Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 6, No. 71, Febrero del 2004

Pablo Dávalos1

Para comprender la dinámica de los Tratados de Libre Comercio entre Estados Unidos y algunos países y regiones de América latina (bilateralismo), entre ellos el Ecuador, es necesario analizar los alcances que tuvieron dos estrategias anteriores en las cuales se propugnaban la aceptación de nuevas reglas de juego al comercio mundial bajo los parámetros de la liberalización absoluta, las privatizaciones, la desregulación, y la protección a la inversión, la una en el ámbito internacional: la OMC, y a nivel regional: el ALCA, la otra, ambas signadas bajo la noción del multilateralismo.

Ambas estrategias, en realidad, se corresponden más al mundo de la política que al mundo de la economía y se inscribían en un contexto en el que el gobierno americano había optado por el unilateralismo diplomático-militar (como fue por ejemplo su decisión de atacar e invadir a Irak sin el consentimiento de las Naciones Unidas), y por la generación de un ambiente de incertidumbre económica en el ámbito mundial por los excesivos déficits fiscal y comercial norteamericanos.

Una primera aproximación da cuenta de que Estados Unidos ha priorizado su agenda militarista en el mundo a través de su discurso de la lucha en contra del terrorismo. En adelante, todo lo que harán los Estados Unidos en materia de relaciones internacionales tendrá que ser puestos en esa clave, incluidos los acuerdos comerciales. La lucha en contra del terrorismo le permite a Estados Unidos rediseñar el mapa político mundial en función de sus propios requerimientos y con los tiempos de su propia agenda. Despliega bases militares, ejércitos, portaviones, y toda su logística y parafernalia militar, no tanto en función de lo que serían reductos terroristas sino más bien en función de recursos estratégicos: petróleo, agua, biodiversidad, metales raros, etc.

El mapa de las bases militares que Estados Unidos ha desplegado y que intenta además crear por todo el mundo, es coherente con aquellos mapas de los nuevos recursos naturales de carácter estratégico y a nivel mundial. El discurso del terrorismo, en realidad, vendría a ser la cobertura política a una nueva estrategia de expansión y de consolidación de una hegemonía de carácter bélico-económica. Quizá ello pueda ser explicado porque el lobby de la guerra está profundamente relacionado con la administración Bush.

Por ello, la agenda del bilateralismo norteamericano tiene que ser puesta en la perspectiva de geopolítica de una voluntad imperialista en el más clásico de los sentidos de este término. Pero ese bilateralismo nos está demostrando, de una parte, el empeño de Estados Unidos por consolidar su hegemonía y, al mismo tiempo, el fracaso de una estrategia anterior y que fue aquella del multilateralismo.

Estados Unidos, durante la administración Clinton, parecía que iba a jugarse, como pocas veces en su historia, por construir una plataforma de intereses multilaterales con América latina, a partir de acuerdos de liberalización comercial. A mediados de la década de los noventa del siglo pasado, se crea el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas, ALCA. Su construcción institucional relativiza el peso real de Estados Unidos. En efecto, el ALCA tiene una arquitectura que se parece a aquella de la OMC: un país, un voto.

Es decir, se construye sobre las decisiones de países que supuestamente son soberanos al momento de elegir sus políticas. Estados Unidos se convierte en un estado entre otros, pero con una voluntad de imposición que se ve constreñida por la misma arquitectura del acuerdo. Tiene que armonizar posiciones sobre todo con el único país de América Latina que al parecer tiene un proyecto propio y un peso específico: Brasil. De hecho, es la posición brasileña la que es gravitante para que los acuerdos y las agendas que se discutían en el ALCA se amplíen a campos en los que el gobierno americano quería más bien pasarlos por debajo de la mesa: el enorme subsidio americano a su producción agroindustrial, las grandes disparidades en la brecha tecnológica que querían ser cubiertas en beneficio de las corporaciones americanas a través de la protección a la propiedad intelectual, las compras gubernamentales y el tratamiento a la inversión extranjera.

Algunos de estos temas fueron el impasse que impidió, asimismo, llegar a un consenso en la Ronda de Cancún de la OMC, y que fueron conocidos como los “temas de Singapur”. Con el fracaso del ALCA, Estados Unidos retoma aquellas posiciones que le son más cómodas y desde las cuales puede definir las reglas de juego: el bilateralismo.

