Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 7, aņo 70, enero del 2005

Editorial

Es indudable que el movimiento indígena ecuatoriano, cuya máxima expresión organizativa está en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, atraviesa por uno de los momentos más delicados de su historia política, en el que se expresan la confluencia de varios procesos cuya explicación probablemente esté, de una parte, en la forma por la cual el movimiento indígena ecuatoriano fue construyendo, fundamentando y posicionando su proyecto político e histórico desde sus propias estructuras organizativas y su política de alianzas; y, de otra, en las disputas que se generaron con las estructuras del poder oligárquico, e incluso el propio Estado, en función, precisamente, de su proyecto político.

Las políticas de alianzas con otros movimientos sociales, la propuesta de plurinacionalidad del Estado, los intentos de construir una sociedad intercultural, la participación en las instituciones estatales, los levantamientos indígenas, las movilizaciones sociales, la intervención electoral y su paso fugaz por el gobierno de Lucio Gutiérrez, entre otros aspectos, al tiempo que expresaban la enorme trascendencia alcanzada por el movimiento indígena lo fueron debilitando y acotando los alcances reales de su proyecto político. Curiosa paradoja de la historia, en el que el momento en que el sujeto político más importante del Ecuador de los últimos años, el movimiento indígena, alcanza los niveles más importantes de su historia política es también su punto de quiebre y de declive.

¿Qué elementos configuran ese punto de quiebre? ¿Cuál fue la falla organizativa, política o incluso epistemológica, que el movimiento indígena ecuatoriano no supo resolver a tiempo? ¿La actual coyuntura marca un punto de no-retorno o más bien el inicio de un nuevo ciclo político? Y de ser cierto esto último, ¿cómo caracterizar a este nuevo ciclo político? ¿Estamos ante la presencia de un repliegue estratégico o más bien del agotamiento del movimiento indígena como sujeto histórico? Estas respuestas no le atañen solamente al movimiento indígena, sino al conjunto del país, y, además, al conjunto de las resistencias y movilizaciones sociales del continente. De la forma por la cual el movimiento indígena resuelva sus propias contradicciones, depende en buena medida la historia política futura del Ecuador. Tal como está estructurada la dialéctica del poder y las resistencias, lo que se pierda desde la resistencia es un campo ganado desde el poder, de ahí la trascendencia que tendrán para el futuro las decisiones que ahora adopte el movimiento indígena ecuatoriano.

Ahora bien, para entender al movimiento indígena ecuatoriano es necesario referirlo en una dialéctica de dos procesos histórico-sociales del Ecuador contemporáneo: de una parte, la forma por la cual se fue elaborando y constituyendo el proyecto político del movimiento indígena que apuntaba a provocar cambios profundos y radicales en la sociedad ecuatoriana, de ahí que sea un movimiento social con características diferentes a otros movimientos sociales y que esa diferencia esté en una agenda que no es reivindicativa solamente para su sector, sino que más bien se trata de una agenda con alcances nacionales y que disputa los contenidos esenciales de los discursos del poder, es decir, que estaríamos ante la presencia de un movimiento social que reclama su constitución como sujeto histórico-político.

En otras palabras, se trata de comprender cómo se fue constituyendo el movimiento indígena como sujeto histórico-político dentro de un entramado de relaciones de poder y de conflictividades en los cuales su participación será determinante. En este proceso, se dará una disputa con los contenidos de su propuesta y de su discurso en la cual el poder acotará o, si se quiere, intentará recortar el alcance histórico y político de su proyecto por una visión más de corto plazo y de alcance restringido, y esa disputa se concentrará, quizá de manera sorprendente para la teoría política clásica, en el campo del discurso del desarrollismo. El discurso del desarrollismo, a pesar de su fachada económica y contable, en realidad y para el caso del movimiento indígena ecuatoriano, es un discurso político y con una intencionalidad estratégica determinada: destruir la capacidad de acción política del movimiento indígena.

