Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 5, No. 49, abril del 2003

La presencia del movimiento indígena en el gobierno

Pablo Dávalos

“Es bastante probable que el movimiento indígena ecuatoriano empiece un proceso de alejamiento de un gobierno que lo contradice y que lo desgasta política y socialmente”.

1.- Introducción: La reforma jurídica del Estado y la transición democrática de los años setenta

El Ecuador contemporáneo se caracteriza por una alta conflictividad social y política, al tiempo que por la presencia de un fuerte movimiento social, en cuyo interior el movimiento indígena se revela como su columna vertebral. La presencia del movimiento indígena en el gobierno del Coronel Lucio Gutiérrez genera más preguntas que respuestas y otorga un carácter diferente a la actual conflictividad política.

Ahora bien, esa presencia política del movimiento indígena en el gobierno ecuatoriano, que en general apela a la participación política e institucional del movimiento social en su conjunto en prácticas de gobierno, es producto de un largo proceso que empieza desde el retorno a la democracia allá en 1979. A fin de comprender el momento político actual es necesario referirlo y contextualizarlo con un proceso de interpretación de más largo plazo. Quizá las respuestas que el presente necesita, se encuentren ya prefiguradas en la forma que ha tomado el ciclo histórico de participación política de los movimientos sociales y su horizonte de utopías y posibilidades.

En ese contexto es necesario comprender la forma en la que se estructuró el régimen político en el Ecuador, desde el retorno a la democracia en 1979, por que lo que actualmente está en juego es justamente la pervivencia y viabilidad de ese régimen político.

Ahora bien, la democracia como concepto operacional que permite la resolución de conflictos y la regulación social, permitió en el caso ecuatoriano la transición de una época de dictaduras (1973-1979) hacia una reformulación y rediseño en el régimen político que es el que ahora está en cuestionamiento.

Este régimen que se impuso en la transición hacia la democracia en 1979, apuntaba a una modernización de la clase política, del régimen político y también de la economía. Las dictaduras de 1973-1979 tuvieron dos objetivos básicos: primero una modernización económica (dictadura de 1973-1976), y, segundo, una modernización política (dictadura de 1976-1979). En ambos casos se trataba de liquidar los resquicios del sistema hacienda y premoderno por una forma más racional desde el punto de vista capitalista de la economía y también de la política.

Esa liquidación fue parte de un proceso que se inició en la década de los sesenta bajo el auspicio del gobierno norteamericano, y que dadas las resistencias del sistema de hacienda, solo puede iniciar su liquidación efectiva en la década de los setenta bajo un régimen autoritario.

En esta década de los setenta se formarán los partidos políticos y los cuadros políticos que posibilitarán esa modernización (la Izquierda Democrática, la Democracia Cristiana, el Partido Social Cristiano, etc.). Es sobre ese proceso que se inicia el retorno a la democracia, de una manera temprana para la región, en 1979.

En el ámbito económico la modernización se realiza bajo aquellos parámetros que la CEPAL había definido como industrialización por sustitución de importaciones, y cuyo eje fundamental será el rol activo del estado en la regulación social y la asignación de recursos.

Un hecho coyuntural posibilita la intensificación de ese proceso: la nacionalización del petróleo en 1973 y el ingreso del Ecuador a la OPEP, y el incremento sustancial de los precios de crudo durante toda la década, desde un promedio de 3 USD por barril a inicios de los años 70’s, a un precio de cerca de 40 USD a fines de esa década.

El petróleo constituyó la palanca económica para formar un mercado interno, subsidiar al sector industrial y otorgar al estado el poder suficiente para orientar a la economía en función de un modelo determinado. Los militares que estaban al frente del Estado consideraron que las élites económicas y políticas vinculadas al sistema de hacienda no estaban en capacidad de dirigir el proceso de modernización económica, de ahí que previo a la transición democrática se hayan empeñado en suscitar la creación de nuevos partidos políticos, más afines a los procesos que se habían creado.

Pero este proceso de modernización económica se vio frustrado por la crisis mexicana de 1982 y el consiguiente cierre de créditos internacionales. La dinámica del crecimiento económico ecuatoriano en la década de los noventa sumado a la expansión del crédito mundial por el aparecimiento de los euromercados de capitales, hicieron que el Ecuador, y casi todos los países de la región hayan privatizado el financiamiento al desarrollo, es decir, hayan hecho depender el financiamiento al desarrollo exclusivamente de los mercados mundiales de capitales.

