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ECUADOR Por Kintto Lucas QUITO. La actuación del Ministerio de Gobierno (Interior) y la policía durante el levantamiento indígena que se lleva a cabo en Ecuador, colocó nuevamente sobre el tapete la poca credibilidad que tiene esta institución del Estado. Varios hechos que se sucedieron en los últimos días llevaron a que organismos humanitarios y pobladores de Quito denunciaran la ''mala actuación'' policíal. Según los activistas, la detención de un sargento de inteligencia que realizaba tareas de espionaje en la Universidad Politécnica Salesiana de Quito que alberga 7.000 indígenas, puso de manifiesto el papel de la policía en la persecución al indigenado. El policía fue ubicado por los campesinos utilizando documentación falsa de periodista, pero enseguida los mandos policiales montaron un gigantesco operativo con cientos de efectivos armados y tanquetas para intentar rescatarlo. Antes de llevarse a cabo los indígenas acordaron con representantes de la Iglesia para entregarlo a cambio de restituir a la Universidad el servicio de agua potable y de teléfono cortado en días anteriores, y se permitiera la entrada de alimentos al local. Aunque prensa nacional e internacional presente corroboró que el policía fue detenido infiltrado dentro del local, el Secretario de la Administración, Marcelo Santos, señaló en un canal de televisión que el sargento fue ''secuestrado'' fuera de las instalaciones. Por otro lado, según varias personas la requisa de alimentos destinados a los campesinos ''se constituyó en un robo'' por parte de los uniformados que mantienen sitiado el local universitario. Según esa información, los efectivos de la policía sustrajeron decenas de kilos de arroz, fundas de pañales para bebés, y víveres que los quiteños llevan a los indígenas en solidaridad. ''Justificándose en que confiscan por orden del Ministro de Gobierno, Juan Manrique, se quedan con las cosas para provecho propio'', confirmaron personas que llegaron con alimentos. Para Pedro Calle, un jubilado de 65 años que llegó con un kilo de panela (azúcar sin refinar) y otro de arroz esa actitud estaría ''pintando lo que es la policía del Ecuador''. ''Ojalá los policías no anden sueltos por la ciudad porque son demasiado peligrosos'', arguyó Calle El jubilado aseguró a IPS que la panela y el arroz era ''una forma de decirles bienvenidos a Quito hermanos''. ''Se quedaron con las cosas, y cuando les pedí que me las devolvieran para llevarlas nuevamente a casa, se burlaron y dijeron que todo lo que requisaban era de ellos'', argumentó. Uno de los jefes policiales consultados, señaló que no tenía permiso para hablar con la prensa y que la requisa era ''una orden superior''. También se ha manifestado un carácter racista en los policías que permanentemente insultan a los indígenas con frases de desprecio por su procedencia étnica, a pesar de que muchos de esos agentes son de origen indígena aunque lo nieguen. En la capital de Ecuador ya se encuentran más de 10.000 indígenas (7.000 en la Universidad y 3.000 en otros locales) que comenzaron a llegar de distintas provincias el sábado 27 de enero burlando cercos policiales y militares que impedían su paso. Autoridades universitarias, explicaron que se les dio albergue por razones humanitarias ante la prohibición policial de que acampen en el céntrico parque de El Arbolito o pernocten en la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), como en movilizaciones anteriores. Tanto el alcalde de la ciudad, Paco Moncayo, como el presidente de la CCE, Raúl Pérez Torres, otorgaron permisos para que utilizaran el parque y la Casa, pero fueron desautorizados por el Ministro de Gobierno que dirige la acción policial. La Universidad se encuentra rodeada por policías armados que desde el lunes hasta el jueves cortaron el agua y las líneas telefónicas, mientras helicópteros sobrevolaban los patios tirando bombas lacrimógenas. A esto se sumó la aparición de perros muertos ensangrentados con la leyenda "están jugando con la muerte manueles (forma despectiva de nombrar a los indígenas)". Los uniformados no han permitido que los indígenas pudieran realizar una marcha pacífica por el centro de la capital reprimiendo con bombas lacrimógenas lanzadas la cuerpo. Según voceros de la Cruz Roja, la acción policial en los alrededores del predio universitario ha provocado la asfixia de veinte personas, y dos niños quedaron gravemente heridos tras ser impactados en sus cabezas por bombas lacrimógenas. Para algunos dirigentes políticos la prohibición a la libre circulación de personas y la requisa son anticonstitucionales y están fuera de la ley al no haberse decretado Estado de Emergencia (Estado de Sitio). Para el dirigente indígena Miguel Lluco, el gobierno no ha realizado este decreto para demostrar a nivel