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Denuncia ante ONU Quito, 2 de Febrero de 2001 Señora Mary Robinson Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Coordinadora del Decenio Internacional para los pueblos indígenas, Ginebra, Suiza De nuestras consideraciones: Los diputados indígenas Dra. Nina Pacari y Gilberto Talahua , conjuntamente con el Dr. Patricio Pazmiño Freire en representación del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) con sede en Quito, Ecuador, respetuosamente comparecen ante usted para exponer los actos y acciones impulsadas por el Gobierno Ecuatoriano, en la persona del Dr. Gustavo Noboa en su calidad de Presidente de la República, el Dr. Juan Manrique en su calidad de Ministro de Gobierno y Policía y el Vicealmirante Hugo Unda, Ministro de Defensa. Estos actos y omisiones violan derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República y varios tratados internacionales ratificados por el Ecuador, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación Contra la Mujer y el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. Ecuador enfrenta una persistente crisis social, económica y política en el marco de una región altamente conflictiva e inestable. Es absolutamente irresponsable que el gobierno enfrente las demandas y protestas pacíficas de su población, cerrando toda vía de negociación. Sustituir el diálogo por la represión es una política inadecuada que lo único que puede provocar es mayor violencia, ruptura de las garantías constitucionales y violación de los derechos humanos, instaurando en el país una espiral de confrontación inusitada. En el Ecuador, fruto de su fragilidad política, corrupción y crisis económica, en los últimos años se han destituído dos Presidentes de la República, sin derramar una sola gota de sangre, hoy por hoy, la violencia y represión desmedidas, ordenadas por el gobierno del Dr. Gustavo Noboa B., tiene a varios indígenas con heridas de bala, y, a cerca de cinco mil indígenas, retenidos de hecho, esto es, cercados por elementos de la Policía Nacional y el Ejército, en los patios de la Universidad Politécnica Salesiana, entre los que están mujeres, niños y ancianos, a quienes durante dos días no se les permitió que reciban la ayuda humanitaria de la ciudadanía, consistente en medicinas, ropas, alimentos y agua potable. A más de la represión directa, se ha ejercido una masiva discriminación en contra de los indígenas quienes han sido obligados por los militares a abandonar los vehículos de transporte en que se movilizaban, han sido impedidos de caminar por las calles de Quito, sean o no parte de la movilización indígena, por el único y exclusivo hecho de tener una vestimenta que así lo caracteriza. Un hecho alarmante que no puede dejar de denunciarse, por las profundas implicaciones de discriminación y racismo que implican, es la acción de la policía en la provincia de Imbabura, que procedía a detener a los choferes y a requisar los vehículos de cooperativas de transporte, exclusivamente por el "delito" de llevar nombre de indígenas. De manera bastante sospechosa, coincidiendo con la llegada de los indígenas a la capital de la República, han aparecido leyendas en las paredes de la ciudad con frases como las siguientes: "Haz patria, mata un indio". Por las consideraciones expuestas, y en consideración al alto cargo que usted ostenta, pedimos a usted que exhorte al gobierno nacional el cese inmediato de la violencia y represión, el respeto para los derechos fundamentales de los indígenas y esfuerzos mayores, transparentes y eficaces para que los diálogos tengan resultados y compromisos eficaces, que sean verificados por un delegado independiente de su alta representación. Antecedentes Diversas organizaciones indígenas, estudiantiles y de trabajadores del Ecuador iniciaron protestas y movilizaciones pacíficas desde los primeros días del año 2001 en contra de las continuas y duras medidas de austeridad tomadas por el gobierno nacional, implementadas en cumplimiento de la Carta de Intensión suscrita con el Fondo Monetario Internacional. Estas protestas comenzaron luego de un año de intentos fallidos de dialogar con el gobierno. El 26 de Enero las organizaciones indígenas (CONAIE, ECUARUNARI, FEINE, FENOCIN Y AFILIADOS DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO) convocaron a una movilización indígena nacional e iniciaron marchas pacíficas de comunidades de base desde diferentes