2.- Esa perversa relación entre ajuste y democracia

Cuando se suscita la crisis mexicana en 1982, los mercados mundiales de capitales cierran las líneas de crédito, endurecen sus posiciones y obligan al pago inmediato de los vencimientos de los préstamos otorgados. Empezando por México en 1982, uno a uno los países de la región se ven obligados a recurrir al FMI para sustentar su crisis en balanza de pagos, y poder acceder a recursos para financiar su desarrollo, pero esos recursos son escasos y los estados se ven en la necesidad de reformular prioridades, estrategias y formas de acción de su desarrollo interno.

En el caso ecuatoriano, el acercamiento con el FMI se da desde fines de 1982 hasta firmar en marzo de 1983 la primera carta de intención con el FMI, como requisito previo para un préstamo stand by y de facilidad ampliada. Para la firma de la carta de intención el gobierno de ese entonces (el partido de la democracia cristiana con el nombre de Democracia Popular), adoptó un paquete de ajuste que en lo fundamental buscaba fortalecer la posición externa del país, es decir, recaudar ingresos desde el mercado interno que permitan su posterior transferencia como pago del servicio de la deuda externa.

El hecho de que apenas iniciado el proceso de modernización económica y política el gobierno de ese entonces haya tenido que acudir al ajuste económico para salir de la crisis en su balanza de pagos, significaba que aquellos parámetros que en los setenta sirvieron para estructurar y armonizar el régimen político con el económico, habían caducado de manera temprana y antes de que se lleguen siquiera a cumplir cualquiera de sus objetivos fundamentales.

En una fecha tan temprana como 1983, era bastante claro que el ajuste había provocado fisuras en el régimen político, porque este régimen estaba sustentado en un sistema de representación política basado en un sistema de partidos, que a su vez se apoyaban en preferencias de un mercado electoral. Ahora bien, ese mercado electoral había elegido a ese partido en función de sus promesas de crecimiento, bienestar y desarrollo económico. Pero el ajuste significó que había que archivar aquellos elementos que habían sido el eje del debate político y económico en la década de los setenta, suscitando un desfase entre la política y la economía.

En efecto, este primer ajuste impuesto en 1983 demostraba que ajuste y democracia son antitéticos, y que el partido de gobierno tenía que pagar un precio muy alto por esa relación. De hecho, en el caso ecuatoriano y en veinte años de elecciones, ningún partido político que ha ganado las elecciones y que una vez en el poder ha tenido que adoptar políticas de ajuste ha sido reelecto (el caso de la Democracia Popular es excepcional porque en esta época no ganaron directamente las elecciones, sino que asumieron el gobierno por el fallecimiento del presidente de entonces, Jaime Roldós).

El ajuste fue minando los contenidos de la democracia y de su correlato en el régimen político. Los partidos políticos ecuatorianos que emergieron en la coyuntura de la modernización política (1976-1979) no estaban preparados para asumir los costos políticos del ajuste económico. Su formato político era otro, se adecuaba muy bien a un estado protector, corporativo, y proactivo en el campo de la economía. El estado, para estas élites, representaba ese rol de empresario de riesgo que ellas nunca quisieron asumir.

Pero el Estado que emerge del ajuste es diferente. El ajuste no es responsable del financiamiento al desarrollo. El ajuste no se preocupa ni del crecimiento ni del bienestar. El ajuste se preocupa de la estabilidad y del equilibrio. Se preocupa de otorgar seguridades a la especulación y a la transnacionalización. Su rol está puesto en las fuerzas del mercado y no en el Estado. Al tiempo que se impone el ajuste y se hace evidente de que no existirían más esos recursos que hicieron al Estado el eje central del desarrollo en los años setenta, las élites optan también por transformarse en función del contexto.

Así, la década de los ochenta está transitada por esa contradicción entre un régimen político hecho a la medida de un estado participativo y proactivo en la economía, con los requerimientos del ajuste, que obligaban a contraerse a la economía, y las convertían en exportadoras netas de capital.

El ajuste es autoritario por definición, sus decisiones aparecen como inapelables y sustentadas en una posición epistemológica determinada por un positivismo neoclásico. Los datos y cifras que esgrimía el ajuste eran irrebatibles. Pero el ajuste fue apenas una primera etapa en la transformación del Estado, una transformación que será estructurada, pensada, diseñada y ejecutada desde la banca multilateral.

