Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 6, No. 72, Marzo del 2004

Editorial

A inicios de febrero de 1997, y horas antes de su destitución por el Congreso Nacional, el ex Presidente Abdalá Bucaram ordenó retirar de la cuenta de gastos reservados de la Presidencia de la República la cantidad de 14 mil millones de sucres (alrededor de 3.7 millones de dólares, al tipo de cambio de la época); según información dada por la prensa ecuatoriana: “a las pocas horas ... Bucaram abandonó la Presidencia con buena parte de ese dinero y huyó a Panamá, donde luego el Gobierno de ese país le concedió asilo político” (El Comercio, A7- 01-04-05).

Ocho años después, y luego de una serie de jugadas políticas que tensionaron a toda la estructura institucional del Ecuador, poniéndola por fuera de la legalidad y la legitimidad, el nuevo Presidente de la Corte Suprema de Justicia, amigo del ex Presidente Bucaram y militante de su partido político, el Partido Roldosista Ecuatoriano, PRE, anuló los juicios penales en contra de Bucaram y revocó todas las medidas cautelares (órdenes de prisión) que habían sido dictadas en contra del ex Presidente. Asimismo, anuló el juicio de otro ex Presidente, Gustavo Noboa, acusado de perjudicar al país en 9 mil millones de dólares por la renegociación de la deuda externa, y de pagar sobreprecios a la banca de inversión que hizo el proceso de calificación de la deuda externa ecuatoriana.

Mientras las decisiones judiciales demuestran de manera fehaciente que la justicia en Ecuador en realidad es una prerrogativa del poder y que los argumentos de equidad, verdad o legalidad, dependen de las interpretaciones hechas desde ese mismo poder, la situación social del país es catastrófica: los médicos ecuatorianos cumplieron más de un mes de paro reclamando presupuesto para la salud y sin posibilidades de lograr sensibilizar al régimen. De igual manera, por la falta de presupuesto para la salud, once provincias del país sufren de una epidemia de dengue que obligó a cerrar las escuelas y colegios para evitar mayores contagios. Los programas de Naciones Unidas, de su parte, muestran alarmados los crecimientos de los índices de desnutrición infantil, de incrementos de la mortalidad y la morbilidad materno infantil, lo que incide en que la esperanza de vida en el Ecuador se vaya reduciendo. El deterioro de la situación económica, social y ahora institucional, es tan fuerte que el flujo de ecuatorianos que intentan migrar al exterior escapando de la crisis ha crecido de manera drástica.

Pero las multilaterales de crédito, sobre todo el Banco Mundial, no dan tregua al país. Conforme a las obligaciones que el Ecuador suscribió con el Banco Mundial en su Estrategia de Asistencia al País de abril de 2003, en donde se exige la privatización del petróleo, de la energía eléctrica y de la seguridad social, al tiempo que la reducción del gasto social y la inversión pública, el gobierno de Lucio Gutiérrez, cumpliendo estas disposiciones entregó al Congreso Nacional, una propuesta de reforma legal denominada como “Proyecto de Ley Orgánica de Racionalización Económica del Estado”, en el cual plantea varias reformas legales a un conjunto de 17 leyes que buscan, justamente, la privatización del petróleo, de la energía eléctrica, de la seguridad social, entre otras medidas, y, además, propone la criminalización de la protesta y la movilización social, estableciendo penas de reclusión mayor entre ocho y dieciséis años para quienes afecten a los campos petroleros que han sido entregados a las corporaciones transnacionales.

Empero de todo ello, y a pesar del deterioro de los índices sociales y económicos, el panorama es más grave aún porque mientras la institucionalidad que sustenta la democracia realmente colapsó, el país está sufriendo además los costos de una guerra de la que tenía una conciencia más bien remota: la guerra civil colombiana. Ahora, los habitantes de la frontera con Colombia, se han convertido en desplazados en su propio país por el avance del enfrentamiento bélico de Colombia al interior del Ecuador. Al tenor de esta guerra, los pueblos de la nacionalidad Awa y Chachi, ubicados en la frontera con Colombia sufren el acoso permanente de las empresas madereras, que tienen directa representación en el gobierno de Lucio Gutiérrez y que aprovechan la guerra para desplazar a estos pueblos de sus territorios ancestrales y apoderarse de sus recursos.

