Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 5, No. 49, abril del 2003

Editorial

En la campaña electoral la Alianza 3-18 y en particular el Crnel. Lucio Gutiérrez y su equipo de campaña, en diversas concentraciones populares hablaron de transformar profundamente el país, dijeron que iban a refundar la República, que iban a terminar con la corrupción ⁽¹⁾, que habría una administración altamente técnica-profesional, transparente y honesta dentro del gobierno, que el Congreso y los Tribunales de Justicia serían un ejemplo para el mundo en materia de democracia y en materia de administrar y juzgar todo tipo de delitos, especialmente aquellos de cuello blanco relacionados con la Banca, con las Aduanas, con ciertas obras del país ejecutadas pero nunca fiscalizadas, etc. Sin embargo, ya en los hechos, a los tres meses de su Gobierno, otras parecen ser las acciones emprendidas.

Veamos, empecemos por el tema económico. Empezó conformando un equipo económico de derecha con M. Pozo, M. Canessa, I. Baqui, G. Laso y F. Buendía como asesor, quienes son los responsables de la negociación y de la firma del acuerdo de la carta de intensión con el FMI y de su consiguiente resultado o primer "pinchazo económico", que consistió en subir los combustibles (gasolina, dissel) en un 39%, los productos de primera necesidad, la tarifa del transporte público e interprovincial en un 38%, el incremento de la tarifas eléctricas en 1.64 % mensual, es decir, 0.0015 ctvs kilovatio hora (KWH) ⁽²⁾ y el precio de las medicinas. Estas medidas, al decir del propio presidente "... son parte del preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional" ⁽³⁾ y están a punto de concretar la eliminación del subsidio al gas.

Según M. Pozo, Ministro de Economía, con la firma de la carta de intención con el FMI, el Ecuador recibirá $ 200 millones de dólares en 4 desembolsos de $ 50 millones cada uno, también podrá acceder a créditos multilaterales por más de $ 300 millones de dólares y podrá reestructurar parte de la deuda externa pública de $ 11.246 millones de dólares (45,7 % del PIB) y canjear pasivo por proyectos sociales con países europeos y E.U.; todo esto, siempre y cuando cumpla con algunos condicionamientos que serán previamente supervisados por el propio FMI, que básicamente consisten en programar el PGE (Presupuesto General del Estado) con el precio del barril de petróleo a $ 18 dólares, realizar reformas a las aduanas ( hasta recaudar $ 300 millones anuales), a la ley laboral, al procedimiento tributario, a la liquidación de los bancos de la AGD (auditorias, liquidación bancaria y devolución de $ 121 millones de dólares a los ahorristas perjudicados), continuar con la privatización de electricidad y telecomunicaciones, focalizar del gas y cumplir con el pago de deudas atrasadas al Club de París. El objetivo económico de todo este movimiento sería alcanzar " un superávit primario todo el sector público del 5,2% del PIB, equivalente a 1.400 millones de dólares, un superávit global de alrededor del 2%, una inflación a diciembre entre el 6% y el 8%, un crecimiento del 3.5%" ⁽⁴⁾

Una vez que el gobierno ha emprendido todas estas acciones en el campo económico, ¿qué podemos decir de su comportamiento? ¿Cuál es su verdadera orientación en política económica y hacia dónde va? ¿Cuáles son sus verdaderos aliados en este proyecto? ¿Para quién ha empezado gobernando? Si uno mira los hechos, no hay duda de que este gobierno ha reproducido los mismos errores de los gobiernos anteriores, al escoger a un equipo económico conservador y leal a los intereses de los banqueros y grandes empresarios y afín a las propuestas del FMI, es decir, el equipo económico no representa ni gobierna para los intereses de los sectores populares, sino que representa y gobierna para los intereses de la clase burguesa o dominante del país; por otro lado, las medidas aplicadas, siguen siendo igual a la de todos los gobiernos anteriores, es decir, seguir y aplicar la propuesta neoliberal, insistir en la lógica del mercado con apoyo de los Organismos Financieros Internacionales y de ciertos grupos de poder, que en algunos casos se hallan vinculados a ciertos partidos tradicionales de derecha, como al PSC.

Para el área económica, ya sea en la planificación o ejecución de propuestas no se ha dado la participación de todos los sectores productivos, especialmente, del pequeño productor; parece que no ha hecho falta conocer la realidad y las demandas de los pequeños y medianos productores en las diversas ramas y áreas; por otro lado, parece ser que al Gobierno no le interesa medir los riesgos y los efectos a corto, a mediano y a largo plazo de recibir un préstamo de $ 50 millones y devolver $ 2000 millones al finalizar el año. Parece que se repite la tragedia de vivir y solucionar lo inmediato a cambio de quedar atado las manos y los pies de cientos de miles de ecuatorianos que injustamente tendrán que ir al desempleo; otros, en cambio, seguirán acumulando más y más riqueza, aumentará la brecha y los índices de pobreza e indigencia, seguirán intactas las raíces de los problemas de la corrupción heredada, seguirán reproduciéndose los privilegios y status de una naciente burocracia militar galopante, que el gobierno buscará paliar estos y otros males con una política asistencialista, focalizada, clientelar e idealizada en los discursos, al típico estilo populista.