Con el bilateralismo impone condiciones políticas a estados más bien débiles y desesperados por acceder a los mercados americanos, retoma sus posiciones hegemónicas marcando los tiempos, las agendas, las prioridades y los temas que ellos consideran de interés y pueden consolidar una base de apoyo político a su estrategia de lucha en contra del terrorismo. Y su estrategia empieza con los más pequeños y vulnerables: los países de Centroamérica, que además tienen fuertes vinculaciones con Estados Unidos a través de la constante migración de fuerza de trabajo y una estructura de comercio exterior fuertemente vinculada a Estados Unidos. Luego, los países del Area Andina, un área muy sensible por la presencia de fuertes movimientos sociales, sobre todo indígenas, un gobierno impredecible como aquel de Hugo Chávez en Venezuela, y una guerra civil de larga data en Colombia y en la cual una buena porción del país está en manos de la guerrilla izquierdista de las FARC y el ELN.

Uno de los efectos más inmediatos del bilateralismo es la distorsión de los procesos de integración regional y subregional, que en el caso concreto de Sudamérica apuntan directamente a Brasil y al MERCOSUR. Los países andinos podrían ganar más a nivel comercial en un acuerdo con el MERCOSUR que en un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero la estructura del comercio exterior de estos países se ha ido construyendo de tal manera que su dependencia del mercado norteamericano es importante al extremo de convertirse en aquello que en la década de los setenta la CEPAL denominaba como la “dependencia”.

Otro efecto del bilateralismo es acotar los espacios de expansión que tendrían otros bloques económicos, como por ejemplo la Unión Europea, Japón, China y el sudeste asiático. Estados Unidos estaría demarcando “su” territorio a través de políticas comerciales definidas frente a otros posibles competidores, en un contexto en el cual en el ámbito internacional tienden al aislamiento político y la competencia. Pero aparte de estas dos dimensiones, hay otro proceso de fundamental importancia y que es subyacente a los tratados de libre comercio y tiene que ver con el rediseño de la noción de soberanía y al rol que juegan las corporaciones multinacionales.

En efecto, en Estados Unidos, las corporaciones tienen una vinculación directa con las decisiones que asume el gobierno tanto en materia de política interna cuanto en política mundial. Es conocida, por ejemplo, la vinculación de la corporación Halliburton con el Vicepresidente Dick Cheney, y el rol que esta corporación está jugando en la guerra de Irak. Es también conocido el lobby que hacen las corporaciones a la administración norteamericana y en periodos electorales a los candidatos republicanos o demócratas en función de sus propias agendas (el lobby de la electrónica, el lobby del petróleo, el lobby de la industria de la guerra, etc.).

De esta manera, existiría una simbiosis real entre el aparato político del Estado americano y el entramado corporativo: lo que es bueno para las corporaciones es bueno para el gobierno americano (y el discurso ideológico de la globalización lo extenderá a la democracia). Es, en realidad, el funcionamiento de un proceso político-económico de lo que hace algunos años denominábamos como “capitalismo monopolista de Estado”, y que se corresponde a aquella definición del ex Presidente americano Eisenhower: del complejo industrial-militar norteamericano, pero ahora inserto dentro de dinámicas de especulación financiera y de lucha en contra del terrorismo a nivel global.

Pero en el contexto de una acendrada competencia en la que las corporaciones europeas y asiáticas disputan los espacios de acción, decisión y provisión de materias primas y mercados, a las corporaciones americanas, y cuando se forman espacios regionales importantes como la Unión Europea, es necesario redefinir el rol político y económico de las corporaciones.

De ahí que Estados Unidos haya propuesto cambios importantes con respecto al rol político que deberían asumir en tiempos de globalización las corporaciones transnacionales. Esto se vio, por ejemplo, cuando a instancias de Estados Unidos, la OCDE comenzó a trabajar en 1995 el texto para un Acuerdo Multilateral para las Inversiones, casi al mismo tiempo que Estados Unidos proponía la creación del ALCA.

Aquello que diferencia el Acuerdo Multilateral de Inversiones, AMI, de otros instrumentos parecidos, es el tratamiento que se da a la inversión y al inversionista extranjero (capítulos III y IV del proyecto de documento del AMI). Por vez primera, tanto el inversionista cuanto su inversión tienen en el AMI un tratamiento de igualdad política frente a los Estados-Nación. Las cláusulas de indemnización por lucro cesante, por expropiaciones, o porque de acuerdo al inversionista (la corporación), el Estado no garantizó la rentabilidad esperada, hacen del AMI un instrumento que otorga por vez primera un status de cuasi soberanía política a las inversiones (es decir, las corporaciones) y a los inversionistas.

El AMI nunca se llegó a firmar por la oposición y fuerte movilización de las organizaciones sociales europeas, canadienses y americanas. Sin embargo, su espíritu se trasladó en cuerpo completo al ALCA. Allí también se recoge esa intencionalidad de proteger a la inversión y al inversionista frente a los Estados-nacionales, una protección que tiene que rebasar el ámbito del litigio y desacuerdo comercial para convertir a la corporación transnacional en un verdadero interlocutor político frente a esos Estados-nación.