En los años noventa, y coincidiendo con el aparecimiento del Consenso de Washington, se inicia una transformación profunda y radical del Estado cuyo norte está en aquello que se ha definido como el “Estado-mínimo”, y en el cual todas las funciones de regulación social y asignación de recursos las realizará el mercado.

3.- La emergencia de los movimientos sociales en el Ecuador: la visibilización de lo indio

Por azares del destino, a la socialdemocracia ecuatoriana (1988-1992), le tocó asumir un radicalismo en las posiciones neoliberales que desmentían su discurso original de defensa del Estado, al tiempo que tuvo que adoptar una posición represiva frente a uno de los acontecimientos políticos más importantes del Ecuador: el primer levantamiento indígena contemporáneo (junio de 1990).

Es de indicar que el régimen político constituido en los años setenta, y pensado en función de una transformación hecha desde el Estado, nunca consideró la diversidad étnica del Ecuador. La misma izquierda ecuatoriana, presa del paradigma epistémico de la producción, veía en la cultura indígena un rasgo de la superestructura social.

Para esa izquierda no habían indios, habían campesinos. Su referencia fundamental no estaba en la cultura sino en la tierra. La lucha tenía que ser económica, tenía que disolver la hacienda desde una reforma agraria que conforme un universo de pequeños productores agrícolas, o de cooperativas de producción agrícola. Así, lo indio era un aditamento, una parte del folclor.

Por ello cuando se realiza el primer levantamiento indígena en mayo-junio de 1990, el país en su conjunto estaba desarmado para ver, para entender, para escuchar, para comprender lo que significaba lo indígena. El levantamiento indígena de 1990 se produce en un contexto muy especial, y es la derrota estratégica de la clase obrera ecuatoriana que coincide con la caída de la antigua Unión Soviética y los países socialistas del Este de Europa.

El levantamiento indígena ecuatoriano de 1990 es un evento que va a resignificar la política ecuatoriana en la década. Pero ese movimiento indígena incorpora en el debate político aspectos que son desconocidos hasta ese entonces y que la sociedad ecuatoriana en su conjunto no sabe cómo asumirlos, se trata de la propuesta del Estado plurinacional y de la sociedad intercultural.

Son demandas que se salen de aquel marco que el mismo régimen político había diseñado en los años setenta, y que se inscriben justamente dentro de ese proceso de disolución y crisis del sistema político, con la emergencia de nuevos actores políticos.

Si la relación entre el ajuste y la democracia habían defraudado las posibilidades de la democracia como un régimen político legítimo y consensuado en la consecución del bienestar social ¿qué fisuras habría de provocar en ese régimen político la emergencia política de los indígenas? ¿cómo habría de responder ese régimen político a las demandas de plurinacionalidad del Estado y de interculturalidad de la sociedad?

De entrada el régimen político no podía aceptar siquiera la noción de plurinacionalidad del Estado, porque aceptarla implicaba reconocer su fracaso histórico en la construcción misma del Estado ecuatoriano. Por ello, el consenso casi unánime de la clase política por invisibilizar a los indios, una estrategia que hasta ese entonces había sido efectiva pero que se revelaría contraproducente para esa clase política, porque la emergencia política de los indios se inscribe dentro del surgimiento de una nueva forma de participación social que también se contextualiza por el fracaso de la democracia representativa y sus formas procedimentales, y es la práctica política de la sociedad por fuera del marco de los partidos políticos, por fuera del régimen político, pero actuando para reformular y transformar precisamente a ese régimen político, es, en definitiva, la constitución de un movimiento social cuya agenda prioritaria es la reformulación del régimen político, y hacia la cual confluyen de manera natural el movimiento indígena, el movimiento campesino, el movimiento de pobladores pobres de las ciudades, el movimiento juvenil, etc.

El levantamiento indígena de 1990 inaugura la presencia de un fuerte movimiento social en el Ecuador cuyos ejes estratégicos fundamentales están justamente en el movimiento indígena. De hecho, toda la década de los noventa serán de tensión entre un régimen político que está por colapsar y la consolidación de ese movimiento social. Pero hay que tomar en consideración que ese régimen político se adecua y se establece en función de una determinada estructura de poder.

Transformar a ese régimen político significa también transformar la estructura del poder, de ahí las resistencias, los impases, los bloqueos, las intransigencias, que han caracterizado la política ecuatoriana.

