional de Policía, cuya organización y funciones se regularán en la ley. La ley determinará la colaboración que la fuerza pública, sin menoscabo del ejercicio de sus funciones específicas, prestará para el desarrollo social y económico del país.” Aquí encontramos la distinción clásica existente en todas las sociedades entre la defensa de la soberanía nacional a cargo de las Fuerzas Armadas y la seguridad interior y el orden público a cargo de la Policía Nacional; igualmente deja la posibilidad de nuevos roles de la fuerza pública en el desarrollo social y económico.
 
Establece como máximo organismo responsable de la defensa nacional el Consejo de Seguridad Nacional (Art. 189) “cuya organización y funciones se regularan en la ley, será el organismo superior responsable de la defensa nacional, con la cual, los ecuatorianos y los extranjeros residentes estarán obligados a cooperar.” Igualmente establece la obligatoriedad del servicio militar, pero contempla un servicio civil a la comunidad para aquellos que invoquen objeción de conciencia (Art. 188).
 
Igualmente se reitera el carácter obediente y no deliberante de la fuerza pública (Art. 185), pero se anota que “la obediencia de órdenes superiores no eximirá a quienes las ejecuten de responsabilidad por la violación de los derechos garantizados por la Constitución y la ley.

*. Profesor Universidad Nacional (Colombia)
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