Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 13, No. 152, Noviembre 2011

¿Renuncia obligatoria o despido intempestivo?

Guido Proaño A.

El presidente de la República sabe cómo manejarse en la tarima, así lo ha demostrado durante todos estos años y no podía dejar de hacerlo en la reciente Cumbre Iberoamericana realizada en Asunción, Paraguay. Cuando la vicepresidenta para América Latina del Banco Mundial, Pamela Cox, hacía uso de la palabra en ese evento, Rafael Correa abandonó la sesión señalando que Cox debería "comenzar su discurso pidiendo disculpas por el daño que el BM ha hecho a América Latina y al planeta".

Las cámaras y micrófonos corrieron tras él para sacar algunas declaraciones que, por supuesto, insistieron en criticar el nefasto papel jugado por ese organismo. Pero lo que el mundo no pudo conocer es que en ese mismo instante en el Ecuador 2500 empleados públicos eran despedidos bajo una novedosa figura inventada por la "revolución ciudadana", tipificada como "renuncia obligatoria". Al momento de escribir estas líneas ya son cerca de cinco mil los trabajadores estatales echados a la calle y, de lo que se conoce, la intención gubernamental sería despedir a muchos más.

Con habilidad y bastante de cinismo, el presidente ecuatoriano envió un falso mensaje al mundo: "en Ecuador existe un presidente de izquierda que hace frente a los organismos internacionales manejados por los dueños del capital financiero"; sin embargo, en realidad Rafael Correa aplica medidas que forman parte del viejo recetario del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, éste apenas es un solo ejemplo. Ahora la propaganda gubernamental intenta convencer que los despedidos son quienes, con su desidia e irresponsabilidad, tenían empantanado el funcionamiento de las instituciones estatales, que estaban contagiados por la corrupción o que sobraban en un aparato burocrático muy grande al que es necesario reducirlo, como lo afirma el Ministro de Relaciones Laborales Richard Espinoza. Pero ninguno de quienes de pronto viven hoy la desocupación fueron evaluados en su trabajo o juzgados por las temerarias acusaciones que se han lanzado.

No, simplemente es necesario echarlos para cubrir esas vacantes con gente cuyo principal mérito es portar el carné del partido de gobierno. Entre los cesantes, por ejemplo, existen profesionales de la salud de alto nivel; mujeres embarazadas que por ley no pueden ser despedidas; dirigentes sindicales; trabajadores que estaban por jubilarse, por lo que ahora han perdido ese derecho... La asambleísta por Loja, Nivea Velez, denunció en el parlamento que la gobernadora de su provincia despidió a 112 de 113 empleados de esa institución. ¡Quién puede creer que tras esa barrida no está la intención de saciar el apetito de correístas que se afirman en la "revolución" a cambio de un puesto! Eso es lo que la Ministra Doris Solís y otros denominan cubrir los puestos en base a la "meritocracia".

La renuncia a una función es un acto voluntario, pero el correísmo parió la renuncia obligatoria que, por cualquier lado que se la mire, es inconstitucional. El ministro Espinoza es incapaz de diferenciar lo que constituye un acto voluntario de uno forzado y señala que lo actuado se apoya en el art. 47, literal k de la Ley Orgánica de Servicio Público que habla de la “compra de renuncias con indemnización”, pero resulta que ninguno de los empleados despedidos presentó su renuncia: fueron echados de su trabajo, lo que equivale a despido intempestivo. No son pocos los servidores públicos que denuncian haber sido presionados y amenazados con armas por parte de los policías que fueron a expulsarlos de sus puestos de trabajo. Nunca antes en el país se ha producido algo similar.

La confabulación del correísmo para consumar este acto es total. En la sesión de la Asamblea del día lunes 31 de octubre, el asambleísta Jorge Escala del MPD y dos parlamentarios más, por separado, solicitaron el cambio en el orden del día para tratar este grave problema, pero la mayoría gobiernista lo impidió. En la Corte Constitucional, en la que desde agosto reposa un pedido de inconstitucionalidad del decreto 813 tampoco se agilita el proceso y, obviamente, no se lo hará como parte de la estrategia gubernamental.

Esta medida violatoria a los derechos humanos expresa la afirmación del carácter autoritario del gobierno, es una más de entre las tantas adoptadas en contra de los derechos de los trabajadores que han provocado rechazo y protestas, como ahora están produciéndose. Rafael Correa no necesitaba en Asunción escuchar a la representante del Bando Mundial, él sabe de memoria cómo aplicar sus programas antipopulares en el país, no necesita de tutores.

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