La década de los noventa no solo que muestra el fracaso de un régimen político altamente excluyente sino también el fracaso de las políticas de ajuste neoliberales. Por ello se trata de una década transida de crisis políticas y de crisis económicas, al tiempo de grandes movilizaciones sociales, levantamientos indígenas, huelgas, paros, protestas, manifestaciones masivas, etc.

La clase política y las élites económicas se van a resistir a cualquier cambio, a cualquier transformación de la estructura de poder y de su correlativo régimen político. Es esa intransigencia de las élites lo que radicaliza al movimiento social y le obliga a asumir roles políticos más activos.

El movimiento social ecuatoriano comprende que no es suficiente presionar desde fuera para transformar al régimen político, es también necesario presionarlo desde dentro, pero ello plantea una especie de aporía ¿cómo reformular a un régimen político desde dentro si se lo está cuestionando en su totalidad? ¿cómo evitar la relegitimación de ese régimen político con la participación política de los movimientos sociales a su interior? ¿qué agenda que no sea aquella del régimen político que se quiere cambiar es posible estructurar para no entrar en su lógica y en sus dinámicas? ¿hacia qué direcciones debe apuntar esa transformación? ¿cómo va a responder a ello el régimen de propiedad y las estructuras de poder?

Todas éstas son cuestiones que se irán resolviendo sobre la marcha y que empiezan a ser incorporadas en la agenda del movimiento social ecuatoriano desde mediados de la década de los noventa cuando decide participar en las elecciones, y toma la decisión de entrar dentro de la estructura de partidos y de procedimientos de participación electoral para transformar desde allí la política y la economía en el Ecuador.

4.- La transformación desde dentro de la institucionalidad del poder

Existe un rasgo de utopía y de inocencia en esa decisión de los movimientos sociales ecuatorianos de estar dentro del régimen político para provocar transformaciones desde su interior. A mediados de la década de los noventa va a existir un profundo debate sobre la naturaleza misma del movimiento social, sobre las características que debe asumir su participación electoral y sus formas de moverse en ese terreno pantanoso de la institucionalidad política vigente.

Es paradójico pero la clase política y las élites ecuatorianas no vieron en esa participación una amenaza sino más bien una excelente oportunidad de reforzar los contenidos cada vez más autoritarios de la democracia ecuatoriana. En efecto, la idea era visualizar cuantitativamente la fuerza electoral del movimiento social, su capacidad de movilización de recursos, y de posicionamiento de ofertas electorales en un mercado ya fragmentado y reacio a creer en esas ofertas electorales.

Se trataba de llevar a los movimientos sociales a un territorio minado. Una vez dentro del sistema de representación política, las demandas de los movimientos sociales tendrían que atemperarse o adoptar el tono de un discurso político electoral, es decir, un discurso que está de acuerdo en lo fundamental con el status quo vigente.

La clase política cree conocer al elector así como los mercados creen conocer al consumidor. Esa clase política considera que el elector es reacio a los discursos radicales y a las propuestas irrealizables. Dentro del mercado electoral, propuestas como la plurinacionalidad del Estado o la interculturalidad de la sociedad son irrealizables por la sencilla razón que no movilizan a electorado. Sujeto a tribulaciones más cotidianas y a respuestas más concretas el elector tiende a comportarse como un consumidor, es decir, tiende a maximizar el beneficio de su voto individual, por ello su tendencia a suscribir no la vigencia del sistema, sino su reforma, no el “qué”, sino el “cómo”.

En ese contexto, supuestamente el movimiento social debería entrar en una lógica de sobrevivencia electoral dentro de un esquema de calificación electoral altamente restrictivo y excluyente. Las élites pensaron que en virtud de que ese movimiento social no tiene la capacidad de posicionar su agenda en la sociedad dada la privatización total de los medios de comunicación en el Ecuador, era virtualmente imposible que su agenda cobre vigencia y pueda al menos significar una amenaza para ese régimen político.

Quizá por ello la primera participación electoral de los movimientos sociales no haya despertado fuertes resistencias en las élites ecuatorianas. Pero lo que escapaba a su análisis es el hecho de que el sistema de representación política se asentaba en un régimen político en crisis y que la consolidación política de los movimientos sociales respondía justamente a esa crisis.