lugares del país hacia Quito, así como otros actos de protesta en diferentes ciudades del país. El gobierno del Ecuador ha respondido con violencia y represión a estas movilizaciones, dispersando a los indígenas en las carreteras con bombas lagrimógenas, disparos y obligándolos a que no utilicen medios de transporte para asegurarse que caminen hasta la capital de la República. El Alcalde indígena de Cotacachi, Economista Auki Tituaña, de inmenso prestigio local e internacional, por sus ejecutorias públicas, ha auspiciado la conformación de una Comisión de Facilitación del conflicto, la misma que espera la reacción positiva del gobierno nacional. Las protestas indígenas son el resultado de toda una historia de discriminación, abandono y pobreza masiva, especialmente sufrida por los pueblos indígenas. En los últimos años, Ecuador ha vivido reiteradas crisis sociales. Hoy por hoy el país tiene una de las tasas más altas de desigualdad en la distribución de la riqueza en el mundo. La población indígena representa aproximadamente el 40% de la población, pero se encuentra en el extremo más pobre de esa desigualdad: solamente posee el 3% de los medios de producción y vive con un promedio de US$ 2 diarios. La pobreza en el país ha llegado a niveles nunca antes vistos: se considera que el 70% de la población está bajo la línea de pobreza, y de entre ellos, un 20% son indigentes. Como es de suponer, las condiciones de los pueblos y nacionalidades indígenas constituyen los extremos más alarmantes de estas cifras. Estos pueblos y nacionalidades sufren una terrible limitación de participación y representación política. Menos del 3% de los miembros del Congreso Nacional son indígenas, no hay ni un solo indígena en el Gabinete Ministerial. Muchos de los espacios oficiales y medios de comunicación no tienen sus puertas al diálogo o a una participación activa de este sector de la población. Para ellos, uno de los pocos recursos para expresar sus opiniones, ser escuchados y participar en la vida política del país termina por ser una movilización masiva hacia la capital. De acuerdo a la información recibido hasta el día de hoy, entre 8.000 y 10.000 indígenas han llegado a la ciudad de Quito en los últimos cinco días, entre los que se cuentan un gran número de mujeres y niños, incluso de pecho (aprox. 400 estos últimos). A su llegada el día Domingo 28 de Enero, un cerco policial - bajo órdenes directas del presidente de la República, Dr. Gustavo Noboa, el Ministro de Gobierno, Dr. Juan Manrique y el Ministro de Defensa, Vicealmirante Mario Unda, impidió que estas personas se pudieran reunir y acampar en el Parque El Arbolito, en los alrededores de la Casa de la Cultura, siendo este un parque de uso público. Desde el día Domingo, la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) los ha acogido y albergado en sus predios. El día Lunes, presuntamente por orden del Ministro de Gobierno, fueron cortados el servicio de agua potable y de teléfono en toda la UPS. Durante todos estos días la Universidad ha permanecido sitiada; los servicios básicos mencionados no han sido restaurados y se ha impedido, en muchos casos violenta y arbitrariamente, (como lo reporta la prensa nacional y lo han denunciado algunas organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales e incluso organismos bilaterales), el acceso de autos, camiones y personas con donaciones de insumos esenciales como agua, medicinas, pañales desechables, alimentos y vituallas. El uso de gas lacrimógeno ha sido constante e indiscriminado, provocando asfixias especialmente entre los niños, ancianos, y dejando varios heridos. En todos los hechos anteriormente descritos se han violado expresas normas constitucionales e internacionales relativas al interés superior de los niños, niñas y otros grupos vulnerables, especialmente si se consideran situaciones como ésta, de conflicto social. El día 30 de Enero, en la mañana, fueron detenidos tres dirigentes, entre los que se destaca la detención de el Sr. Antonio Vargas, principal dirigente indígena nacional, de manera violenta, arbitraria y sin causa legítima, violando expresas normas nacionales e internacionales sobre el debido proceso. Aunque el día de ayer, 31 de Enero en horas de la tarde, fue presentado el recurso de habeas corpus presentado ante el Alcalde de Quito, hasta el momento de redacción de esta petición el Sr. Vargas, así como otros detenidos, aún de eran liberados. Todas