El otro proceso hace referencia a la comprensión del sistema político ecuatoriano como un “locus” que condensa, codifica, estructura y norma las relaciones de poder en la sociedad, y que adoptó estrategias y medidas para enfrentar y acotar las posibilidades del movimiento indígena como sujeto histórico político. El sistema político ecuatoriano se convirtió en una de las barreras más sólidas que la estructura del poder generó para enfrentar al movimiento indígena y destruirlo como interlocutor político. Hay que considerar que el sistema político es la codificación y estructuración de un conjunto de instituciones (el Congreso Nacional, los poderes locales, los poderes electorales, los poderes judiciales, las instituciones estatales de desarrollo, etc.), que son construidas y legitimadas desde el poder, que en el caso del Ecuador, y conforme ha avanzado y consolidado la modernización neo-modernización liberal, se ha convertido en una estructura cada vez más oligárquica.

En efecto, el sistema político ecuatoriano es el correlato político-institucional de una forma de acumulación capitalista cada vez más oligopólica, concentradora del ingreso y altamente rentista, que construye su legitimidad y sus posibilidades de expansión, paradójicamente, desde el control de la institucionalidad del Estado. De ahí que desde el proyecto de “reestructuración jurídica del Estado” por el cual se dio inicio a la actual etapa democrática a fines de los años setenta del siglo pasado, a la nueva Constitución Política del Ecuador, aprobada por la Asamblea Constituyente de 1998, el sistema político ecuatoriano haya construido en todos esos años, un régimen censatario, excluyente y autoritario, vale decir, anti-democrático. La democracia de inicios del año 2000, si vale la expresión y para estar a tono con el discurso de la teoría política clásica, es menos democrática que aquel proceso que se generó hace más de dos décadas.

Es desde la dialéctica de esos dos procesos que deberían ser comprendidas la historia y las posibilidades del movimiento indígena y de la democracia en el Ecuador. En efecto, durante la década de los noventa del siglo pasado, hubo un enfrentamiento directo del movimiento indígena, cuya máxima expresión organizativa es la CONAIE, con el sistema político ecuatoriano. A medida que el movimiento indígena conquistaba terreno en el campo de la política, el sistema político se cerraba más y apelaba, para defenderse, a mecanismos antidemocráticos y autoritarios para su legitimación y autodefensa.

La Asamblea Constituyente de 1998, es un momento político clave porque permite ver el encuentro (o más bien desencuentro) de esos dos procesos: los indios en plena consolidación como sujetos histórico-políticos que habían presionado desde todos los espacios desde los cuales tenían ingerencia por la convocatoria a la Asamblea Constituyente, y el sistema político que confiscó en beneficio propio esta Constituyente para cerrar más los espacios democráticos y diseñar un Estado neoliberal y autoritario.

En esa coyuntura, el sistema político redujo todo el alcance del proyecto político indígena a la aprobación de los “derechos colectivos”, es decir, presentó las demandas indígenas de reforma del Estado, como una concesión del sistema bajo los parámetros del multiculturalismo. Las paradojas del poder: la aprobación de los derechos colectivos que en otras circunstancias habrían constituido uno de los triunfos políticos más importantes del movimiento indígena, en la coyuntura de 1998 en realidad expresan el inicio de una derrota política al proyecto histórico del movimiento indígena.

El concepto de “gobernabilidad” posibilitó al sistema político ecuatoriano cerrar aún más los escasos espacios de democracia y participación social, limitó los alcances de la fiscalización parlamentaria al poder ejecutivo, y otorgó a éste un poder fundamental para el conjunto de la institucionalidad del sistema.

Así, de la figura del Presidente de la República, dependían, de una parte, todo el aparato administrativo del gobierno, lo que le daba un enorme poder de negociación al Presidente, y, de otra, capacidades de legislación y de veto que se superponían a aquellas establecidas para el Congreso. La figura del “presidencialismo” era todo lo contrario a una apertura democrática, participativa y consensual que habían propuesto los movimientos sociales y el movimiento indígena. Con las reformas de 1998, el sistema político ecuatoriano, cerró casi todos los espacios de democracia, a nombre, precisamente, de la democracia.

Lo curioso es que el movimiento indígena no haya cuestionado de manera radical y contundente la Constitución de 1998, y haya permitido la negociación de un marco constitucional tan lesivo a la democracia participativa a cambio de los derechos colectivos. Por esta circunstancia desmovilizadora, que tiene que ver con un error de percepción política, puede decirse que la aprobación de esa Constitución constituyó en realidad una derrota para todos los afanes progresistas que querían “democratizar la democracia”. Pero, incluso con una Constitución tan agresivamente neoliberal, la apuesta del sistema político ecuatoriano fracasó en menos de un año.

