El movimiento indígena volvió a las calles: La utopía de los ponchos sigue viva

Por Kintto Lucas

El nuevo levantamiento indígena contra el aumento de los combustibles y el gas, que cobró fuerza esta semana en Ecuador parece no encontrar salida ante la represión implementada por el gobierno de Gustavo Noboa. La prisión del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Antonio Vargas, este martes por efectivos de inteligencia policial, fue como echar más leña al fuego de las protestas que mantienen paralizadas amplias zonas del país. Efectivos que se desplazaban en dos automóviles interceptaron el vehículo en que se dirigía Vargas, llevándolo primero con rumbo desconocido y luego al Centro de Detención Provisional. El ministro del Gobierno (interior), Juan Manrique, señaló que había ordenado la detención de Vargas por incitar a la "subversión". También fue detenido Luis Villacís, dirigente del Frente Popular, que agrupa distintos sectores sindicales y estudiantiles de izquierda. Estos hechos forman parte de las medidas represivas adoptadas por el gobierno de Gustavo Noboa contra las protestas del movimiento indígena, que mantiene paralizada la región de la Sierra e impide el abastecimiento de productos hacia las regiones de la Costa y Amazonia. Los manifestantes han cortado el tránsito en varias rutas y ocuparon lugares donde están ubicadas antenas de emisión de señales de televisión y de radio en la provincia central de Chimborazo, además de las gobernaciones de la ciudad amazónica de Puyo y de la serrana Guaranda, y la catedral de Cuenca. El gobierno se negó a dialogar con los dirigentes indígenas y pidió a los medios de comunicación que tengan un "equilibrio en el servicio informativo que prestan, así como plena identificación con el sistema democrático", en lo que fue visto por diversos sectores como una amenaza a la libertad de expresión. También les reclamó que "no se conviertan en eco de rumores que pretendan causar alarma". Una fuente militar consultada por BRECHA, señaló que existiría un profundo malestar dentro de algunos sectores del ejército y la fuerza aérea por la actitud gubernamental de no iniciar el diálogo y aumentar la represión. La fuente militar argumentó que cada vez se hace más difícil reprimir porque para detener esta movilización, en la que participan miles de indígenas, tendrían que provocar una matanza de cientos de personas. Esa versión que revela posiciones encontradas a nivel militar, se correspondería con las palabras del comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Oswaldo Domínguez, quien instó al gobierno a dialogar de forma urgente con los sectores indígenas y sociales para buscar acuerdos. ''Esto no se para sin diálogo y no estamos dispuestos a matar como parecen querer algunos interesados'', indicó la fuente El militar se refería a sectores políticos y empresariales de Guayaquil, mayor centro comercial del país, que pidieron mano dura y más represión, y a sectores de la marina que mantendrían una visión similar. Indígenas, representantes de sectores progresistas de la Iglesia Católica, de Organismos no Gubernamentales y de distintas organizaciones sociales han realizado multitudinarias concentraciones en las ciudades de Latacunga, Ambato, Guaranda, Riobamba, Otavalo y Cayambe en la Sierra; Puyo y Lago Agrio en la Amazonia, y en Esmeraldas, en la Costa. Hasta el momento suman más de 300 las personas detenidas desde que comenzaron las protestas la semana pasada, 20 indígenas fueron heridos de bala, cuatro de ellos de gravedad, y más de 40 manifestantes fueron afectados por los gases lacrimógenos lanzados por la policía. Blanca Chancoso, dirigente de la Conaie exigió la libertad inmediata de Vargas y explicaciones del gobierno por su detención. "Esto sólo caldea más los ánimos y nos impulsa a continuar. No retrocederemos, ya que la gente seguirá cortando carreteras y marchando rumbo a Quito", aseguró Chancoso. En la capital de Ecuador ya se encuentran más de 8.000 indígenas que comenzaron a llegar el sábado 27 de distintas provincias, burlando los cercos policiales y militares que impiden su paso a Quito. Permanecen en la Universidad Politécnica Salesiana que, según sus autoridades, los alberga por razones humanitarias ante la prohibición policial de que acampen en el céntrico parque de El Arbolito o pernocten en la Casa de la Cultura, como lo han hecho en movilizaciones anteriores. La Universidad se encuentra rodeada