Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 4, No. 39, junio del 2002

Tomasa Sandoval Ceras

1.- INTRODUCCIÓN

Pareciera ser ocioso, pero consideramos necesario volver a insistir en que a más de 508 años de la invasión europea, la sobrevivencia de los pueblos indígenas se mantiene en condiciones de miseria, marginación, explotación, manipulación, discriminación y opresión histórica, que se reflejan actualmente en la existencia de relaciones asimétricas y de desigualdad entre los pueblos indígenas y la sociedad dominante. Este proceso también se ha caracterizado como un proceso de genocidio y etnocidio contra los pueblos originarios del continente conocido como América. Es decir, a raíz de la conquista, colectivos (incluyendo hombres y mujeres) hemos sido excluidos de los grandes proyectos e nación. Ni en la colonia, ni en la independencia, ni en la reforma, ni en la revolución mexicana, ni en el actual proyecto neoliberal ha habido un lugar digno para los pueblos indígenas de México. Sin embargo, este proceso de exterminio no ha logrado acabar con nuestros pueblos; por el contrario, la historia no oficial registra muchos momentos de resistencia, de lucha y rebelión (1994 EZLN) de los pueblos indígenas, por más de 500 años, en contra de la invasión del esclavismo, del colonialismo, del liberalismo, del capitalismo y del neoliberalismo, no solo para defenderse del trabajo forzado y los despojos, como antes, no solo para recuperar las tierras arrebatadas o lucha contra los tributos y los altos impuestos, sino actualmente para demandar el reconocimiento constitucional de los derechos como pueblos indígenas.

2.- LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL DERECHO DE AUTONOMÍA

La autonomía es parte del conjunto de derechos que corresponde ejercer a los pueblos indígenas como lo establece el Convenio 169 OIT, que se contempla con otros derechos como el de la tierra y territorio, sistema normativo propio, etc. El derecho a la autonomía es una demanda central del movimiento indígena nacional y del propio EZLN que nosotros y nosotras consideramos tiene su fundamento en dos principios jurídicos: el primero que señala que el que es primero en tiempo es primero en derecho, razón que les corresponde a los ahora llamados pueblos indígenas, por existir mucho antes de la conformación de las "sociedades nacionales" derivadas de la invasión europea. El segundo principio, es el de la libre determinación que se expresa de manera concreta a través del ejercicio de distintos niveles de autonomía y autogobierno de sociedades específicas denominadas pueblos indígenas. Para ser más precisos, la autonomía es la facultad que tienen los pueblos de decidir su propio destino, considerando su pasado y previendo su futuro; como se estableció en el Foro Nacional Indígena en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en enero de 1996: "la autonomía es una distribución de competencias entre distintos ámbitos de gobierno que van desde lo comunal, municipal y regional y debe ser reconocida como una diversidad de modelos y niveles de acuerdo a las necesidades y condiciones de cada pueblo integrando el derecho a la territorialidad, al autogobierno, al ejercicio pleno de nuestros sistemas jurídicos; al desarrollo económico, social, cultural y el control de nuestra seguridad interna". O como se establece en los Acuerdos de San Andrés Sacamch'en de los Pobres, Chiapas, firmados entre el Gobierno Federal y el EZLN en febrero de 1996, en que reconocidos los pueblos indígenas como nuevos sujetos de derecho: "el derecho a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía asegurando la unidad nacional. Podrán, en consecuencia, decidir su forma de gobierno interna y sus maneras de organizarse política, social, económica y culturalmente".

Posturas similares comparten el Congreso Nacional Indígena y muchas otras organizaciones indígenas del país.

En este sentido es infundado el temor de algunos sectores de la sociedad nacional de un supuesto separatismo de los pueblos indígenas y una supuesta fragmentación de la unidad nacional.

3.- LA AUTONOMÍA Y LA CUESTIÓN DE GÉNERO

Señalábamos al principio que se observan relaciones asimétricas entre los pueblos indígenas y la sociedad nacional, caracterizadas por una enorme subordinación de los pueblos indígenas hacia la sociedad dominante o nacional, estas relaciones de desigualdad permean a todas las sociedades indígenas y repercuten más, nuevamente en las mujeres, al grado de expresarse en lo que se caracteriza como una triple opresión. En el momento actual, las mujeres indígenas viven en condiciones de extrema pobreza, trabajo no remunerado, alto grado de analfabetismo e insalubridad, violencia intrafamiliar, prácticas y costumbres patriarcales y lesivas a su condición de mujeres, negando todo valor a su actividad y dando mayor reconocimiento al trabajo del hombre. Hoy hemos tomado conciencia de que esta situación es injusta y se requiere construir relaciones con trato justo y digno para todas y todos. Hoy alzamos la voz para reclamar que también tenemos derechos específicos dentro de la sociedad, porque somos a la vez: amas de casa, agricultoras, artesanas, comerciantes, cuidadoras de ganado, cuidadoras de los escasos bienes, cuidadoras de los hijos, transmisoras de cultura, depositarias de valores, hasta jefas de familia al quedarnos solas por la migración o el abandono. Por eso insistimos en una nueva relación en que haya autonomía para las mujeres indígenas, que nos permita ser escuchadas en las asambleas comunitarias y asumir cargos, tener derecho a la tierra en forma directa, tener derecho a la capacitación en todos los aspectos, a construir espacios propios y la organización como mujeres para caminar conjuntamente con nuestros compañeros en la construcción de nuestras relaciones con equidad y justicia. Por ello nos unimos al llamado que se hace en los mismos Acuerdos de San Andrés que señalan lo siguiente: "Por la triple opresión que padecen las mujeres indígenas, como mujeres, como indígenas y como pobres, exigen la construcción de una nueva sociedad nacional, con otro modelo económico, político, social y cultural que incluya a todas y todos los mexicanos".

4.- EXHORTACIÓN A LOS PARLAMENTARIOS Y AL GOBIERNO FEDERAL

El momento actual que viven los pueblos indígenas de México es crucial, pues ofrece dos escenarios: o se avanza en el reconocimiento pleno de los derechos como pueblos indígenas o nuevamente seremos excluidos del gran proyecto de nación. Hoy existen condiciones para iniciar una nueva relación entre los pueblos indígenas, los poderes de la Unión y la sociedad nacional en un marco de justicia y equidad para todas y todos. Es necesario empezar a saldar dignamente la enorme deuda histórica que se tiene con nuestros pueblos indígenas ya que gran parte de la riqueza nacional se ha construido con el trabajo, con el esfuerzo y la sangre de nuestros hermanos y hermanas indígenas.

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