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Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 10, No. 110, Mayo del 2008
Editorial
¿Quién responderá primero?
Seguridad Alimentaria o hambre en el Ecuador
Sin necesidad de acudir a Marx o a las complejidades de la Economía Política, todos sabemos que en el Ecuador los precios de los alimentos básicos se duplicaron y hasta se triplicaron (la canasta básica familiar según el INEC a mayo de 2008 cuesta 495 dólares 82 centavos para una familia promedio de 4 miembros). El arroz se vende en Quito a 42 y más dólares el quintal que hace pocos meses oscilaba entre los 22 y 27 dólares, por libras los 50 centavos de dólar ya casi no alcanzan para comprar una libra de la gramínea. Igualmente el azúcar bordea los 30 dólares el quintal, la leche, que es parte de la base nutricional de los niños y las personas de la tercera edad, se vende a 65 centavos de dólar y casi ya no se consigue pan por 10 centavos. La dignidad de un almuerzo común no es posible en Quito si no se tiene un dólar 50 centavos o dos dólares.
Se mantiene congelado desde el año 2002 el precio del cilindro de gas en un dólar 60 centavos, precio cuyo subsidio no pudo quitar el gobierno del binomio de Jamil; Gustavo Noboa, por su temor al pueblo y al levantamiento protagonizado por la CONAIE en ese entonces. Tampoco han logrado quitar o “focalizar” el subsidio del gas licuado de petróleo (GLP) otros gobiernos pese a la presión de los grupos oligárquicos y las instituciones de la mundialización del neoliberalismo como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Paradójicamente pese a lo relativamente barato del combustible ya no es posible poner muchos alimentos en la olla, los precios se han disparado sin control, de modo particular, durante los primeros meses de 2008, que corresponde al segundo año del mismísimo gobierno de la “revolución ciudadana”.
Tan revolucionaria es la situación de encarecimiento de los precios de los alimentos y la consecuente hambre y lamentables efectos sociales derivados, que se han sumado otros factores propios del nuevo modelo de acumulación mundial del capital; como el destino de los cereales y el azúcar para la elaboración de bio-combustibles, restando a la humanidad de toneladas de alimentos y espacios fértiles para garantizar la seguridad alimentaria. Lo único que está garantizado es la mayor circulación de automóviles. Se dice también que en los países emergentes superpoblados como la China y la India ha crecido la demanda de alimentos en las clases medias que tienen mayor acceso al consumo, hecho que ayudaría a explicar la crisis alimentaria que tiende a convertirse en un fenómeno mundial devastador. También se dice que las alteraciones climáticas que sufre el planeta han restado suelos fértiles y se han arruinado las cosechas en los países de Asia, América central y del sur, Australia y otros. Finalmente, se sostiene que las grandes empresas monopólicas planetarias que comercializan los alimentos están especulando criminalmente con los precios de los mismos.
En el artículo de Daniel Samper Pizano “TLC: Todos Limosnearemos Comida” al fundamentar la necesidad de que el Congreso norteamericano niegue la ratificación de dicho tratado, ya aceptado por el gobierno de Colombia, que constituiría un suicidio para la nación hermana. El periodista colombiano señala las espantosas consecuencias de la dependencia agropecuaria que sin TLC y peor con TLC se expresan ya en muchos países del mundo, algunos tan cercanos como Argentina, México y Haití. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) la crisis alimenticia mundial significará la caída en un 20% de los niveles de vida de los países pobres. “Hemos llegado al final de la era de la comida barata” ha sentenciado la revista “The Economist”, que agrega que soportamos los precios más altos en 170 años.
Los mismos organismos del “Sistema Mundo” del capitalismo global aceptan que dicha carestía alimenticia desestabilizará las economías y las democracias de los países más pobres por efecto de serios conflictos sociales, que nosotros, los ecuatorianos, si conocemos.
Para nuestro país, cuyos pueblos y movimientos sociales negamos la firma del TLC y hoy nos oponemos a la suscripción de una nueva versión del TLC (los Acuerdos de Asociación Comercial) que se busca pactar entre la Unión Europea y los países andinos, las explicaciones globales del hambre son sólo parte de la explicación, faltan otros elementos propios de nuestra particular situación como país.
En los últimos 20 años de gobiernos neoliberales la producción alimenticia y el marcado interno de alimentos fue desmantelado, se dejó de producir cereales como trigo y cebada, productos en los que éramos autosuficientes, llegamos al punto de importar hasta maíz y papas en los últimos años a consecuencia de este nocivo proceso, que destina, en algunos lugares de la serranía tierras fértiles en valles cercanos a fuentes de agua, grandes extensiones para sembrar flores para la exportación, de la que unos pocos se benefician. Los gobiernos de turno jamás se pusieron a pensar en los temas de la seguridad y la soberanía alimentaria, solo tenían cabeza para “inversión extranjera” y las exportaciones de productos primarios que nos ha consolidado como una “banana república”.