por decenas de policías armados que no dejan salir a los indígenas y también quitan los víveres que cientos de quiteños están llevando en solidaridad con la protesta. Además, fue cortada el agua, la luz y los teléfonos de la Universidad, y helicópteros de la policía sobrevolaron los patios tirando bombas lacrimógenas. A esto se suma la aparición de perros muertos ensangrentados con la leyenda "están jugando con la muerte manueles (forma despectiva de nombrar a los indígenas)". Cientos de policías armados y tirando bombas lacrimógenas no permitieron que este martes en horas de la tarde los indígenas que se encuentran en Quito realizaran una marcha por el centro de la capital. Según voceros de la Cruz Roja ecuatoriana la acción policial provocó la asfixia de once personas, y dos niños quedaron gravemente heridos tras ser impactados en sus cabezas por bombas lacrimógenas. Dentro de la Universidad los indígenas detuvieron a un integrante de inteligencia que se hacía pasar por periodista con documentos falsos. Luego de mostrarlo a la prensa para que se constatara de que estaba en perfectas condiciones aseguraron que solo sería liberado cuando sean liberados los dirigentes presos. Las protestas de la Conaie se iniciaron la semana pasada, pero aumentaron tras la fuerte represión militar contra una movilización en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi, el miércoles 24 de enero, que dejó varias personas heridas de bala. La protesta era parte de las movilizaciones anunciadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y organizaciones sociales contra el aumento de combustibles y gas decretada por el gobierno a fines de 2000. También recordaban el primer aniversario de la rebelión indígena apoyada por oficiales progresistas de las Fuerzas Armadas que el 21 de enero de 2000 precipitó la caída del presidente Jamil Mahuad. Los más de 1.500 indígenas que cortaban la carretera Panamericana fueron reprimidos por el ejército y la policía, que además de gases lacrimógenos dispararon sus fusiles hiriendo a cuatro manifestantes, uno de ellos de gravedad. Varios reporteros gráficos fueron golpeados por los militares que les quitaron rollos fotográficos y casetes de video, y rompieron algunas cámaras. Radio Latacunga, una de las más escuchadas por la población rural y la única que transmitió la represión, denunció que sufrió el corte repentino de sus emisiones. Más de 50 personas fueron detenidas, en tanto los indígenas tomaron prisionero a un militar que participó en la represión, al que trasladaron a una comunidad de la montaña cercana, y luego lo canjearon por los presos. También ese miércoles en Quito un grupo de indígenas ocupó simbólicamente por una hora la sede de la cadena de televisión por cable estadounidense CNN. Los ocupantes manifestaron que querían "denunciar internacionalmente la actitud servil del Presidente de la República (Gustavo Noboa) al Fondo Monetario Internacional, al Plan Colombia y al sector financiero nacional, a costa de imponer grandes sacrificios al pueblo ecuatoriano". Como resultado de las movilizaciones está suspendido el transporte interprovincial en distintas ciudades, los mercados agrícolas han cerrados porque se encuentran desabastecidos y han sido suspendidas las clases en las provincias de la Sierra. "Son acciones pacíficas pero contundentes que el pueblo indio mantendrá los próximos días hasta que el gobierno derogue las medidas económicas y no incremente el IVA (impuesto al valor agregado)", aseguró Abelardo Tucumbí, dirigente de la Conaie en Cotopaxi. El vicepresidente de la Conaie, Ricardo Ulcuango, pidió al gobierno que "no quede impune la represión militar" y aseguró que las movilizaciones se mantendrán hasta que vean respuestas concretas del gobierno a sus demandas. "Las movilizaciones irán en aumento y bajo distintas modalidades para evitar la represión y esperamos que el gobierno se siente a dialogar, pero con respuestas concretas porque estamos cansados de hablar por hablar sin que se den resultados", afirmó el líder indígena. Ulcuango aseguró que los indígenas no pretenden la caída del gobierno de Noboa, como sucedió en 1997 con Abdalá Bucaram y en 2000 con Mahuad. "No queremos la salida del presidente porque sale uno y entra otro y es lo mismo, pero queremos que nos escuchen y llegar a acuerdos concretos", dijo Ulcuango. Las protestas indígenas siguieron a las estudiantiles que se realizaron las ultimas semanas en varias