Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 5, No. 51, junio del 2003

Mailer Mattié

En medio de la enorme problemática que enfrentan los pueblos indígenas del mundo para defender sus culturas y su sobrevivencia, la construcción de grandes proyectos de desarrollo ocupa un lugar destacado. En la región de la Cuenca Amazónica, cientos de comunidades indígenas llevan adelante con extrema dificultad su oposición a este tipo de obras. A pesar de estar localizadas en las tierras que habitan, son diseñadas y ejecutadas sin su consulta y mucho menos su consentimiento y aprobación. La principal característica de estos proyectos es la incompatibilidad, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también humano. Implican, en la mayoría de los casos, directa o indirectamente, la expulsión y desplazamiento de los núcleos de población.

Para los pueblos indígenas representan una intolerable y violenta intervención en sus territorios ancestrales. Las consecuencias incluyen graves alteraciones al medio ambiente, lo cual conduce a la desaparición de los medios de subsistencia. Representan, además, la profanación de sus lugares sagrados. Obviamente, los megaproyectos expresan la infravaloración que el modelo dominante de desarrollo económico otorga a la diversidad humana y, por tanto, a la coexistencia de las culturas. Muchos son los ejemplos: la construcción del gasoducto Brasil-Perú-Bolivia; el oleoducto amazónico en Ecuador; las explotaciones mineras que utilizan mercurio en Guyana y Surinam; la explotación de carbón en territorio wayuu en Venezuela; entre otros.

En Ecuador, el pueblo Kichwa de Sarayacu enfrenta actualmente a la compañía CGC-Texaco Chevron, en la provincia de Pastaza. Según denuncias hechas en diversas instancias internacionales, se han destruido gigantescos árboles centenarios para la instalación de los campamentos de la empresa, con daños irreparables para la fauna, incluyendo la matanza incontrolada de tapires, un animal en vías de extinción. Se pretende en la zona la explotación petrolera de 135 mil hectáreas en territorio indígena, por lo cual las comunidades afectadas exigen al gobierno la retirada inmediata de Texaco.

En el Valle del Cauca, en Colombia, grupos indígenas Chamí luchan por detener la construcción de cuatro centrales hidroeléctricas y el trasvase del río Cauca. Estas obras forman parte del llamado proyecto Calima, cuya primera etapa finalizó en los años sesenta. Su impacto social y ambiental fue de tal envergadura que la pesca, principal actividad de subsistencia de las comunidades involucradas, desapareció casi por completo. Actualmente las obras están paralizadas debido a la presión de organizaciones ambientales e indígenas. Cuarenta años llevan los Chamí resistiendo su avance.

En el Departamento de Arauca, también en Colombia, desde 1994 el pueblo U'wa ha tenido que hacer frente a la Occidental Petroleum Corporation (OXY), debido a las actividades de exploración petrolera realizadas en sus territorios. La OXY formó parte de las multinacionales que presionaron para que se aprobara en los Estados Unidos el Plan Colombia. Estando ya éste en marcha, en febrero de 2002 la policía nacional reprimió duramente una protesta de comunidades U'wa contra la compañía, resultando asesinada una niña. Sin embargo, a pesar de los intensos trabajos de exploración, la búsqueda de petróleo no ofreció los resultados esperados por la OXY, de tal forma que ese mismo año abandonó sus planes. No obstante, Ecopetrol, compañía petrolera del Estado, ha reiniciado las labores exploratorias. Entre los efectos más graves se encuentra la contaminación del río Arauca, cuyas aguas llegan al Orinoco en Venezuela. Los U'wa creen, de acuerdo a sus leyendas, que los Werjayas (guías espirituales) escondieron el petróleo a la OXY. Han decidido, por ello, no volver a exponer a ninguno de sus miembros a la violencia policial, confiando en que de nuevo sus Werjayas hagan lo mismo a Ecopetrol.

Siguiendo en territorio colombiano, en la zona del Alto Sinú, Antioquía, la comunidad indígena Embera-Katío ha tenido que sufrir las consecuencias que sobre sus sistemas de subsistencia ocasionó el represamiento del río Sinú, conjuntamente con la construcción de la hidroeléctrica de Urrá. A través de la Organización Regional Indígena Embera y la Organización Indígena de Antioquía, la comunidad cuestionó legalmente el proyecto por la alteración causada a la biodiversidad, además de la destrucción del patrimonio arqueológico y cultural. En noviembre de 1998, la Corte Constitucional ordenó a la empresa Urrá indemnizar, por dichos daños, al pueblo Embera durante un período de 20 años. Sin embargo, en junio de 2001, la Corte Suprema de Justicia desconoció el fallo, considerándolo contrario a la seguridad jurídica.

Estados Unidos, por su parte, tiene especial interés en construir en territorio colombiano una nueva ruta que una los oceános Atlántico y Pacífico. La posibilidad de un canal interoceánico utilizando las corrientes de los ríos Atrato y Truandó, es una de las propuestas con mayores posibilidades de aceptación. El impacto de esta obra modificaría de manera significativa la vida de decenas de pueblos, además de la magnitud de los cambios ambientales en toda la región.

En Brasil, por otro lado, se lleva a cabo el proyecto Da Usina Belo Monte, primera etapa del denominado complejo hidroeléctrico de Xingú. Su construcción afecta a los pueblos indígenas Juruna, Xikrin-Kaiapo, Arara, Xipaia y Curuaia. Todas estas comunidades han manifestado su oposición a que se resuelvan los problemas energéticos y financieros de Brasil, a costa de su propia sobrevivencia, del patrimonio cultural y de la biodiversidad de la Amazonía.

Se proyecta igualmente en Brasil la construcción del gasoducto Uruau-Porto Velho, con una extensión de 522 Km. El estudio ambiental fue realizado por un equipo dependiente de la empresa promotora, violando todas las disposiciones legales al respecto. Esta obra afectaría a 7 sistemas arqueológicos y varios territorios indígenas, incluyendo tierras de pueblos voluntariamente aislados como los Pau-Mari, los Juma y los Katauxi.

Las consecuencias que generan estas construcciones específicamente a las poblaciones indígenas, constituyen, a saber, una clara violación del Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, aprobado en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1989. Este instrumento internacional tiene como objetivo la defensa de los derechos indígenas, comprometiendo a los países a respetarlos, sobre todo en lo que se refiere a la relación entre los territorios, uso de los recursos naturales y la ejecución de grandes proyectos industriales. El Convenio hasta ahora ha sido ratificado por Brasil, México, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Paraguay, Honduras, Guatemala y Costa Rica.

Así, mientras continúe la violación de las normativas internacionales, el patrimonio de América Latina seguirá al servicio y libre disponibilidad de un desarrollo hecho a la justa medida de las transnacionales; incompatible, por tanto, con los intereses, principios y objetivos de sus pueblos.

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