Boletín ICCI
"RIMAY"

 1.1 Tendencia de las políticas estatales

La tendencia de los ajustes estructurales que propenden a implantar esquemas de políticas sociales y económicas neoliberales con la aspiración de instituir el mercado de aguas en el país, conjuntamente con el debilitamiento de la presencia del Estado y el traspaso de las responsabilidades a las instancias privadas pone en peligro un manejo de aguas enmarcado en el principal objetivo que es la función social del agua.

 Generalmente ha habido poca atención por parte del Estado para los sistemas comunitarios de riego. La característica de la intervención estatal consiste en un apoyo a la producción empresarial, donde predominan los criterios de rentabilidad financiera y más las presiones políticas de los sectores tradicionalmente dominantes y en el ejercicio del poder.

 Las intervenciones siempre se han dado de manera vertical, sin haber dado paso a la participación de los usuarios del agua, ni a las organizaciones de productores campesinos. El Estado pretende desvincularse de su responsabilidad y obligación de atender a los sectores pobres del país, especialmente del sector de los pequeños productores.

 1.2 El Proceso de Modernización

 En el marco del Proyecto de Modernización del Estado y dentro de este contexto en lo correspondiente al sector agrario (PROMSA), se implementa el proceso de transferencia de los sistemas de riego construidos por el Estado en lo que respecta a administración, operación y mantenimiento, mediante el Proyecto de Asistencia Técnica al Subsector Riego (PAT-Riego). En 1994, el INERHI desaparece y se crea el CNRH (Consejo Nacional de Recursos Hídricos) junto con el Proyecto de Asistencia Técnica al Subsector Riego (PAT-RIEGO). Además se crean las Corporaciones Regionales de Desarrollo (CORSINOR, CORSICEN, CODERECH, CODERECO, etc.) que están encargadas de la transferencia de los sistemas de riego a las organizaciones de usuarios (Juntas de agua).

 Todo el proceso de modernización del sector agrario fue financiado a través de un crédito otorgado por el BID (80 Millones de dólares USA). Los objetivos de este proceso fueron, entre otros, la creación del CNRH, la reforma de la Ley Agraria, la implementación de políticas sociales y económicas de tendencia neoliberal (a través de la eliminación de las empresas del Estado, como son ENAC, ENPROVIT, FERTISA, Programa del Banano, etc.).

 Este proyecto, al que se suma el "PAT-RIEGO" con un crédito del Banco Mundial de 20 Millones de dólares USA, ha significado un incremento del endeudamiento externo del país. No se ha logrado mayores avances en la consolidación del manejo de los sistemas de riego, ni del sector agrario. Mas bien la transferencia de los sistemas de riego significa que el Estado abandona a las organizaciones de regantes, sin que ellas dispongan de la suficiente capacidad económica, técnica y administrativa para poder efectuar una operación y un mantenimiento adecuado de sus sistemas de riego. Hasta ahora no cuentan con la suficiente capacidad de amortización de sus sistemas para de esta manera poder cubrir los costos de obras hidráulicas importantes.

 1.3 Datos generales sobre RIEGO

 La producción agrícola bajo riego es una parte esencial de la agricultura del Ecuador. Se estima que actualmente hay unas 568.000 has. bajo riego, es decir que el riego cubre un 30% de la superficie cultivada en el País (1`850.000 ha).

 Del total de la superficie regada, aproximadamente el 81 % (460.000 ha) se encuentran bajo riego particular (comunitario y privado), mientras que el 19 % (108.000 ha) se riega con sistemas públicos. La comparación de estas cifras indicaría que el riego en el País es una actividad desarrollada hasta ahora principalmente por la iniciativa privada. Esta conclusión, sin embargo, dista mucho de reflejar la magnitud de las inversiones realizadas por el Estado. Según IDEA, al año de 1993 un 11 % de la deuda externa (1´455 millones de dólares) podría atribuirse a inversiones y compromisos en sistemas de riego público.

 En 1996, el riego público se realizaba a través de 65 sistemas en operación, de los cuales 49 estaban localizados en la sierra y 16 en la costa. Una gran parte de estos sistemas se encuentran en operación parcial y todavía en proceso de construcción La superficie atendida por estos sistemas, en forma individual, varía, desde áreas inferiores a las 200 ha, hasta áreas superiores a las 15.000 ha. Estimaciones realizadas por la Unidad Ejecutora del Proyecto de Asistencia Técnica al Subsector Riego UEP, indican que el área regable cubierta por estos sistemas es del orden de las 147.000 ha y el área regada del orden de las 108.000 ha.

 

 

 

 

CUADRO N°1 SISTEMAS DE RIEGO ESTATALES EN EL ECUADOR

 

En lo que refiere al riego particular se estima que actualmente se riegan 220.000 ha. en la costa y 240.000 ha. en la sierra.

