Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 5, No. 52, Julio del 2003

H. Antonio Posso Salgado

La alianza política entre Pachakutik y el Partido Sociedad Patriótica – según un acuerdo suscrito el 25 de octubre de 2002- se sustentó en coincidencias puntuales, de las que se desprende la voluntad de llevar adelante una nueva y renovada concepción, tanto en la teoría como en la práctica de la acción política desde el gobierno. Veamos el documento en su esencia: “continuar unitariamente en las acciones de la campaña correspondiente a la segunda vuelta electoral y en la responsabilidad de impulsar un programa político y constituir un gobierno de amplia unidad nacional, lo cual se expresa en los siguientes puntos del acuerdo:

1.- Ratificar la alianza 3 – 18 en los términos iniciales básicos de ejercer un gobierno democrático, en base a políticas económicas y sociales que fundamenten las bases de un nuevo modelo de desarrollo nacional justo, económicamente viable y ecológicamente sustentable y la construcción de un Estado Plurinacional.

2.-Desarrollar un programa que permita el acuerdo democrático, la unidad y el desarrollo nacional basado en el fortalecimiento de la producción, la generación de empleo, el incentivo a las exportaciones y a la competitividad del país, a través de una política monetaria que favorezca el crecimiento económico y la distribución equitativa de la riqueza.

3.- Establecer una política soberana de comercio y relaciones internacionales, buscando la integración Andina y de América Latina y una posición consensuada entre los países de la región sobre el ALCA, OMC, la Deuda Externa y el Plan Colombia.

4.- Ratificar la conformación del Buró Político Nacional y disponer la estructuración de los respectivos burós políticos provinciales, a fin de garantizar una conducción política conjunta y reforzar la constitución de equipos técnicos de trabajo para la profundización programática consensuada.

5.- Establecer mecanismos de decisión bipartita sobre los diferentes aspectos relacionados con la campaña electoral como los acuerdos y alianzas con nuevos sectores, organizaciones y otras formaciones políticas que se sumen o se adhieran a la propuesta de la alianza 3-18 y sobre la formulación de políticas económicas sociales y culturales a fin de recoger los planteamientos y los mandatos de la sociedad civil organizada, de los movimientos sociales y del movimiento indígena.

6.- Estructurar mecanismos que garanticen la centralidad en la dirección y en la vocería política a fin de evitar la dispersión de propuestas y planteamientos que generen confusión y descontento en la opinión pública.

7.- Comprometerse a buscar de manera conjunta los hombres y mujeres más idóneos para la conformación del equipo de gobierno y los colaboradores(as) en las diferentes instituciones y funciones del Estado.

8.- Comprometerse a constituir un solo Bloque legislativo con los parlamentarios electos de los dos movimientos a fin de desarrollar en el Congreso Nacional una actuación armónica y coherente con el Ejecutivo.

9.- Hacer un llamado patriótico a las bases, militancias y dirigencias de las diferentes organizaciones sociales y movimientos políticos afines con la tendencia de transformación progresista del país a incorporarse y sumar esfuerzos para impulsar la contienda electoral unitariamente para hacer realidad la esperanza de un Ecuador para todos.²

De haberse respetado los puntos del acuerdo que se sustentaron en una concepción de independencia y soberanía en el ejercicio del gobierno, por un lado, no se habría producido la aceptación incondicional de las exigencias del FMI, para la aplicación de las medidas de ajuste y por otro, se habría consolidado una posición acorde con los ofrecimientos de campaña. Podría haberse conseguido una posición diferente a la de los gobiernos anteriores comprometidos con la ideología neoliberal, se habrían sustentado las bases programáticas y orgánicas de cogobierno.

Pero desde el inicio de la gestión gubernamental se pudo evidenciar un alejamiento del compromiso político, programático y orgánico. No obstante los intentos de diálogo y del ejercicio de una nueva forma de política que privilegiaba la participación ciudadana por parte de los funcionarios del Gobierno designados por Pachakutik, el Coronel Gutiérrez formó un círculo cerrado de familiares y amigos impermeable a cualquier idea que contraríe su tácita alianza con la derecha económica y política del país empeñada en perfeccionar la dependencia del Estado ecuatoriano con el FMI.

Durante los últimos seis meses, desde el H Congreso Nacional se ha podido advertir por parte del gobierno el ejercicio de una “política de alianzas” nada diferente a la practicada por los regímenes anteriores, que procuraron acceder al voto de los legisladores a cambio de prebendas y favores. El Gobierno, al no haber articulado un Plan que sustente el desarrollo del país desde una perspectiva nacional y regional, se ha limitado a presionar al Congreso para que apruebe los instrumentos jurídicos que viabilicen los acuerdos, que forman parte de la Carta de Intención, suscrita entre el Gobierno del Presidente Gutiérrez y el Fondo Monetario Internacional.

Esta orientación del Gobierno que ha privilegiado los compromisos con los Organismos Multilaterales, en la perspectiva de dar sustento a la política macroeconómica, ha desatendido aspectos cruciales para el desarrollo de la economía interna como son la reactivación del aparato productivo, especialmente de los sectores industrial y agropecuario, que gesten y dinamicen cadenas productivas que generen empleo y, fortalezcan el intercambio, y mejoren las condiciones de vida.

