Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 7, No. 79, Octubre del 2005

Editorial

Inesperadamente la tarde del 17 de octubre ante todo pronóstico el presidente Alfredo Palacio envió una comunicación al Tribunal Supremo Electoral TSE, para que convoque a una Asamblea Popular a fin de que apruebe la instalación de una Asamblea Constituyente con plenitud de poderes para la transformación de la nación y reestructurar el Estado ecuatoriano y expida la Constitución que anhela el pueblo, acompañada de un Estatuto Electoral, que a decir de muchos sectores bloqueaba la participación ciudadana, es decir era un estatuto excluyente.

Surgieron algunas hipótesis de la convocatoria a la Asamblea Constituyente: La llegada de Lucio Gutiérrez y sus posibles efectos colaterales, que en un momento de debilidad del régimen podría minar su estabilidad; de que Alfredo Palacio desempolvaba la Asamblea Constituyente porque no quería impulsar una reforma política y que solo deseaba finalizar su periodo; es decir, no buscaba un cambio político del sistema, porque su gobierno ha demostrado falta de firmeza en asuntos de dignidad y defensa de la soberanía nacional, ha manifestado su profundo respeto por los tratados internacionales inconsultos suscritos por anteriores  gobiernos de turno.

El Tribunal Supremo Electoral TSE rechazó frontalmente esa posibilidad de consulta argumentando errónea interpretación del Art. 104 de la Constitución y que debía pasar primero por el Congreso; los diputados manejaron un discurso uniforme y rechazaron de plano la idea de la Asamblea Constituyente. Otros sectores, como los socialcristianos plantearon como una salida a la crisis, la necesidad de reformar la Constitución a partir de una Asamblea Constitucional.

La esperanza de una Asamblea constitucional con plenitud de poderes revivió las jornadas del 20 de abril de que se VAYAN TODOS, que estamos viviendo un sistema caduco que se desmorona, sin Corte Suprema, sin Contralor General de la Nación, etc., etc.

Frente a esta crisis la posición firme de la CONAIE y sus dirigentes es apoyar la Asamblea Constituyente con plenitud de poderes para inaugurar una nueva forma de participación política, sin ingerencia de partidos políticos tradicionales, puesto que el tema de la Asamblea Constituyente es una propuesta política que la CONAIE lo viene manejando desde la década del 90, por ello señala que primero el Gobierno de Alfredo Palacio debe dar muestras de firmeza y ejecutar la caducidad del contrato con la petrolera occidental OXY; que no debe firmar el tratado de libre comercio TLC con los Estados Unidos, esto permitirá conocer si el Gobierno está con el pueblo ecuatoriano o está con el proyecto neoliberal.

Es importante estar atentos de lo que pueda acontecer en asuntos trascendentales para el país, pues la esperanza de una Asamblea Constituyente puede convertirse en una cortina de humo, mientras por otro lado están en juego los fundamentales problemas que se deben tratar con seriedad, la Asamblea Constituyente debe crear un nuevo ordenamiento económico, jurídico y político, no únicamente para redactar una nueva Constitución, sino el ordenamiento integral del país.

Por otro lado, en este análisis no podemos dejar pasar por alto, el rechazo a la actitud arbitraria, atentatoria a los derechos humanos y racista del gobierno colombiano de Uribe, que a través de sus militares en el Departamento de Nariño, jóvenes indígenas del pueblo Otavalo fueron vejados y expulsados después de permanecer 3 días en prisión, acusados de ser guerrilleros, se les cortó cobardemente su trenza por el delito de vender ropa en una zona rural de Nariño.

Esta actitud racista de militares colombianos es atentatorio de los Derechos Colectivos vigentes en la Constitución y del convenio 169 de la OIT que aboga por el respeto de los derechos de los pueblos indígenas.

Condenamos el silencio del Ministro de Relaciones Exteriores y del Presidente ecuatoriano, que permiten que se atente contra la dignidad de las culturas existentes en el Ecuador.

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