En efecto, el sueño de la burguesía de que dos o tres partidos sólidos codifiquen a su interior toda la vida política, y en los cuales el poder basculaba como en un péndulo, y que iba de la derecha (el Partido Social Cristiano), al centro (la Democracia Popular), y de allí a la “izquierda” (la Izquierda Democrática), de manera regular y anticipada, no quiso tomar en cuenta, ni la estructura oligárquica del poder, ni los populismos, ni la emergencia y fortaleza de los movimientos sociales.

Esa racionalidad de una burguesía moderna, cuyo discurso político en realidad quería convertirse en un discurso tecnocrático, y en el que todos los conflictos se resolvían dentro de reglas de juego impuestas por estos grandes partidos políticos, era más una ficción de ciertas élites que una realidad del poder en el Ecuador, y a la larga, el esquema diseñado para una burguesía moderna y tecnocrática en realidad contribuiría a reforzar los contenidos oligárquicos del poder tradicional.

La Constitución de 1998, en vez de resolver el problema de la “gobernabilidad”, lo exacerbaba y los amplificaba de manera grotesca. El sistema político ecuatoriano, que es el correlato político de un sistema de dominación económica oligárquico, aprovechó las enormes posibilidades abiertas por la figura del “presidencialismo” para ponerla en función de sus propias necesidades. El control del Estado se revelaba fundamental para las oligarquías.

De esta manera, y por ejemplo cuando se suscita la crisis financiera de 1999, la estructura oligárquica de poder, al tenor de los marcos jurídicos vigentes, no dudaron en crear leyes que le permitían salvarse de la crisis y transferir los costos de esta crisis financiera al Estado, y luego culpar a ese mismo Estado como causante de la crisis. De hecho, bajo la iniciativa del Partido Social Cristiano (PSC), se aprobó la ley de creación de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), que define una especie de prestamista de última instancia sin ningún límite en su cobertura de protección de créditos.

La aprobación de esa ley fue la señal que esperaba la estructura oligárquica de dominación, para socializar inmediatamente los costos de la burbuja financiera provocada precisamente por las decisiones económicas impuestas por el ajuste estructural del FMI. Los grupos financieros como el grupo Aspiazu, el grupo Isaías, el grupo Landes, etc., utilizaron esa ley de la AGD para transferir al Estado los pasivos de sus bancos y financieras, al tiempo que les permitía salvar a sus empresas. El Estado asumió esas deudas y la crisis financiera finalmente se transformó en crisis monetaria. Los préstamos que el Estado hacía en dólares a estos grupos financieros para cubrir sus posiciones de cartera, eran utilizados por estos mismos grupos financieros para especular en contra de la moneda nacional.

Es en esa coyuntura que se produce la pérdida de la soberanía monetaria del Ecuador y se decreta la dolarización de la economía ecuatoriana. Las leyes que la Asamblea Constituyente de 1998 había aprobado bajo la noción de apoyar la “gobernabilidad”, se revelaron incapaces incluso de defender la soberanía monetaria, pero, en cambio, fueron altamente funcionales para la defensa de los intereses del poder oligárquico.

La dolarización de la economía significó un duro golpe para las pequeñas economías campesinas, para los pequeños productores, para las pequeñas y medianas empresas. Es tan fuerte el costo de la crisis, que desde 1999, el éxodo de ecuatorianos hacia el extranjero es incontenible y se parece mucho a aquellos éxodos provocados por la guerra, el hambre o las catástrofes naturales. Mientras eso sucedía en el ámbito económico, el sistema político ecuatoriano se empeñaba en concentrar más poder en los grupos oligárquicos. Era el momento de un cambio profundo.

El movimiento indígena no supo asimilar esta coyuntura y situarla dentro de su proyecto político y provocar ese cambio profundo. Quizá como hipótesis de trabajo, puede mencionarse que a su interior, dos procesos fueron minando la capacidad de respuesta y restringiendo los alcances de su proyecto político vis à vis de esta coyuntura: el primero de ellos, hace referencia a una disputa en el sentido político del discurso del movimiento indígena, y en el cual fueron fundamentales las estrategias desarrollistas creadas por el Banco Mundial y un grupo de ONG’s funcionales al Banco Mundial.