Una vez dentro de la institucionalidad vigente, el movimiento social comprendió que reformular ese entramado institucional era una tarea más vasta y compleja de lo que se había imaginado. Su débil presencia electoral en la primera elección de 1996, era insuficiente para al menos promover los cambios que se había propuesto. Pero esa débil presencia institucional es interiorizada dentro del movimiento social como el establecimiento de una estrategia de más largo plazo cuyo objetivo principal sea la conquista del gobierno.

A fines de la década de los noventa ese objetivo parecía lejano y casi irrealizable, pero la crisis económica y el fracaso del ajuste económico otorgaron una nueva dimensión a la participación política de los movimientos sociales. En efecto, el gobierno de la Democracia Popular, que asumió el poder en 1999, iba a demostrar esa convivencia entre el régimen político y el poder económico: ante el fracaso del modelo económico, el gobierno de ese entonces opta por incautar los depósitos bancarios del público para salvar a los bancos de una crisis financiera, pero esa crisis es inevitable y el Ecuador entra en su peor crisis económica de las últimas décadas.

En esa coyuntura fue transparente el corporativismo del Estado ecuatoriano entre las élites económicas y el partido de gobierno. Ante la crisis y la resolución de la misma, la clase política opta por salvarse a sí misma y salvar los negocios en los que está implicada.

Un año después, en enero del 2000, la movilización social logra la destitución del gobierno de la Democracia Popular (nombre de la Democracia Cristiana en el Ecuador), e incorpora en la agenda la necesidad de un cambio radical en el régimen político, un cambio que se expresa por las declaraciones del entonces presidente de la CONAIE, de querer “destituir a los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial”, por su responsabilidad en la crisis.

Es por ello que cuando en las siguientes elecciones de 2002, se presenta la alianza electoral entre los coroneles que participaron activamente en la insurrección en contra del gobierno de la Democracia Popular y el movimiento indígena, el electorado transmite su simpatía y su apoyo hacia esa opción electoral, y finalmente logran lo que pocos años antes parecía imposible, ganar electoralmente la conducción del gobierno.

5.- ¿Ser gobierno o ser poder? La difícil opción del movimiento indígena ecuatoriano

Es una paradoja de la historia pero ese hilo conductor del movimiento social que empezaría en julio de 1990 con el levantamiento indígena, y que tendría hitos fundamentales como las movilizaciones de 1992, de 1994, de 1996, la destitución del ex Presidente Abdalá Bucaram en 1997, la Asamblea Constituyente de 1998, los levantamientos indígenas de 1999, la destitución del gobierno de la Democracia Popular en el 2000, y las elecciones de 2002, parece romperse precisamente en esas elecciones cuando el movimiento social ecuatoriano por vez primera en la historia contemporánea tiene la posibilidad de ser gobierno, y este gobierno en apenas su primera semana da un viraje radical hacia la derecha, asumiendo posiciones neoliberales y pronorteamericanas de manera radical.

Se pensaría que al estar en el gobierno y al haber ganado las elecciones, el movimiento social ecuatoriano podría cambiar o al menos suscitar los cambios en ese entramado institucional que se corresponde a un entramado de relaciones de poder. La posibilidad de ser gobierno significaba una enorme oportunidad histórica para el movimiento social ecuatoriano para reformular la estructura de poder y cambiar el régimen político. De hecho, la sociedad ecuatoriana había votado en una gran mayoría pensando justamente en esos cambios que son urgentes e imprescindibles.

Pero las primeras acciones de ese gobierno son un contrapunto y una contradicción con la agenda política de los movimientos sociales: en los primeros días de gobierno se dio paso a la imposición de una de las medidas de ajuste neoliberal más drásticas adoptadas en el Ecuador, al tiempo que el gobierno se alineó de manera directa con los intereses de los Estados Unidos en pleno contexto de guerra.

¿Qué pasó? ¿La lógica de Estado se impuso a la lógica de la historia y de la resistencia? ¿La alquimia del poder operó en los cuadros del movimiento social transformándolos en agentes del poder que decían combatir? ¿Por qué se desperdició la oportunidad histórica de provocar cambios en la estructura del poder político y económico? ¿Por qué el movimiento social arriesga todo su acumulado histórico en un gobierno que cada instante se derechiza más? ¿Por qué el movimiento social avaliza una agenda que no es la suya y cuyo costo implica su supervivencia política al futuro?

El movimiento social ecuatoriano, y entre ellos el movimiento indígena ecuatoriano, se encuentran en una grave crisis de identificación y clarificación políticas. Los cuadros que los representan en la institucionalidad del Estado parecen haber perdido la brújula y se han convertido más en hombres de gobierno que en representantes de un proyecto social alternativo.