El Gobierno se ha propuesto “luchar contra la corrupción, la impunidad y la injusticia social”, no obstante su propuesta, el nombramiento de sus familiares y amigos para ocupar altos cargos en la administración pública es una demostración de nepotismo y favoritismo que contradice la supuesta intención del Gobierno. Se ha declarado “lucha a muerte a la corrupción”, sin embargo el Gobierno cedió ante los sectores del Congreso comprometidos con el contrabando al momento de tratar las Reformas a la Ley Aduanera.

La lucha contra la pobreza y el desempleo no ha quedado más que en una declaración, ya que las medidas del paquete neoliberal aplicado por disposición del FMI y que se refieren a la elevación del precio de los combustibles, a la disminución en el Presupuesto del Estado de los rubros para salud, educación y otros sectores sociales, así como a la flexibilización laboral, no mejoran las condiciones de vida de los ecuatorianos, al contrario agudizan la pobreza, crean más indigentes y obligan a los ecuatorianos a emigrar, aunque irónicamente, este fenómeno es el que sostiene la dolarización por las remesas de los migrantes.

La política de endeudamiento agresivo que acusa el régimen y que supuestamente apunta a mejorar la producción y la productividad para ser más competitivos, ha sido reconocida por los Organismos Internacionales que han reducido el riesgo país en más de seiscientos puntos, pero duramente criticada por todos los ecuatorianos que advierten la desinversión del Estado en la más importante industria como es la petrolera. Pese a que esta industria aporta con el 50% al Presupuesto General del Estado, no se le ha dotado de los recursos necesarios para mejorar los niveles de producción, en un claro intento de desmejorar la imagen de la empresa estatal más importante y llevar adelante la política neoliberal privatizadora con la que se ha comprometido el Gobierno.

Desde el Parlamento hemos visto con preocupación la extraña coincidencia entre Lucio Gutiérrez y Jaime Nebot que acusando un desconocimiento de las normas constitucionales, apuntan a municipalizar la seguridad social, lo cual está en contraposición a la propuesta del gobierno de garantizar la seguridad ciudadana, social, jurídica, alimentaria y ambiental. Quienes no lograron la privatización de la seguridad social, han encontrado en este gobierno un decidido aliado para conseguirla por cualquier medio.

La política de seguridad ciudadana ha sustituido a la política del respeto a los Derechos Humanos que tiene que ver fundamentalmente con la consecución de niveles de vida dignos, que alejan la violencia y la inseguridad.

La Reforma Política que impulsa el Gobierno está inscrita en el modelo neoliberal que exige la existencia de un Estado débil, de un gobierno funcional a los intereses de las transnacionales, para lo cual, de acuerdo con el Consenso de Santiago se debe implantar una nueva administración pública e introducir reformas en la administración de justicia. En esta perspectiva se ha llegado a afirmar desde el gobierno el propósito de imponer a la sociedad una nueva Constitución a través de una “Consulta Popular” que supere el pronunciamiento que le corresponde a la legislatura.

No obstante, que la presencia de Pachakutik en el gobierno estaba legítimamente sustentada en el masivo respaldo que el pueblo del Ecuador dio a su propuesta tendiente a ejercitar una política soberana, comprometida únicamente con los sectores postergados y deprimidos de la sociedad, de los cuales forma parte el sector indígena, el Coronel Gutiérrez en los hechos se dedicó a gobernar prescindiendo del concurso de nuestro movimiento, prefirió hacerlo bajo la pauta del FMI primero, y luego por el compás marcado por el Partido Social Cristiano, dejando de lado todos los acuerdos.

Se hizo evidente a todo el país, que sin vergüenza alguna, Gutiérrez tomo el atajo de la derecha, que algún momento en la euforia de la campaña electoral dijo combatir. Se desplazó por el camino trazado por el programa neoliberal que pese al chantaje de los organismos multilaterales ha sido objeto de una digna y valiente resistencia por parte de otros gobiernos y mandatarios sudamericanos como es el caso de Argentina, Venezuela y Brasil, que han dejado en segundo plano las exigencias de la banca internacional y han privilegiado la atención a los problemas económicos y sociales de sus países.

No cabe duda que Gutiérrez ha traicionado a sus electores, que insiste en esa línea cuando pretende afectar los derechos de los trabajadores a través de la nueva ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, de la Unificación y la Homologación Salarial, de la Reforma Fiscal y Tributaria, que crea impuestos regresivos que afectan a los más pobres. A estas alturas ya no cuentan para el Coronel los compromisos con el pueblo, al que hace tiempo dijo defender y que hoy cínicamente manipula para supuestos respaldos. Cuentan los compromisos con los que han manejado el poder y han llevado al país a la debacle. He ahí la traición y las razones de la ruptura de la alianza. Nuestro compromiso y lucha por construir una sociedad plurinacional, justa y libre de inequidades, ha sufrido un tropiezo, pero sigue adelante.

Notas

¹Dr. Antonio Posso Salgado, Diputado por Imbabura, Jefe de Bloque Legislativo Pachakutik hasta Agosto de 2003

²Puntos de Acuerdo que constan en las”Resoluciones del Consejo Político Nacional de Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País sobre la segunda vuelta electoral y la acción de Gobierno” Documento suscrito por el Coronel Lucio Gutiérrez a nombre del Partido Sociedad Patriótica-21 de Enero y el Lic. Virgilio Hernández por el MUPP-Np el 25 de octubre de 2002

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