Estas estrategias desarrollistas tenían por objetivo limitar y acotar los alcances del proyecto histórico de los indios al cumplimiento de parámetros de un desarrollo medido en términos económicos y circunscrito a las áreas de influencia geográfica del movimiento indígena. Esta visión desarrollista, cuya máxima expresión es el proyecto del Banco Mundial, Prodepine, pretendía cambiar la visión de largo plazo y de alcance nacional del movimiento indígena, por una visión de corto plazo y de alcance local, además de estar centrada en un mundo de categorías totalmente ajenas a la visión indígena y a su proyecto histórico y político.

En efecto, categorías como “capital social”, “etno-desarrollo”, “participación local”, “descentralización”, “desarrollo con identidad”, “eficiencia”, etc, tenían un objetivo político-epistemológico claro: cambiar los ejes del discurso radical y contestatario del movimiento indígena, por una plataforma de reivindicaciones puntuales y que se inscribían dentro de la lógica del sistema. El desarrollismo intentó convertir al movimiento indígena de crítico del sistema de acumulación capitalista en cómplice; de movimiento social con significación e importancia global en actor local, de sujeto político en sujeto de crédito. A sus propuestas que cuestionaban al Estado y al sistema se quisieron añadir expresiones como “participación local”, “diálogo ciudadano”, “lucha contra la pobreza”, etc.

Los recursos del proyecto Prodepine, que además provienen del endeudamiento externo con el Banco Mundial y el FIDA, fueron una especie de caballo de Troya para aniquilar el proyecto político del movimiento indígena desde un marco epistémico-político. Un sujeto histórico con pretensiones de transformar radicalmente al Estado y construir el primer Estado Plurinacional del que se tenga noticia y una sociedad intercultural, cuando termina hablando de desarrollo, recursos financieros, desarrollo local con identidad, eficiencia, lucha contra la pobreza, enfoques de identidad y género, etc., pierde credibilidad y, lo más importante, pierde el sentido de su brújula política. Esa pérdida de sentido tiene implicaciones directas cuando las comunidades empiezan a disputar los magros recursos del proyecto Prodepine (que representan apenas el 1% de lo que el Estado destinó para el salvataje bancario de 1999), y en esa disputa se empiezan a desestructurar las organizaciones comunitarias y las dirigencias comunitarias son incapaces de proteger a sus organizaciones del desarrollismo.

Involucrar al movimiento indígena en el desarrollismo no es un problema económico sino una cuestión política. Una vez inmerso en las redes de la búsqueda de recursos y de financiamiento para proyectos, la CONAIE se irá pareciendo más a una ONG que a una organización política. El problema radica en que el discurso del desarrollismo está tan posicionado al interior del movimiento indígena que se ha convertido en un objeto de disputa política-organizativa y de desgaste.

Un segundo proceso que puede explicar esa pérdida del sentido de su proyecto político originario, es más complejo y paradójico, porque hace referencia a la creación del Movimiento Pachakutik en 1996, como un mecanismo para provocar cambios al interior de la institucionalidad del sistema político, en un contexto en el que ese sistema político se cerraba en sí mismo y generaba mecanismos censatarios para restringir al máximo la participación social y la misma democracia.

El Movimiento Pachakutik no es el brazo político de la CONAIE, porque la CONAIE es en sí misma un sujeto político. Este es un debate que tiene una enorme significación en el Ecuador porque el discurso del “movimiento social” versus el “movimiento político”, sirvió de baza para restringir las capacidades políticas del movimiento indígena ecuatoriano. Por ello, la CONAIE considera que Pachakutik, en realidad, es apenas un mecanismo político para incidir desde dentro de la institucionalidad del sistema político. Es un medio no un fin en sí mismo. Considerar al movimiento Pachakutik como el brazo político del movimiento indígena significa convertir al movimiento indígena en un movimiento social sin posibilidades políticas propias, y ello implica acotar el alcance de su proyecto histórico a reivindicaciones puntuales.

