ECUADOR: Indígenas plantean a FFAA gobierno de salvación nacional y radicalizan sus protestas, por Kintto Lucas

QUITO, 20 ene (IPS) Los indígenas de Ecuador propusieron a los mandos militares la instalación de un ''gobierno de salvación nacional'', integrado por organizaciones religiosas, las Fuerzas Armadas y la sociedad civil. Mientras, se radicalizan las protestas contra el gobierno de Jamil Mahuad. Este miércoles, 15.000 personas, entre indígenas, campesinos y residentes de Quito marcharon hasta el Ministerio de Defensa.

Un grupo de dirigentes mantuvo una reunión con el titular de la cartera y jefe del Comando Conjunto, Carlos Mendoza, para exigirle que los militares no repriman las movilizaciones y tomen una posición ante la crisis que vive el país.

Ricardo Ulcuango, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), aseguró a IPS que pidieron a Mendoza ''que cumpla el compromiso de no reprimir las protestas pacíficas y defina si el apoyo militar será para los corruptos que gobiernan el país o para el pueblo''.

''Es un momento de definiciones y nadie puede tener una posición ambigua ante los ecuatorianos'', afirmó Ulcuango.

También entregaron a Mendoza el plan para un gobierno popular elaborado por el Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador, creado hace una semana con 330 representantes de organizaciones sociales, indígenas, religiosos, humanitarias, de pequeños empresarios, profesionales y de comerciantes minoristas.

Mendoza dijo comprender los reclamos indígenas y la situación de pobreza que éstos viven, pero aseguró que las Fuerzas Armadas respetan el orden institucional.

Sin embargo, abrió una interrogante sobre la conveniencia del plan de dolarización, anunciado por Mahuad la semana pasada, para superar la crisis económica que afronta el país.

Mientras, unas 35.000 personas de distintos sectores sociales marcharon por el centro de la ciudad de Cuenca, capital de la provincia de Azuay y tercera ciudad del país, a 500 kilómetros de Quito.

El arzobispo de Cuenca, Alberto Luna Tobar, que encabezó la marcha, aseguró que éste era ''solo el comienzo del triunfo'', y consideró que el hecho de que los militares no permitieran la llegada de los indígenas a Quito era ''un acto de violencia y racismo pocas veces visto''.

''El pueblo no pide el quiebre de las instituciones. Sólo pide que éstas se pongan al servicio de las grandes mayorías para que sea una verdadera democracia'', señaló el religioso.

Campesinos e integrantes de los movimientos sociales mantiene ocupada la gobernación de la provincia del Azuay.

Unos 12.000 indígenas mantienen rodeado la sede del Congreso legislativo y la Suprema Corte de Justicia en Quito, mientras soldados y policías armados con fusiles, ametralladoras y gases lacrimógenos hacen un cerco para impedir que los nativos ocupen esos edificios.

Funcionarios y diputados decidieron dejar la sede del Poder Legislativo ante la eventualidad de que lo indígenas logren ocuparlo. Varias carreteras de la Sierra, la Costa y la Amazonia han sido cerradas con rocas y árboles y los manifestantes abrieron zanjas, paralizando el tráfico de vehículos.

Las provincias sureñas de Azuay, Cañar y Loja están aisladas por tierra del resto del país.

En las provincias amazónicas de Napo, Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe, las carreteras han sido bloqueadas, se han registrado numerosas movilizaciones y los mercados permanecen cerrados.

En Sucumbíos, fronteriza con Colombia, los pobladores mantienen cercado el aeropuerto impidiendo el tráfico aéreo.

En Napo fueron destruidos 300 metros del acueducto que provee de agua a Tena, capital de la provincia, y falta agua en algunos barrios.

Las ciudades andinas de Cuenca, Azoguez, Ibarra, Latacunga, Riobamba y Ambato están parcialmente aisladas por las protestas y el cierre de rutas y se comenzó a sentir el desabastecimiento de productos agropecuarios, gas y combustibles.

Cientos de campesinos de las provincias costeñas de Esmeraldas, Manabí, El Oro, Los Ríos y Guayas encendieron llantas en las carreteras y se enfrentaron con policías y militares que intentaron despejarlas.

Los trabajadores de la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador (Petroecuador) mantienen la medida de no bombear petróleo desde la Amazonia hasta las refinerías de Esmeraldas, en la costa norte, no embarcar crudo para exportación y no distribuir combustible. El desabastecimiento ya es perceptible.

La ciudad costeña de Porto Viejo, capital de la provincia de Manabí, fue tomada simbólicamente por 5.000 campesinos procedentes desde distintas zonas, y varios municipios de la sierra fueron tomados por agricultores.

Ibarra, ubicada a dos horas de Quito, también fue tomada este jueves por 5.000 indígenas que llegaron de distintas comunidades para protestar frente a la gobernación.

La dirigenta de la Coordinadora Nacional Campesina, Rosa Criollo, señaló a IPS que los campesinos de todo el país se mantendrán levantados indefinidamente junto con los indígenas.

''Además del corte de carreteras, seguiremos con la ocupación de gobernaciones y municipios en todo el país'', aseguró Criollo.

Este jueves se unieron a las protestas los sindicatos de la Empresa Eléctrica Nacional, y sus dirigentes no descartaron que en las próximas horas corten la energía en algunas zonas del país.

Tras cinco días de iniciado el denominado levantamiento indígena y popular, ya han sido detenidos más de 200 personas y fueron heridos por la policía más de 20 manifestantes en todo el país.

Aunque el Ministro de Gobierno, Vladimiro Alvarez, había señalado que las protestas carecían de fuerza, voceros oficiales señalaron a la prensa la posibilidad dialogar con los indígenas para buscar una salida a la crisis.

Sin embargo, Jorge Loor, uno de los dirigentes del levantamiento, manifestó a IPS que la única salida a la crisis es la constitución de un gobierno de acuerdo nacional.

''Ese gobierno debe poner énfasis en la soberanía monetaria del país dejando de lado la dolarización'', sostuvo.

También afirmó que debe ''fomentar al sector productivo, modernizar las empresas estatales para que sean eficientes sin privatizar, reducir el pago de la deuda externa, crear un fondo social de emergencia contra la pobreza y enviar a prisión a los banqueros que saquearon el país''. (FIN/IPS/kl/mj/ip/99)