Si bien los pequeños espacios conquistados en la institucionalidad del gobierno, representan la posibilidad de llevar adelante en algo la agenda de la plurinacionalidad del estado y de la interculturalidad de la sociedad, pero son espacios demasiado pequeños como para operar cambios profundos en esas direcciones.

De otra parte, dada la estructura del poder en el Ecuador, el movimiento social comprende la importancia de todos los espacios sociales e institucionales que puedan manejarse dentro de su proyecto político, y sabe que esa estructura de poder es reacia a cualquier cambio en las relaciones de poder, y que opondrá todos sus recursos para cerrar las fisuras abiertas.

El movimiento social teme también que no se vuelva a repetir la coyuntura que dio paso a su triunfo electoral, y que ahora quizá sea el momento de compartir el gobierno a cambio de llevar adelante su propia agenda y provocar cambios por mínimos que éstos sean.

El movimiento social también comprende que su participación electoral dentro del sistema de representación política significó crear una burocracia interna que se encuentra muy a gusto en la actual coyuntura porque disfruta de ciertos espacios de poder en el gobierno, y que también será reacia a un posible alejamiento del gobierno por parte de los movimientos sociales porque le significaría una pérdida de poder y de influencia política, una burocracia que desde el poder del gobierno intenta captar al movimiento social más en función de sus intereses que en función de un proyecto histórico de transformación social.

La discusión es compleja pero al mismo tiempo rica dada la diversidad de criterios y la importancia estratégica de asumir decisiones. Tal como se han ido presentando los acontecimientos, es evidente que la alianza de gobierno entre el movimiento indígena y los militares del partido “Sociedad Patriótica”, se realizó entre dos proyectos totalmente contrapuestos.

Para los movimientos sociales, la alianza con los militares jóvenes que ayudaron al derrocamiento del gobierno de la Democracia Popular en el 2000, era la posibilidad de ampliar su política de alianzas y de que su programa político tenga un mayor nivel de difusión, comprensión y aceptación en el conjunto de la sociedad. Para estos militares y su partido, en cambio, era la oportunidad de ejercer el poder sin ningún tipo de proyecto y en función de los apoyos que pudiesen conseguir en la coyuntura, sin importar el color político de esos apoyos.

El costo político que implica un gobierno sin proyecto político es muy elevado para los movimientos sociales, para los militares de “Sociedad Patriótica” que ahora son gobierno, esa consideración simplemente no existe.

Los movimientos sociales, y entre ellos el movimiento indígena, están en pleno proceso de redefinición de su alianza con el gobierno. Pero para otorgarle mayor peso político a ese proceso de redefiniciones tienen que adoptar una serie de decisiones, entre ellas, destrabar la burocratización interna y romper la constitución de aparatos partidistas internos que intentan confiscar la movilización social en beneficio propio, y que a la larga hacen aparecer frente a la sociedad como una participación activa del movimiento social en el gobierno.

Es bastante probable que el movimiento indígena ecuatoriano empiece un proceso de alejamiento de un gobierno que lo contradice y que lo desgasta política y socialmente. Ese proceso de alejamiento para recuperar la legitimidad y credibilidad social tiene que ser radical y completo, de hecho está en juego la plurinacionalidad del Estado, es decir un Estado que garantice el ejercicio de los derechos de todos, y la interculturalidad de la sociedad, es decir, una sociedad en la que ser diferente no sea motivo de exclusión. Vale decir, está en juego el proyecto fundamental del movimiento indígena ecuatoriano, de ahí la necesidad de clarificar posiciones frente a ese gobierno.

Ese proceso de alejamiento implicará una posición más firme y crítica del movimiento indígena frente al gobierno. Sin el apoyo de la base social del movimiento indígena y del movimiento social, el gobierno de hecho será más débil y vulnerable. Su triunfo electoral se debió a la enorme legitimidad y credibilidad que tienen en la sociedad los movimientos sociales y en particular el movimiento indígena. A pesar de todo su alineamiento con la embajada americana, y de toda su entrega al capital financiero, no es un gobierno que goce de la simpatía y el aval de las élites económicas y políticas, que siempre lo verán con desconfianza. Por ello la pregunta final: ¿podrá sobrevivir políticamente a un alejamiento del movimiento indígena?

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