Editorial

El Presidente de la República y su hermano, en forma especial, y una serie de funcionarios de todo nivel, mediante sesudos análisis, estadísticas despiadadas, oscuros cabildeos, intentos de compra de conciencias e insultos, se han empeñado en convencernos de la "racionalidad" de vender las empresas eléctricas. Prácticamente ha empezado una nueva cruzada entre los talibán criollos que intentan bombardear las torres del desarrollo defendidas por la alianza de la civilización occidental, cristiana y globalizadora.

En esta nueva cruzada los talibán serían todos los "dinosaurios" que se oponen a la venta, vale decir: movimiento indígena, trabajadores eléctricos, colegios de profesionales eléctricos y electrónicos, muchas autoridades municipales y provinciales, muchos empresarios, a los que se suman una serie de ONGs y movimientos sociales que se oponen a la privatización a ultranza; mientras en la alianza de occidente estarían: el gobierno de los hermanos Noboa; Heinz Moeller, Canciller de la República, patrocinador hasta hace poco, de una de las multinacionales que podría adquirir el sistema eléctrico nacional; Ing. Alfredo Mena, durante muchos años presidente de la Empresa Eléctrica Quito, a la que hoy acusa de ineficiente; varias cámaras de la producción, especialmente de la Costa, además de otras figuras menores.

A continuación resumimos los argumentos que más se han usado para justificar la venta de las empresas de distribución eléctrica.

• Existe déficit en la producción de energía eléctrica, por eso los esporádicos apagones.
• Deben construirse los proyectos de Mazar, Toachi-Pilatón y otros para lo que se requieren varios cientos de millones de dólares.
• El Estado no tiene los recursos necesarios, ni nadie quiere prestárselos, para construir los nuevos proyectos hidroeléctricos.
• Nadie quiere invertir en generación eléctrica si no se garantiza que las empresas distribuidoras sean eficientes.
• Las empresas distribuidoras no pueden ser eficientes porque tienen enormes "pérdidas negras", (luz que alguien consume y nadie paga) y por culpa de los trabajadores y sus sindicatos que tienen contratos colectivos leoninos.
• Los recursos del Estado que ahora están en empresas ineficientes alimentarán al Fondo de Solidaridad cuyos intereses servirán para dar salud y educación a los más pobres.

Todos estos puntos forman un sistema de ecuaciones:

Las empresas eléctricas ineficientes, sumadas a la falta de recursos del Estado, necesarios para la construcción de los nuevos proyectos, dan como resultado un cada vez mayor déficit de energía y los apagones.

Mientras tanto, la venta de empresas eléctricas produciría el ingreso de recursos en el Fondo de Solidaridad y por lo mismo la mayor atención de la salud, la educación y la construcción de los proyectos hidroeléctricos.

Resolviendo las ecuaciones, el Presidente nos ha dado la respuesta en los medios: "Si no se venden las empresas eléctricas no se construye Mazar, así de sencillo".

¿Cómo no podemos entender la racionalidad de la argumentación gubernamental?

También es muy sencillo: no la entendemos porque no es nuestra racionalidad. ¡No existe una sola racionalidad!

El proceso que el gobierno ha seguido está viciado de ilegal, a este respecto se ha pronunciado el Tribunal Constitucional e inmoral, tema sobre el que han hablado autoridades locales como el Alcalde de Cuenca, el Prefecto del Cotopaxi y otras, así como dirigentes indígenas y eléctricos, dirigentes populares y técnicos.

No existe hasta el presente la valoración de lo que se quiere vender. Existen serias dudas de que se pretenden vender las empresas a una fracción de su valor real.

La venta no es en verdad una privatización, puesto que las empresas eléctricas así sus acciones sean propiedad de los municipios, Consejos provinciales o del Fondo de Solidaridad, son empresas de derecho privado.

Varios organizamos seccionales estarían encantados de hacerse cargo de la administración eficiente de las empresas eléctricas, porque el negocio es rentable.

Los problemas de las empresas distribuidoras no son por culpa de los trabajadores, los sindicatos o los contratos colectivos, otros son los culpables.

Los proyectos hidroeléctricos que hacen falta podrían ser construidos por medio del sistema BOT, es decir que quien construya, financie y opere los proyectos hasta recuperar su inversión más una justa ganancia.

No existe ninguna garantía de que los recursos, que podría recuperar el Fondo de Solidaridad por la venta de las empresas eléctricas, sean utilizados para la educación y la salud, porque la presente y anteriores administraciones del país han dado muestras del criterio con que manejan los dineros públicos. Para muestra sirvan dos ejemplos: el manejo de la crisis bancaria que ya cuesta más de cuatro mil trescientos millones de dólares y la intención de perdonar las deudas de más de cincuenta mil dólares de los acreedores de la banca pública.

Y, la última maniobra del gobierno, la oferta a los trabajadores eléctricos para que se asocien en la privatización mediante la compra del 10 % de las acciones de las empresas a diez años plazo, sin intereses y a pagar con el rendimiento de las propias acciones, un regalo. Más inmoralidad, aspiramos que los trabajadores eléctricos no caigan en la trampa que los alejará definitivamente del lado de quienes se supone están defendiendo.

La lógica impecable de la racionalidad neoliberal, nos llevará siempre a resolver la ecuación del desarrollo mediante la receta que el FMI nos está obligando a tragar, privatización, apertura a los mercados externos y ley de la oferta y la demanda; receta teñida siempre de corrupción.

Cuenta el Che que mientras examinaba impotente, a los habitantes de una aldea boliviana y encontraba que todos padecían de desnutrición, parasitosis y otras secuelas de la pobreza, que no estaba en sus manos solucionar, una niña, que había presenciado todo el trabajo, decía: "Mami, ese doctor a todos receta lo mismo".

La lógica del desarrollo, la receta globalizadora, es la misma que durante los treinta últimos años se ha aplicado en Ecuador y Malasia, en Brasil y Yugoslavia, en Argentina y Rusia, en África y Centro América. ¿Será que el Fondo Monetario Internacional, conmovido observa como morimos de subdesarrollo sin esperanza de salvación? O será que el problema no está donde lo están buscando, sino en el sistema que pone la ganancia privada como único norte, la utilidad particular como único fin.

La "protesta con propuesta" que ha levantado el movimiento indígena tiene que extenderse a toda la sociedad civil, debemos estructurar un movimiento nacional en el que participen activamente las autoridades locales, la población urbana, las mujeres, los jóvenes; un movimiento que no solamente pare la privatización del sistema eléctrico, sino que construya un modelo económico, social y político alternativo para dar respuestas integrales al país diverso en el que vivimos.

Debemos poner más fuerza a la "MINGA PARA QUE EL ECUADOR NO SE APAGUE".

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