Un movimiento social que otorga la capacidad de negociación y acción política a un movimiento político que va a actuar en su nombre, expresa una de las contradicciones claves de la democracia moderna y es que el sistema electoral y la representación contribuyen a la separación del ciudadano de la política. El movimiento indígena había cuestionado duramente esa contradicción de la democracia existente en el Ecuador, ese alejamiento de los partidos políticos de las contradicciones sociales, que los hacía insensibles a los reales problemas del país, que los convertía en cómplices de las estructuras oligárquicas de dominación. El movimiento Pachakutik no podía caer en las contradicciones denunciadas por el movimiento indígena de la democracia representativa, porque, además, su incidencia real dentro del sistema político ecuatoriano era marginal.

Por ello, el movimiento Pachakutik estaba prisionero de una lógica de la cual no podía escapar a condición de eliminarse a sí mismo. Luego de las reformas constitucionales de 1998, estaba claro que cualquier participación dentro del sistema político ecuatoriano tenía que entrar en contradicción con el diseño de un Estado neoliberal y con escasos mecanismos de participación social. Cambiar ese Estado desde su propia institucionalidad es virtualmente imposible. De ahí que participar en las elecciones y entrar en la institucionalidad del sistema político, implicaban, o bien una posición que de entrada era crítica y que no podía jugar el juego de la democracia, porque al final terminaría legitimando un mecanismo que se había denunciado como anti-democrático; o bien una posición ambigua que, a la postre, le significaba al conjunto del movimiento indígena un desgaste por el costo político que esta posición representaba.

Dadas las reglas de juego establecidas por la Constitución de 1998 y configurada la noción del “presidencialismo”, la capacidad de presionar al sistema político dentro de sus mismos marcos institucionales era prácticamente nula. Estaba claro que la disyuntiva era: o bien el movimiento Pachakutik se convertía en un mecanismo de presión directo de la CONAIE al sistema político, y por tanto susceptible de ser acusada de corporativismo, o bien, la CONAIE decidía prescindir del movimiento Pachakutik y sacarlo del sistema político.

La CONAIE no hizo ni lo uno ni lo otro. Con el agravante que en esa coyuntura, un miembro de Pachakutik era nada menos y nada más que la tercera autoridad de Congreso Nacional del Ecuador, en un proceso de negociación con la derecha política a espaldas de las decisiones de la CONAIE, y que desoyó los continuos pronunciamientos de las bases del movimiento indígena para que renuncie a esa posición. Este oportunismo de ciertos cuadros políticos del movimiento indígena cuando están al interior del sistema político ha sido una especie de norma. Por ello, en los eventos de 1999, la CONAIE decidió poner entre paréntesis al movimiento Pachakutik en sus disputas con el gobierno de ese entonces.

Pero la fisura se amplía y el movimiento Pachakutik comienza a tener una autonomía de decisión y de acción que comprometen seriamente el proyecto político del movimiento indígena, porque el movimiento indígena estaba claro que el sistema político, de la misma manera que el sistema económico, no se cambian con reformas legales, sino desde la movilización, la resistencia y las luchas contra el poder.

El movimiento Pachakutik, al tener autonomía por fuera de las decisiones del movimiento indígena, y al actuar dentro de los esquemas de la institucionalidad del sistema político, muchas veces deja “fuera de juego” al movimiento indígena. Las prioridades y los tiempos del movimiento Pachakutik estaban condicionados, definidos y estructurados desde el sistema político, que además estaba controlado por la estructura oligárquica del poder, mientras que los tiempos, prioridades y estrategias del movimiento indígena estaban en función de su proyecto político e histórico.

Es desde ese divorcio que el movimiento Pachakutik realiza la alianza con Lucio Gutiérrez y el grupo de militares que se habían juntado al movimiento indígena en la coyuntura del 21 de enero del año 2000 y que determinó la destitución del ex Presidente Jamil Mahuad.

El problema se revela profundo cuando esta alianza electoral gana las elecciones y el movimiento indígena se ve en la coyuntura de ser gobierno sin haber sometido el proceso electoral a las lógicas de decisión del movimiento indígena y a su propio proyecto histórico-político. Ser gobierno sin tener el poder para provocar cambios profundos y coherentes con el proyecto y visión histórico, relevan del aventurerismo, pero también ejerce un poder de seducción que atraviesa a todas las estructuras del movimiento Pachakutik y también del movimiento indígena.