estas acciones represivas, violentas, ilegítimas y arbitrarias, violan principios y normas básicas de derechos humanos y de derecho humanitario que han sido reconocidas constitucionalmente y que forman el cuerpo de numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos que han sido debidamente ratificados por el Ecuador. Aún más, constituyen castigos ilegítimos en contra del ejercicio de derechos fundamentales (como el derecho de asociación, de expresión y opinión y de protesta pacífica) también reconocidos internacionalmente. Violaciones de Derechos Las acciones del gobierno violan los siguientes derechos fundamentales, garantizados en la Constitución Política de la República y los tratados de derechos humanos: 1. Derecho a la libertad de opinión y de expresión, derecho a la libre circulación, derecho a reunión y asociación pacífica , y derecho a la igualdad : El gobierno ha violado derechos fundamentales que son consustanciales para la vida de una democracia al tomar medidas represivas para impedir el ejercicio de derechos a la libertad de expresión y asociación. Los indígenas, en una manera pacífica, caminando para protestar contra las medidas económicos del gobierno, han sufrido un nivel de represión desmesurado que debería ser evitado por parte del gobierno. Este hecho fue motivo de una resolución del H. Congreso Nacional, que con fecha 31 de enero de 2001, acordó rechazar la violencia y represión gubernamental. 2. Derecho a protecciones especiales para niños y mujeres , derecho a la salud , derecho a la integridad personal . El gobierno tiene una obligación especial para con los niños, adolescentes y mujeres a quienes la Constitución otorga estatus de grupos vulnerables y a quienes el gobierno está en la obligación de atender y privilegiar su protección incluso en situaciones de desastre y conflictos armados. Esta situación obviamente que no ha sido cumplida por el gobierno nacional al disponer un cerco policial y militar que impide el ingreso de alimentos, agua, ropa y medicinas y, por el contrario, suspendió los servicios básicos en el Universidad y realiza constantes acciones de amedrentamiento y presión sicológica a los indígenas, a través de la movilización de cientos de efectivos con carros y tanquetas antimotines. 3. Derecho a no ser detenido arbitrariamente, y derecho a debido proceso Las detenciones de Antonio Vargas y Luis Villacís, por parte de los efectivos policiales, sin Orden Constitucional de aprehensión, y, en el caso del señor Vargas, sin explicarle las razones de su detención no solo que no cumplieron con los mínimos requisitos del debido proceso, sino que constituyeron de hecho detenciones arbitrarias e ilegales. En resumen y en las propias palabras del Dr. Julio Prado Vallejo, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, [formulamos] "un vehemente llamado al Gobierno para que detenga la represión que indiscriminadamente está llevando a cabo la Policía para impedir manifestaciones legítimas de comunidades indígenas que protestan por medidas económicas" (El Expreso de Guayaquil, Jueves, 1 de Febrero de 2001, p. 2, primera edición) Petición En consideración a todo lo expuesto, solicitamos a usted que, de manera inmediata, interpongan sus buenos oficios ante el Gobierno Ecuatoriano y: 1. Exhorte a la brevedad posible al Gobierno ecuatoriano que detenga sin condiciones todo acto de agresión, incluyendo violencia física o psicológica, corte o restricción de servicios e insumos básicos y detenciones arbitrarias en contra de la población indígena. 2. Se solicite al Gobierno ecuatoriano que libere inmediatamente y sin condiciones a los ya detenidos de manera ilegal y arbitraria, incluyendo a todos los dirigentes indígenas y sociales. 3. Se solicite al Gobierno ecuatoriano que respete el derecho de expresión, opinión, asociación y protesta de todos sus habitantes, especialmente de las comunidades y pueblos indígenas congregados en Quito. 4. Se promueva el diálogo constructivo entre el movimiento indígena y social y el gobierno ecuatoriano bajo sus auspicios y con la colaboración de un representante de la Alta Comisionada. 5. Que se observe al gobierno ecuatoriano por sus actuaciones y prevenga del derecho que asiste a las organizaciones indígenas y a los grupos sociales de acudir a los mecanismos internacionales del sistema de las NNUU., para hacer efectivos sus derechos y garantías fundamentales. Atentamente, H. Diputada Nina Pacari |