ciudades de Ecuador. Desde el lunes, fueron detenidos más de cien indígenas en distintas provincias del país. "Los indígenas de la sierra central tienen la consigna de mantener los cierres de vías y desabastecer progresivamente a los centros de abastos de las principales ciudades hasta que el gobierno derogue las medidas económicas", afirmó la dirigente indígena Blanca Chancoso. En este levantamiento es la primera vez que la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos (Feine) participa activamente junto a la Conaie, la Coordinadora Nacional Campesina y otros sectores sociales. Marco Murillo, de Feine, dijo que su participación en estas protestas significaba la unidad total del pueblo indígena y que lucharán por conseguir los objetivos que se han propuesto. "Los indígenas no somos los responsables de las crisis ni tampoco hemos implantado el caos en el país", argumentó Murillo, quien añadió que no se amedrentarán por la aparición de perros muertos ensangrentados con leyendas. El secretario de Comunicación de la Presidencia de la República aseguró que la política económica no es negociable "pues constituye el soporte fundamental del plan de estabilización de la dolarización y las proyecciones de crecimiento", acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Los bloqueos de las vías que mantienen indígenas y campesinos en la sierra central y en la sierra norte han creado dificultades a los sectores agrícolas y ganaderos. "Por los paros que se registran en las vías del norte y del sur no se puede llevar la leche a las plantas pasteurizadoras", dijo el gerente de la Asociación de Ganaderos, Juan Pablo Grijalva. Vargas manifestó antes de ser detenido que no habrá marcha atrás, si el presidente Noboa no deroga las medida y sentenció: "No vivimos en dictadura para que nos maltraten de esa forma". El presidente de la Conaie, Antonio Vargas, afirmó desde la cárcel que ahora más que nunca continuarán las acciones en forma paulatina desde el campo hasta las principales ciudades del país. "A los pueblos del Ecuador nos asesinan no sólo con la violencia institucional, con las medidas económicas que favorecen sólo a los sectores financieros y de gran empresa, sino que ahora pretenden eliminarnos con bala y cárcel", señaló en un comunicado. El ministro de Gobierno (Interior) en principio minimizó las protestas, asegurando que irían disminuyendo. Pero éstas fueron en aumento y se suceden pese a que el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Miguel Saona, había amenazado con reprimir cualquier manifestación que obstruyera la "actividad normal de los ecuatorianos". Al ver que las movilizaciones crecen aceptó este miércoles la mediación de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, a través de su vicepresidente, el alcalde indígena Auki Tituaña. El camino del diálogo parece difícil si el gobierno no depone la actitud represiva y acepta llegar a acuerdos sobre las demandas indígenas. Este levantamiento tiene una meta, tal vez menos ambiciosa que el anterior de enero de 2001 cuando se plantearon destituir los tres poderes del estado. Sin embargo, se ha logrado una sólida unidad nacional indígena y campesino, así como un aumento de la participación de los sectores sociales organizados a nivel urbano, porque parece más factible conquistar estas reivindicaciones que las que se propusieron en enero del año pasado. Enfrente tiene un gobierno mucho más dispuesto a reprimir, apoyado en los sectores empresariales, la policía y algunos sectores de las fuerzas armadas, como los mandos de la Marina que dirigen el Comando Conjunto. Un gobierno con poca popularidad pero visto con buenos ojos desde la embajada de Estados Unidos por su posición ante el conflicto colombiano al haber cedido la base aérea de Manta a las fuerzas armadas de Estados Unidos, y apreciado desde el FMI al haber implementado la dolarización y disponerse a privatizar las empresas del Estado. En todo caso, sea cual sea la salida, el movimiento indígena volvió a demostrar al gobierno que no es posible minimizar su poder y debe tener en cuenta sus propuestas, si no quiere éste derive en un tipo de expresión organizativa más violenta, en un país donde 3 millones y medio de personas son indígenas. Pero además quedó de manifiesto que sigue siendo uno de los movimientos sociales más importantes del continente por su organización, capacidad de movilización y número de personas que lo componen. (FIN)