El ALCA no es solamente un tratado de libre comercio, en realidad es una estrategia de carácter geopolítico que buscaba sustentar a la corporación transnacional como el nuevo sujeto de las políticas de desarrollo regional, y, por tanto, como interlocutores validados políticamente a través de acuerdos internacionales. Si esta hipótesis es plausible, entonces, los países que suscriben este tipo de acuerdos de libre comercio, se ven obligados a reformar la arquitectura de su normatividad interna, esto es, todas sus leyes e incluso su Constitución, en armonización con estos tratados de libre comercio.

Estos acuerdos son claves porque implican que en la legislación vigente de cualquier país se tienen que realizar los cambios de rigor para que se armonicen con los tratados internacionales, en otras palabras, la legislación nacional se subordina a los contenidos establecidos en el tratado internacional de libre comercio. Así, estos tratados tendrían fuerza vinculante, acción prevalente (en el sentido de que se superpondrían a la legislación nacional), y acotarían el margen de acción de cualquier Estado.

Con este nuevo marco jurídico, la corporación tiene, ahora, un contexto para reclamos, imposiciones y negociaciones, más favorable, y al mismo tiempo tiene un espacio de negociación política en el cual puede inscribir sus condiciones, ampliar sus ventajas y acotar sus obligaciones. Luego de suscrito un acuerdo de libre comercio, los gobiernos en realidad se convertirían en “administradores de los acuerdos de libre comercio”.

Por ello, el fracaso del ALCA implicaba también el fracaso del proyecto norteamericano de otorgar ese estatus político de soberanía a las corporaciones bajo la figura de protección a las inversiones y a los inversionistas. Ahora bien, el bilateralismo, como estrategia política que le toma el relevo al multilateralismo del ALCA, le permite al gobierno americano poder impulsar ese estatus a la corporación como nueva figura de derecho político y nuevo sujeto del desarrollo económico, y por tanto con posibilidades de disputar el status de soberanía con los Estados-nación de la región.

En efecto, los tratados de libre comercio, planteados desde el bilateralismo norteamericano, más allá de las consideraciones de tipo comercial, las estructuras arancelarias, los tiempos de desgravamiento arancelario, las tarifas, cuotas, y otros mecanismos pararancelarios, en realidad supeditan las legislaciones nacionales a un nuevo corpus jurídico en el que es la corporación transnacional quien tiene las posibilidades reales de definir los términos, las características y las modalidades de la nueva contratación social.

Son espacios por definición políticos, y son políticos en el más amplio sentido del término, porque lo que en realidad está en juego es la noción de soberanía de los Estados, al menos tal como se las estructuró en el discurso de la modernidad y desde la paz de Westfalia de 1648.Es como si estuviésemos atravesando el umbral histórico de redefinición del contrato social con el que se inaugura la modernidad, en el que la corporación se erige como nuevo figura jurídica-política. En esta nueva contractualidad, los términos básicos entre el Estado moderno y el individuo se ven transformados entre el individuo y la Corporación. El Estado se convierte en cobertura jurídica de protección y seguridad a la inversión. No representa aquella noción de contrato social entre individuos libres, soberanos y racionales, sino la garantía de funcionamiento del mercado como nuevo locus político de regulación social.

En realidad, los Tratados de Libre Comercio, no son acuerdos económicos, y ni siquiera comerciales, son instrumentos políticos que nacen desde las necesidades de asegurar la hegemonía mundial de los Estados Unidos. De hecho, redefinen los contenidos mismos de la democracia, la ciudadanía, y la soberanía. Crean una nueva reterritorialización de los Estados a través de los mecanismos del arbitraje, y a esa nueva reterritorialización le adscriben criterios de soberanía política: las resoluciones de los tribunales internacionales de arbitraje, son inapelables, vinculantes y obligatorios.

Una nueva juridicidad, esta vez sustentada desde la lógica de las Corporaciones, emerge, se consolida y se convierte en el eje de la globalización liberal. Cuando un país firma un Tratado de Libre Comercio, no está solamente firmando nuevas cláusulas para la entrada y el libre intercambio de bienes y servicios, en realidad, está entrando en una lógica de cambios profundos de su ordenamiento interno que vulneran de manera profunda toda su institucionalidad, toda su economía, toda su política.

Notas

1. Profesor de Posgrado de la Universidad Católica del Ecuador
Coordinador de Attac-Ecuador

© Los artículos del presente Boletín pueden reproducirse citando la fuente