Todo ello configura un panorama que da cuenta de que el Ecuador se está constituyendo en un laboratorio que prefigura los escenarios para la región en el mediano plazo. En efecto, habría de recordar que en los años sesenta del siglo XX, el Ecuador fue uno de los primeros países de la región en los que se impuso una dictadura militar que luego se convertirían en la forma “normal” de gobierno en la región. Asimismo, el país fue de hecho el primero en retornar a la democracia. En el año de 1999, Ecuador fue el primer país en decretar una moratoria de los Bonos Brady lo que posibilitó a los mercados financieros crear mecanismos de neutralización y absorción de los efectos de la decisión ecuatoriana, sin que se generen efectos de contagio a los mercados financieros globales.

Es decir, existe una constitución especial del Ecuador, que va desde su posición geográfica, la diversidad de actores sociales y la presencia de un poderoso movimiento indígena, que lo convierten en uno de los países a ser utilizados como piezas claves dentro del rompecabezas de la geopolítica norteamericana.

El gobierno de Lucio Gutiérrez parece convertirse, entonces, en una pieza fundamental dentro de esa geoestrategia, de ahí que a pesar de su enorme desprestigio, de su pérdida de credibilidad, de su corrupción, y de su irrespeto a la institucionalidad vigente, tenga sólidas bases que aseguran su poder y la vigencia de su proyecto político, esas bases de sustentación, sin duda alguna, están en el gobierno americano y en las estrategias que ha diseñado para la región.

En efecto, la región andina se está convirtiendo en un núcleo de conflictividad de enorme significación geopolítica, como lo fue el Cono sur en la década de los setenta, o Centroamérica en los ochenta. En el conflicto centroamericano, Estados Unidos estrenó su concepción de los “conflictos de baja intensidad”, y ahora en la región andina pretende justificar su estrategia de “derecho a la autodefensa anticipada”, como base de su lucha en contra el terrorismo. Para EEUU, la guerrilla colombiana no tendría un estatus político, sino más bien un estatus de terrorismo y por tanto susceptible de ser considerada como un enemigo directo de los EEUU. De ahí la participación y el involucramiento directo de la administración norteamericana en el conflicto colombiano. Pero la región andina no es solamente el conflicto colombiano. También están el gobierno venezolano y los movimientos sociales ecuatorianos y bolivianos.

Efectivamente, el gobierno de Hugo Chávez y su “revolución bolivariana” son una verdadera amenaza para la geopolítica norteamericana, agravada además por el hecho de que Venezuela es uno de los proveedores de petróleo más importantes que tienen los Estados Unidos. Chávez ha sabido utilizar de manera estratégica la provisión de petróleo y en realidad lo está usando como un seguro de vida tanto para él cuanto para su proyecto político.

Colombia, de su parte, está en una de las fases más difíciles de su guerra civil. Luego de la ruptura de los acuerdos con la guerrilla y del triunfo electoral de Uribe, quien además ha sido identificado con los intereses de los grupos paramilitares, la frontera bélica ha llegado incluso a pocos kilómetros de Bogotá, lo que indica que a pesar de toda la parafernalia y tecnología bélica que Estados Unidos han provisto al gobierno de Uribe, la solución del conflicto definitivamente no es militar. Pero un fracaso militar para Uribe se convertiría en un fracaso político con enormes repercusiones para la región. Uribe está, de hecho, en un proceso de desgaste militar y también político, y existen hechos que lo confirman, como su derrota en el referéndum y el triunfo de la izquierda en la alcaldía de Bogotá.

De ahí la intención de regionalizar el conflicto involucrando de manera directa al gobierno más débil de la región: Ecuador. De hecho, en los últimos años se han multiplicado las visitas de los jefes del Comando Sur, a Ecuador y Colombia, y en un acto de enorme significación política, ha sido el mismo Donald Rumsfeld, quien ha visitado la región.