Ahora, miremos lo que este gobierno ha hecho en otro campo, en el de la Administración Pública del país, antes recordemos que en la campaña electoral se dijo reiteradas veces, que se iba a gobernar con los mejores hombres y mujeres profesionales con que cuenta el país. Pero ya en la práctica concreta, a más de la presidencia de la República, la Secretaría de Administración Pública, los Ministerios de Defensa, Energía, Bienestar Social, Obras Públicas, etc; lo que se ha hecho es poner como ministros a militares y a ex docentes de la ESPE; lo propio se puede decir del Conam, Fondo de Solidaridad, Telecomunicaciones (Andinatel, Pacifictel, Conatel), Udenor, Petroecuador, Aviación Civil, CAE, Autoridad Portuaria de Guayaquil ⁽⁵⁾, BEV, Bco. Central, Bco. del Estado, Ecorae, IESS, etc, en donde varios militares retirados de diversos rangos y algunos familiares del presidente ocupan cargos que van desde presidencias, gerencias, directorios y secretarías técnicas; igual cosa sucede con las gobernaciones de las provincias, en donde, excepto Bolívar y el Oro, todos los gobernadores son ex militares de Sociedad Patriótica ⁽⁶⁾.

Entonces, ¿quiénes son los que toman las decisiones económicas y políticas en este país? ¿Qué implicaciones sociales y políticas tiene esta composición gubernamental? Si es que tenemos cerca del 70% de civiles militares en los puestos de decisión en todas las funciones del Estado, frente a ¿qué tipo de Gobierno y Administración estamos? ¿Cuál o qué proyecto político para el país está en marcha? Finalmente, ¿se podría caracterizar acaso a este gobierno como un gobierno populista o es que estamos frente a una dictadura civil militar de corte populista?.

Todos conocemos que el populismo en campaña electoral tiene como estrategia utilizar la demagogia u ofrecimientos de todo tipo con los sectores marginales y una vez que está en el poder gobierna con los ricos, acudiendo a sus típicos mecanismos clientelares y burocráticos, luego profundiza y focaliza sus políticas a favor de ciertos sectores sociales, pero en todas sus propuestas, jamás ha tenido un planteamiento y una práctica de cambio y transformación social profundo de esta sociedad capitalista, sino que por el contrario, los gobiernos populistas han sido serviles a las burguesías latinoamericanas en menor o mayor grado, pese a que en ciertos casos, coyunturalmente, han fragmentado eventualmente a los grupos o segmentos de poder.

Visto así, parecería, que en términos concretos estamos frente a una dictadura civil-militar o frente a un gobierno de corte populitarista ya sea por la forma, la estrategia y los fines a los que está apuntando su administración y por la composición del gobierno que en su mayoría, son militares retirados, como Mayores, Coroneles, Capitanes, etc., es decir, el gobierno, en su mayoría está controlado por funcionarios militares en servicio pasivo; y aquí es útil que nos preguntemos, ¿cuál ha sido el rol institucional que han tenido y tienen los militares en todas las democracias de América Latina? ¿Acaso, la mayoría de militares insertos en este gobierno, ¿podrán dejar su formación y su estilo de vida para gobernar a este país? ¿Podrán dejar su misión, visión y objetivos institucionales militares para los cuales fueron adiestrados a cambio de velar por los intereses del país? ¿O mejor los reforzarán, defendiendo arduamente la propiedad privada, manteniendo el orden establecido y reproduciendo las mismas contradicciones de esta sociedad?

Notas

1. El 24 de enero del 2003. El Gobernador de Manabí, Tulio Muñoz Figueroa renuncio por juicios en su contra por defraudación al fisco, laborales y de inquilinato. El 11 de febrero el Myr. Jorge Segovia, nombrado subsecretario del MBS en Cuenca renuncio porque se halla sindicado en la muerte del subteniente Julio Robles en Agosto/2001. El 28 de febrero del 2003, Hipólito Rodríguez intendente de policia del Guayas, fue removido de su cargo por delito de estafa y coimas en la liberación de algunos extranjeros chinos de la cárcel de Manabí. Diario Universo. 13 de Marzo/2003.

2. La Hora, 5 de febrero del 2003. A3

3. Diario Universo. 3 de febrero/2003

4. Diario Universo. 8 de febrero/2003

5. Ver Diario Expreso 3 febrero/2003

6. Ver Diario el Comercio 6 y 11 de marzo del 2003

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