Las sequías, las heladas, las inundaciones, los diversos tipos de desastres naturales que son más frecuentes, así como la especulación que en nuestro medio puede alcanzar niveles delictivos son temas relacionados con la seguridad alimentaria, sin contar los fundamentales problemas históricos y estructurales como los de la propiedad y la tenencia de la tierra cuya democratización y redistribución influiría en un escenario inédito de escasez y hambre, pero no hay decisión ni voluntad política.
Frente a estos gravísimos problemas el gobierno de la “revolución ciudadana” tiene un grave desafío y dilema. Si logra superar su inveterada ambigüedad, deberá elegir entre el incremento de la pobreza y el hambre o la fijación, sin más dilaciones, de una lista de precios oficiales para los productos alimenticios de primera necesidad, atreviéndose en los hechos a romper de una vez el control neoliberal del mercado que reivindican los empresarios agrupados atrás de Blasco Peñaherrera Solá y las Cámaras empresariales en general. Si fuera un gobierno consecuente, ésta sería la oportunidad para trascender el discurso y culminar con la “noche neoliberal”. La ambivalencia gubernamental debe enfrentarse a la necesidad urgente de optar por una Reforma Agraria Integral que democratice y diversifique los tipos de propiedad que están intactos, de la gran concentración de la propiedad de la tierra debería pasarse al reparto democrático entre millones de campesinos e indígenas empobrecidos que trabajan la tierra. En este escenario el abaratamiento de la úrea y el otorgamiento de créditos para pocos agricultores son apenas un paliativo.
Si somos sinceros debemos admitir la terrible verdad de que los campesinos y sobre todos los indígenas más pobres, que cultivan en las tierras altas y erosionadas, son los que sin ninguna clase de asistencia gubernamental o no gubernamental nos dan de comer. Bajo soles y lluvias intensas y con su sacrificio diario garantizan la comida de la mayoría de hogares mestizos de las ciudades, sin que para ellos tengamos la más mínima consideración humana y sin que los gobiernos hagan justicia no sólo entregándoles dádivas y promesas que no se cumplen. También sabemos que son las redes de comerciantes especuladores los que encarecen los precios de los alimentos, razón por la que los beneficios no llegan a los verdaderos productores. Debería ser éste un momento de reflexión y de consecuencia para que el gobierno de Rafael Correa, que ha viajado a Nicaragua a la “Cumbre Alimenticia” decida acciones firmes y contundentes para prever las consecuencias de la inseguridad alimentaria y una inédita pero posible escasez. Es bueno que varios mandatarios se hayan reunido para discutir la soberanía y la seguridad alimentaria de los pueblos, pero nos preguntamos ¿qué pueden hacer frente a un despótico mercado que se ha vuelto tan poderoso?
Las decisiones del gobierno deberán pasar necesariamente por la voluntad política, que se circunscribe a cierta perspectiva académica socialdemócrata y quizá ni eso, visión pro europea, institucionalista y neoliberal que es la que al fin y al cabo constituye el cerco del actual régimen. Visión asistencialista, formal, orgánica al capital, que le impide al gobierno ver la verdadera profundidad drama y peligrosidad de las contradicciones sociales del propio sistema que están ayudando a remozar.
Es simple y a la vez complejo. Ningún índice o cifra de la crisis social desatada por el neoliberalismo ha sido revertida hasta ahora (según versión oficial el subempleo es de 50.2%, el desempleo sin contar los emigrantes y sus beneficiarios es de 6.10%, la inflación anual alcanza el 8.18%, y la inflación a mayo es de 1.52%), aún peor la situación se agrava, esa es la percepción del individuo común, no sólo de algunos medios que persiguen otros intereses. El descontento, por ahora no brota, está apenas contenido, represado, pero nadie garantiza que el silencio se mantendrá indefinidamente mientras el hambre sigue creciendo, no en los estómagos de la burocracia gubernamental, sino en la calidad de vida de las mayorías.
A pesar de que el gobierno y los asambleístas traten de acuñar e incorporar en la nueva Constitución el “Sumak Kawsay” (el buen vivir), las soluciones al problema de la inseguridad y falta de soberanía alimentaria, pasan por la solución de los temas de propiedad y tenencia de la tierra en zonas de presión demográfica y tierras sub ocupadas y sin función social, pasa por la reversión de las “transformaciones agrícolas estructurales” impuestas por el FMI – Banco Mundial, la introducción de técnicas ancestrales adecuadas de preservación de la tierra y el agua para evitar la erosión y la importación de los fertilizantes encarecidos. Pasa por recuperar el control de los recursos naturales como el agua para el regadío, la dotación de infraestructura pública básica, la construcción de caminos vecinales, la dotación de asistencia técnica, el cuidado de la diversidad biológica de las semillas nativas, la preservación de las fuentes hídricas y los recursos forestales y parques nacionales, el crédito barato y oportuno, los medios para una comercialización justa y de beneficio mutuo, entre otras acciones emergentes.
Si no hay cambios urgentes y no se enfrenta con responsabilidad política las causas del descontento estructural e histórico, los conflictos sociales impulsados por el hambre pueden emerger como un volcán incandescente desde los márgenes de la exclusión, la explotación y la desigualdad. Seguridad alimentaria o hambre en el Ecuador…¿quién responderá primero?.
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