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Boletin ICCI ARY-Rimay
Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 9, No. 102, septiembre del 2007

Editorial

El movimiento social gestor de la asamblea constituyente


A fines de la década de los 80 el movimiento laboral ecuatoriano que había dado una larga lucha a la dictadura de Rodríguez Lara, el triunvirato militar y al gobierno del democristiano Oswaldo Hurtado, sucesor del desaparecido Jaime Roldós, había ingresado en una crisis de convocatoria y representatividad. La coerción, la represión política, la corrupción y cooptación de un sector de la dirigencia y el inicio del desplome de los referentes del socialismo real en Europa del Este, habían contribuido a su debilitamiento.

E en este contexto de desesperanza e indefensión del pueblo ecuatoriano que emerge un nuevo actor social: el movimiento indígena, que surge comandado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE y por su histórico dirigente Luis Macas Ambuludí, organización y líder que marcarían desde 1990 el rumbo político del país hasta nuestros presentes días.

Para muchos aún resulta sorpresivo y meteórico el ascenso a la Presidencia de la República de un joven economista casi desconocido hasta antes de su corta incursión pública como Ministro de Economía en el régimen de Alfredo Palacio. La lucha por la redistribución del FEIREP (Fondo de Estabilización, Inversión y Reducción del Endeudamiento Público) un fondo compuesto por los recursos excedentes de la explotación petrolera con los que se quiso beneficiar la inversión social y los acercamientos con el gobierno del Presidente venezolano Hugo Chávez, le habían ganado cierta simpatía popular al actual mandatario Rafael Correa. Pero son múltiples los factores y las argumentaciones que se pueden decir para explicar este fenómeno político.

Las raíces sociales del apoyo a Correa provienen sin duda de un pueblo motivado por la búsqueda de una luz al final del túnel en la “larga noche neoliberal”. Ese mismo pueblo progresista representado muchas veces por los levantamientos, los alzamientos indígenas y por las creativas formas de protesta de los movimientos sociales urgbanos, son los que han abierto el camino a un “gobierno progresista” y por supuesto a la Asamblea Nacional Constituyente (a la de 1998 como a la del 2007-2008).

Los pueblos anónimos e in-visibilizados por los medios de información son los que forjan la historia con un repique lento pero persistente. Sin embargo, los “dueños de la opinión pública” han cultivado la amnesia que resulta funcional para esos medios e intereses y para los viejos partidos y politiqueros de la derecha.

Pero resulta también que ahora, inclusive para un sector del propio gobierno, el fenómeno político Correa es “un parto de los montes”, casi un hijo de la naturaleza y del destino, a tal punto que inclusive le agradecían a él injustamente, a través de grafittis pintados en las paredes de Quito – ya en el marco de la campaña política – el haber impedido la firma del TLC, situación frente a la que el candidato no tenía una posición definida, luego habló de la necesidad de una Consulta Popular que era la tesis de Ecuador Decide y otras organizaciones sociales, para arribar finalmente a una postura de negativa total a la firma del Tratado, que “coincidió” con la posición de la CONAIE y la mayoría del pueblo ecuatoriano – este cambio de posición ocurrió al pasar a la segunda vuelta electoral – en la que venció. El entonces candidato Correa quedaba así a tono con las expresiones políticas de la izquierda social, que ya enarbolaba también la bandera de la Asamblea Popular Constituyente, con el apoyo de las Asambleas barriales de Quito y más de 70 organizaciones aglutinadas entorno a la CONAIE.

Correa y sus seguidores hábilmente acogieron también la iniciativa de Eduardo Delgado y el Movimiento Gente Común de no presentar candidatos para la diputación y de votar nulo para estas dignidades, propuesta que luego se complementó con la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente.

El fenómeno político Correa y la Asamblea Constituyente son dos procesos políticos que no son posible verlos separados del proceso histórico general de la lucha iniciada muchos años atrás por el movimiento social ecuatoriano y el movimiento indígena como su principal componente. La heroica lucha de la mayoría del pueblo ecuatoriano se convirtió así en una vigorosa voluntad de cambio político, voluntad política convertida hoy en gobierno y Asamblea, voluntad política que también está presente en vastas regiones de América del Sur que están enterrando a los viejos regímenes.

La CONAIE, la Coordinadora de Movimientos Sociales, los frentes de trabajadores públicos (eléctricos y petroleros) entre otros diversos actores sociales y populares son los legítimos gestores de los nuevos procesos políticos que vivimos y por tanto sus auténticos protagonistas y fiscalizadores, más allá de su representación formal o mediación electoral.

La Asamblea Constituyente y lo que allí se decida bajo la mirada y la participación atenta de un pueblo soberano y digno como el ecuatoriano está y debe estar íntimamente vinculada con el sentimiento político de un pueblo que está opuesto a los proyectos de hambre. La dignidad se ha puesto a prueba a través de múltiples expresiones de rebeldía: paralizaciones, huelgas nacionales, levantamientos indígenas, protestas, manifestaciones en contra de las privatizaciones, revocatoria del mandato a tres gobiernos traidores. Hace pocos meses comenzó a cosechar victorias extraordinarias como la no firma del TLC, la caducidad de la OXY, y más recientemente las victorias electorales que llevaron a Correa a la Presidencia y a la mayoría de Alianza País a la Asamblea Nacional Constituyente.

La rebeldía popular buscaba un cauce. De las calles pasó a las urnas y se frustró eligiendo al “loco que ama” que poco después fue defenestrado, luego este mismo pueblo eligió a un “inteligente mandatario” que supuestamente sabía lo que tenía que hacer y que provocó el mayor atraco bancario de la historia que robó los fondos públicos y personales de los ecuatorianos, ganándose el repudio generalizado y la caída de ese gobierno en enero del 2000. Pero el poder oligárquico supo reorganizarse para seguir conduciendo el poder del Estado y frustró una vez más la esperanza y eligió como presidente a un joven militar que participó en el derrocamiento de Jamil Mahuad, junto a los indígenas, razón que erróneamente condujo al apoyo electoral.

La rebeldía popular tiene ahora un cause en la Asamblea Constituyente en la que si el gobierno se reclama ciudadano está obligado a aceptar la membresía de todos los ecuatorianos en el proceso constituyente con sus deberes y derechos, estimular la participación franca más allá de representaciones formales y arribar a acuerdos y consensos que permita la toma de decisiones democráticas. Dichos acuerdos en el proceso de reconstitución del país deberían darse en el marco previsto por la convivencia democrática o una vez más por un nuevo tipo de imposición frente a la que debemos estar vigilantes.


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