El riego particular en la sierra está constituido por una compleja infraestructura de canales (acequias), generalmente sin revestimiento y con obras de captación y distribución en su mayoría rudimentarias. Entre estos sistemas hay una gran cantidad de sistemas comunitarios e intercomunitarios que benefician a miles de usuarios pobres y algunos que sirven a un solo usuario. Las áreas regadas por estos sistemas varían entre decenas y miles de hectáreas.

El marco de la política de modernización del Estado, la política agraria está claramente orientada a fortalecer las grandes explotaciones de productos de exportación (flores y frutas, en especial en la sierra). Estas pretenden aprovechar ciertas ventajas comparativas para obtener divisas, perjudicando a las pequeñas agriculturas familiares. Las unidades de producción familiar demuestran una eficiencia económica y social superior, por contribuir a la seguridad alimentaria, a la estabilidad social, a una repartición poblacional equitativa y por crear fuentes de trabajo y tomar en cuenta externalidades dejadas de lado por la agricultura empresarial (costos ambientales p.ej.).

Si bien el Ecuador importa hoy en día gran parte de sus cereales, en especial el trigo y avena, sin embargo, las agriculturas familiares campesinas siguen abasteciendo el país en productos alimenticios, tales como la papa, la cebada, el maíz, el ajo, la cebolla o los frutales. Las ferias de productos agrícolas, tan numerosas en todas las ciudades y pueblos de la sierra en especial constituyen solamente una prueba de la vitalidad e importancia de este sector agrícola para el desarrollo del país.

Un proceso histórico determinó que las haciendas se ubiquen en los valles, mientras que los campesinos sean desplazados hacia las laderas sobre tierras más altas con menor capacidad productiva, las cuales desde hace mucho tiempo fueron afectadas por un proceso continuo de erosión, originado por las inadecuadas técnicas de producción aplicadas por las haciendas y replicadas en muchas de las unidades de producción familiar campesina.

Con la recultivación de las superficies de cangahua (20% del callejón interandino central y septentrional) se podrá diversificar la producción agrícola y la recuperación de la fertilidad de estos espacios producirá mejores rendimientos de las cosechas de cereales y hortalizas. Además de incidir positivamente en la producción agropecuaria la recultivación de estas superficies degradadas y actualmente sin uso significa una revalidación de la tierra que puede tener un efecto positivo en la economía campesina y sobre la estabilidad social en las zonas rurales densamente pobladas.

Se considera también, que la implementación del fondo podrá contribuir a detener el proceso de degradación de las zonas altas (páramos), las cuales constituyen el espacio más importante de las cuencas y microcuencas hidrográficas respecto de la conservación y el almacenamiento de agua.

Uno de los principios más importantes es que se considere la función social, y no sólo económica, que debe cumplir el recurso agua:

El agua debe contribuir al desarrollo nacional y garantizar la seguridad alimentaria interna del país (la agricultura indígena-campesina es la fuente principal para el abastecimiento nacional). El agua será uno de los recursos fundamentales para viabilizar el desarrollo de las economías campesinas y asegurar una estabilidad poblacional geo-social.

Deben mantenerse prioridades para la adjudicación y el uso del agua (prelación):

a) uso doméstico,

b) producción de alimentos a través de la agricultura bajo riego,

c) otros usos (agroindustria, industria, energía, minería). 

Se considera que es necesario revisar la actual distribución del agua, ya que el recurso se concentra en pocas manos. La redistribución (incluyendo también criterios de equidad inter-generacional, social, etno-cultural) debe realizarse de acuerdo con las prioridades establecidas y a través de un proceso de participación que permita el manejo de conflictos alrededor del acceso al recurso agua.

Los sistemas de riego particular hasta la presente han recibido poca o ninguna atención por parte de la administración pública, en lo concerniente a rehabilitación, adecuación y mantenimiento. El Estado ha destinado los recursos a los sistemas construidos por la Caja de Riego, INERHI y por ahora las Corporaciones Regionales de Desarrollo. Desde mediados de los años 90, el Estado se dedica a la transferencia de los sistemas construidos por la administración pública, con el aumento de la deuda externa, sin garantizar su funcionamiento en el futuro.

El agua al ser un recurso estratégico para la sobrevivencia y para la producción de amplios sectores requiere de un tipo de gestión que permita superar los conflictos y conseguir acuerdos respondiendo a los intereses colectivos.

La gestión social del agua requiere de una participación democrática de todos los usuarios y el diseño de una estructura participativa que abarque los niveles:

a) social y técnico,

b) jurídico-organizativo (agencias de agua, asesoría técnica),

c) económico.

Para el aprovechamiento del agua deben establecerse derechos, responsabilidades, aportes colectivos, reconociendo al manejo comunitario como un elemento de gestión participativa y democrática.