El caso de Perú también es indicativo de la crisis en la región. Las denuncias de corrupción han acosado al gobierno de Toledo, y su credibilidad es mínima. Lo que está en juego, no es tanto la posibilidad de que sectores de izquierda tomen el poder en Perú, sino el desgaste que significa la democracia y la ficción democrática del discurso liberal, en un momento en que para Estados Unidos, el discurso liberal de la democracia es un discurso fundamental en el ámbito geoestratégico y en su conformación imperial, recuérdese que es desde los marcos epistemológicos del discurso de la democracia liberal que Estados Unidos ahora considera a la invasión y guerra en Irak, no como una guerra de “autodefensa anticipada”, es decir una “guerra preventiva”, sino como una guerra de liberación.

De otra parte, la intención de Brasil de disputarle a Estados Unidos al menos la hegemonía económica y política en el subcontinente, configuran un escenario en el que los intereses particulares de los países de la región entran en contradicción con el proyecto político que el Departamento de Estado y el Pentágono han diseñado. Fue la política internacional de Brasil, la que dio al traste el proyecto de un mercado común americano, estructurado desde los intereses norteamericanos, como fue el ALCA. De ahí también que Estados Unidos haya puesto a competir a Colombia, Ecuador y Perú por un Tratado de Libre Comercio, que en realidad enmascara desde una perspectiva económica una estrategia de carácter político y militar.

Entonces, el gobierno de Lucio Gutiérrez en Ecuador se convierte en arcilla dócil para la estrategia norteamericana en la región. Es un gobierno con el cual se puede experimentar los límites de la democracia liberal sin que el formato político entre en ruptura con los intereses geoestratégicos. Es un gobierno que ha declarado ser el “mejor aliado de los Estados Unidos” sin ponerse a pensar en el costo político que tiene esta frase. Un gobierno que sabe que mientras Estados Unidos esté de su parte, puede jugar de pivote de la estrategia norteamericana en la región, sin el temor a una oposición política o popular que pueda incluso destituirlo.

La democracia en Ecuador tiene que funcionalizarse a las estrategias diseñadas por la administración norteamericana para la región, y uno de los primeros rasgos de esa democracia es que el sistema político tiene que ser neutralizado y metabolizado en función de la geopolítica. El sistema político tiene que constituirse en un agujero negro que absorba la energía social y la anule. Tiene que cerrar los espacios para la discusión, debate e incluso decisión de aspectos fundamentales y que tienen que ver precisamente con la geopolítica de la guerra. Tiene que legitimar esa guerra al tiempo que tiene que impedir las respuestas sociales en contra de esa guerra.

El mundo sabe que Estados Unidos le he declarado la guerra al terrorismo, y que ha construido en la figura del terrorista a su interlocutor necesario. La Iniciativa Regional Andina, que busca regionalizar el Plan Colombia, es parte de la estrategia global norteamericana de luchar en contra de un enemigo creado por ellos mismos. Desde Estados Unidos, sobre todo a partir de la aprobación de la Ley Patriot, los derechos civiles han sido restringidos a su versión mínima, y ahora los ciudadanos de todo el mundo son susceptibles de ser juzgados desde la lógica del poder de Estados Unidos.

Por ello, un gobierno como el de Gutiérrez es una amenaza para toda la región. Si la hipótesis inicial de que el Ecuador representa un espacio particular y de enorme significación en la geopolítica del área andina es correcta, entonces el rol que está previsto jugar el gobierno de Gutiérrez en el área es fundamental pero al mismo tiempo peligroso para la región.

Es un peligro para la revolución bolivariana de Venezuela; es un peligro para una salida política al conflicto colombiano, es un peligro para los movimientos sociales de la región, es un peligro para el movimiento indígena ecuatoriano. De los gobiernos existentes hasta el momento, ninguno había hecho del movimiento indígena un objetivo a destruir como política de Estado. La decisión de destruir al movimiento indígena en realidad es parte de la agenda diseñada desde los Estados Unidos y que tienen en el gobierno de Gutiérrez uno de sus “mejores aliados”.

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