nacional e internacional una ''fachada de tolerancia'' por no apelar a instrumentos legales represivos. ''No declara el Estado de Emergencia para no mostrarse dictatorial, pero lanza la más brutal represión que se ha dado en años, sitiando a la gente en la Universidad y buscando que desistan por hambre'', aseguró Lluco. Para algunas organizaciones humanitarias estas acciones además de constituir una grave violación a los derechos humanos de los indígenas pone de manifiesto ''una ética errada que los policías aprenden durante su formación''. Pero la poca credibilidad de la población en la policía se debe también a denuncias que van desde vinculación con banqueros prófugos de la justicia, hasta cobro de coimas en el tránsito, pasando por cierta connivencia con delincuentes. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdh) recordó que en Ecuador la policía ha sido un cuerpo represivo. ''Durante el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988) sus integrantes participaron en la desaparición, tortura y asesinato de opositores políticos'', señaló Alexis Ponce de la APDH. En ese período Juan Manrique fue asesor del entonces Ministro de Gobierno, Luis Robles Plaza, cuestionado por haber estado involucrado a graves violaciones de los derechos humanos. Se produjeron detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y asesinatos a personas inocentes como los hermanos Santiago y Andrés Restrepo, cuyos cadáveres nunca aparecieron. Ponce recuerda que con el pretexto de combatir a los ''subversivos'' se apresaba y se ''investigaba'' en el Servicio de Investigación Criminal a todo sospechoso de atentar contra la seguridad. ''Este mismo mecanismo parecería que Manrique busca aplicar ante las movilizaciones masivas de indígenas y campesinos, que han llegado de diferentes ciudades de la Sierra, en compañía de mujeres, niños y ancianos'', arguyó el activista. Pero la poca credibilidad de la policía ecuatoriana también tiene otras causas más cercanas en el tiempo. El año pasado el diputado de la Izquierda Democrática, Carlos González, presidente de la comisión de fiscalización del Congreso, denunció negocios irregulares entre la policía, y el banquero prófugo Alejandro Peñafiel del quebrado Banco de Préstamos. González aseguró que "el grupo Peñafiel habría entregado un terreno valorado en 1 millón 290 mil 420 dólares a la policía como pago de intereses de cinco inversiones que mantenía en el Banco cerrado. Esa transacción se hizo siete meses después que la Junta Bancaria ordenó la liquidación del Banco y seis meses después de que Peñafiel recibió la orden de prisión. Mientras la policía lograba esa salida, el resto de clientes que tenían su dinero depositado no recibían nada. Según González, los supuestos negociados entre el Banco de Préstamos y la Policía serían una de las razones para el fracaso de la extradición de Alejandro Peñafiel a Ecuador. Peñafiel fue detenido y extraditado desde el Líbano, pero durante el viaje de regreso, con custodia policial, en una escala en París pidió asilo alegando que era perseguido político en un hecho que dejo muchas dudas sobre la actuación gubernamental. El mismo general implicado en el negocio con Peñafiel fue acusado de participar en la instalación de una central de espionaje telefónico con la complicidad de Juan José Vivas, secretario del presidente Gustavo Noboa, a quien el ex presidente Oswaldo Hurtado calificó de ''Montesinos ecuatoriano''. En este hecho también involucró a un capitán de policía que habría sido el encargado de colocar el equipo para intervenir las líneas telefónicas de varios políticos. También fue involucrado un teniente coronel, coordinador de la Policía Nacional en la Presidencia. El Servicio de Inteligencia y Espionaje, montado en la Presidencia de la República, fue denunciado por el diputado Ramiro Rivera de la Democracia Popular (centro derecha) y tomó un giro internacional cuando se conoció la supuesta participación de la Central de Inteligencia Americana (CIA). ''Habría que investigar y averiguar si en el pasado Juan José Vivas fue o no agente de la CIA'', argumentó el legislador. El año pasado, luego de conocida la denuncia, un ambiente de persecución rondó los pasillos del Congreso Nacional, donde no sólo se habla de teléfonos intervenidos, sino de la presencia de agentes que seguían a periodistas y diputados. En esa oportunidad Rivera afirmó que Manrique sabía del espionaje. Según el diputado, el ministro comunicó al bloque de la Democracia Popular, que se ''desmantelaría la oficina que a órdenes de Juan José Vivas, desarrollaba tareas de inteligencia política". Las denuncias contra la policía resurgieron esta semana con el papel que ésta viene jugando durante las protestas indígenas contra el aumento de combustibles y gas, que paralizan amplias zonas de Ecuador. (FIN) |