Además de la rehabilitación física de los sistemas de riego se debe propender al manejo de conflictos alrededor de la gestión del agua. Esto significa que es necesario:

4.1 Considerando:

Crear un Fondo Nacional de Riego y de Rehabilitación de Tierras degradadas.

El Fondo tendrá un carácter nacional, permanente (un horizonte mínimo de 20 años de funcionamiento) y sustentable. Esta proyección del Fondo a largo plazo permitirá resolver la problemática del riego en el país a diferencia de las actuales medidas basadas en proyectos de corto plazo, con una cobertura limitada, con un alto costo y resultados parciales. Los procedimientos propuestos para el funcionamiento del Fondo se basan en reconocer y aprovechar la capacidad comunitaria y las experiencias institucionales locales, lo cual garantizará:

• los bajo costo y la eficiencia de las intervenciones,

• la transparencia en la gestión del Fondo,

• el carácter participativo de su funcionamiento, y

• su inserción en el proceso de descentralización.

 

a) Reactivación de las economías de los pequeños agricultores,

b) Generación de empleo en el área rural,

c) Optimización del uso del agua,

d) Garantizar la Seguridad Alimentaria interna del País,

e) Lograr mayor estabilidad socio-económica en las zonas rurales y disminuyendo el crecimiento acelerado de los centros urbanos,

f) Armonizar el desarrollo humano, aplicando una gestión sostenible y eficiente de los recursos naturales, en el marco de una agricultura familiar.

 Este Fondo será destinado a atender la demanda presentada por los usuarios de los sistemas de riego comunitarios y privados:

 Se deberá considerar la integralidad de los sistemas de riego en relación con los diferentes sectores sociales de usuarios, así como las condiciones de ubicación geográfica, con el fin de que se garantice el funcionamiento de los sistemas desde sus fuentes de agua hasta el ultimo usuario.

 5.2 El Fondo se destinará a las siguientes acciones

El Fondo contará con un capital inicial destinado a su arranque. En su fase de funcionamiento, el Fondo será capitalizado vía las siguientes opciones que pueden ser complementarias:

El financiamiento del Fondo debe ser asegurado a través de contribuciones internas y de donaciones internacionales, evitando recurrir al incremento de la deuda externa del país.

El Fondo necesitará arrancar durante su primer año con un aporte de 25 millones de US-$ para estructurar sus distintas unidades (organización institucional y operativa) y empezar las primeras intervenciones en los sistemas de riego. El presupuesto anual del Fondo en su fase de funcionamiento regular deberá alcanzar 50 millones de dólares US por año, para alcanzar unas superficies mayores a 400.000 ha y a 50.000 ha de tierras endurecidas y erosionadas, con el fin de mejorar la situación socioeconómica de más de 300.000 familias.

El Fondo será creado mediante Decreto Ejecutivo, tendrá un carácter autónomo y no politizado. Se buscará simultáneamente obtener una legitimidad del Fondo a través de un proceso legislativo desembocando en Ley de la República. Se sugiere que existan estructuras organizativas con una estructura sencilla, eficiente con costos bajos (tanto en términos de personal como para agilitar los tramites y las decisiones) a dos niveles:

El Consejo Directivo del FONDO será integrado por:

Las representaciones de estos actores del riego en el Consejo Directivo del Fondo serán las siguientes:

50% para las organizaciones indígenas y campesinas,

25% para las organizaciones de regantes,

25% para la representación estatal.

El Consejo Directivo estará a cargo del diseño de las políticas, estrategias para el riego campesino y el manejo del fondo de riego.

El Consejo Directivo formulará los lineamientos de trabajo, parámetros de aprobación de propuestas, prioridades de financiamiento y apoyo. Además, creará el Departamento Técnico.

El Consejo Directivo creará un departamento técnico que estará a cargo de la elaboración de planes de inversión, planes de trabajo a nivel nacional, y la evaluación del avance técnico de los proyectos. Además determinará el accionar de las delegaciones regionales y sistematizará y documentará los procesos.

El departamento técnico estará conformado por:

El Fondo contará con una Unidad Administrativa Financiera que tendrá a su cargo el manejo administrativo, contable y legal. Se sujetará a auditorias externas periódicas. Realizará un seguimiento a los proyectos, planes y programas.

Se crearán unidades regionales o provinciales, cuya representación deberá reflejar la estructura del Consejo Directivo del Fondo. Sus funciones serán operativas (administración, recepción de propuestas, calificación, aprobación, asesoría técnica, capacitación seguimiento, fiscalización a las obras, etc.).

Para las obras de infraestructura se elaborarán diseños participativos de obras hidráulicas. La ejecución de las obras se contratará directamente con las organizaciones buscando alternativas a la Ley de Contratación Pública, previniendo la corrupción. En caso de requerimientos especiales, se recurrirá a la contratación de empresas competentes con procesos de contracción transparentes.