¿Cómo ejercer el gobierno cuando el poder de movilización y de respuesta ha sido mermado por las estrategias desarrollistas, los aventurerismos políticos, y la seducción del poder oligárquico? ¿Cómo cambiar al país cuando toda la estructura institucional está diseñada para proteger los intereses de ese poder oligárquico?

La breve experiencia del gobierno es catastrófica para el movimiento indígena. Lucio Gutiérrez se revela como un agujero negro de la política del sistema. El pragmatismo del que hace gala Lucio Gutiérrez, dan cuenta de que la alianza electoral fue hecha sin ningún proceso de reflexión, análisis, debate y participación de las estructuras organizativas del movimiento indígena.

El gobierno de Gutiérrez es de un pragmatismo que se irá convirtiendo en altamente funcional al sistema político. Lucio Gutiérrez se da cuenta de que el sostén del poder está en el sistema político que a su vez es controlado por las oligarquías. Si quiere sostenerse en el poder, Gutiérrez sabe que el aval de su gestión pasa necesariamente por su sometimiento a las oligarquías, al tiempo que envía señales al Departamento de Estado Norteamericano, de que es un hombre de confianza y de que el gobierno de Estados Unidos puede contar con él para su geopolítica en la región.

Son señales que Gutiérrez envía incluso antes de la segunda vuelta electoral, y que ameritaban ya en esa coyuntura una respuesta contundente del movimiento indígena. La tentación del poder fue demasiado fuerte para resistirla sin creerse en los argumentos de la falacia de ser gobierno y tener poder. Los escasos meses en los que el movimiento indígena participó en el gobierno de Gutiérrez le permitieron comprender que su proyecto histórico tenía validez solamente si se lo asumía de manera radical y en enfrentamiento directo con el sistema político en su conjunto, es decir, en contra del sistema de dominación y de poder. La salida de ese gobierno era inminente y el movimiento indígena no podía ceder espacios en esa coyuntura, porque en ese breve espacio de tiempo junto a Gutiérrez su legitimidad había sido seriamente erosionada.

Pero esa comprensión de lo que en realidad significaba el Gobierno de Gutiérrez, no era suficiente no solo para poner distancias con el gobierno que había ayudado a ganar las elecciones, sino para rearticular su propio proyecto histórico y político y ganar legitimidad. La retirada del gobierno fue un acto digno pero tardío. La legitimidad ganada en duras luchas en contra del sistema oligárquico se vio desgastada en los escasos meses de coparticipación en el gobierno de Gutiérrez. Pero se trata de un gobierno que a diferencia de los anteriores tiene absolutamente claro cuáles son las fuentes de su poder y cuáles son los peligros para ese poder.

Gutiérrez sabe que un movimiento indígena fuerte y contestatario, acotaba los márgenes de decisión de su gobierno y se convertía en factor de riesgo para la pervivencia de su régimen. La destrucción del movimiento indígena, que en los términos militares de la lógica de Gutiérrez, se presentaba como una estrategia de “cerco y aniquilamiento” del enemigo, se convierte en prioridad gubernamental, y utiliza todos los recursos del Estado para destruir a ese enemigo denominado movimiento indígena. Conoce de sus debilidades, sabe de sus fortalezas, intuye sus próximos pasos, sabe del funcionamiento de sus estructuras organizativas. Incluso antes de la ruptura con el movimiento indígena, Gutiérrez ha diseñado y puesto en marcha su estrategia de cerco y aniquilamiento a los indios.

Gutiérrez sabe que la CONAIE debe ser destruida, y esa destrucción a un movimiento social se asume como una verdadera política de Estado. En esa voluntad de destrucción a la CONAIE convergen varios actores: el Banco Mundial, las oligarquías, las corporaciones transnacionales, el Departamento de Estado Norteamericano y el propio gobierno de Lucio Gutiérrez.

