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ECUARUNARI frente al ALCAPatricio Zhingri T. La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), organización integrante de la CONAIE, respecto al ALCA y en especial sobre el tema Agricultura, recogiendo los aportes de la Campaña Nacional contra el ALCA en Ecuador, plantea: 1.- En nuestro continente, en Abya Yala, hace más de 500 años la Economía Agrícola Comunitaria que practicábamos los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, fue interrumpida por la invasión y la conquista española, y sustituida por el sistema colonialista de producción, basado en la propiedad privada de la tierra y la explotación brutal de la mano de obra indígena. 2.- En el Ecuador actual aún existe la gran propiedad privada sobre la tierra, y la mano de obra indígena sigue siendo explotada. El Estado Burgués, no ha logrado solucionar el problema agrario, y actualmente es el sector productivo más abandonado y atrasado del país. 3.- El proceso de Reforma Agraria impulsado por los diferentes gobiernos civiles y militares, desde el año de 1964, no ha resuelto el problema de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas; en tanto es una Reforma Capitalista "Agrotécnica" que responde a los intereses económicos y políticos de los explotadores nacionales y extranjeros, y no se ha tomado en cuenta la necesidad de un verdadero desarrollo integral, partiendo del cimiento cultural y la realidad de nuestros pueblos. 4.- En Ecuador en 1992, el gobierno neoliberal de Durán Ballén terminó el proceso de reforma agraria, impulsando la Ley de Desarrollo Agrario, en contra de los campesinos e indígenas, eliminando los subsidios. No contentos con esto, en 1996 el Ecuador ingresó a la OMC, trayendo como consecuencias, más medidas de liberalización del sector agrícola. Y como si esto fuera poco, ahora se avanza en negociaciones para entrar en el ALCA. 5.- Los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador rechazamos frontalmente las pretensiones del proyecto ALCA, que busca favorecer a los productos transgénicos, por encima de la seguridad y soberanía alimentaria, y que excluye la necesidad de posibles reformas agrarias. Asimismo, no podemos aceptar un Acuerdo que promueve la liberalización de la tierra y del agua, para legalizar la expropiación a los campesinos e instituir la propiedad transnacional de la tierra y el agua, el monopolio privado de la producción y el comercio de alimentos. 6.- Consideramos que no es posible una integración comercial entre países del continente, cuando en el capítulo sobre Agricultura en el ALCA nada se dice sobre los elevados subsidios que tiene la economía norteamericana a su agricultura: alrededor de 18.000 dólares anuales a cada agricultor (según la FAO), dando a los Estados Unidos una ventaja enorme sobre casi todos los países latinoamericanos, especialmente en productos estratégicos tales como: trigo, cebada, maíz, soya, entre otros, con lo que los EE UU podría inundar la región y prácticamente quebrar todas las producciones locales por calidad y precios. 7.- Creemos que en el tema agrario, para cualquier proceso de integración debe valorarse el rol de la pequeña producción de campesinos e indígenas, tanto por su aporte a la alimentación de la población, como porque sus parcelas diversificadas coadyuvan a sostener la biodiversidad, a proteger los suelos y los recursos naturales. Por ello, los Estados deben generar políticas públicas favorables a la consolidación de estas agriculturas, promoviendo al mismo tiempo condiciones de equidad, especialmente para las mujeres que en este sector afrontan los más altos índices de empobrecimiento y exclusión. 8.- Reafirmamos que los Estados nacionales, pueblos y comunidades deben precautelar su seguridad alimentaria en forma soberana (con capacidad autónoma de tomar decisiones), por lo que luchar por la soberanía alimentaria de los pueblos de América, es una vía para erradicar el hambre, la malnutrición, entendida como un derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos, respetando sus culturas y la diversidad de modos de producción. 9.- Enfatizamos que para alcanzar esta soberanía alimentaria es necesario la puesta en marcha de procesos de reforma agraria adaptados a las condiciones de cada país, dirigidos a que el campesinado acceda a la tierra para producir y que los pueblos indígenas reciban el reconocimiento pleno de sus Derechos Colectivos sobre sus territorios. Estas reformas deberán incluir políticas que garanticen crédito suficiente y oportuno, tecnologías apropiadas, infraestructuras productivas y sociales, mecanismos de comercio cogestionado por los actores del campo, es decir las condiciones básicas para la reproducción de las sociedades rurales. 10.- Consideramos que las áreas estratégicas son palancas de desarrollo e integración. Todo país tiene fortalezas y debilidades. América Latina debe cuidar y utilizar celosamente, bajo el principio de las soberanía, sus recursos energéticos (petróleo y electricidad), biodiversidad, recursos naturales, empezando por el agua. Pero la base fundamental está en que puede combinar su originalidad, enraizada en la sabiduría de los pueblos indígenas y en el aporte de las culturas mestizas propias; y, por tanto puede aportar una perspectiva civilizatoria diferente, ante la decadencia de Occidente. 11.- Estimamos que la biodiversidad puede ser el recurso estratégico del nuevo milenio. La sabiduría de nuestros pueblos y nuestra riquísima biodiversidad podrían abrir nuevos cauces para solucionar los problemas de soberanía alimentaria y de salud que nos aquejan. La lucha por un ambiente sano ante la voracidad del lucro, es la defensa de la vida y de la subsistencia del planeta. 12.- La I Cumbre de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), en su Mandato entregado al gobierno de turno (Lucio Gutiérrez), hemos dictaminado una Política Agraria, donde se plantea: - Establecer políticas de reactivación de la producción del pequeño y mediano productor agropecuario, mediante líneas de financiamiento y de seguros manejados por las propias organizaciones. - Apoyar la realización de estudios de políticas de comercialización, que permita la vinculación directa entre productores y consumidores. Políticas de precios, concertados por los agricultores. - Financiar un sistema de capacitación a los pequeños y
medianos productores, para fomentar una agricultura sustentable, recuperando
tecnologías ancestrales. - Proteger la producción nacional, prohibiendo la importación de productos agropecuarios y artesanales que se producen en el Ecuador, a fin de no contradecir los acuerdos establecidos, buscar mecanismos para-arancelarios de protección. - Prohibir la producción con semillas y productos transgénicos y proteger la riqueza de la biodiversidad. - Redistribución de tierras y territorios con la finalidad de garantizar seguridad y soberanía alimentaria con identidad. - Adjudicación y titularización de tierras y territorios de los pueblos y nacionalidades. - Prohibir la comercialización y la división de los páramos y áreas forestales, para garantizar la supervivencia del ecosistema, la biodiversidad y la dotación de agua. - Que el Estado garantice la preservación y conservación de los recursos naturales: biodiversidad, fuentes de agua, respetando el derecho y formas de gestión comunitarias. - Creación del Instituto de Riego Campesino, para que se garantice la distribución equitativa a todos los ecuatorianos, y dotarle de los recursos y presupuesto necesarios para su funcionamiento. 13.- Finalmente, en ese mismo Mandato exigimos al Gobierno ecuatoriano que convoque a Consulta Popular sobre el ALCA y que sus resultados sean vinculantes. Independientemente de la posición del gobierno, las organizaciones que hacemos parte de la Campaña Nacional contra el ALCA en Ecuador, hemos convocado a la Consulta Popular, cuya fase de votación se iniciará el 12 de octubre del 2003, fecha de la resistencia continental contra la invasión y la conquista. "Otro Ecuador es posible, otra América es posible, no al ALCA." © Los artículos del presente Boletín pueden reproducirse citando la fuente |