Los recursos del Estado son enormes cuando se los dirige en contra de un enemigo interno. Gutiérrez, no escatima ni esfuerzos, ni recursos para eliminar a ese enemigo. Pero el drama se amplifica y adquiere caracteres trágicos cuando esa prioridad militar de Gutiérrez de eliminar a un enemigo político, se contextualiza con las necesidades de las corporaciones transnacionales, que en su afán de extraer recursos, presionan por la concesión de vastos territorios para su provecho, pero son territorios que pertenecen a las nacionalidades indígenas, que ahora son un obstáculo para las nuevas dinámicas de la acumulación: el petróleo, el agua, la biodiversidad, los conocimientos ancestrales, etc. Los indios ya no son solo un objetivo político a eliminar, sino también un objetivo económico a controlar.

Las nacionalidades amazónicas son las más vulnerables y son las que primero sucumben a la estrategia del gobierno. Las estructuras organizativas de las nacionalidades del norte de la amazonía, en la que la actividad petrolera y maderera ha sido intensa, son las primeras que ceden a la presión del gobierno de Gutiérrez y se pasan al lado de éste. A partir de su control, el gobierno piensa que bien puede extender su dominio hacia organizaciones del centro y del sur de la amazonía, y conjuntamente con aquellas organizaciones indígenas de la sierra que han sido controladas por la iglesia evangélica (financiada además por el Departamento de Estado Norteamericano), bien puede constituir una CONAIE II. Una vez rota en su estructura interna, la CONAIE se sumergerá en disputas internas que finalmente la conducirán a un fin inminente.

Pero los cálculos del gobierno hasta el momento han sido erróneos. Su control de las nacionalidades del norte de la amazonía, en realidad es un control de los aparatos organizativos, no de las bases. A pesar de las visitas a comunidades en la sierra ecuatoriana y de utilizarlas para su política clientelar, y a pesar de su monitoreo permanente a las estructuras organizativas de la sierra, no logró romper ni dividir a la organización indígena de la sierra, ni tampoco a la amazonía. La CONAIE está debilitada pero no está rota, ni fracturada ni destruida. Su peso social y moral es enorme. Su legitimidad social se ha ido recuperando. Sus estructuras organizativas están intactas. Y la CONAIE ha logrado una separación fundamental del gobierno al que ayudó a ganar las elecciones, de manera que no hay ningún tipo de duda de que la CONAIE es quizá la única oposición política al régimen con credibilidad y legitimidad.

Sin embargo, el movimiento indígena aún no resuelve las contradicciones que acotaron el alcance de su proyecto político. Sigue sin resolver ese caballo de Troya que es el desarrollismo y que mina poco a poco las instituciones y las prácticas comunitarias. De hecho, hay una segunda fase del proyecto Prodepine, que tal como ha sido estructurado se constituye en un mayor peligro de lo que fue la primera fase de este proyecto.

El movimiento indígena tampoco ha resuelto qué hacer con el movimiento Pachakutik. Los continuos errores de este movimiento, que han sido tan gruesos como apoyar desde el Congreso una ley de aguas que privatizaba el recurso, o el de adscribirse de manera acrítica a las decisiones del Partido Social Cristiano y de la Izquierda Democrática, a pretexto de estar en la oposición. En efecto, la acción del movimiento Pachakutik es tan ingenua que confunde las prioridades de la lucha política y confunde al enemigo real con el gobierno de Gutiérrez. Después de todo, Gutiérrez es apenas un accidente del sistema político, y una de las piezas fundamentales de la recomposición oligárquica y de los planes belicistas de la Administración Bush para la región andina. El verdadero enemigo está detrás del rostro y figura de agente policial de Gutiérrez. Por ello, estas desatinadas acciones políticas del movimiento Pachakutik, finalmente le pasan la factura al conjunto del movimiento indígena.

Mientras no se resuelvan de manera radical y contundente estas contradicciones, va a ser muy difícil que el movimiento indígena, que en cambio ha logrado resistir con bastante éxito a la estrategia gubernamental de Lucio Gutiérrez del cerco y aniquilamiento, pueda consolidar una posición radical y en consonancia con su proyecto político, y sobre esa base rearticular su política de alianzas sociales, sus estrategias de movilización social, y, en definitiva, luchar por la construcción del primer Estado Plurinacional del continente.

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